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En medio de semanas de convulsión, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) anunció que asumirá desde este jueves 1° de octubre la atención médica plena del personal de las Fuerzas Armadas y sus familias, al tiempo que dio inicio a un proceso para cancelar la deuda histórica del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), estimada en $200.000 millones.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el Tesoro Nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa, resolvió avanzar con el pago de la deuda acumulada para regularizar las prestaciones de la nueva obra social surgida de la división de la histórica IOSFA.

Por orden del presidente Javier Milei, OSFA quedó a cargo de la atención médica del personal del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, mientras que la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad de Argentina (OSFFESEG) concentra la cobertura de Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional.

“La nueva obra social militar inicia esta etapa con una prioridad: poner al afiliado en el centro y recuperar, en todo el país, la atención que necesita la familia militar”, destacaron desde la cartera de Defensa. La decisión responde al objetivo del ministerio a cargo de Carlos Presti de reconstruir la red prestacional y cumplir con el DNU 88/2026, de febrero de este año, que establece el plazo final para la disolución de la vieja IOSFA luego de su división en dos organismos autárquicos.

La antigua obra social nucleaba a más de 600 mil afiliados, lo que la convierte en la tercera prestadora más grande del Estado, pero arrastraba un pasivo estimado en unos $200.000 millones, aunque varios gremios ubican la deuda por encima de los $500.000 millones. Esa situación generaba demoras y cancelaciones en los tratamientos más costosos.

El esquema de cancelación no tiene un plazo final establecido, aunque el Gobierno prevé completarlo hacia fin de año. Según supo este medio, el proceso comenzará con el pago de un primer lote de más de 10 mil reintegros a afiliados, por un monto total de $5.000 millones. Las cifras surgen de la licitación interna abierta para cotejar los montos y reclamos presentados por los afiliados. La nueva obra social alcanza a unos 325 mil efectivos de las Fuerzas Armadas.

“Es un nuevo comienzo. La deuda nos trababa las prestaciones y lo que queremos dar es plena atención a los afiliados. De esta manera, nos permite avanzar con la desarticulación de lo que queda de IOSFA”, admitió una fuente oficial ante este medio.

Asimismo, las autoridades de OSFA, que atravesaron en las últimas semanas cambios en su conducción, protagonizaron reuniones con prestadores para acordar un cronograma de pagos y cerrar nuevos convenios, con el objetivo de “restablecer progresivamente la totalidad de las prestaciones en todo el país”.

“Cancelar deudas para recuperar prestadores y pagar reintegros para responder a los afiliados son las primeras medidas de un cambio más amplio”, argumentaron ante este medio, al tiempo que hablaron de “modernizar” el modelo de gestión y controlar gastos y recursos.

El anuncio llegó luego de la abrupta salida del administrador encargado de la liquidación de la IOSFA, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien fue reemplazado por Gonzalo Secchi. Los cambios se dieron en medio de la polémica generada por los reclamos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que ocupó la sede central en rechazo de una reorganización que, según el sindicato, pone en riesgo alrededor de 600 empleos y compromete la continuidad de 13 hoteles y dos centros recreativos.

Desde OSFA aseguran que el personal continúa trabajando y que mantienen conversaciones con los sindicatos “que quieran dialogar” con la administración nacional. “Estamos en el medio de un proceso de transición. El traspaso de los hoteles integra ese proceso, que además incluye distintos temas administrativos por resolver”, precisó una fuente de la obra social a este medio.

La misma señaló que se inició una investigación y que se denunció penalmente a ATE por presunta “connivencia interna”.

La sesión financiera estaba marcada por un nuevo repunte de las tasas de los bonos de EEUU, debido a una ola de ventas de renta fija, que condiciona los negocios en todas las bolsas.

A las 12:10 horas los principales índices de Wall Street exhibían bajas en un rango de 0,2% a 0,5%, mientras que el bono del Tesoro de los EEUU a diez años marcaba un rendimiento de 5,30%, un máximo en dos décadas.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 2,4% en pesos, a 2.750.000 puntos, un mínimo desde el 15 de mayo. Medido en dólares, según la paridad del “contado con liquidación” el panel de acciones líderes porteño cede a los 1.718 puntos, su nivel más bajo desde el 24 de octubre del año pasado (1.333 puntos), la rueda previa a las elecciones legislativas.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York imperan las bajas, lideradas por Telecom (-4,9%), IRSA (-4,8%) y Banco Francés (4,7%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- resignan un 0,6% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos de los EEUU respeto de similares emisiones emergentes- trepa 29 unidades para la Argentina, en los 635 puntos básicos.

“El mercado financiero argentino evidenciaba el jueves un mayor volumen de liquidez contra el cierre de carteras de septiembre, con operaciones selectivas y un riesgo país que se mantenía por arriba de los complejos 600 puntos básicos”, indicó Reuters en un reporte.

Fuentes del mercado coincidieron en que la reciente intervención cambiaria del Banco Central expandió el circulante y esto ayudaba a un nuevo direccionamiento hacia algunos activos de riesgo.

La autoridad monetaria viene de comprar USD 160 millones en la víspera y así sumó USD 473 millones para sus reservas durante el mes pasado, mediante un mecanismo de regulación para evitar fuertes fluctuaciones en el peso, más la activa participación en el mercado de futuros.

“La liberación de pesos tiende a ayudar a la dinámica operativa con este comienzo de octubre, en un regulación que el Gobierno hace junto a las licitaciones de deuda que encara quincenalmente el Tesoro”, explicó a Reuters un agente financiero del BBVA.

En el 2026, el BCRA acumula unos USD 14.550 millones adquiridos, superando los 10.000 millones comprometidos en un acuerdo de facilidades extendidas vigente con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

Los ingresos por exportaciones agrícolas cayeron un 54,6% interanual en septiembre, a USD 3.228 millones, mientras que, comparado con el mes previo, reportaron un crecimiento del 17%, comunicaron las cámaras sectoriales CIARA y CEC.

“Desde el punto de vista financiero, las tasas americanas siguen siendo el principal riesgo externo para Argentina. Una suba de las tasas largas eleva el piso sobre el cual se mide el riesgo país y hace más difícil que los bonos argentinos compriman sus rendimientos”, explicó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

“El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó que el Banco Central podría cerrar 2026 con adquisiciones de divisas por encima de los USD 19.000 millones, superando el escenario optimista de USD 17.000 millones, y que podría sumar cerca de USD 5.000 millones más en lo que resta del año. El presidente Javier Milei estimó contar con más de USD 70 mil millones de poder de fuego para evitar una corrida cambiaria en 2027″, señalaron los analistas de Rava Bursátil.

Una misión del FMI terminó esta semana una misión en Argentina para revisar los objetivos del acuerdo vigente por 20.000 millones de dólares, dijo una fuente bancaria con conocimiento del tema, aunque no trascendieron detalles de las tratativas.

La petrolera francesa Total Energies tiene previsto invertir 10.000 millones de dólares en Argentina, dijo el jueves su presidente ejecutivo, Patrick Pouyanne, en una conferencia celebrada en París.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, afirmó este jueves que Washington prioriza bajar la tensión entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y evitó un posicionamiento oficial sobre la disputa de la soberanía, en un context de mayor tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres desde la guerra de 1982.

En declaraciones exclusivas a GB News, Waltz reconoció que “Argentina es un gran amigo de Estados Unidos”, pero también sostuvo que “obviamente existe la relación especial con el Reino Unido”. “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos. Pero en cuanto a cualquier otro tipo de apoyo, se lo dejo a la Casa Blanca y al presidente”, sostuvo el embajador.

Las declaraciones de Waltz se enmarcan en una escalada que escaló a nivel diplomático este miércoles, cuando el Foreign Office convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para transmitirle un mensaje directo: la ofensiva de Buenos Aires compromete la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido. La subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran calificó la decisión de recurrir al arbitraje internacional para frenar el desarrollo petrolero de Sea Lion como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Malvinas”.

El gobierno argentino, a través de la Cancillería, rechazó las críticas y sostuvo que someter una controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”.

En el lapso de las últimas semanas, el gobierno argentino envió más de 180 notificaciones a empresas vinculadas al petróleo en las islas y presentó al menos tres denuncias penales contra diez compañías y sus directivos.

Esta semana, Buenos Aires notificó a Londres el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), con un plazo de dos semanas para detener el proyecto Sea Lion o enfrentar una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo. El plazo vence a mediados de octubre.

El campo petrolero en disputa se encuentra a unos 220 kilómetros (137 millas) al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte. La empresa israelí Navitas Petroleum controla el 65% de la participación; la británica Rockhopper Exploration retiene el 35% restante. Las reservas estimadas ascienden a 1.700 millones de barriles, con una primera fase de producción prevista para el primer trimestre de 2028 y un horizonte de 200.000 barriles diarios hacia 2030.

En la misma entrevista, Waltz se refirió al primer encuentro personal entre Trump y el primer ministro Andy Burnham en el marco de la Asamblea General y respaldó la relación bilateral. “Independientemente de la política de cada uno, esta relación siempre tiene que funcionar”, dijo el diplomático.

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