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Desde hace largos años, el Congreso no puede dar respuestas a la hora de activar protocolos para la prevención, detección y actuación ante cualquier tipo de violencias en niños y adolescentes. Por ese motivo es que la Fundación Red por la Infancia, junto con más de 30 organizaciones de la sociedad civil y organismos de protección de derechos de distintas provincias, reclamaron al Senado que, antes que finalice el período ordinario -fin de noviembre-, se apruebe un proyecto dictaminado el miércoles pasado que, incluso, cuenta con preferencia para la próxima sesión.

La iniciativa en cuestión fue empujada, en la Cámara alta, por la legisladora chubutense Andrea Cristina (PRO), quien responde al gobernador Ignacio Torres. En el plenario de las comisiones de Legislación General; y Población y Desarrollo Humano, se obtuvo un despacho con las firmas de, entre otros, las libertarias Patricia Bullrich (Capital Federal) y Nadia Márquez (Neuquén), los justicialistas Pablo Bensusán (La Pampa) y Fernando Salino (San Luis), los kirchneristas Mariano Recalde (Capital Federal) y Jorge Capitanich (Chaco), el radical Rodolfo Suárez (Mendoza) y el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes).

Una de las firmas en disidencia parcial fue, a pesar del consenso general -y según la documentación oficial-, la macrista María Huala (La Pampa). La clave del texto se encuentra en su artículo segundo, que plantea que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social, recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes deberá diseñar e implementar, en conjunto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes, conforme lineamientos nacionales trabajados y aprobados en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.

Desde Red por la Infancia señalaron: “La historia del proyecto comenzó en 2018, luego de que salieran a la luz los abusos y la explotación sexual de adolescentes de las divisiones inferiores del Club Independiente. Desde entonces, la iniciativa recibió el respaldo de diferentes fuerzas políticas, fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras en distintas instancias de su recorrido y perdió estado parlamentario en dos oportunidades, sin llegar a convertirse en ley”.

La institución además advirtió: “Durante estos ocho años, nuevos casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes volvieron a exponer las dificultades de las instituciones para detectar señales de alerta e intervenir oportunamente. Las denuncias por abusos en jardines de infantes, los casos del Instituto Próvolo, Lucio Dupuy y las nuevas denuncias de grooming vinculadas a Independiente son algunos de los hechos que forman parte de la cronología”.

Por otra parte, desde allí se señaló que “la magnitud del problema también se refleja en las estadísticas oficiales”. En ese sentido, la entidad planteó que “entre 2018 y 2025, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 35.058 denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes y, en el 56% de los casos denunciados en 2025, la violencia ocurre a diario o semanalmente”. Y se aclaró que “se trata de registros de una sola jurisdicción, que no representan la totalidad de los hechos ocurridos en el país”.

“El 80% de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes ocurre en su entorno cercano. Por eso es fundamental que las instituciones que trabajan con ellos cuenten con protocolos para prevenir estas situaciones y, cuando se detecten o reciban denuncias, tengan procedimientos claros que permitan actuar a tiempo y brindar una respuesta adecuada a las víctimas”, manifestó la directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia, Paula Wachter.

Los referidos protocolos -enfatiza la norma propuesta- “deberán contar con la especificidad requerida y diferenciada para los distintos tipos de violencias, y se procurará como mínimo, que existan protocolos específicos para abuso sexual de niñas, niños y adolescentes; violencia física; violencia entre pares”; y “otros tipos de violencias, que determine la Autoridad de Aplicación, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.

El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una iniciativa de 240 artículos que modifica reglas del mercado de capitales, los instrumentos de crédito, las garantías y parte de la normativa tributaria. El texto retoma la serie de reformas que el presidente Javier Milei había anunciado en julio y propone habilitar una mayor digitalización de las finanzas, ampliar los activos que pueden utilizarse como respaldo de préstamos y revisar la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La propuesta fue remitida a la Cámara de Diputados con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El mensaje que acompaña el proyecto sostiene que el objetivo es eliminar “restricciones injustificadas que obstaculizan el acceso y el ejercicio de actividades económicas y profesionales”, promover la competencia y fortalecer la “seguridad jurídica y la libertad económica”.

El texto no se limita a una reforma bursátil. Reescribe normas sobre pagarés, cheques, tarjetas de crédito, prendas, warrants, fondos comunes de inversión, fideicomisos, obligaciones negociables, facturas de crédito electrónicas y financiamiento colectivo. También prevé cambios en la Ley del Impuesto a las Ganancias para determinados certificados de depósito de acciones.

En la presentación del proyecto, el Ejecutivo plantea que busca convertir activos que hoy tienen uso limitado como respaldo de financiamiento en garantías disponibles para crédito. En esa línea, define a los activos digitales, los derechos de propiedad intelectual, las acciones, las cuotas sociales y ciertos créditos contractuales como bienes que podrán ser objeto de prenda fija.

El proyecto habilita valores digitales y nuevos ámbitos de negociación

Uno de los ejes centrales es la modificación de la Ley de Mercado de Capitales N.º 26.831. La iniciativa incorpora de forma expresa la posibilidad de que los valores negociables sean emitidos, almacenados, transferidos y negociados mediante tecnologías de registros distribuidos, conocidas como blockchain, u otros sistemas similares.

La redacción propuesta establece que “todos los Valores Negociables” podrán circular con esas tecnologías siempre que se aseguren condiciones de seguridad, inmutabilidad, trazabilidad e identificación del emisor. A la vez, determina que esos instrumentos no necesitarán estar depositados en un agente depositario central ni ser negociados obligatoriamente en mercados autorizados, aunque quedarán sujetos a la reglamentación de la CNV.

El proyecto también crea la categoría de “Otros Ámbitos de Negociación Autorizados”. Allí podrían ingresar plataformas digitales, aplicaciones móviles y sistemas basados en registros distribuidos operados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que sean habilitados por la CNV. Según el texto, los valores colocados y negociados en esos espacios serán considerados, a todos los efectos legales, como si hubieran sido operados en mercados autorizados.

La iniciativa delimita además las competencias regulatorias sobre este tipo de infraestructura. El Banco Central (BCRA) conservaría sus atribuciones sobre sistemas de pago, liquidación y compensación cuando haya moneda nacional o extranjera involucrada. La CNV tendría competencia exclusiva cuando se trate de emisión, registro o negociación de valores negociables tokenizados.

El proyecto define esa división con una fórmula concreta: “el Banco Central de la República Argentina custodia el dinero y los pagos, mientras que la CNV custodia la inversión y los valores”. La frase integra los fundamentos del mensaje presidencial y resume el reparto de funciones que propone la ley.

Pagarés ajustables, garantías sobre activos digitales y cambios para las PyMEs

Otra parte relevante de la iniciativa modifica el régimen de letras de cambio y pagarés. El proyecto permitiría que estos documentos establezcan montos “determinables” mediante cláusulas de actualización, indexación o adecuación de valor basadas en índices públicos o unidades de medida reconocidas. Hasta ahora, la exigencia de una suma fija había limitado el uso de esos títulos para plazos más largos en contextos de inflación.

La propuesta aclara que la indexación no quitará fuerza ejecutiva al pagaré. El nuevo artículo 104 bis establece que “la inclusión de las cláusulas de actualización no afectará la liquidez ni la fuerza ejecutiva del título”. Para iniciar un reclamo, el acreedor deberá adjuntar una liquidación calculada según el parámetro fijado en el documento.

Además, los pagarés podrían comprometer la entrega de bienes fungibles, como productos agrarios, minerales o insumos industriales, si detallan especie, cantidad, calidad, lugar y fecha de entrega. El Ejecutivo apunta así a formalizar mecanismos de financiamiento en especie que ya se utilizan en actividades productivas.

En materia de garantías, el proyecto propone una reforma extensa del régimen de prenda con registro. Autoriza prendas sobre activos virtuales, propiedad intelectual, participaciones societarias y derechos de crédito. También habilita una prenda flotante sobre inventarios, fondos de comercio, flujos de ingresos futuros y saldos en cuentas bancarias o de proveedores de servicios de pago.

La iniciativa crea el Sistema Federal de Registro de Garantías, una red digital de entidades públicas y privadas que compartirían en tiempo real la información sobre gravámenes. El BCRA sería la autoridad de aplicación. La prioridad de cada garantía se determinaría por “fecha, hora, minuto y segundo” de inscripción en la base unificada, de acuerdo con el texto.

El proyecto prevé que las entidades financieras, plataformas tecnológicas, mercados, cámaras compensadoras y registros seccionales puedan actuar como nodos del sistema si cumplen los requisitos de habilitación. La consulta simple sobre gravámenes deberá ser de acceso público y gratuito.

Para las pequeñas y medianas empresas, la propuesta extiende de 15 a 21 días el plazo para la aceptación tácita de la Factura de Crédito Electrónica MiPyME. También elimina la posibilidad de que la falta, el error o la inexistencia del remito invalide por sí sola la vía ejecutiva de esa factura. La norma afirma que “bajo ninguna circunstancia la omisión, error, defecto, nulidad o inexistencia del remito producirá la inhabilidad cambiaria o ejecutiva” del instrumento.

El paquete incorpora, además, títulos electrónicos para créditos de comercios por ventas con tarjeta, habilita la negociación de certificados de plazo fijo de al menos 365 días en mercados registrados y actualiza el régimen de warrants. En el caso de los fondos comunes de inversión, abre la posibilidad de que inviertan en activos virtuales según las reglas que fije la CNV.

En el plano impositivo, la iniciativa establece que los certificados de depósito representativos de acciones u otros valores negociables adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 tendrán el mismo tratamiento que habría correspondido al activo subyacente. La medida alcanzaría, entre otros instrumentos, a certificados que representen acciones extranjeras.

La ley entraría en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, aunque el nuevo Sistema Federal de Registro de Garantías tendría un cronograma de implementación. El BCRA contará con 180 días desde la promulgación para dictar sus normas técnicas y el sistema deberá alcanzar operatividad dentro de los 360 días.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo este martes que la solidez macroeconómica de la Argentina no depende del resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en medio de la incertidumbre que generan los comicios legislativos que se celebran este martes en ese país y que podrían definir si el Partido Republicano pierde totalmente el control del Congreso.

La declaración se produjo durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que también defendió la gestión económica del Gobierno frente a la suba del riesgo país, que durante el transcurso de este martes subía a 821 puntos básicos y se consolida como la marca más elevada desde las elecciones del año pasado.

Ravier enumeró las medidas que, según explicó, sostienen la estabilidad macroeconómica del país: “Todo lo que hace Luis Caputo como ministro de Economía, todo lo que hace el Banco Central, todo lo que hace la Secretaría de Finanzas con el plan financiero que nosotros presentamos”, señaló el vocero, que remarcó que ese esquema garantiza los fondos necesarios para cubrir los pagos de intereses de deuda durante 2026 y 2027.

“Eso es una garantía de que Argentina no va a caer en default mientras Javier Milei sea presidente”, afirmó Ravier. El funcionario destacó además la compra de reservas por parte del Banco Central, la reducción casi total de los pasivos remunerados y el sostenimiento del equilibrio fiscal “mes tras mes” como los pilares que permiten al país enfrentar, en sus palabras, “una situación difícil por la incertidumbre global”.

En la Casa Rosada anticipan una derrota del Partido Republicano en los comicios de medio término, aunque intentan bajarle el precio a su eventual impacto local. “Va a perder, pero como perdieron todos los oficialismos”, señaló un funcionario, que recordó que, salvo contados casos como el de Franklin D. Roosevelt en 1934 y el de George W. Bush en 2002, el partido del presidente no suele sumar escaños en ambas cámaras del Congreso en simultáneo.

En el Gobierno creen que los republicanos podrían perder la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque consideran que los demócratas no reunirían los votos necesarios para cambiar la composición del Senado. Desde el entorno de Milei reconocen que una derrota oficialista en Estados Unidos podría generar movimientos en los mercados, con una posible nueva suba del riesgo país y una caída de los bonos argentinos, pero sostienen que esos efectos serían transitorios. “Falta más de un año para octubre. Es realmente imposible saberlo. De igual forma, las elecciones de medio término no explican lo que viene hacia adelante”, planteó un integrante del círculo rojo del libertario.

Pese a la cautela con la que siguen el escrutinio, en el oficialismo descartan que un revés republicano altere el vínculo entre Trump y Milei. “La apuesta de Estados Unidos con respecto a la Argentina es a largo plazo. La política internacional es en clave estratégica. La relación no va a cambiar”, indicaron desde las filas libertarias. Con esa lectura, y tras la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil, el Gobierno busca preservar el lugar de Milei como principal aliado e interlocutor de Trump en la región.

Aun así, el vocero admitió que factores externos, como la situación en Medio Oriente, el precio del petróleo y la suba de tasas de interés internacionales, afectaron tanto a la región como a la Argentina. Según Ravier, ese contexto se refleja en la suba del riesgo país y en una desaceleración del crecimiento económico, aunque remarcó que los analistas coinciden en que 2026 cerrará como un año de expansión, más allá de uno o dos trimestres negativos cuya definición aún está pendiente de confirmación con los datos oficiales.

“El crecimiento de 2026 está garantizado y creo que ese es el punto fundamental”, sostuvo. El funcionario comparó el escenario actual con un contexto hipotético sin el superávit energético ni el dinamismo exportador que, según dijo, caracterizan hoy a la economía argentina. En ese caso, explicó, el país debería importar petróleo a precios elevados mientras enfrenta déficit fiscal y emisión monetaria, lo que derivaría en “una situación muy grave”.

Consultado sobre los comicios de este martes en Estados Unidos, Ravier evitó anticipar un pronóstico sobre el control del Senado. “No está claro si se va a poder sostener el Senado. Habrá que ver el resultado”, señaló. El vocero remarcó la relación que mantiene Milei con el presidente Donald Trump y con el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque insistió en que el vínculo bilateral no depende del resultado electoral.

“Nuestra relación con los Estados Unidos no depende de una elección legislativa, no depende tampoco de quién sea presidente. Nosotros nos alineamos estratégicamente con los Estados Unidos como parte de nuestra política de Estado también”, afirmó. Esta definición se da en un contexto en el que la Casa Rosada envió funcionarios a Washington para seguir de cerca el escrutinio y dialogar con inversores, ante la posibilidad de un resultado adverso para el Partido Republicano que podría complicar futuras asistencias financieras a la Argentina.

Al ser consultado sobre la divergencia entre su discurso de solidez macroeconómica y la evolución de los mercados, que llevaron el riesgo país por encima de los 800 puntos básicos en los últimos días, Ravier atribuyó el fenómeno al “beta agresivo” que, según explicó, caracteriza a la Argentina por su historial de defaults y crisis cambiarias. “Cuando hay shocks globales que impactan en la región, a la Argentina le impactan un poco más”, sostuvo.

El vocero calificó esa suba como “algo transitorio” y remarcó el esfuerzo del Gobierno por dar seguridad jurídica a quienes invierten en el país. Según datos de JP Morgan, el indicador llegó a 808 puntos básicos este martes, su nivel más alto en un año, en momentos en que los mercados siguen de cerca tanto los comicios estadounidenses como las dudas sobre el financiamiento argentino para 2027.