Los defensores José Velázquez y Miguel Cullen, volvieron a pedir la realización de dos pericias oficiales en la audiencia de requerimiento de elevación a juicio por la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del ex gobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. Lo hicieron este martes, tras la exposición de los fiscales de la documentación y testimoniales que pretenden arrimar a un futuro juicio oral.
Ante el juez de Garantías N°6, Mariano Budasoff, los abogados refutaron las evidencias principales que guarda el Ministerio Público Fiscal (MPF) contra los dos imputados, y que constituyen los cimientos de la acusación pública. Los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull respondieron los planteos defensivos y revalidaron el reclamo ante el juez para que, finalmente, remita a debate el legajo.
La decisión de Budasoff sobre la controversia de las partes se conocerá el jueves a las 10, según lo previsto hasta este mediodía. Será entonces cuando se sabrá si el ex gobernador (preso en la Unidad Penal N°6 “El Potrero” de Gualeguaychú), deberá enfrentar un nuevo juicio oral por corrupción. En este caso, por un presunto enriquecimiento ilícito mientras se desempeñaba en la función púbica.
Apuntan contralas dos columnas que sostienen la acusación
Los abogados José Velázquez y Miguel Cullen, desplegaron este martes sus recursos más sólidos contra las dos columnas que sostienen la acusación pública en el presunto enriquecimiento ilícito de Urribarri y Cardona Herreros. Si bien sus argumentos son conocidos en el ámbito de los abogados que intervienen en delitos contra la administración pública, las defensas no son por eso menos efectivas y contundentes. Ambos dieron de lleno contra los dos informes principales de la causa: la pericia informática y la pericia contable.
Velázquez, que representa al empresario Cardona Herreros, se ocupó del cuestionamiento sobre la extracción de datos informáticos, el tratamiento que se le dio los dispositivos, el secuestro de los mismos, la seguridad informática, y la selección de la información que se tomó para la Investigación Penal Preparatoria (IPP). El abogado se mueve con comodidad en estos temas, dado que viene trabajándolos, al menos, desde 2021 con el ‘megajuicio por corrupción’. En aquella oportunidad, él y su colega Ignacio Díaz, arremetieron contra la acusación usando el mismo tipo de argumentos, sin éxito.
Cullen, por otro lado, fue implacable en cuanto al informe contable elaborado por una profesional del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el contador de parte Cristian Dumé. Aseguró que durante el período investigado (2008-2015), los ingresos de todos los integrantes de la familia Urribarri se le achacaron sólo al ex gobernador, y que buena parte de esos ingresos que la Fiscalía considera injustificados, se deben a la carrera de Bruno Urribarri como futbolista de los clubes más grandes del país y su desempeño en el Asteras Trípolis de Grecia.
“Acá no estamos en pie de igualdad. Tenemos al Estado del otro lado, con todo su poder punitivo”, se quejó Velázquez, con la pretensión de que el jueves, Budasoff reconozca sus argumentos y descrea de las evidencias informáticas que tienen los fiscales, degradando facturas, planillas, registros de pagos y cobros, comunicaciones interpersonales, y otra evidencia que los imputados y sus colaboradores guardaban en dispositivos como teléfonos, computadoras y correos electrónicos. También pidió que se realice una nueva pericia informática, con profesionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) porque los del MPF no son idóneos, según el criterio de la defensa. Y le detalló a Fiscalía 40 puntos de pericia. “Las facultades del MPF son exorbitantes y se trata de corregir las asimetrías, como pasa en los procesos del consumidor, laboral, familia. Queremos que se corrijan las asimetrías. Necesitamos llegar a juicio para explicar qué pasó con esto, con la certeza de una pericia oficial, objetiva e independiente”, reclamó.
“En 2022 terminó el informe contable. Ellos mismos (por la acusación pública), manifestaron en distintos anexos que faltaron datos, que la información no llegó. Lo más importante que faltó fue la información de Grecia, por las actividades futbolísticas de Bruno Urribarri”, señaló Miguel Cullen y volvió a advertir por “discrepancias” con los montos que achaca Fiscalía como injustificados. El abogado dijo que no pudieron pedir otra pericia contable mientras se realizó al Investigación Penal Preparatoria, porque no supieron cuándo iban a pedir la remisión a juicio de la causa. “El Ministerio Fiscal no toma dimensión de lo que nos pasa a los abogados defensores. No tenemos idea de cuándo se hará la remisión a juicio”, lamentó Cullen.
“Acá hay realidades de personas que no están imputadas como autores, cómplices o partícipes”, se quejó y reclamó la realización de une nueva pericia contable, lo cual llevaría “a lo sumo un año más”.
Planteos extemporáneos e infundados
Los fiscales respondieron los planteos defensivos. “Este planteo debió hacerse durante la IPP. No en esta la instancia. Si accedemos, se abriría una nueva investigación penal, teniendo en cuenta que la defensa tuvo acceso a todo lo que se hizo desde hace años. Y no hay nada novedoso que se haya presentado en esta instancia”, dijo Badano en relación a la exposición de Velázquez.
A ese argumento el fiscal agregó que el planteo es “infundado”. “No resulta pertinente para el caso. No se dice si encontraron anomalías, algo alterado pese al tiempo transcurrido, algo que genere sospecha, que torne pertinente la realización de una nueva pericia. Entonces, se hacen alegaciones genéricas, sin basamento concreto. Se trata de un pedido exploratorio, a la pesca”, golpeó.
Después refutó los puntos de pericia que solicita Velázquez. Entre otros argumentos, contó que varios pedidos no guardan relación con el objeto de la investigación, que es el presunto enriquecimiento ilícito. En efecto, aseguró que se requirieron medidas como protocolos de tratamiento de datos para resguardar a menores, como si se tratara de una causa por abuso infantil. “Voy a referirme a cada uno de los puntos periciales. Muchos no tienen que ver con el hecho que se investiga. Se pide a los peritos que hagan valoraciones jurídicas que corresponden a juez, y que no se expongan datos de menores de edad. Pero si acá investigamos el enriquecimiento ilícito, no estamos en una causa de abuso sexual”, respondió.
La familia Urribarri tuvo “capacidad negativa”, menos el exgobernador
Por su parte, Ramírez Montrull contestó a los cuestionamientos sobre la pericia contable. “La defensa siempre tuvo plena participación durante la elaboración de la pericia. De hecho pusieron un perito de parte y participaron, pidieron prueba. En esta investigación, la posibilidad de ofrecer prueba era durante la IPP, no ahora, cuando la Fiscalía cierra la etapa de producción de prueba. Está precluida la instancia”, dijo.
Recordó que en el informe participó el perito de parte Dumé que, junto a la contadora del MPF, elaboraron conclusiones en conjunto. “Llegaron a una conclusión conjunta. No fue necesario realizar otra pericia, ni es necesario, los dos concluyeron lo mismo. Y toda la documental que tuvieron a la vista, la evaluaron en conjunto y la volcaron en las conclusiones. Se consideró que el beneficiario de todo ese dinero es Sergio Urribarri, y se tendrá que rebatir un en juicio, no hay posibilidad”.
Agregó que “la pericia contable se hizo sobre el grupo familiar. No se consideró que era un grupo económico, se analizaron por separado las capacidades de cada integrante, todos con capacidad negativa. Desde Analía Aguilera a cada uno de los hijos. Y se concluyó que el enriquecimiento corresponde a Urribarri. No hay posibilidades de compensar gastos o ingresos”.
Resaltó que en la investigación “están todos los contratos de Bruno analizados, menos uno. Está toda la carrera deportiva, están los ingresos corroborados y el análisis de cada contrato, todo fue merituado. Además, dentro de los puntos de pericia se expidieron sobre muebles, inmuebles, bienes suntuarios, créditos, deudas, acciones, dinero en efectivo, declaraciones juradas. Acá no hay que precisar más nada. Están precisos cada uno de los montos, cada año”, concluyó.
