El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que interviene en la causa $LIBRA en calidad de amicus curiae (amigo del tribunal), solicitó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que asuma la acción penal en el caso $LIBRA y apele los sobreseimientos dictados. La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal habilita su intervención directa cuando el fiscal de la causa desiste de continuar la investigación, una facultad reconocida por la Corte Suprema en los precedentes Guillermo Moreno y Skanska.
El CIPCE cuestionó la actuación del fiscal Eduardo Taiano y del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, al considerar que el cierre de la causa se basó en una valoración arbitraria de la evidencia reunida y se produjo sin avanzar en líneas de investigación determinantes para el esclarecimiento de los hechos. En este contexto, la organización sostiene que la PIA debe ejercer las facultades que le otorga la legislación vigente para asumir directamente la acción penal, impugnar los sobreseimientos y garantizar la continuidad de la investigación.
La intervención de la PIA resulta fundamental para evitar que el cierre prematuro de la causa derive en la impunidad de posibles hechos de corrupción de enorme trascendencia institucional, que comprometen intereses colectivos. La investigación provocó una fuerte conmoción pública debido a la presunta vinculación del presidente de la Nación y de su hermana, secretaria general de la Presidencia. En este contexto, el CIPCE advirtió que la falta de una investigación efectiva podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino por el incumplimiento de sus obligaciones de investigar y perseguir este tipo de delitos.
El CIPCE también señaló graves deficiencias en el desarrollo de la investigación, entre ellas, la falta de transparencia sobre las actuaciones, la desatención de pedidos para profundizar medidas probatorias y la ausencia de respuestas a las solicitudes de citación a indagatoria del Presidente.
Finalmente, subrayó la urgencia de que la PIA intervenga, dado que el plazo para apelar el sobreseimiento es de apenas tres días desde su notificación. Consideró que, frente a la gravedad de los hechos investigados y las irregularidades denunciadas, resulta indispensable garantizar la continuidad de la investigación y evitar que una decisión prematura impida el esclarecimiento de los hechos.
Migraciones confirmó que el senador brasileño ingresó a Puerto Iguazú con su familia y abordó un avión privado rumbo a Guayaquil. Estados Unidos anunció que les otorgará visas, mientras crecen las incógnitas por su situación judicial.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este miércoles 28 de octubre con el calendario de pagos del mes. La jornada incluye el cobro de jubilaciones que superan el haber mínimo y la prestación por desempleo para titulares con determinadas terminaciones de DNI.
Los haberes previsionales de este mes incorporan una actualización del 1,66% fijada por la Resolución 284/2026 de ANSES, mientras que las asignaciones familiares se actualizaron mediante la Resolución 283/2026.
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Además, a través del Decreto 1108/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, se suma el refuerzo previsional extraordinario de hasta $70.000 sujeto a los requisitos establecidos.
Quiénes cobran hoy, 28 de octubre de 2026
El calendario de pagos de ANSES para este miércoles incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Los jubilados y pensionados que perciben más de un haber mínimo y tienen DNI terminado en 6 y 7 cobran este miércoles 28 de octubre.
Desempleo Plan 1
También cobran hoy los titulares de la prestación por desempleo Plan 1 con DNI terminado en 8 y 9.
Asignaciones de pago único
Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio mantienen abierto su período de cobro para los trámites ingresados en la segunda quincena. El plazo se extiende desde el 22 de octubre hasta el 10 de noviembre.
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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sin distinción de terminación de DNI. El período de pago comenzó el 8 de octubre y se mantiene vigente hasta el 10 de noviembre.
De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026
Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.
La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174,85 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.
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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para una jubilación ordinaria, quedó en $348.598,81.
Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $199.335,05. Este componente integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general.
De cuánto son las asignaciones en octubre 2026
La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.
La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.
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Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.
La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $78.304 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.
Pablo Peralta y Roberto Domínguez, socios y dueños que se quedaron en la Argentina con Mercedes-Benz (fabrican modelos Sprinter con Prestige Auto),junto con Eduardo Oliver (concesionarios Forte Car con Peralta y Domínguez), compraron un campo de 8652 hectáreas en la provincia de La Pampa. No trascendió el monto de la operación.
Según se informó, fue a través de la cabaña y empresa agropecuaria Nirihuau, creada hace 21 años e integrada por los mencionados empresarios.
Esta firma, de acuerdo al detalle de su página de Internet, tiene varias explotaciones: 1224 hectáreas en General Viamonte (Estancia La Nevada), 934 hectáreas en San Emilio (Estancia Namuncurá), 2370 hectáreas en General Belgrano (Estancia San Juan de Turnia), 12.560 hectáreas en Perú, La Pampa (Estancia San Severino), y 5000 hectáreas en General Acha (Estancia La Juana).
“La aptitud y localización de los campos permiten desarrollar distintos sistemas ganaderos —cabaña, cría y recría— que se complementan entre sí”, se lee en la web de la firma. Allí se detalla que se trabaja con un sistema de producción regenerativa. Al respecto, se indica: “El sistema regenerativo constituye un eje central en la estrategia ganadera de Nirihuau. Este modelo de manejo no solo tiene un impacto ambiental positivo, sino que también mejora la productividad de los pastizales y la calidad forrajera, generando dietas más balanceadas y naturales para el rodeo”.
La base productiva pasará a 30.000 hectáreasGentileza
En este contexto, se indicó que el nuevo establecimiento está a 30 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa. “Nirihuau concretó la compra del campo ‘La Carita’, de 8652 hectáreas en la provincia de La Pampa, a 30 kilómetros de Santa Rosa, como parte de la expansión de la cabaña”, indicaron.
De acuerdo con la información, la firma con este negocio “amplía su base productiva a 30.000 hectáreas y acompaña el incremento del stock ganadero en 10.000 vientres a preñez. Esta es una nueva apuesta que hace Nirihuau por el desarrollo de la ganadería argentina”.
En otro tramo de la comunicación se señaló que esta compra “se integra a una estrategia que combina escala de producción y mejoramiento genético”. Agregaron: “Con más superficie y hacienda, Nirihuau fortalece las bases de su crecimiento y avanza en su objetivo de consolidarse como un referente en la cría de animales de alta calidad”.
La firma se dedica al mejoramiento genético de la raza bovina Angus en negro y colorado. “La firma es un referente en la región pampeana y bonaerense. Sus pilares productivos se originaron en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Con los años, expandió sus rodeos de cría hacia zonas diversificadas de la región pampeana, operando en establecimientos de General Belgrano y Las Flores (Buenos Aires), así como en General Acha y Santa Rosa (La Pampa)”, detalló.
Trabajan con ganadería regenerativa
El enfoque productivo y genético pasa, según dijo, por animales adaptados al pastoreo directo (rústicos, fértiles y de bajo mantenimiento) óptimos para transformar el recurso pasto en carne, de acuerdo con la empresa.
“Su ganado se comercializa a través de remates anuales donde los toros puro de pedigree (PP) y puros controlados (PC), vaquillonas con garantía de preñez y embriones, han logrado un gran reconocimiento en el circuito ganadero”, dijo. Detallaron “numerosos campeonatos consecutivos” en la Expo Junín y participación en exposiciones nacionales de la Asociación Argentina de Angus y en la Exposición Rural de Palermo.
Los docentes universitarios y preuniversitarios iniciarán este miércoles una semana de paro nacional, en medio del reclamo sindical por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la asignación de recursos para el funcionamiento del sistema.
La medida, impulsada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), se extenderá hasta el lunes 3 de noviembre. La federación ratificó este martes, mediante una convocatoria pública, el paro resuelto en su Congreso Extraordinario.
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El gremio convocó a la comunidad universitaria a acompañar el plan de lucha ante lo que define como un deterioro de los salarios y un escenario de restricciones presupuestarias para el sistema.
En el mensaje difundido por la federación, la organización planteó que lleva más de un año sin cumplirse la normativa aprobada para financiar a las universidades nacionales. “Frente al ajuste salarial y el ahogamiento presupuestario, respondemos con organización y la fuerza de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país”, señalaron en el comunicado.
La medida de fuerza tiene tres demandas centrales. La primera es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación es objeto de reclamos gremiales y judiciales. La segunda consiste en el pago de la deuda salarial que, según los sindicatos, afecta a docentes universitarios y preuniversitarios. El tercer punto apunta a garantizar partidas para las actividades de enseñanza, investigación, extensión y gestión de las instituciones.
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CONADU Histórica cuestionó la situación de los haberes y advirtió sobre las consecuencias que el conflicto puede tener para la continuidad de las tareas académicas. “Sin salarios dignos no hay universidad pública”, expresó la federación en la convocatoria que acompañó con la consigna “Milei cumplí con la ley”.
Según datos difundidos en una reunión de rectores, desde diciembre de 2023 las universidades nacionales registraron una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal universitario perdieron más de 30% de poder adquisitivo. Las cifras forman parte de los argumentos que los sectores docentes incorporaron a sus reclamos.
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Los paros se extenderán hasta mediados de noviembre
La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) anunció cuatro jornadas de paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. La primera será este miércoles 28 de octubre, en simultáneo con el inicio de la medida convocada por CONADU Histórica, mientras que las restantes se realizarán el 3, 12 y 16 de noviembre.
La huelga alcanzará a las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Centro de Estudios Bariloche. FAGDUT indicó que durante las jornadas de protesta no habrá clases presenciales ni virtuales en esas instituciones.
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Al igual que FAGDUT, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realizará paros de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. Las medidas alcanzarán al personal no docente de las universidades públicas.
La resolución de FATUN fue adoptada por su Consejo Directivo, con representantes de 54 organizaciones sindicales. La federación también prevé impulsar acciones ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que los montos de la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos, según lo previsto en el convenio colectivo.
En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) confirmó su adhesión al paro nacional docente y preuniversitario hasta el 3 de noviembre. En cambio, la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), que representa al personal no docente, no integra el cronograma de medidas convocado por FATUN para esas fechas, según informó AGD-UBA.
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El comienzo simultáneo de las medidas docentes y no docentes podría alterar el dictado de clases y otras actividades en las universidades públicas, que informarán su modalidad de funcionamiento durante los días de protesta.
Tras la finalización del paro el 3 de noviembre, CONADU Histórica reunirá a su Congreso Extraordinario el día 6 para definir los próximos pasos del plan de lucha. Las medidas de FAGDUT y FATUN continuarán con nuevas jornadas previstas para el 12 y el 16 de noviembre.
Una mujer de 32 años fue detenida en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por una extorsión de aproximadamente 42 millones de pesos a un vecino de Gualeguaychú. La sospechosa tenía pedido de captura y era buscada desde los procedimientos realizados meses atrás. Durante los allanamientos también secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados.
Los operativos se concretaron este martes, alrededor de las 5.30, en dos domicilios de Don Torcuato. Participaron efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, con colaboración de la DDI de San Isidro de la Policía bonaerense.
La investigación está a cargo del fiscal Lucas Pascual, de la Fiscalía Auxiliar Nº 5 de Gualeguaychú, y permitió identificar a varios presuntos integrantes de una organización dedicada a obtener dinero mediante amenazas telefónicas.
Cómo fue la extorsión por 42 millones de pesos
La causa comenzó el 30 de septiembre de 2025, cuando un hombre de Gualeguaychú denunció haber sido extorsionado por personas que se hacían pasar por funcionarios judiciales y efectivos policiales.
Según la denuncia, los desconocidos le aseguraban que estaba siendo investigado por un delito y lo amenazaban con una supuesta detención. Para generar temor, también utilizaban información sobre su entorno familiar.
Mediante estas maniobras, la víctima habría realizado varias transferencias bancarias por un monto aproximado de 42 millones de pesos.
A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a analizar movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y otros elementos para determinar quiénes habían recibido el dinero.
Las primeras tareas permitieron establecer conexiones con personas radicadas en la provincia de Buenos Aires.
Extorsión por $42 millones en Gualeguaychú (foto Policía de Entre Ríos)
Detuvieron a una mujer que estaba prófuga
La investigación avanzó durante aproximadamente un año y derivó en distintos procedimientos policiales.
En esta oportunidad, los efectivos obtuvieron información sobre el paradero de una mujer de 32 años que tenía una orden de captura vigente. La sospechosa había logrado evitar su detención durante allanamientos anteriores, realizados en el conurbano bonaerense.
Con los nuevos datos, una comisión policial de Gualeguaychú se trasladó a Don Torcuato y concretó los procedimientos autorizados judicialmente.
La mujer fue detenida y se secuestraron dos teléfonos celulares, cuyo contenido será analizado para determinar si aporta información sobre otras personas vinculadas con la causa.
Las medidas fueron ordenadas mediante exhorto del Juzgado de Garantías a cargo de Natalia Céspedes.
La detenida quedó a disposición de la Fiscalía y se aguardaban las diligencias necesarias para trasladarla a la Jefatura Departamental Gualeguaychú.
Dos hombres presos en Campana están vinculados con la investigación
De acuerdo con la investigación, dos hombres que actualmente permanecen detenidos en la Unidad Penal N°21 de Campana, por una causa de homicidio agravado, estarían involucrados en las maniobras extorsivas.
Los investigadores sostienen que distintas personas habrían cumplido funciones específicas dentro de la organización.
Algunas se habrían encargado de contactar y amenazar a la víctima, mientras que otras facilitaban cuentas bancarias para recibir las transferencias.
La mujer detenida este martes es hermana de uno de los hombres alojados en la cárcel de Campana, según la información reunida en la causa a la que accedió El Argentino.
La investigación también estableció vínculos familiares entre otros sospechosos y las personas que habrían recibido el dinero.
Ambos habían sido identificados como personas presuntamente vinculadas con el cobro de parte del dinero transferido por la víctima.
Posteriormente, en abril de 2026, se realizaron allanamientos en Boulogne Sur Mer, provincia de Buenos Aires.
Durante esos procedimientos fueron detenidos otros dos sospechosos y se secuestraron teléfonos celulares, documentación y elementos de interés para la investigación.
Sin embargo, dos mujeres que eran buscadas no pudieron ser localizadas y permanecieron con pedido de captura.
A fines de julio, personal de Investigaciones de Gualeguaychú regresó a Boulogne Sur Mer. Aunque no logró concretar las detenciones, obtuvo nuevos elementos para avanzar en la identificación de los involucrados.
Una mujer ya fue condenada por encubrimiento agravado
La investigación también derivó en una condena dictada la semana pasada en Gualeguaychú.
Una mujer vinculada con la causa, pareja de otro de los hombres detenidos en la Unidad Penal N° 21 de Campana, recibió una pena de dos años y seis meses de prisión condicional por encubrimiento agravado.
Además, la Justicia dispuso el decomiso del dinero que le habían secuestrado durante su detención.
Ese monto fue entregado a la víctima en concepto de reparación.
La condena constituye uno de los avances judiciales registrados en la investigación, que continúa respecto de los demás sospechosos.
Buscan identificar a otros posibles integrantes de la organización
Los dos celulares secuestrados en Don Torcuato serán sometidos a peritajes para analizar comunicaciones y posibles conexiones con otros investigados.
La Fiscalía busca determinar el alcance de la organización y reconstruir el recorrido del dinero obtenido mediante las amenazas.
Las tareas realizadas hasta el momento permitieron identificar presuntos roles diferenciados entre quienes contactaban a la víctima y quienes administraban las cuentas bancarias utilizadas para recibir las transferencias.
La mujer detenida será trasladada a Gualeguaychú conforme a las disposiciones judiciales, mientras continúa la investigación por la extorsión millonaria.
Este miércoles por la madrugada, el Gobierno dejó sin efecto a la Resolución N°13901/2025, que había restablecido el cobro de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. De esta manera, laSecretaría Nacional de Discapacidaddispuso que los titulares deberán iniciar un trámite de rehabilitación para recuperar el cobro del beneficio.
Por medio de la publicación de la Resolución N° 3695/2026, el secretario de Discapacidad, Diego Masaragian, anuló la medida que había sido emitida el año pasado por la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta normativa había reanudado los pagos los beneficiarios que habían perdido la prestación tras detectarse irregularidades durante la etapa de auditorías.
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“Déjase sin efecto la Resolución N° 13.901/25 de la ex Agencia Nacional de Discapacidad respecto de las personas identificadas en el Anexo I (IF-2026-103572421-APN-DNGYAA#MS) que forma parte integrante de la presente”, establecieron en el documento.
De esta manera, las autoridades emitieron una lista de beneficiarios que volverán a ser suspendidos, pero que aún podrán recuperar el cobro de la pensión. Sin embargo, remarcaron que el reconocimiento de cada caso no implicaba una restitución automática, debido a que cada expediente volverá a ser revisado.
En este sentido, señalaron que los titulares deberán acreditar la supervivencia, tal como está expuesto en el artículo 11 del Decreto N° 432/97, que reglamenta el sistema de pensiones nacional. Para esto, se les otorgará 60 días corridos desde la notificación para presentar documentación y actualizar sus datos personales.
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No obstante, el universo alcanzado no comprende necesariamente a todas las personas que tuvieron una pensión suspendida. Previo a esto, la Secretaría realizó un análisis que distinguió entre quienes aportaron nueva documentación o están amparados por otros procesos judiciales y quienes deberán volver a acreditar su derecho por la vía administrativa.
Para estos últimos casos, la notificación individual será el punto de partida. Esto quiere decir que, desde ese momento, comenzará a correr el plazo de 60 días corridos para que puedan iniciar el trámite para acceder a la rehabilitación de la prestación.
En este marco, las personas alcanzadas podrán acompañar certificados médicos actualizados, renovar sus datos personales y sumar los antecedentes que consideren necesarios para demostrar que mantienen las condiciones que dieron origen a la pensión.
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De este modo, la presentación será incorporada al expediente administrativo de cada titular. Luego, las áreas técnicas evaluarán la información para determinar si corresponde rehabilitar el pago, de acuerdo con los requisitos vigentes.
La documentación podrá entregarse por cualquiera de estas vías:
En oficinas de atención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En dependencias de la Secretaría Nacional de Discapacidad que estén habilitadas para recibirla.
A través del Formulario de Consultas del Ministerio de Salud, disponible en argentina.gob.ar/salud/consultas-al-ministerio-de-salud.
Mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), en el trámite denominado “Presentación de Documentación para Pensión Invalidez”.
Por correo electrónico, a citacion@senadis.gob.ar.
El envío de los documentos inicia el proceso de revisión, pero no garantiza por sí solo la reanudación del beneficio, ya que la decisión dependerá de la evaluación administrativa del caso.
Además del pedido de rehabilitación, las personas notificadas podrán presentar los recursos administrativos previstos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Los plazos serán de 20 o 30 días, según el recurso elegido.
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Según explicaron las autoridades, la decisión de suspender la medida cautelar llegó después de una disputa judicial iniciada en Catamarca. En septiembre de 2025, el Juzgado Federal de Catamarca N° 2 había ordenado restablecer las pensiones suspendidas en esa provincia, pero un mes después, la cautelar se extendió a todo el país.
Frente a esto, la ex ANDIS presentó una apelación y, finalmente, la Cámara Federal de Tucumán revocó en febrero de 2026 la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda. A partir de esto, la Secretaría inició un análisis de los casos que podrían reunir las condiciones para acceder a la rehabilitación de la pensión.
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Cabe destacar que la prestación está regulada por la Ley N° 13.478 y el Decreto 432/97. Asimismo, recordaron que está dirigida a personas sin recursos suficientes, que no están cubiertas por un régimen previsional y que se encuentran imposibilitadas de trabajar.
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A través de una serie de resoluciones, las autoridades ordenaron que las facturas reflejen el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas, expresado según cada subzona tarifaria, y que se apliquen los descuentos que correspondan de acuerdo con la situación de cada usuario.
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“Aprobar los cuadros tarifarios a aplicar por Naturgy BAN Sociedad Anónima incluidos en el Anexo N.° IF-2026-104251731-APN-UDYE#ENREGE que forma parte de la presente”, establecieron. Además, comunicaron que los valores se aplicarán a partir de este miércoles.
De esta manera, adaptaron las tarifas de todas las compañías distribuidoras de red de gas natural en las provincias alcanzadas por el nuevo régimen. De esta manera, la empresa deberá trasladar a las facturas las bonificaciones dispuestas por la Secretaría de Energía, junto con los subsidios focalizados vigentes.
No obstante, aclararon que si las resolución comenzaron a regir durante un período de facturación ya iniciado, las empresas deberán aplicar el mecanismo previsto en el reglamento del servicio de distribución para esos casos. A su vez, deberán comunicar la medida a los subdistribuidores que operen dentro de su área de licencia.
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A modo de ejemplo, en el caso de Naturgy BAN, se fijó unPAU de $ 211,17 por metro cúbico en la subzona Buenos Aires Norte. Ese valor corresponde al precio anual uniforme del gas que integra los cargos facturados y sirve como referencia para calcular el descuento del 20% asignado a los beneficiarios del SEF.
Para las entidades alcanzadas por la Ley N° 27.828, que incorpora los beneficios de Zona Fría, esos importes se reducen a entre $105,52 y $ 201,56 por metro cúbico, de acuerdo con la categoría. Sin embargo, el cargo fijo mensual no se modificará, por lo que este irá desde $ 3.716,73 para EBP1 hasta $39.799,97 para EBP4.
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El anexo también contempló a las localidades bonaerenses de Tres Sargentos y Cucullú, abastecidas con gas propano o butano indiluido por redes. Para usuarios sin subsidio focalizado, el cargo variable es de $ 428,47 por metro cúbico en Tres Sargentos y de $ 441,64 en Cucullú. En el cuadro de entidades de bien público alcanzadas por Zona Fría, los valores bajan a $140,46 y $153,63 por metro cúbico, respectivamente.
Para los usuarios residenciales que no reciben subsidios energéticos focalizados, el cuadro estableció cargos fijos mensuales que van de $3.716,73 para la categoría R1 a $39.799,97 para R4. El cargo variable por consumo es de $313,05 por metro cúbico para las categorías ubicadas entre R1 y R3-4°, mientras que para R4 asciende a $409,09. Todos los importes se informan sin impuestos.
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En el caso de los usuarios del servicio general P —la categoría que incluye, entre otros, comercios— el cargo fijo mensual será de $20.930,92 para P1 y P2, y de $79.469,51 para P3. El valor por metro cúbico cambia según el volumen consumido: para P1 y P2 va de $332,31 a $313,85, y para P3, de $334,63 a $317,43.
Mientras tanto, los clubes de barrio, las entidades de bien público y las organizaciones sin fines de lucro alcanzadas por las leyes 27.098 y 27.218 contarán con tarifas diferenciadas. En el caso de Buenos Aires Norte, el cargo por metro cúbico para las categorías EBP1 y EBP2 se ubica entre $150,36 y $ 68,82, según el nivel de consumo.
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El nuevo régimen limitó el descuento automático de Zonas Frías
Esta semana, la Secretaría de Energía reglamentó la aplicación del nuevo esquema de Zonas Frías a través de la Resolución 299/2026, en donde se establecieron dos bonificaciones diferentes, de 50% y de 20% sobre el componente del precio del gas.
La bonificación territorial del 50% quedó reservada para los usuarios residenciales de gas natural y gas propano por redes de la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna. También alcanzará a los usuarios del Servicio General P de localidades de esas áreas que reciben gas propano por redes.
En la provincia de Buenos Aires, Patagones es el único distrito que conserva el descuento territorial automático, por su condición de territorio patagónico. La rebaja se calculará sobre el precio del gas y no sobre la factura completa, que además incorpora transporte, distribución, impuestos y tasas.
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De este modo, los municipios bonaerenses que habían sido sumados al régimen por la ampliación de 2021 ya no conservarán la bonificación automática únicamente por su ubicación geográfica. Sin embargo, algunos hogares podrán acceder a una Bonificación Adicional por Zona Fría del 20%.
Ese descuento está dirigido a usuarios residenciales que integren el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), tengan su suministro dentro de las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V o VI y no reciban la bonificación territorial del 50%.
Además, deberán cumplir al menos uno de los criterios socioeconómicos definidos por la ley: ingresos netos familiares de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2; Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP; pensión vitalicia para veteranos de la Guerra del Atlántico Sur; o la evaluación que corresponda en hogares con un integrante que posea Certificado Único de Discapacidad.
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La bonificación adicional equivaldrá al20% del Precio Anual Uniforme (PAU) en el caso del gas natural, o al valor del gas propano por redes. Así, se aplicará sobre los consumos base establecidos por el SEF, por lo que no necesariamente cubrirá todo el gas utilizado durante el período facturado.
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La Policía de Concordia realizó ocho allanamientos y secuestró 16 motocicletas en el marco de una investigación por picadas ilegales en la vía pública. Los procedimientos se concretaron este miércoles en distintos sectores de la ciudad, luego de que se viralizara un video en el que aparecían aproximadamente 42 motociclistas realizando maniobras peligrosas en avenidas y rutas.
Los operativos estuvieron a cargo de diferentes áreas de la Jefatura Departamental Concordia, en cumplimiento de órdenes judiciales firmadas por el juez de Garantías Mauricio Guerrero.
La causa se inició por el presunto delito de conducción peligrosa, contemplado en el artículo 193 bis del Código Penal argentino, que sanciona la participación en pruebas de velocidad o destreza no autorizadas en la vía pública.
Un video viral permitió identificar a los motociclistas
La investigación comenzó a partir de la difusión de imágenes en redes sociales, donde se observaba a un numeroso grupo de motociclistas realizando maniobras riesgosas en distintos sectores de Concordia.
Según informó la Policía, en las grabaciones aparecían alrededor de 42 motocicletas que participaban de las presuntas picadas ilegales. A partir del análisis del material audiovisual y de las tareas investigativas posteriores, los efectivos lograron identificar a algunos de los conductores involucrados.
Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia autorizó ocho allanamientos en viviendas ubicadas en diferentes barrios de la ciudad.
Dónde se realizaron los allanamientos
Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en las inmediaciones de Alvear y Anacleto Medina; avenida Unión al 3000; Cuba al 65, en Villa Adela; Doctor Del Cerro al 1800; Doctor Saure y Rívoli; Las Palmeras y La Rioja; y Avellaneda y bulevar Yuquerí.
Como resultado de los operativos, los efectivos secuestraron 16 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, además de otros elementos vinculados con los rodados investigados.
Entre los objetos incautados se encontraron un cuadro de motocicleta de 110 cc, un motor de Honda Tornado, otro cuadro de motocicleta de 110 cc con numeración suprimida y tres caños de escape deportivos, estos últimos en infracción a la Ordenanza Municipal Nº 9430, artículo 6.
Detectaron motocicletas modificadas para aumentar la velocidad
Durante las inspecciones, los efectivos constataron que algunas motocicletas presentaban modificaciones en sus características originales, entre ellas la ausencia de caños de escape.
De acuerdo con la información policial, estas alteraciones habrían sido realizadas con el propósito de incrementar la velocidad de los vehículos, aunque también provocaban ruidos excesivos y representaban un riesgo para la seguridad vial.
Los elementos secuestrados quedaron vinculados a la investigación judicial por las presuntas picadas ilegales.
El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa “Los Más Buscados”, una estructura que reunirá información oficial y aplicará criterios de análisis para ordenar la búsqueda de personas prófugas o evadidas de la Justicia según su nivel de peligrosidad. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1089/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El programa funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), que depende de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. Su objetivo será consolidar una base de datos y definir prioridadesoperativas para las fuerzas federales encargadas de localizar a personas con pedidos de captura.
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La nueva herramienta será alimentada de manera permanente con información del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el Programa Nacional de Recompensas y otras bases oficiales. Además, el Ministerio de Justicia fue invitado a aportar los registros disponibles sobre antecedentes penales, rebeldías y órdenes de captura vigentes a través de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.
Según la norma, el sistema deberá clasificar los casos a partir de criterios técnicos y variables objetivas. Entre ellas figuran la gravedad de los delitos imputados o por los que existan condenas, las penas previstas o aplicadas, los antecedentes de reincidencia y el eventual vínculo con organizaciones criminales.
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De acuerdo con lo que fija el anexo de la normativa, el sistema automatizará la clasificación de prófugos y evadidos según su nivel de peligrosidad. También prevé que la Mesa de Evaluación defina, valide y actualice los parámetros objetivos para ese cálculo. La resolución no publica la fórmula específica ni el peso que tendrá cada variable, ni identifica a las personas que integrarán inicialmente la nómina de mayor prioridad.
El Ministerio sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de contar con mecanismos de localización e identificación más coordinados frente al crimen organizado y al número de personas que se encuentran fuera del alcance de la Justicia.
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La Resolución 1089/2026 también dispone la creación de una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, que funcionará dentro del nuevo programa. La mesa tendrá como función analizar los casos y contribuir a la definición de prioridades. De ese modo, la información reunida por las distintas dependencias y fuerzas deberá convertirse en decisiones sobre los objetivos de búsqueda y recaptura.
El espacio estará integrado por representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.
También participarán áreas especializadas de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. La medida habilita, además, la convocatoria de representantes del Poder Judicial de la Nación, de los ministerios públicos y de otros organismos competentes, en calidad de colaboradores.
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El responsable del desarrollo, mantenimiento y actualización del sistema será el titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad. La resolución le asigna también el fortalecimiento de las políticas de protección de datos y de gestión de la información, un punto vinculado a la centralización de registros personales y judiciales en una misma herramienta.
En sus considerandos, el Ministerio menciona modelos implementados en Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y México. Entre los antecedentes citados aparecen el Crime Severity Score británico, las listas de fugitivos buscados por el FBI y el U.S. Marshals Service, las notificaciones rojas de Interpol y los listados de personas buscadas elaborados por fuerzas de seguridad de países latinoamericanos.
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La medida también reconoce antecedentes locales. Entre ellos, el Programa Nacional de Recompensas, regulado por disposiciones de 2012 y 2022, y la lista de “Los más buscados” que el Ministerio de Justicia puso en marcha en 2016. La nueva resolución plantea que esos instrumentos requieren mayor articulación y una metodología de priorización sistematizada.
La implementación dependerá ahora de la provisión regular de datos por parte del SIFCOP, el Programa Nacional de Recompensas y los organismos que adhieran al esquema. La Subsecretaría de Investigación Criminal será la encargada de establecer los criterios bajo los cuales esa información ingresará al sistema y se utilizará para clasificar los casos.