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La proporción de adultos mayores crece con rapidez y está redefiniendo la economía y la cultura. En ese contexto emergen los “active seniors”, con formación académica, competencias digitales y notable poder de consumo.

Las sociedades super-envejecidas son aquellas en las que uno de cada cinco habitantes supera los 75, según Global Issue Report. La expansión de estos modelos demográficos modifica la estructura poblacional y repercute en el consumo, la oferta laboral y los servicios sociales en los países desarrollados.

Las personas mayores de 50 años concentran cerca del 50% del consumo en las principales economías desarrolladas, una participación que continuará en aumento en las próximas décadas, según un informe elaborado por AARP junto a Oxford Economics. Este grupo no solo crece en términos demográficos, sino también en poder adquisitivo y nivel de actividad económica, lo que lo convierte en un actor central en la redefinición de los mercados a escala mundial.

En paralelo, el envejecimiento poblacional avanza con rapidez en las economías desarrolladas. En Japón, más del 29% de la población tiene 65 años o más, uno de los niveles más altos del mundo, mientras que en Europa y Asia oriental se proyecta que alrededor de un tercio de la población superará los 60 años hacia 2050, de acuerdo con datos de Naciones Unidas y el Banco Mundial. Este escenario consolida la transición hacia sociedades superenvejecidas y refuerza el peso estructural de la economía plateada.

Los “active seniors” constituyen un grupo de adultos mayores que rompe con la imagen tradicional de pasividad. Estas personas viven de forma independiente y mantienen intereses en viajes, educación continua y actividades socioculturales.

A diferencia de generaciones previas, los adultos mayores activos acceden con soltura a la tecnología y están presentes en distintos ámbitos productivos y sociales. Global Issue Report destaca que este cambio demográfico los convierte en consumidores influyentes, capaces de impactar áreas como el turismo, la formación en habilidades digitales y la oferta de servicios adaptados.

La economía plateada comprende los bienes y servicios diseñados para adultos mayores y aparece como motor del crecimiento económico en los próximos años. Sectores como la tecnología, la educación continua y el turismo adaptan sus productos y experiencias para atender a los “active seniors”.

Las compañías tecnológicas desarrollan dispositivos sencillos y accesibles para este segmento. El turismo incorpora opciones personalizadas y accesibles. El sector educativo, en tanto, amplía los programas específicos para personas mayores, una tendencia que se considera irreversible.

La mayor longevidad y la presencia de adultos mayores activos transforman los hábitos de consumo y orientan la estrategia de los mercados. Empresas y sectores tradicionales ajustan sus prioridades para atraer a este grupo, que adquiere protagonismo en las sociedades super-envejecidas.

En 2026, el auge de los adultos mayores activos y la consolidación de la economía plateada redibujan los mercados del turismo, la educación y la tecnología a escala mundial.

El mayor general Ali Abdollahi Aliabadi, comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán, declaró este martes que las fuerzas armadas iraníes continuarán la guerra “hasta la victoria total”. La declaración, difundida por la televisión estatal iraní, se produjo en el día 25 del conflicto desatado por la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, y coincidió con el nombramiento de un nuevo jefe de seguridad nacional de marcado perfil castrense.

Abdollahi Aliabadi afirmó que las fuerzas armadas iraníes son “orgullosas, victoriosas y firmes en la defensa de la integridad de Irán”. El general no precisó qué condiciones constituirían esa victoria, pero, según Al Jazeera, la declaración apuntaba a advertir contra cualquier concesión en una eventual negociación con Washington. El mismo comunicado calificó a Estados Unidos de nación “hueca” y aseguró que Trump busca ahora la ayuda de terceros países para salir de un conflicto que, según la versión iraní, ya no puede controlar.

Las palabras del general se producen en un momento de máxima tensión diplomática. Trump amplió cinco días el plazo de su ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, tras anunciar que Washington e Irán habían alcanzado “importantes puntos de acuerdo” y que el 9 de abril sería la fecha límite para terminar la guerra. Irán rechazó de plano esa versión. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, publicó en X que “no se han celebrado negociaciones con Estados Unidos”, y añadió que “se usan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros”.

La cancillería iraní reconoció haber recibido mensajes de “países amigos” que transmitían una solicitud estadounidense de negociaciones, pero negó que estas se hubieran llevado a cabo. Al mismo tiempo, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmó que los bombardeos sobre objetivos militares iraníes no se detuvieron pese al anuncio de Trump. La distinción entre instalaciones energéticas e infraestructura militar resultó determinante: la pausa anunciada por el presidente no alcanzó a los segundos.

En ese contexto, Teherán anunció también el nombramiento de Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el principal órgano coordinador de las políticas de defensa, inteligencia y estrategia exterior del país. Zolghadr es un veterano de línea dura de la Guardia Revolucionaria Islámica que reemplaza a Ali Larijani, muerto en un ataque aéreo israelí la semana pasada. Su designación fue confirmada por el director adjunto de comunicaciones de la presidencia, Mehdi Tabatabaei, quien indicó que el nombramiento contó con la aprobación del líder supremo Mojtaba Jamenei y fue formalizado por decreto del presidente Masoud Pezeshkian.

Larijani era considerado uno de los hombres más influyentes de Irán y uno de los pocos dirigentes no clericales vistos por observadores internacionales como un interlocutor viable para cualquier negociación con Trump. Fue abatido por Israel pocas semanas después de asumir el cargo, al que había regresado tras la guerra de 12 días entre Irán e Israel. Su muerte eliminó también a una figura con capacidad para tender puentes entre el aparato militar y los canales diplomáticos, una función que Zolghadr difícilmente podrá asumir.

Zolghadr es considerado un producto del sistema interno de la Guardia Revolucionaria, con una trayectoria arraigada en la seguridad, la inteligencia y el mando operativo antes que en la diplomacia. Entre sus cargos anteriores figuran el de vicecomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria y el de viceministro del Interior, responsable de seguridad interior. Fue designado por el ayatolá Ali Khamenei en 2007 para dirigir el Basij, la fuerza paramilitar encargada de sofocar la disidencia interna.

En paralelo a los movimientos internos de Teherán, varios países actúan como mediadores: Pakistán, Turquía, Egipto y Omán participan en los esfuerzos diplomáticos, que buscan tanto un alto el fuego como garantizar el paso de buques por el estrecho de Ormuz. El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif se ofreció públicamente a albergar conversaciones entre Washington y Teherán, mientras el primer ministro indio Narendra Modi expresó su apoyo a la desescalada e instó a mantener abierto el estrecho.

El nombramiento de Zolghadr y la declaración de Abdollahi Aliabadi trazan una línea clara: Teherán parece no tener intención de moderar su postura bajo presión.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán formalizó el martes las condiciones de tránsito por el estrecho de Ormuz al distribuir entre los 176 Estados miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) una nota diplomática que el domingo había remitido al Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU, António Guterres. El texto establece que los buques que no participen ni respalden actos de agresión contra Irán y que respeten las normas de seguridad declaradas podrán circular por el estrecho previa coordinación con las autoridades competentes iraníes.

La nota excluye de manera explícita a los buques de Estados Unidos, Israel y a lo que Teherán denomina “otros participantes en la agresión”, a los que declara inhabilitados para el paso inocente o no hostil. Según el documento, Irán ha adoptado “las medidas necesarias y proporcionadas para impedir que los agresores y sus partidarios utilicen el estrecho para llevar a cabo operaciones hostiles”. La cancillería responsabiliza a Washington y Tel Aviv de cualquier escalada y los acusa de librar una “guerra ilegal y desestabilizadora” que ha expuesto la navegación internacional a amenazas sin precedentes.

El estrecho permanece prácticamente paralizado desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva conocida como Operación Furia Épica. Según la Agencia Internacional de Energía, por esa vía transitan unos 20 millones de barriles diarios —cerca del 20% del consumo mundial de petróleo— y alrededor del 20% del comercio global de gas natural licuado (GNL). El crudo Brent superó los 126 dólares por barril en su pico desde el inicio del conflicto, según datos recogidos por Reuters.

La comunicación no implica una reapertura efectiva, sino la formalización multilateral de una política que Teherán ya venía aplicando de facto: desde mediados de marzo autorizó el paso de buques de India, Pakistán, Turquía y Tailandia tras coordinación bilateral. El canciller Abbas Araghchi había señalado que países como Japón —que depende del Golfo Pérsico para el 90% de sus importaciones de crudo— podían obtener garantías de tránsito mediante negociación directa.

La OMI celebró la semana pasada una sesión extraordinaria convocada por Francia, Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, entre otros. Su secretario general, Arsenio Domínguez, confirmó que al menos siete marinos habían muerto y que unos 20.000 tripulantes permanecían atrapados en la zona. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advirtió que el bloqueo eleva los costos del flete, los seguros y los combustibles, con efectos directos sobre el precio de los alimentos en los países más vulnerables. Unos 3.200 buques siguen varados en el Golfo Pérsico y al menos 22 embarcaciones han sido atacadas desde el inicio del conflicto.

La nota iraní ante la OMI llega en un contexto de vertiginosa escalada diplomática. El sábado, Trump amenazó en su red Truth Social con “atacar y destruir” las plantas eléctricas de Irán si Teherán no reabría el estrecho en 48 horas. Irán respondió con su propia advertencia: la Guardia Revolucionaria anunció que atacaría las plantas eléctricas que abastecen a las bases militares estadounidenses en la región, así como infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que Washington tiene participación. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, fue aún más explícito y señaló que las plantas desalinizadoras de las que depende el agua potable de países como Baréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos serían también blancos legítimos.

Antes de que venciera el ultimátum, Trump anunció el lunes que Estados Unidos e Irán habían mantenido conversaciones “muy buenas y productivas” y ordenó al Departamento de Guerra posponer los ataques contra infraestructura energética iraní por un período de cinco días. El presidente añadió que el acuerdo podría materializarse en ese mismo plazo. Pakistán, Turquía, Egipto y Omán participan en los esfuerzos de mediación, según fuentes cercanas al asunto, aunque no había constancia de negociaciones directas entre Washington y Teherán desde el inicio de la guerra.

Desde Teherán, las autoridades negaron cualquier negociación con Washington y sostuvieron que las declaraciones de Trump buscaban influir en los precios de la energía en medio de la volatilidad global. Ghalibaf calificó el anuncio de “noticia falsa” y aseguró que el aplazamiento respondía al temor de Trump ante el alza del crudo, no a avances diplomáticos reales. Al formalizar sus condiciones por escrito ante instancias multilaterales mientras niega negociar, Teherán intenta consolidar su posición como árbitro del tránsito por el estrecho sin ofrecer concesión alguna a Washington.

El bloque de centroizquierda, encabezado por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se impuso en las elecciones legislativas celebradas este martes, aunque los sondeos a pie de urna y los primeros resultados parciales apuntan a un parlamento fragmentado en el que ninguno de los dos grandes bloques logra la mayoría necesaria para gobernar. Ese escenario coloca al Partido Moderado, de perfil centrista, como árbitro de la próxima legislatura.

Las encuestas de salida difundidas por la televisión pública DR y la cadena TV2 asignaron al bloque “rojo” —integrado por los socialdemócratas de Frederiksen, el Partido Social Liberal, la Izquierda Verde ecosocialista, la Alianza Roja-Verde y el europeísta Alternativa— entre 83 y 86 escaños de los 179 que componen el Folketing, la cámara única del parlamento danés. El bloque “azul”, con Venstre, la Alianza Liberal, los Conservadores y otras tres formaciones, obtendría entre 75 y 78 diputados. Los Moderados, con 14 escaños proyectados, emergen como la bisagra decisiva.

No obstante, los primeros datos del escrutinio —con cerca del 30% de los votos contados— complicaron ese panorama: el bloque conservador tomó una leve ventaja, 82 a 80 frente al rojo, con los Moderados proyectados en 13 escaños. El recuento final se esperaba para las primeras horas del miércoles.

Frederiksen, de 48 años y primera ministra desde 2019, convocó elecciones anticipadas en febrero, varios meses antes de la fecha prevista. La decisión buscó capitalizar el respaldo popular que le reportó su postura firme frente al presidente estadounidense, Donald Trump, quien reclamó el control de Groenlandia —territorio autónomo del Reino de Dinamarca—. La primera ministra alertó en enero de que cualquier anexión forzada equivaldría al fin de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La crisis se desactivó cuando Washington acordó iniciar conversaciones técnicas con Copenhague y Nuuk sobre un acuerdo de seguridad ártico.

El efecto electoral de la crisis groenlandesa resultó más limitado de lo esperado. Aunque el episodio elevó la imagen de Frederiksen y produjo un repunte en las encuestas, no tuvo carácter divisivo en campaña porque existe un consenso transversal sobre la pertenencia del territorio al reino. La agenda la impusieron las preocupaciones domésticas: inflación, pensiones, costo de vida y la propuesta gubernamental de un impuesto a las grandes fortunas.

Los socialdemócratas obtuvieron cerca del 21% del voto, un resultado que, de confirmarse, representaría la peor marca del partido en más de un siglo, muy lejos del 27,5% de 2022. El gabinete saliente —una coalición inédita que por primera vez en décadas unió a socialdemócratas, el liberal Venstre y los Moderados— tampoco salió indemne: Venstre registraría su peor resultado en 156 años de historia.

El gran beneficiado del escenario fue Lars Løkke Rasmussen, canciller y líder de los Moderados, que podría ejercer de articulador de mayorías. Ex primer ministro y figura experimentada, Rasmussen afirmó al votar que el proceso trata de preparar a Dinamarca para “un mundo absolutamente más incierto que el que conocíamos”. Desde la derecha, el Partido Popular Danés —antiinmigración— se perfila como uno de los ganadores, con una remontada significativa respecto a 2022.

El sistema de representación proporcional danés produce habitualmente gobiernos de coalición tras semanas de negociación. Esta vez, el mapa electoral podría forzar pactos que superen las fronteras tradicionales entre bloques. Con un eventual tercer mandato, Frederiksen podría convertirse en la gobernante más longeva de Dinamarca desde la Segunda Guerra Mundial, aunque las negociaciones que se abren auguran ser las más complejas de su carrera política.