El papa León XIV reunió en el Vaticano a los principales obispos de la Iglesia católica caldea de Irak, donde intensificó sus críticas a la guerra en Medio Oriente y afirmó que “Dios no bendice ningún conflicto”.
León XIV denunció que las tierras del cristianismo primitivo han sido profanadas “por la blasfemia de la guerra y la brutalidad de los negocios, sin consideración por la vida de las personas”.
Bajo este contexto, ultima los preparativos para una gira de 11 días que lo llevará a visitar cuatro países africanos, en lo que será su primer gran viaje internacional desde que fue elegido el año pasado.
El recorrido, que comenzará el próximo lunes y concluirá el 23 de abril, es considerado un evento clave tanto para la Iglesia católica como para el diálogo entre el cristianismo y el islam en África.
El papa afirmó que ninguna causa puede justificar el derramamiento de sangre inocente e instó a los obispos a proclamar que “Dios no bendice ningún conflicto; a gritar al mundo que quien es discípulo de Cristo, príncipe de la paz, nunca está del lado de quien ayer empuñaba la espada y hoy lanza bombas”.
La postura del papa se enmarca en un contexto donde funcionarios de Estados Unidos, en particular el secretario de Defensa Pete Hegseth, han invocado su fe cristiana para justificar el conflicto y presentar a Estados Unidos como una nación cristiana en guerra.
En semanas previas, León XIV había hecho llamados moderados a la paz, pero en los últimos días elevó el tono de sus críticas hacia el gobierno estadounidense.
Desde el Domingo de Ramos, advirtió que Dios no escucha las oraciones de quienes promueven la guerra, y esta semana calificó la amenaza del presidente Donald Trump de aniquilar la civilización iraní como “verdaderamente inaceptable”, solicitando que prevalezca el diálogo.
El Vaticano manifestó una preocupación especial por la posibilidad de que la guerra entre Israel y Hezbollah se extienda en el Líbano, afectando a las comunidades cristianas en esa región.
En respuesta a la situación, el papa anunció que el sábado presidirá una vigilia especial de oración por la paz en la Basílica de San Pedro, acto que tendrá lugar antes del inicio programado de conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.
A pesar del tono crítico de León XIV, la Santa Sede y el gobierno estadounidense buscaron transmitir que las relaciones bilaterales no se encuentran deterioradas.
Además, lamentó que la violencia se extiende con ferocidad en los lugares sagrados del Oriente cristiano, donde los intereses económicos y políticos prevalecen sobre la vida humana. Sostuvo que ningún interés puede estar por encima de la vida de los más vulnerables, especialmente niños y familias, y reiteró que ninguna causa justifica la sangre inocente.
El pontífice instó a los obispos a ser sobrios y mesurados, y a que cada palabra y acción contribuyan a la comunión eclesial y al testimonio cristiano. Además, habló de la importancia de la responsabilidad ética y la obediencia, en un momento en que la Iglesia caldea busca superar escándalos recientes y reforzar su presencia en una región marcada por conflictos.
En lo que representa un golpe para los planes uruguayos de avanzar con la construcción de una planta de hidrógeno verde para producir metanol frente a las costas de Entre Ríos, la justicia federal de la provincia argentina hizo lugar a la demanda de un grupo de legisladores de la oposición, que pedían medidas de prueba a nivel preventivo.
La presentación ante la justicia argentina fue realizada por los diputados peronistas Guillermo Michel y Laura Marianela Marclay, junto al senador Adán Humberto Bahl. El grupo demandó al Estado uruguayo y a una empresa privada (HIF Uruguay) para frenar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, frente a Colón (Entre Ríos).
Planta de combustible sintético en Paysandú: la Justicia da lugar a la demanda y avanza con las medidas de prueba.
Los tres sostuvieron en su presentación que el proyecto podría generar un daño ambiental grave e irreversible en el río Uruguay, y que no se habrían cumplido normas internacionales, como el Estatuto del Río Uruguay, regido por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Además, pusieron como antecedente el conflicto entre Uruguay y la Argentina por la instalación de la pastera finlandesa Botnia/UPM en el país vecino.
Entonces, la protesta ambiental de los entrerrianos implicó extendidos cortes de puentes entre Gualeguaychú y Fray Bentos (donde se instalaron las plantas de pasta de celulosa), escaló a los fallecidos presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, y derivó en un costoso juicio para ambos Estados en los tribunales de La Haya.
“La resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No sólo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordenó parte de las medidas que solicitamos”, dijo Michel.
Entretanto, el gobernador Rogelio Frigerio, advertido de los embates de la oposición en Entre Ríos y de la negativa del presidente uruguayo Yamandú Orsi, buscó negociar con las autoridades uruguayas la relocalización de la planta, que implicaría una inversión de 5.300 millones de dólares. Un proyecto de escala histórica, pero que, para los vecinos de Colón —que viven del turismo— representaría la instalación de un complejo industrial con chimeneas visibles desde sus playas, en la otra orilla del río Uruguay. El proyecto estima que esté a unos 3 o 4 kilómetros de la costa, mientras que el gobierno entrerriano pide que se ubique a 30.
El gobernador argentino de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvo de visita oficial en Uruguay entre el 27 y el 28 de marzo. Se reunió con el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin y con los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño y de Industria, Energía y Minería,… pic.twitter.com/YfpV8kXiNO
— Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@CancilleriaUy) March 28, 2025
A lo largo de 2025 y este año, Frigerio habló con Orsi y con su canciller, Mario Lubetkin, para enfriar el conflicto en puerta. A su vez, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, no descartó un posible traslado de la planta: “La relocalización responde a encontrar, entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa, un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones que las propuestas por el proyecto”, dijo. Sostuvo que eso era viable y aseguró que “se trabaja para concretarlo”.
Tanto el gobierno de Orsi como la multinacional HIF Global acordaron la semana pasada prorrogar hasta fines de junio el cronograma de acuerdos hacia la concreción de la planta de combustibles sintéticos.
¿Qué resolvió el juez federal de Entre Ríos, Hernán S. Viri?
En principio, aceptó parcialmente un pedido clave de los demandantes: producir “prueba anticipada”. Es decir, autorizó a recolectar pruebas ahora, antes de que avance el juicio, porque podrían perderse o volverse difíciles de conseguir más adelante.
Las pruebas que ordenó incluyen pedidos de información a organismos uruguayos (ambientales, regulatorios y bancarios), requerimientos a la Comisión Administradora del Río Uruguay, la realización de un peritaje ambiental con un biólogo y una inspección judicial en el lugar. Pero no aceptó, por ahora, la prueba testimonial, porque no consideró que hubiera urgencia.
Como los demandados están en Uruguay y eso puede demorar el proceso, el juez decidió que intervenga la Defensoría Pública para garantizar el derecho de defensa mientras tanto.
Patricia Bullrich afirmó este viernes 10, durante su participación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que Manuel Adorni está “muy afectado” por todo el escándalo que lo envuelve y aclaró que Javier Milei “tomó la decisión” de mantenerlo como jefe de gabinete.
“Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, reflexionó.
Además, señaló que no les corresponde a ellos decidir sobre culpabilidades, ya que el caso está judicializado y debe resolverse en ese ámbito. “Dejemos que la Justicia hable; mientras tanto, el Presidente tomó una decisión: mantener a Adorni en su cargo. Él está muy tocado, personalmente, en su familia, pero esa es la decisión tomada. Esto queremos hacerlo para todo: no acusar, dejar que ese trabajo lo haga la Justicia”.
La senadora también habló de su relación con Mauricio Macri, de la reconfiguración del PRO de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y de su vínculo con Victoria Villarruel.
Consultada sobre la posibilidad de que el ex vocero se tome licencia, Bullrich afirmó que es una decisión personal entre Adorni y el Presidente, que no la involucra.
“Eso es una decisión sobre el impacto que le produce a él y a su familia. Es una conversación de él con el Presidente, no es una conversación en la que puedo participar”. Y agregó: “Él no viene de la política; los que venimos de la política tenemos el cuero más duro. Pero él está en esta situación de ser la primera vez”, resaltó Bullrich.
“Nos duele, imagínense la familia de Adorni. ¿Pero cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: no declarar culpable a nadie sin fallo de la Justicia”, afirmó en esa oportunidad.
“Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia. La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y un juez que son los que van a decidir”, enfatizó.
También se refirió a la inflacióny sostuvo que “ahora subió, pero tenemos un panorama de que va a seguir bajando” e hizo una comparación con lo que pasó con el Riesgo País. “Subió el año pasado porque tuvimos una crisis política muy fuerte, la pérdida de control de las cámaras. Y ahora el riesgo país sigue bajando”, sostuvo en la Bolsa de Comercio”, dijo al respecto.
En el tramo final de su exposición, la ex ministra sostuvo: “Cuando uno atraviesa un río difícil, va a tener momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse. Hay que tener coraje, valentía y hay que saber que si nos desviamos nos caemos y que si seguimos adelante el país sale adelante de una vez y para siempre”.
La relación con Macri
La exministra hizo referencia a la situación que atraviesa su relación con Mauricio Macri: “Hace un tiempo que no lo veo, lo saludé para su cumpleaños”.
Además, detalló que su respeto hacia él sigue intacto: “Fue mi presidente, yo fui su ministra, lo voy a respetar siempre”.
En ese contexto, defendió otra vez su decisión de haberse sumado al espacio libertario en el balotaje.
“Nosotros creíamos que eso no se terminaba en el apoyo de votos, sino que había que involucrarse en el Gobierno y comprometerse”, indicó y agregó: “Fue la decisión correcta: meter la cabeza, los pies y el cuerpo para sacar al país adelante”.
Respecto de su antiguo espacio político en el Congreso, dijo: “El PRO está ayudando en el Congreso y en las elecciones, por eso quizás Mauricio tiene una posición más de ir ley por ley, pero igual vota todo porque está convencido de las ideas”.
Sin embargo, lanzó un guiño a Macri cuando se refirió a las elecciones de 2027. Bullrich reflexionó sobre la organización del peronismo e insinuó que “del otro lado tenemos que hacer lo mismo”.
“Ese lado se está organizando. ¿De este lado qué? ¿Vamos a ir divididos? No, tenemos que ir todos juntos, si no le estamos dando ventaja a los otros que se están organizando”.
En ese sentido, también habló de su relación con Victoria Villarruel, la cual definió como institucional y orientada a evitar conflictos.
“Tengo una relación institucional. Todas las semanas tengo que ordenar con ella las sesiones, la agenda parlamentaria y el funcionamiento de la Cámara”, graficó la exfuncionaria.
Resumió su vínculo con la vicepresidenta: “Mi objetivo, y el que me planteó el Presidente, es: ‘saquemos las leyes necesarias para que Argentina sea grande otra vez’”. Y concluyó: “Evito la confrontación porque mi objetivo es sacar leyes”.
Una inscripción con la leyenda “10/04/2026 TIROTEO!” generó profunda preocupación en la comunidad educativa del Colegio Mercedario de la ciudad de La Paz.
Detalles
El escrito fue descubierto en la puerta del baño de mujeres del establecimiento secundario. Ante la gravedad del mensaje, se dio intervención inmediata a la Jefatura Departamental de Policía, a la Fiscalía de turno y al Consejo General de Educación (CGE).
La situación derivó en un notable ausentismo escolar durante la mañana de este viernes, debido a que muchos padres decidieron no enviar a sus hijos por precaución. El equipo directivo y el representante legal de la institución informaron que ya se formalizó la denuncia judicial correspondiente. En paralelo, la Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE tomó conocimiento del hecho para coordinar los pasos a seguir.
Como medida preventiva, las autoridades escolares dispusieron un esquema de ingreso escalonado para la jornada de mañana. Los alumnos de 5to y 6to año entrarán a las 7:30, seguidos por los de 3ro y 4to a las 7:45, y finalmente los de 1ro y 2do a las 8:00. Desde el colegio sugirieron que los estudiantes concurran acompañados por un adulto responsable para brindarles mayor contención.
La institución buscó transmitir tranquilidad a las familias y aseguró que se están cumpliendo los protocolos de seguridad establecidos. Según informaron, un equipo de abordaje de situaciones complejas del CGE se hará presente en el establecimiento. Este grupo técnico trabajará de manera conjunta con docentes y estudiantes para procesar el impacto de la amenaza y reforzar el bienestar del entorno escolar.
Investigación y allanamiento
La investigación por la amenaza de tiroteo en el Instituto Nuestra Señora de la Merced D-10, de La Paz, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, con el secuestro de dispositivos electrónicos durante una requisa personal a la adolescente apuntada como presunta autora y también en un procedimiento realizado en su domicilio.
Según informó la Jefatura Departamental La Paz, todo se originó a partir de la denuncia radicada por el representante legal del establecimiento, ubicado sobre calle Belgrano 955, luego de que apareciera un mensaje intimidatorio escrito en el baño de mujeres. A eso se sumaron posteriormente dos correos electrónicos enviados a la institución con amenazas de características similares.
A partir de esa situación, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto con efectivos de Cibercrimen de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, avanzó con tareas de análisis sobre las cuentas desde las que salieron los mails. De acuerdo con la información oficial, uno de los correos pudo ser vinculado a una adolescente de 16 años, alumna de sexto año de la misma institución.
Con esos elementos, y tras informar a la Unidad Fiscal, se montó un operativo preventivo en el establecimiento, con intervención de las divisiones Investigaciones e Inteligencia Criminal y Drogas Peligrosas. Allí se logró identificar visualmente a la menor y realizarle una requisa personal en presencia de su madre, la Defensora Oficial y autoridades del colegio.
Durante ese procedimiento, la Policía secuestró un iPhone 16 Pro, que será sometido a peritajes para determinar si hubo otras personas involucradas en el hecho.
Además, se concretó una diligencia judicial en una vivienda de calle Ituzaingó, donde reside la adolescente investigada. En ese lugar se procedió al secuestro de un segundo teléfono celular y una notebook, elementos que también quedaron incorporados a la causa.
En el operativo también participaron efectivos de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, además de personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, que viene realizando recorridas diarias en establecimientos educativos, tanto con móviles como con patrullaje peatonal.
Como parte de las acciones posteriores al caso, desde la Policía se indicó además que ya fue solicitada a la Departamental de Escuelas una reunión con otros organismos, con el objetivo de generar herramientas para la identificación y prevención de riesgos, fortalecer canales de comunicación y promover acciones vinculadas a la convivencia escolar.
Un hombre de nacionalidad sudanesa fue detenido en el sur del Reino Unido tras la muerte de cuatro migrantes en un naufragio ocurrido en el canal de la Mancha. La Agencia Nacional contra el Crimen británica confirmó que el arresto se realizó en un centro de atención a migrantes en Manston, en el condado de Kent.
Las autoridades lo acusan de haber puesto en peligro la vida de otras personas durante la travesía marítima hacia territorio británico, utilizando las nuevas disposiciones de la Ley de Fronteras, Seguridad, Asilo e Inmigración de 2025.
El incidente se originó el jueves, cuando una embarcación con decenas de migrantes a bordo se hundió cerca de Saint-Étienne-au-Mont, al sur de Boulogne-sur-Mer, en la zona del Paso de Calais, frente a las costas del norte de Francia.
El grupo intentaba abordar un taxi acuático, una embarcación empleada por traficantes que ha ganado protagonismo en la zona por su capacidad de evadir los controles policiales y facilitar el cruce irregular hacia el Reino Unido.
El operativo de rescate permitió devolver a 38 migrantes a Francia, mientras que otras 74 personas prosiguieron el trayecto hacia territorio británico. Tanto la policía británica como la francesa trabajan conjuntamente en la investigación, bajo la dirección de la Fiscalía francesa, que busca esclarecer las circunstancias del viaje y el fallecimiento de los cuatro migrantes.
Las autoridades también anticiparon que tomarán declaración a quienes lograron completar la travesía, con la intención de obtener información sobre la organización y el desarrollo del cruce.
El prefecto de Pas-de-Calais, François-Xavier Lauch, explicó que las víctimas fueron arrastradas por fuertes corrientes al intentar subir a la embarcación. Los denominados taxi-boats recorren segmentos de la costa norte de Francia y Bélgica, recogiendo personas en diferentes puntos de la orilla.
Organizaciones humanitarias que operan en la frontera anglo-francesa alertaron sobre el incremento en el uso de estos botes, que obligan a los migrantes a internarse en el mar para abordarlos, elevando los riesgos en cada travesía.
Human Rights Network y Project Play, dos organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de los migrantes, advirtieron que la expansión de los taxi-boats responde a la intensificación de los operativos policiales en las playas de la región, financiados en parte por el gobierno británico.
Ambas entidades señalaron que la política de controles más estrictos y la presencia policial reforzada han llevado a los traficantes a modificar sus estrategias y recurrir a embarcaciones más peligrosas para eludir las patrullas.
El caso generó pronunciamientos oficiales en el Reino Unido. El subdirector de la Agencia Nacional contra el Crimen, Craig Turner, aseguró que la cooperación internacional será fundamental para identificar a todos los responsables y llevarlos ante la justicia.
Por su parte, el ministro británico para Migración y Ciudadanía, Mike Tapp, lamentó las muertes y destacó que la nueva ley fortalece las herramientas de las fuerzas de seguridad para anticipar, interceptar y desarticular las redes de tráfico de personas que operan en el canal de la Mancha.
La travesía de migrantes en pequeñas embarcaciones se ha consolidado como un tema central en el debate político y social del Reino Unido. El aumento de cruces irregulares ha generado una presión constante sobre el gobierno y las fuerzas de seguridad, que han respondido con políticas de refuerzo fronterizo y acuerdos bilaterales con Francia para intensificar la vigilancia.
El hombre arrestado permanece bajo custodia policial y será interrogado. Las autoridades no han difundido su identidad ni detalles sobre su posible rol dentro de la red de tráfico de personas. La NCA afirmó que todos los elementos recabados hasta ahora son coordinados con las policías de ambos países para profundizar en la identificación de los involucrados y esclarecer el modo en que se organizó el cruce.
Un posible caso de scrapie, una enfermedad neurodegenerativa, infecciosa y mortal que afecta a ovinos y caprinos, encendió alertas sanitarias en el país. Según pudo saber LA NACION de diversas fuentes, el episodio se registró en un establecimiento de la provincia de Santa Fe, cuya localización se mantiene en reserva, y es seguido de cerca por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que aguarda los resultados definitivos de laboratorio, de acuerdo a lo que averiguó este medio.
Se trata de una patología considerada exótica en la Argentina, donde no se han confirmado casos. El scrapie pertenece al grupo de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) que ataca el sistema nervioso central de los animales, provocando trastornos progresivos sin posibilidad de tratamiento.
Aunque recién se conoce, el caso se originó tiempo atrás luego de que una cabaña local importara carneros y ovejas preñadas de pedigree de la raza Dorper de un prestigioso criador de Paraguay, cumpliendo —según indicaron— con los requisitos sanitarios y legales vigentes.
En la Argentina, el scrapie —también conocido como “tembladera”— es una enfermedad de notificación obligatoria. En ese contexto, el productor dio aviso inmediato al SenasaLGAndrade
Según pudo reconstruir LA NACION,la cuarentena de los animales que llegaron no se habría realizado en un lazareto oficial, sino dentro del propio establecimiento, que no obstante estaba habilitado por el Senasa. Con el paso del tiempo, algunos de los ejemplares machos comenzaron a manifestar síntomas compatibles con la enfermedad. Ante el agravamiento del cuadro, los animales fueron sacrificados, lo que activó los protocolos sanitarios correspondientes.
En la Argentina, el scrapie —también conocido como “tembladera”— es una enfermedad de notificación obligatoria. En ese contexto, el establecimiento dio aviso inmediato al Senasa. A partir de esa intervención, una de las ovejas importadas había dado a luz a una hembra que ni bien nació presentó síntomas y fue derivado al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en Castelar, para la realización de los estudios diagnósticos. En ese marco, las fuentes dijeron que el animal con síntomas es una oveja nacida en la Argentina e inscripta en la Sociedad Rural Argentina (SRA) con ADN, lo que permite saber sus padres, pese a que la asociación no exige ese tipo de información. “Es una enfermedad que se puede expresar entre los 2 y 5 años de vida del animal, por eso es difícil que tenga sintomatología. La única manera que existe de prevenir el ingreso es con el perfil genético que dictamina que un animal es resistente a la enfermedad que es lo que utilizan en Nueva Zelanda”, dijeron.
Según supo este medio, en una primera evaluación técnica se habrían detectado indicios compatibles con la enfermedad. Sin embargo, la confirmación definitiva requiere análisis más complejos.
Dado que el diagnóstico concluyente en el país podría demorar cerca de un año, se resolvió enviar muestras del cerebro del animal a un laboratorio en España para acelerar los tiempos de respuesta
Dado que el diagnóstico concluyente en el país podría demorar cerca de un año, se resolvió enviar muestras del cerebro del animal a un laboratorio en España para acelerar los tiempos de respuesta.
Fuentes cercanas al organismo sanitario confirmaron la situación y señalaron la necesidad de prudencia. “Hay que esperar resultados.Cuando estén habrá que avisar a los organismos internacionales”, indicaron. En esa línea, agregaron: “Por el tiempo que estuvieron los animales en la Argentina pasa a ser un caso autóctono. Hay que notificar también al país de origen y ver los Certificado Veterinario Internacional (CVI) que certifican que el país es libre de scrapie”.
El episodio también abre interrogantes sobre los controles sanitarios en origen y los procedimientos de importación. En el sector explicaron que en algunos países, como Nueva Zelanda, se realizan estudios de factibilidad de la enfermedad antes de exportar animales, mientras que en otros casos esos controles no son exigidos con el mismo rigor.
En el plano regional, señalaron que la Argentina mantiene su condición de país libre de scrapie, al igual que Paraguay, aunque con diferencias en los sistemas de control. Esa es la situación del vecino país al margen de la importación ahora bajo estudio. Brasil, en tanto, ha registrado episodios en el pasado y los ha clasificado como casos de scrapie atípico, aplicando protocolos específicos.
La posible confirmación de la detección de esta enfermedad genera preocupación por sus eventuales consecuencias comerciales. En este sentido, fuentes de la actividad advirtieron que podría haber efectos negativos en las exportaciones de productos derivados de ovinos y caprinos, en particular quesos y lácteos destinados a mercados como Argelia. En cambio, descartaron implicancias para la carne vacuna, ya que se trata de una enfermedad específica de otras especies. Tampoco hay evidencias de que esta enfermedad priónica pueda infectar a las personas.
Mientras se aguardan los resultados definitivos, el caso se mantiene bajo investigación y seguimiento oficial. El desenlace será clave no solo para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad en el país, sino también para evaluar eventuales medidas sanitarias y su impacto en los mercados internacionales.
En un escenario político marcado por la reconfiguración del poder territorial y la consolidación de liderazgos provinciales, la imagen de los gobernadores vuelve a convertirse en un indicador clave para medir el humor social fuera del Área Metropolitana.
Mientras el Gobierno nacional concentra la agenda económica, las gestiones locales aparecen cada vez más expuestas al juicio directo de sus propios electorados.
Las administraciones provinciales atraviesan un período atravesado por restricciones fiscales, demandas sociales persistentes y una creciente autonomía política frente al poder central.
En ese contexto, la valoración pública de los mandatarios subnacionales funciona como un termómetro anticipado del clima político hacia los próximos ciclos electorales.
En la tradicional encuesta de imagen de la consultora DC, correspondiente a abril de 2026, se evaluó la percepción ciudadana sobre gobernadores y principales intendentes del país.
El estudio vuelve a mostrar fuertes diferencias regionales y confirma que el liderazgo territorial continúa fragmentado, con niveles de aprobación moderados y sin figuras con hegemonía nacional clara.
La brecha entre los mejor y peor posicionados supera los 13 puntos porcentuales, lo que habla de realidades muy distintas dentro de un mismo país federal.
El top ocho
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabeza el ranking interprovincial de imagen positiva de abril con el 55,8% de aprobación entre sus co-provincianos, superando levemente al mes anterior cuando había registrado el 55,3%.
Su consistencia en los primeros lugares del ranking lo consolida como uno de los mandatarios más sólidos del país, en una provincia que históricamente ha sabido construir liderazgos propios con alto arraigo territorial y cierta autonomía respecto de los grandes bloques nacionales.
En segundo lugar se ubica Claudio Poggi, gobernador de San Luis, con el 55,3% de imagen positiva, aunque con una caída respecto de su marca de marzo, cuando había alcanzado el 58,5%. A pesar del retroceso, Poggi sostiene su lugar en el podio y confirma que la provincia cuyana mantiene niveles de aprobación elevados para su conducción.
Completa el top tres Gustavo Sáenz, de Salta, con el 55,1%, una cifra que también representa una mejora frente al 53,2% de la medición anterior, lo que lo posiciona como uno de los gobernadores con tendencia más favorable del período.
El segundo pelotón
Detrás del podio, pero igualmente bien evaluados, aparecen Osvaldo Jaldo en Tucumán con el 54,9%, Ignacio Torres en Chubut con el 54,2%, y Rolando Figueroa en Neuquén con el 54,0%. Tanto Figueroa como Torres muestran mejoras respecto de marzo. Marcelo Orrego en San Juan, con el 53,8%, y Martín Llaryora en Córdoba, con el 53,1%, cierran el grupo de los ocho mejor posicionados.
El pelotón del medio: aprobaciones ajustadas y tendencias mixtas
En la franja intermedia del ranking aparecen figuras con evaluaciones más moderadas y, en varios casos, con caídas respecto de la medición previa. Raúl Jalíl en Catamarca y Maximiliano Pullaro en Santa Fe registran el 52,4% y el 51,8% respectivamente, con el santafesino mostrando una leve recuperación.
Juan Pablo Valdes en Corrientes alcanza el 51,1% con una tendencia al alza, mientras que Sergio Ziliotto en La Pampa obtiene el 50,9%, también mejorando levemente respecto de marzo.
La zona de mayor tensión del pelotón medio la protagoniza Alfredo Cornejo en Mendoza, que cae al 49,0% desde el 51,1% de marzo, quedando muy cerca del umbral crítico del 50%.
Por su parte, Carlos Sadir en Jujuy es el gobernador que registra la caída más pronunciada del mes: baja 4,3 puntos porcentuales hasta el 48,1%, pasando a tener más imagen negativa que positiva, con el 49,5% de evaluación desfavorable. Una señal de alerta para una provincia que viene atravesando tensiones sociales y políticas de diversa índole.
Gildo Insfrán en Formosa y Leandro Zdero en Chaco completan esta franja con el 47,5% y el 47,4% respectivamente, ambos con más imagen negativa que positiva.
Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Claudio Vidal en Santa Cruz se ubican en torno al 50,4%-50,7%, en una zona de equilibrio frágil donde cualquier acontecimiento de la coyuntura provincial puede mover la aguja en uno u otro sentido de manera significativa.
En el fondo de la tabla
El último tramo del ranking agrupa a los mandatarios con mayores dificultades de imagen.
Gustavo Melella en Tierra del Fuego es una excepción en este grupo: con el 45,9% sube 2,4 puntos respecto de marzo, siendo el gobernador con mayor crecimiento del mes, aunque aún sin lograr cruzar hacia terreno positivo neto.
Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se ubica en el puesto 22 con el 45,5% de imagen positiva, una décima menos que en marzo, y con el 49,8% de evaluación negativa.
En los últimos puestos aparecen Alberto Weretilneck en Río Negro con el 43,0%, en caída desde el 43,8% de marzo, y Ricardo Quintela en La Rioja, que cierra el ranking en el puesto 24 con el 42,8%, bajando desde el 46,2% previo.
El riojano acumula el 52,9% de imagen negativa, la más alta de todos los gobernadores relevados, y el 35,5% de imagen “muy mala”, un guarismo que habla de un rechazo activo y consolidado entre sus propios ciudadanos, más allá de la mera indiferencia.
Intendentes: Jofré primero, Raúl Jorge último
En el capítulo de los intendentes federales, los resultados muestran un patrón similar: los municipios del norte y del centro del país concentran las mejores evaluaciones. Jorge Jofré, intendente de la capital formoseña, lidera el ranking con el 60,4% de imagen positiva, seguido muy de cerca por Leonardo Stelatto en Posadas con el 60,2%, y Gustavo Sastre en Puerto Madryn con el 58,6%.
Los tres referentes municipales mejor posicionados gobiernan ciudades de provincias que también exhiben buenos números a nivel provincial, lo que sugiere que hay una sinergia positiva entre la gestión local y la provincial en esos territorios.
En el extremo opuesto, los intendentes peor evaluados son Raúl Jorge en San Salvador de Jujuy con apenas el 35,9%, Julio Alak en La Plata con el 36,0%, y Roy Nikisch en Resistencia con el 36,3%.
Cabe destacar que el mayor crecimiento mensual en el rubro intendentes lo protagonizó Gustavo Saadi en San Fernando del Valle de Catamarca, con una suba de 3,2 puntos porcentuales, mientras que Daniel Passerini en la capital cordobesa sufrió la caída más pronunciada del mes, con una baja de 4,5 puntos que lo llevó al 44,1% de imagen positiva.
Ficha técnica
Población objetivo: Población general mayor de 18 años
Ámbito: 23 provincias de Argentina + CABA
Cuotas: Sexo, nivel educativo, geolocalización y franja etaria
Afijación: Uniforme
Técnica de recolección: CB CAWI Research (online)
Instrumento: Cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa
Muestra provincial: 24.603 casos totales (promedio de 892 a 1.179 casos por provincia)
Error de muestreo provincial: +/- 2,9 a 3,3%
Muestra municipal: 14.741 casos totales (promedio de 545 a 690 casos por municipio)
Error de muestreo municipal: +/- 3,7 a 4,1%
Trabajo de campo: 1 al 4 de abril de 2026
Procedimiento de muestreo: Estratificado por distritos provinciales y municipales
El economista Martín Rapetti explicó los motivos del malestar social
El economista Martín Rapetti hizo referencia a las declaraciones de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien aseguró que todos los sectores, incluyendo los medios, aumentaron su nivel de ingresos en relación con la canasta básica. En diálogo con Infobae en Vivo, el director de Equilibra explicó los motivos metodológicos por los cuales se observa una mejora en los registros oficiales, pero al mismo tiempo hay malestar en la calle. También planteó dudas sobre el modelo económico.
En primer lugar, explicó las diferencias entre las fuentes de información sobre ingresos en el país y los desafíos que esto plantea para analizar la evolución de la pobreza. “En Argentina hay dos fuentes. Una es el SIPA, que son registros administrativos, son datos concretos. Y otra es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que se publica trimestralmente. Esa encuesta le pregunta a la gente cuánto está ganando”.
Rapetti señaló que históricamente los ingresos declarados en la EPH eran menores que los registrados en el SIPA debido a la subdeclaración, fenómeno que, según los análisis, “se mantiene estable en el tiempo”. y está asociado a la alta inflación.
Sin embargo, señaló que “una cosa que los economistas empezamos a notar es que subían mucho más fuerte los ingresos que declaraban en la EPH todas las personas que lo que se subían en los registros administrativos. Eso nos llamó la atención”.
El economista sostuvo que existen “indicios muy importantes que, en 2022 y 2023 específicamente, la subdeclaración aumentó mucho producto de la inflación”. Explicó que “no es porque sea una cosa hecha adrede, sino que producto de la alta inflación, ante cambios de precios tan fuertes y tan rápidos en el tiempo; la gente subdeclaraba”.
A medida que la inflación comenzó a bajar, la subdeclaración cayó: “Si yo ganaba $100 en 2023, probablemente declaraba $60. Ahora sigo ganando 100, y declaro $80”.
Rapetti remarcó que “la EPH capta mejor el ingreso de la persona, aunque este no haya subido”. Aclaró que ninguno de todos los estudios realizados señala que hay manipulación de estadísticas. Probablemente hay un problema de captación de ingresos que hace muy difícil las comparaciones en el tiempo”.
“Los datos oficiales muestran una caída del empleo formal y un aumento de los puestos informales y sin relación de dependencia. También se observa una pérdida de empleo asalariado incluso dentro del sector privado, incluyendo trabajos no registrados. En paralelo, crece el cuentapropismo”, destacó.
“Si se analizan los ingresos registrados formalmente —tanto del sector privado como del sector público, incluyendo jubilaciones, es decir, un universo de aproximadamente 14,5 millones de personas— se observa que el poder de compra, medido contra el IPC y la canasta de consumo del INDEC, cayó respecto de los primeros nueve meses de 2023. En la actualidad, se ubica entre un 10% y un 14% por debajo de ese nivel”, añadió.
En cuanto al impacto social, sostuvo: “Pese a que la pobreza cayó, el ingreso disponible que tiene la gente es menor, y hay un malestar social producto de que o tienen que trabajar más o tienen que ajustar gastos para hacer otro”.
Por otro lado, en cuanto a la reconversión económica, Rapetti dijo que “la posición del Gobierno refleja una transición en la que, al analizar la narrativa económica, surgen interrogantes. En el caso de un país como Argentina, con una población de alrededor de 46 millones de personas, resulta difícil pensar que una estrategia centrada casi exclusivamente en minería, energía y agricultura —los principales ejes del modelo— pueda dar respuesta, en términos de inclusión productiva, a la magnitud de la fuerza laboral existente”.
Consideró que si bien estos sectores concentran un alto potencial de crecimiento y son, sin duda, relevantes, el problema aparece si esos motores no se articulan con una mayor integración productiva. Es decir, si no generan encadenamientos hacia arriba y hacia abajo con la industria y los servicios.
En ese escenario, el economista sostuvo podrían consolidarse sectores dinámicos con mejoras en el bienestar material asociadas a esas actividades, pero una parte significativa del resto del entramado productivo quedaría rezagada y en una situación de fuerte deterioro. “Esta es una economía que achica al sector industrial”, aseguró Rapetti.
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El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó este viernes que su país solo accederá a negociar con Estados Unidos si previamente se concreta un alto el fuego en Líbano y se produce la liberación de los activos iraníes congelados. “Dos de las medidas mutuamente acordadas entre las partes aún no se han implementado: un alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos bloqueados de Irán antes del inicio de las negociaciones”, escribió Ghalibaf en un mensaje en inglés en la red social X. Añadió que estas dos cuestiones deben cumplirse antes de que comiencen las conversaciones.
El anuncio de Ghalibaf se produjo poco después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, abordara un avión rumbo a Islamabad para participar en las conversaciones encaminadas a convertir la tregua de dos semanas pactada entre Washington y Teherán en una paz permanente. Se espera que Ghalibaf y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, encabecen la delegación iraní en la capital de Pakistán. Desde la Casa Blanca, Vance advirtió antes de partir que “si intentan jugarnos, encontrarán que el equipo negociador no será tan receptivo”.
La incertidumbre domina la víspera de la cumbre prevista en Islamabad. Irán mantiene que no participará en las negociaciones hasta que no se imponga el cese de hostilidades en Líbano, país que considera “parte integrante” del acuerdo mediado por Pakistán. El portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, reiteró que la postura de su país es inamovible y advirtió que Teherán tiene el “dedo en el gatillo” si continúan los ataques. La liberación de activos iraníes congelados no había sido planteada públicamente como condición previa hasta ahora, aunque la retirada total de sanciones figura entre las diez demandas presentadas por Irán a Washington.
Desde el miércoles, fecha del anuncio de la tregua, Irán sostiene que el acuerdo incluye a Líbano, donde la ofensiva de Israel ha causado la muerte de casi 1.900 personas desde marzo. Pakistán, que actúa como mediador, respalda esta interpretación, mientras que la Casa Blanca niega que el alto el fuego abarque el territorio libanés y califica la diferencia como un “malentendido”. En paralelo, Washington planea solicitar la liberación de al menos seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Irán como parte de la agenda de diálogo.
En Islamabad, la seguridad se ha reforzado con la presencia del Ejército y el cierre total de la “Zona Roja”, en un intento de garantizar el desarrollo de la reunión. El gobierno paquistaní, encabezado por el primer ministro Shehbaz Sharif, busca mantener su papel de mediador pese a la reciente controversia desatada por las declaraciones de su ministro de Defensa, Khawaja Asif, quien calificó a Israel como “un mal y una maldición para la humanidad”, comentario que fue retirado tras las protestas de Tel Aviv.
En Líbano, la situación humanitaria sigue deteriorándose. El ministro del Interior, Ahmad al Hajjar, expresó su esperanza de lograr un cese de hostilidades total y pidió fortalecer las instituciones estatales. Hizbulá, por medio de su secretario general Naim Qassem, instó al gobierno a evitar concesiones y aseguró que no aceptarán volver al statu quo previo al conflicto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció amenazas israelíes de atacar ambulancias en zonas de evacuación y reportó la muerte de 50 trabajadores sanitarios en cinco semanas, además de la escasez de suministros médicos esenciales. Al menos 13 miembros de las fuerzas de seguridad libanesas han muerto en bombardeos israelíes contra el Palacio de Gobierno de Nabatieh, en el sur del país.
La Misión Internacional Independiente de Investigación para Irán de la ONU celebró la tregua temporal pero instó a su consolidación tras un mes de ataques que han dejado 3.000 muertos. El organismo exige investigaciones imparciales sobre hechos como el bombardeo en la escuela de Minab, donde murieron 168 personas, advirtiendo que los ataques deliberados contra bienes civiles pueden constituir crímenes de guerra. Desde el inicio del conflicto, en Irán han sido atacadas 325 instalaciones médicas, 760 escuelas y 29 universidades.
El conflicto ha impactado en el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, donde el flujo de buques aumentó ligeramente, aunque sigue muy por debajo de los niveles habituales, según MarineTraffic. La multinacional francesa TotalEnergies cerró temporalmente la refinería saudí SATORP por daños sufridos en los ataques recientes. Además, falleció el exministro de Exteriores iraní Kamal Kharazi a causa de heridas provocadas por un bombardeo la semana pasada. Kharazi supervisaba, según The New York Times, los contactos para las actuales negociaciones en Pakistán.
La “motosierra” parece haber topado con un límite en los despachos oficiales. Mientras el discurso público se instala en la austeridad extrema y repite la consigna de que “no hay plata”, un reciente movimiento administrativo puso fin al congelamiento salarial de la alta jerarquía del Poder Ejecutivo, otorgando aumentos que multiplican por tres el ingreso del trabajador promedio.
Según los datos que circularon en las últimas horas, los ministros pasaron de percibir un salario bruto de $3.584.006 en diciembre de 2025 a proyectar un ingreso de $8.020.866 para mayo de 2026. El salto inicial fue el más brusco: solo entre diciembre y enero, la actualización rozó el 99%.
La brecha del sacrificio
El dato político más sensible no es solo la cifra en sí, sino el contraste. Apenas dos semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado como un “lujo” inalcanzable cualquier aumento significativo para las jubilaciones que comprometiera el equilibrio fiscal. Sin embargo, para los ministros y secretarios —estos últimos pasarán de cobrar $3,2 millones a $7,3 millones en el mismo periodo—, el “lujo” de la recomposición salarial ya es un hecho consumado.
La casta y la billetera
La decisión también alcanzó a figuras de alta exposición como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuyo nivel de vida y los recientes crecimientos patrimoniales están bajo la lupa judicial. Con salarios que ahora superan los 8 millones de pesos, la narrativa de la “casta” sufriendo el ajuste comienza a resquebrajarse.
Mientras los empleados públicos y docentes negocian paritarias que apenas empatan la inflación, en la Casa Rosada se optó por un “salariazo” de cinco meses que garantiza la comodidad de la primera línea libertaria. El ajuste, por ahora, se reparte de forma desigual: sigue siendo una carga pesada para los jubilados y un alivio retroactivo para quienes firman los decretos.
