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Un control preventivo realizado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 929, permitió secuestrar 11,555 kilos de cocaína. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Operativa Regional N.º 1 (Reconquista), dependiente de la Dirección General Guardia Provincial, y contó con la intervención de la Justicia Federal y Gendarmería Nacional.

El operativo se realizó este sábado 15 de agosto, alrededor de las 13:55, cuando los agentes detuvieron la marcha de un Volkswagen Fox 1.6. El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Paraná.

Durante el control de la documentación, los efectivos detectaron restos de polvo blanco y un envoltorio con una sustancia de similares características a la cocaína. Además, observaron irregularidades en el interior del automóvil, por lo que dieron intervención a la Justicia Federal, que dispuso la requisa del vehículo.

Como resultado del procedimiento, fueron encontrados 10 paquetes rectangulares envueltos en nylon, además de cigarrillos y media tuca. Tras el hallazgo, se informó nuevamente a la Fiscalía Federal, que dispuso la continuidad de las actuaciones con intervención de Gendarmería Nacional.

Personal de Seguridad Vial de Gendarmería realizó las tareas de campo, la prueba orientativa y el pesaje de la sustancia. El resultado fue positivo para cocaína y arrojó un peso total de 11,555 kilogramos.

Por disposición de la Fiscalía Federal, la droga secuestrada, el vehículo y el hombre involucrado quedaron a disposición de la Sección de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

Del procedimiento también participaron efectivos de la Unidad Regional IX, a través del PUZN, la Comisaría IX de Florencia y el GOT, quienes brindaron apoyo en materia de seguridad perimetral, indicó Aire de Santa Fe

El operativo se inició con un control de rutina

Desde la Dirección General Guardia Provincial destacaron el resultado del procedimiento y señalaron que la detección de la sustancia durante un control preventivo permitió activar la intervención de la Justicia Federal y avanzar con el secuestro de la droga.

El operativo contó con la articulación entre la Guardia Provincial, la Policía de Santa Fe, Gendarmería Nacional y la Justicia Federal, que continuarán con las actuaciones correspondientes.

Cuando el colectivo que trasladaba al plantel de Patronato ingresó al playón del club a las 20 de este sábado, se metieron detrás otros vehículos con al menos una decena de personas. Los jugadores fueron bajando con sus bolsos y fueron interceptados por integrantes de la barra brava. Los increparon por el resultado tras el partido con Colón en Santa Fe y la crítica situación deportiva, los amenazaron a punta de pistola, golpearon a culatazos a dos deportistas, les robaron pertenencias y huyeron. El grave episodio es investigado por la Fiscalía y la Policía, que apunta a “La Famosa Banda del Alan”.

Según se informó a ANÁLISIS, el micro regresaba desde la vecina capital tras el encuentro por la fecha 25 del torneo de la Primera Nacional, luego de la derrota por 3 a 0. Por la histórica amistad entre las barras de Patronato y Colón, no se descarta que los agresores hayan estado en la tribuna del Estado Brigadier López y regresaron a Paraná siguiendo el trayecto del vehículo que trasladaba al plantel, aunque esto aún no está confirmado.

El colectivo ingresó por el portón de ingreso de calle Churruarín 675. Lo siguieron varios vehículos oscuros que se metieron dentro del predio del club, entre ellos una Renault Express blanca que usualmente utiliza la barra para trasladar los instrumentos y banderas.

Al descender los jugadores, la patota se les fue encima a gritos, recriminándoles la situación deportiva. Pero fueron más allá: los amenazaron de muerte y agredieron físicamente a dos de ellos.

El arquero Alan Sosa, de 30 años, recibió un golpe en el rostro que le dejó un hematoma en el pómulo izquierdo, mientras que Facundo Nicolás Díaz, de 25, recibió un golpe con la culata de una pistola en la cabeza que le provocó un corte en el cuero cabelludo.

Además, les habrían sustraído bolsos y prendas de vestir. El personal de la comisaría cuarta llegó al lugar luego del llamado al 911 desde el club alertando por la situación.

Según el acta de actuación policial que reunió diversos testimonios, la banda de agresores estaba liderada por Alan Barrietos, hijo del fallecido Gustavo “Petaco” Barrietos, exlíder de la Barra Fuerte. El joven, que desde niño participa de las actividades de la tribuna, lidera la denominada “Famosa Banda del Alan” desde hace varios años. Lo señalan a él como quien encabezó el apriete portando un arma de fuego e increpando a los jugadores.

Esto está siendo corroborado por testimonios y los videos de las cámaras de seguridad del club que registraron todo el episodio, tanto para identificar a Barrientos como a los demás integrantes del grupo violento. También se están revisando las cámaras del 911 de las inmediaciones.

Uno de los dirigentes que se hizo presente y fue entrevistado por el personal policial es Gustavo Abdala. En tanto, Sosa y Díaz se dirigieron a la comisaría cuarta a radicar la denuncia formal. Posteriormente, se dirigieron por sus propios medios a Sanidad Policial para ser revisados por un médico de la fuerza, que dejó constancia de las lesiones que presentan.

La Policía resolvió dejar custodia permanente en el club, aunque por el momento no se detalló si también se brindará seguridad a los jugadores, al cuerpo técnico o al lugar donde se desarrollan los entrenamientos.

El fiscal Martín Abrahan está a cargo de la causa, caratulada con los delitos de Amenazas, Lesiones calificadas por uso de arma de fuego, Intimidación pública y Coacciones agravadas. Además de la Jefatura Departamental Paraná, dieron intervención a personal de Inteligencia Criminal y de Investigaciones.

Desde la Policía se informó que hasta el momento no habían sucedido hechos de estas características en los partidos de Patronato en el estadio Grella, pese a los malos resultados, por lo que los jugadores se vieron sorprendidos por el violento apriete.

Nueva barra y un heredero

Alan Barrientos se convirtió en el líder de la barra de Patronato desde antes del asesinato de su padre, ocurrido en febrero de 2022 por parte de una banda de sicarios, cuando estaba en una salida socio familiar de la cárcel mientras cumplía una condena por doble homicidio. Creó “La Famosa Banda del Alan”, un numeroso grupo de hinchas de distintos barrios de la ciudad que asisten a la cancha y que en el último tiempo no habían protagonizado hechos violentos como en el pasado en el caso de la Barra Fuerte.

El joven, hoy de 26 años, tuvo causas judiciales pero no presenta ninguna condena. Era menor de edad cuando conducía la moto que dirigía una caravana multitudinaria de hinchas de Patronato por calle Churruarín previo a la semifinal de ascenso en noviembre de 2015 desde la cual un santafesino de la Uocra disparó con una pistola calibre 9 milímetros contra el cordón policial. Alan recibió una probation. Hace dos años, a Barrientos lo detuvieron en una causa por narcotráfico originada en Concepción del Uruguay tras la detención de dos jóvenes que llegaron en un remis con un par de kilos de cocaína, señalados como del entorno de la misma barra. Pero por falta de pruebas, Alan fue liberado y sobreseído.

El muchacho también tuvo emprendimientos legales, como la organización de fiestas y eventos masivos en Paraná, con una productora que supo contratar a artistas del momento en la movida tropical y el trap.

En un fallo dictado por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Diego Emanuel Romero García, un empleado de la Municipalidad de Colón, fue condenado a la pena de cuatro años y tres meses de prisión tras reconocer su culpabilidad en un juicio abreviado. El caso, que se originó de manera fortuita durante una investigación por un robo menor, dejó al descubierto una importante estructura de almacenamiento de estupefacientes. El fallo al que accedió UNO fue emitido el 13 de agosto por el juez Sebastián Gallino.

El imputado, de 35 años, admitió ser el autor responsable del delito de almacenamiento de estupefacientes, una calificación que la fiscalía sostuvo basándose en la enorme cantidad de droga hallada y las comunicaciones encontradas en su teléfono celular, que daban cuenta de una actividad sostenida en el tiempo. El acuerdo de juicio abreviado fue presentado en una audiencia en la intervinieron la fiscal auxiliar Gabriela Agustina Velázquez, el abogado defensor Jair Gay. Romero García lo hizo de manera virtual desde la Unidad Penal N° 9 de Guleguaychú, donde está detenido.

La caída de Romero García comenzó el 8 de septiembre de 2025, no por una investigación de narcotráfico, sino por un operativo de la División de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos que buscaba elementos robados. El Juzgado de Garantías de Colón había ordenado un allanamiento en la vivienda de la Avenida Perón al 489 para recuperar ropa, zapatillas y una notebook denunciadas como hurtadas.

Sin embargo, al registrar el sector del lavadero, ubicado en una dependencia al fondo de la propiedad habitada por Romero García, los efectivos se encontraron con una sorpresa: una caja de madera que ocultaba 115 envoltorios rectangulares, conocidos como “panes”, junto a una balanza digital de precisión. Tras la intervención de la División Drogas Peligrosas, las pruebas de campo confirmaron que se trataba de 77,521 kilogramos de marihuana. Muchos de estos paquetes estaban envueltos en bolsas de arpillera con inscripciones de “industria paraguaya”, lo que marcaba el origen del cargamento.

Un “buen vecino” asfixiado por las deudas

La investigación judicial también profundizó en el perfil social y económico de Romero García, revelando una vida de contrastes. Por un lado, los informes de “vida y costumbre” realizados por Gendarmería Nacional indicaron que Romero García era visto por sus vecinos como un “buen concepto”, una persona respetuosa y proveniente de una “buena familia”. Además de su empleo en la Municipalidad de Colón, donde trabajaba desde 2015, el hombre realizaba panificación de forma independiente para generar ingresos extra.

Sin embargo, detrás de esa fachada de estabilidad, su situación financiera era crítica. El informe de NOSIS -empresa de servicios de información comercial y financiera- reveló un estado de endeudamiento “irrecuperable” ante el Banco Central, con una deuda total que superaba los 496.000 pesos para julio de 2025. Su principal acreedor era una cadena de electrodomésticos, a la cual le debía casi el 80% de ese monto con atrasos superiores a seis meses.

En el plano personal, Romero García es padre de una niña menor de edad, aunque se encontraba separado de su pareja. Un detalle llamativo del informe socioambiental menciona que su propia madre debe ayudar económicamente a su ex y a su hija, lo que refuerza la imagen de precariedad económica que rodeaba al ahora condenado antes de su detención.

El nexo con el tráfico y el temor a la policía

Uno de los pilares de la condena fueron los mensajes extraídos de su teléfono celular Alcatel, los cuales confirmaron que el almacenamiento no era un hecho aislado, sino parte de una red de distribución. En diálogos mantenidos por Messenger y WhatsApp, Romero García coordinaba entregas, consultaba sobre la calidad de la droga (“¿Lo probaste?”) y negociaba precios, llegando a justificar aumentos porque a él también le habían subido el costo de la mercadería.

Un apartado especial en el análisis de las pruebas lo ocupan las comunicaciones del 30 de agosto de 2025, apenas unos días antes del allanamiento que terminaría con su detención. En estos mensajes, Romero García manifiesta una creciente preocupación por el paso constante de personal de investigaciones por la puerta de su casa.

En una charla con un contacto identificado como “German German”, el municipal relata un episodio que genera múltiples interrogantes sobre su relación con miembros de la fuerza de seguridad. Romero describe cómo el personal de investigaciones miraba hacia su domicilio (“miraban para el lado de casa”) y menciona diálogos que sugieren una extraña familiaridad o, al menos, un conocimiento de los movimientos internos de la policía.

Lo más inquietante surge cuando Romero García afirma que un “jefe de investigaciones” le habría dicho a un tercero que “no vaya a la fiscalía”, pidiendo disculpas por el mal comportamiento de otro efectivo. “Que no vaya, que al pedo iba a ir a la fiscalía”, escribe el imputado, aunque luego confiesa con desconfianza: “yo no le creo nada igual”. En la misma secuencia, menciona nombres propios, indicando que le preguntaría a alguien llamado “Camejo” si tenía novedades y refiere tener el número de teléfono de un oficial apodado “el gordito Larrosa”, con quien aparentemente había tenido algún roce previo.

Finalmente, el Tribunal ratificó el acuerdo de juicio abreviado, considerando que la prueba era abrumadora y que el propio reconocimiento del imputado cerraba cualquier duda sobre su autoría en el delito de almacenamiento.

Gonzalo Núñez/UNO