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A pocos días de la apertura de la licitación de 50.000 autos híbridos y eléctricos correspondiente a 2027, la llegada de las dos primeras tandas en los últimos dos años permitió comprobar cómo se modifica el precio de un vehículo importado cuando se reducen impuestos. El cálculo muestra que un modelo con un valor de origen de USD 16.000 puede alcanzar cerca de USD 37.500 al llegar al público en Argentina.

El cambio no se limitó al cupo. El Gobierno eliminó primero los impuestos internos, conocidos como impuesto al lujo, de la escala que alcanzaba a los vehículos de las franjas baja y media del mercado; luego hizo lo mismo con la segunda escala, que gravaba con fuerza a los modelos de mayor valor.

Entre el 35 % de esa segunda escala y el arancel de importación extrazona del 35 %, que se aplicaban de forma acumulativa, un auto importado podía costar más del doble que en su país de origen. Esto se debe a que, además, se siguen pagando otros costos e impuestos en Argentina.

Sin embargo, fue efectivamente el cupo de híbridos y eléctricos el que amplió de forma sustancial la oferta del mercado: incorporó una mayor variedad de modelos y elevó la disponibilidad de esta nueva tecnología sustentable en el segmento intermedio.

A pesar de estos cambios que favorecieron al mercado, todavía persisten las discusiones sobre el precio de los vehículos incluidos en el régimen. Una parte de los usuarios, sin conocer la estructura impositiva argentina, espera que la eliminación del arancel extrazona permita que un auto cueste en el país lo mismo que en su mercado de origen.

El flete, los impuestos y la distribución elevan el valor inicial

Aunque esa expectativa pueda parecer lógica, el mismo precio no puede replicarse en países de otras regiones, sea Argentina, Sudáfrica o Australia, porque en cualquier caso siguen existiendo costos que encarecen el vehículo importado y que no dependen del margen de las marcas, es decir, de la ganancia que obtiene quien lo importa.

El orden en que se aplican los cargos resulta determinante, ya que no es lo mismo sumar todos los impuestos de una sola vez que aplicarlos de manera acumulativa. Si se toma el valor máximo admitido por el Gobierno para ingresar al cupo de híbridos y eléctricos, el cálculo para entenderlo puede partir de los USD 16.000.

Un vehículo importado desde cualquier país bajo el régimen que exime el pago del arancel del 35% debe afrontar primero el flete y el seguro para el traslado transoceánico. El encarecimiento del transporte marítimo internacional elevó esos costos en los últimos meses, pero una referencia razonable para ambos conceptos se puede estimar en USD 2.500. Así, el vehículo ya sale del puerto de origen con un valor de USD 18.500, antes de llegar a Argentina.

Una vez en el puerto, debe abonarse la tasa de estadística que tiene una alícuota del 3%, con lo que el precio asciende entonces a USD 19.055. A esa cifra se suman unos USD 1.000 por logística portuaria y traslados internos, desde el depósito fiscal hasta el lugar en el que el importador guarda las unidades para distribuirlas. El costo alcanza así los USD 20.500.

Los impuestos que se siguen pagando

Luego se aplican impuestos que, en conjunto, representan un 10% adicional: Ingresos Brutos, el impuesto a las Ganancias o su anticipo, el impuesto a los Débitos y Créditos y las tasas municipales. El precio sube a USD 22.550, y sobre ese valor se paga el IVA del 21%, que eleva el monto a USD 27.285.

Con ese costo, el importador —ya sea fabricante o representante oficial— sale a vender los vehículos en el mercado, para lo cual debe incorporar su margen de ganancia y el del concesionario que los comercializa al público. Las estrategias varían: algunas marcas reducen su margen para ser más competitivas y aplican solo un 10%, con lo que el precio llega a unos USD 30.000.

Sin embargo, la venta de vehículos constituye la fuente de ingresos del importador, que con ella cubre sueldos, cargas sociales, impuestos de la operación local y costos de funcionamiento, como insumos, servicios y publicidad. Por esa razón, el 10% no suele ser el margen convencional sino un 20%, que elevaría el valor a unos USD 32.700.

Por último, se suma el margen del concesionario, otra empresa con costos y gastos vinculados principalmente con la venta de autos y los servicios oficiales, que hoy están tarifados por las propias marcas con lo que se limita la ganancia. Por convención, ese margen suele rondar el 15%, por lo que el precio final puede ascender a cerca de USD 37.500.

Y como los concesionarios son empresas independientes de las marcas, está en cada uno hacer los descuentos, bonificaciones o incentivos que quieran o necesiten para vender más unidades. Por eso, actualmente en Argentina se puede comprar el mismo auto a diferentes precios según el concesionario.

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, afirmó que el desarrollo de proyectos de gas natural licuado, junto con las exportaciones agropecuarias y energéticas, podría llevar a la Argentina a una etapa de abundancia de divisas durante los próximos años. La proyección fue planteada tras el anuncio de una carta de intención del Exim Bank por USD 7.000 millones, de los cuales USD 6.000 millones estarán destinados a YPF.

Según el diplomático, el financiamiento permitiría acelerar las inversiones vinculadas a la licuefacción de gas y ampliar la capacidad exportadora del país. “En los próximos tres a cinco años, vamos a empezar a ver una explosión de exportaciones. Y vamos a empezar a tener en pocos años el problema de Noruega, que es el problema cuando a uno le sobran los dólares”.

Oxenford estimó que las nuevas líneas de negocios asociadas a la energía podrían generar exportaciones cercanas a USD 200.000 millones, sin contemplar aún el aporte de los minerales críticos. En ese grupo mencionó al cobre, el litio y otros recursos que Estados Unidos considera estratégicos para sus cadenas de suministro.

El embajador vinculó esa perspectiva con los proyectos de gas natural licuado (GNL), que requerirán la construcción de plantas e infraestructura. Aun así, consideró que los resultados comenzarán a observarse dentro de un plazo de entre tres y cinco años.

La carta de intención del banco de exportaciones e importaciones estadounidense prevé USD 6.000 millones para YPF, con foco en desarrollos de GNL junto a las compañías XRG y ENI. Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera estatal, señaló en la misma entrevista que la empresa busca superar los USD 30.000 millones anuales de exportaciones a partir de 2031.

Marín también anticipó que YPF trabaja en una instancia adicional de financiamiento con el Exim Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, conocida como DFC. De concretarse, dijo, el objetivo es fortalecer la caja de la compañía para sostener su ritmo de inversiones incluso ante una baja relevante del precio internacional del petróleo.

Para Oxenford, el dato central es que hasta febrero Argentina no era elegible para presentar iniciativas ante el Exim Bank. El embajador atribuyó ese cambio a la actual administración y sostuvo que el acuerdo anunciado constituye el mayor del organismo con un país del hemisferio hasta el momento, aunque la carta de intención todavía debe materializarse.

La relación con Estados Unidos

El diplomático definió la relación entre Argentina y Estados Unidos como una asociación atravesada por el nuevo escenario geopolítico y la reorganización de las cadenas globales de suministro. Según explicó, Washington busca asegurar el acceso a energía y minerales críticos mediante acuerdos con países aliados.

“Estados Unidos está buscando en países amigos”, afirmó Oxenford, quien consideró que Argentina ocupa un lugar relevante en la estrategia estadounidense hacia el hemisferio occidental. Y añadió que esa política pone a la región entre las prioridades de la administración de Donald Trump: “A Estados Unidos también le importa muchísimo la relación con Argentina. Y en este continente, Argentina es el más amigo de los Estados Unidos.”

El embajador señaló que la ubicación de los recursos argentinos coincide con las demandas estratégicas de Estados Unidos: litio, cobre, otros minerales necesarios para tecnologías y transición energética, además del potencial de Vaca Muerta y de los proyectos de exportación de gas.

En ese marco, destacó la invitación a Javier Milei al Economic Club de Nueva York, una entidad fundada en 1907 que reúne a dirigentes políticos, empresarios e inversores. De acuerdo con Oxenford, Milei sería el primer presidente argentino convocado por esa organización.

Javier Milei en la ONU

Oxenford calificó como “histórica” la participación del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese punto, destacó que el discurso incluyó cuestionamientos al funcionamiento del organismo, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, propuestas de seguridad regional y una posición sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

Sobre Malvinas, el embajador señaló que Milei remarcó la falta de resultados concretos de las resoluciones de Naciones Unidas durante las últimas cinco décadas. E indicó que el Presidente planteó que Argentina defenderá sus derechos por vías pacíficas.

Oxenford aseguró que las críticas de Milei a la ONU no perjudican la postulación del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, para conducir Naciones Unidas. “No veo contradicción”, afirmó. Y añadió que Grossi manifestó su intención de impulsar reformas en el organismo.

En materia tecnológica, el embajador destacó que Milei planteó que los países deben evitar respuestas basadas en el temor ante la inteligencia artificial. Según su interpretación, el Presidente comparó el fenómeno con revoluciones tecnológicas anteriores y señaló que la Argentina debe aprovechar las oportunidades económicas que abre el sector.

El discurso también incorporó la posición argentina en el escenario internacional: “Argentina tiene que decidir de qué lado está, y él (Javier Milei) lo señaló muy claramente: estamos con Occidente”. Y abordó la propuesta Shield of the Americas, una iniciativa hemisférica de seguridad que incluye la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico.

Respecto de la agenda presidencial en Nueva York, Oxenford confirmó que hubo reuniones planificadas con funcionarios estadounidenses, aunque evitó brindar detalles hasta que fueran difundidos de forma oficial.

El proyecto más grande de la historia de YPF tiene compradores, financiamiento y ahora el respaldo de Washington. Argentina LNG, la megainiciativa de exportación de gas natural licuado (GNL) que YPF lleva adelante junto a la italiana Eni y la emiratí XRG, cerró el martes un acuerdo bilateral con Estados Unidos que habilita USD 6.000 millones en financiamiento para el proyecto.

El respaldo llega del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados, y fue firmado en el Consulado argentino en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Chris Landau.

El acuerdo no se explica solo por el potencial exportador de la Argentina: tiene un trasfondo estratégico. Las disrupciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz —atribuidas a la Guardia Revolucionaria de Irán y a los hutíes de Yemen— redujeron las exportaciones de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos en 35.000 millones de metros cúbicos entre marzo y junio de este año respecto al mismo período del anterior, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). En ese contexto, Washington busca diversificar las cadenas de suministro energético y apuntalar a socios de la región.

La firma se produjo un día después de que el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump compartieran una sesión del Escudo de las Américas en el marco de las Naciones Unidas, donde Trump llamó a los países latinoamericanos a “asegurar la vasta riqueza natural” de sus territorios y a no dejar que “potencias externas hostiles” la tomen. Milei, por su parte, reafirmó la alineación de la Argentina con esa agenda.

Cómo será el proyecto

Argentina LNG es, en números, el mayor proyecto privado anunciado en el país. La inversión total asciende a USD 51.000 millones, distribuidos entre las etapas de upstream, midstream y downstream, con un 70% financiado con crédito internacional y el 30% restante con aportes de los socios. El foco inmediato está en la primera etapa, valuada en USD 15.500 millones, con JP Morgan a cargo del diseño financiero y el banco Santander entre las entidades participantes. En las primeras rondas, 47 bancos presentaron propuestas y el total ofrecido llegó a 2,4 veces el monto requerido, según dijo Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera de mayoría estatal.

La infraestructura prevista es de una escala sin precedentes para la industria energética argentina. El plan contempla dos barcos fábrica licuefactores —conocidos como unidades FLNG— frente al Golfo San Matías, en Río Negro, con una capacidad mínima de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL, escalable hasta 18 millones. Para llevar el gas hasta allí, se construirá un gasoducto de 527 kilómetros desde Neuquén, con un diámetro de 48 pulgadas —una medida que no existe actualmente en el país—, un poliducto para los líquidos asociados y una planta de tratamiento de escala comparable a la refinería que YPF tiene en La Plata, el complejo industrial más grande de la Argentina.

El gas provendrá de Vaca Muerta, la formación de shale que posiciona al país como el segundo yacimiento de gas no convencional más grande del mundo. Los bloques ya están repartidos: YPF controla el 36% del upstream, mientras que Eni y XRG tienen el 32% cada una, en áreas administradas por UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad creada para el proyecto.

Durante la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, Argentina LNG generaría aproximadamente 20.000 puestos de trabajo anuales, con picos de hasta 40.000 trabajadores en los períodos de mayor actividad. Ya en la fase de operación, el proyecto sostendría alrededor de 8.000 empleos entre directos e indirectos. A eso se suma una contratación estimada de USD 15.000 millones en bienes y servicios a proveedores nacionales.

Las proyecciones de YPF para el largo plazo son ambiciosas: el proyecto generaría exportaciones por USD 10.000 millones anuales a partir de 2031, lo que equivale a un tercio de los USD 30.000 millones totales que la empresa proyecta para ese año, con contratos de largo plazo orientados principalmente a Europa y Asia.

Mientras espera el RIGI, YPF ya busca compradores

El avance en el financiamiento se da en paralelo con otro hito comercial: el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó en la feria Gastech 2026 —celebrada la semana pasada en Bangkok— que la compañía está próxima a firmar entre dos y tres contratos de venta de GNL de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas anuales con compradores externos. Fuentes con conocimiento de las negociaciones indicaron a Infobae que ya hay más de un acuerdo cerrado, más de lo que trascendió públicamente.

Hay un matiz importante: Eni y XRG, además de socios con participaciones accionarias de alrededor del 32% cada uno, son también offtakers, es decir, compradores de una parte de la producción futura. Eso significa que una fracción del GNL ya tiene destino asegurado antes de que se firme un solo contrato con terceros. Los acuerdos que se están cerrando ahora corresponden al volumen disponible para el mercado abierto.

La decisión final de inversión está prevista para noviembre. En ese mismo período se espera la adjudicación de la licitación de tubos para dos gasoductos de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas, valuada en alrededor de USD 2.000 millones.

Con todo ese avance sobre la mesa, el proyecto todavía espera la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Argentina LNG presentó su adhesión a mediados de agosto, convirtiéndose en el mayor proyecto inscripto hasta el momento en ese programa, pero la aprobación oficial aún está pendiente. Marín fue categórico al respecto en varias oportunidades: “Sin RIGI hoy no hay LNG”.

El Gobierno de Javier Milei se prepara para recibir esta tarde un dato adverso sobre la evolución de la pobreza en la Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá a las 16 el indicador correspondiente al primer semestre de 2026 y, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, en la Casa Rosada anticipan un aumento de entre dos y tres puntos porcentuales respecto del 28,2% alcanzado durante los últimos seis meses del año pasado. La explicación de la administración libertaria estará centrada en el impacto de la aceleración inflacionaria de comienzos de año y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

La difusión del informe se producirá horas después de que el Presidente reivindicara, durante una conferencia ante empresarios e inversores en Nueva York, los resultados sociales de su programa económico. “Somos los que más hicimos por los sectores más vulnerables”, aseguró Milei en la sede central del Citi. Allí sostuvo que la reducción de la inflación permitió devolverles a los argentinos 100.000 millones de dólares y afirmó que su gestión había sacado de la pobreza a 14 millones de personas. Fue una de las principales definiciones del mandatario durante su exposición en Nueva York, en la que defendió el ajuste fiscal y anticipó una nueva etapa de reformas para 2027.

El resultado que se conocerá esta tarde obligará al Gobierno a explicar la interrupción de una trayectoria descendente que comenzó después del primer semestre de 2024, cuando la pobreza alcanzó al 52,9% de la población y la indigencia llegó al 18,1%. Desde entonces, ambos indicadores registraron una reducción sostenida hasta ubicarse en el 28,2% y el 6,3%, respectivamente, durante la segunda mitad de 2025.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir Infobae a partir de conversaciones con fuentes oficiales que trabajan en el análisis de los indicadores sociales, la posición será que el incremento previsto representa un retroceso respecto de los niveles alcanzados a finales del año pasado. Sin embargo, los porcentajes permanecerían por debajo de los registrados al comienzo de la gestión y, especialmente, del máximo alcanzado durante los primeros seis meses de 2024.

La estimación oficial y el impacto de la inflación

En el Gobierno consideran que la evolución acumulada de los indicadores constituye un elemento central para interpretar el nuevo resultado. El deterioro, no obstante, expondrá una dificultad para sostener la recuperación social alcanzada durante los últimos dos años y abrirá interrogantes sobre los ingresos, el empleo y la capacidad de las familias para afrontar el costo de los bienes y servicios esenciales.

La expectativa oficial es que la posterior desaceleración de los precios permita recuperar la trayectoria descendente de la pobreza durante la segunda mitad del año, siempre que esté acompañada por una mejora de los ingresos de los hogares.

Según pudo saber Infobae, los cálculos que circulan en distintos sectores del Gobierno anticipan un incremento de entre dos y tres puntos porcentuales en los indicadores de pobreza e indigencia, aunque la magnitud definitiva se conocerá con la publicación del INDEC.

En el caso de la pobreza, esa estimación implicaría que el porcentaje de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica total volvería a superar el 30%, después de haber descendido al 28,2% en el segundo semestre de 2025.

Las explicaciones que prepara la administración libertaria están vinculadas con la dinámica inflacionaria registrada durante los primeros meses de este año. Después de cerrar diciembre de 2025 con una inflación mensual del 2,8%, el índice de precios al consumidor aumentó un 2,9% en enero y febrero, y se aceleró hasta alcanzar el 3,4% en marzo.

La pobreza, el discurso presidencial y la asistencia social

Posteriormente, la inflación comenzó a moderarse: descendió al 2,6% en abril, al 2,1% en mayo y al 1,9% en junio. En julio registró un incremento del 2,1% y en agosto volvió a desacelerarse hasta el 1,7%, el último dato disponible. De acuerdo con la información recogida por Infobae, en el equipo económico consideran que la aceleración del primer trimestre es uno de los principales factores que explicarán el deterioro social reflejado en el nuevo informe.

El incremento de los precios afecta en particular a los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción elevada de sus recursos a alimentos y otros gastos esenciales. Cuando el costo de esos bienes y servicios aumenta por encima de los ingresos disponibles, las familias pierden capacidad de compra y pueden quedar por debajo de las líneas de pobreza o indigencia. La relación entre inflación y pobreza también depende de la evolución de los salarios, las jubilaciones, el empleo y las transferencias sociales.

El aumento esperado contrastará con uno de los argumentos centrales del discurso presidencial sobre los resultados del programa económico. Durante su presentación ante empresarios e inversores en Nueva York, Milei sostuvo que la reducción de la inflación había permitido una transferencia significativa de recursos hacia la población y que ese resultado explicaba buena parte de la disminución de la pobreza.

“Somos los que más hicimos por los sectores más vulnerables”, afirmó el mandatario ante un auditorio convocado por la Fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute, con el acompañamiento del Citi. El Presidente también defendió la magnitud del ajuste fiscal y sostuvo que la recuperación de la actividad económica había desmentido los pronósticos negativos sobre los efectos de su programa.

“Llevamos un track record de haber bajado la pobreza la mitad”, aseguró, antes de afirmar que su Gobierno había sacado a 14 millones de personas de esa situación. La cifra mencionada por Milei forma parte del balance que realiza el Poder Ejecutivo sobre la reducción acumulada de la pobreza desde el máximo alcanzado durante el primer semestre de 2024. La estimación no corresponde exclusivamente a las personas relevadas por el INDEC en los 31 aglomerados urbanos, sino a una proyección sobre la población nacional.

En el segundo semestre de 2023, correspondiente al cierre de la presidencia de Alberto Fernández y los primeros días de la administración de Milei, la pobreza se ubicaba en el 41,7% y la indigencia alcanzaba al 11,9%. Durante el primer semestre de 2024, después de la devaluación inicial, la aceleración inflacionaria y las primeras medidas de estabilización, los indicadores aumentaron hasta el 52,9% y el 18,1%, respectivamente.

A partir de entonces comenzó una reducción progresiva. La pobreza descendió al 38,1% durante el segundo semestre de 2024, al 31,6% en los primeros seis meses de 2025 y al 28,2% durante la segunda mitad del año pasado. La indigencia también disminuyó hasta ubicarse en el 6,3% al cierre de 2025.

Según pudo saber Infobae, esa trayectoria constituye la principal referencia que utilizará el oficialismo para contextualizar el resultado que difundirá el INDEC. Para los funcionarios consultados, el deterioro previsto durante el primer semestre de 2026 debe analizarse dentro de un proceso de reducción acumulada de los indicadores sociales, que atribuyen al ordenamiento macroeconómico y a la disminución de la inflación.

La otra parte de la explicación oficial estará vinculada con las políticas de asistencia social que administra el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. El Gobierno buscará destacar la decisión de mantener y reforzar las transferencias directas destinadas a los hogares de menores ingresos, principalmente a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y la Asignación Mil Días, destinada a acompañar a las familias durante el embarazo y la primera infancia.

Según los cálculos oficiales a los que accedió este medio, los incrementos nominales acumulados de esas prestaciones alcanzaron el 645% para la AUH, el 228% para la Prestación Alimentar y el 2.137% para la Asignación Mil Días. En la administración libertaria también sostienen que el compromiso es mantener la cobertura conjunta de la AUH y la Prestación Alimentar en un equivalente al 95% de la Canasta Básica Alimentaria, de acuerdo con el criterio de cálculo utilizado para esas prestaciones.

La posición oficial es que la asistencia directa constituye un instrumento complementario del programa de estabilización, especialmente para amortiguar el impacto de los aumentos de precios sobre los hogares con niños y adolescentes. La administración libertaria considera que el esquema de transferencias a las familias, sin intermediación de organizaciones sociales, permitió reforzar la asistencia destinada a los sectores más vulnerables y contribuir a la reducción de la indigencia.

El alcance de esas políticas tendrá especial relevancia en el nuevo informe, porque la indigencia mide la proporción de personas que viven en hogares cuyos ingresos resultan insuficientes para cubrir la canasta básica alimentaria. El dato permitirá evaluar si los incrementos de las transferencias sociales fueron suficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares de menores recursos.

Uno de los indicadores que el Gobierno seguirá con especial atención será el correspondiente a la pobreza infantil. Durante el primer semestre de 2024, el 67,1% de los menores de 18 años vivía en hogares pobres y el 27,3% se encontraba en situación de indigencia. Esos porcentajes comenzaron a reducirse hasta alcanzar el 42,3% de pobreza y el 9,4% de indigencia durante el segundo semestre de 2025.

Aunque la mejora fue significativa, el último registro disponible todavía mostraba que más de cuatro de cada diez niños y adolescentes vivían en hogares cuyos ingresos resultaban insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Fuentes oficiales destacaron ante Infobae que la política social del Gobierno se concentró especialmente en ese segmento, a través de las transferencias que administra Capital Humano.

El resultado del primer semestre de 2026 permitirá establecer si esa reducción también se interrumpió y cuál fue la magnitud del eventual deterioro. La evolución de ese indicador permitirá dimensionar, además, si la recuperación de los ingresos familiares alcanza a los hogares que registran mayores dificultades para superar la línea de pobreza.

Según pudo saber Infobae, la expectativa que transmiten distintos sectores del Gobierno es que el aumento de la pobreza represente un deterioro transitorio y que los indicadores vuelvan a mostrar una mejora durante el segundo semestre. Esa previsión está apoyada en la desaceleración de la inflación registrada después de marzo y en la posibilidad de que la evolución de los ingresos permita recuperar poder adquisitivo.

En la Casa Rosada consideran que la estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal y una trayectoria descendente de los precios son condiciones necesarias para lograr una reducción sostenible de la pobreza. La política de asistencia directa, concentrada en las familias de menores ingresos, continuará como complemento de esa estrategia.

El nuevo dato también adquirirá relevancia para la discusión política de 2027. La reducción de la pobreza forma parte de los resultados que Milei reivindica para defender su gestión y respaldar la continuidad de su programa de reformas. Horas después de su exposición en Nueva York, la difusión del indicador obligará a la administración libertaria a explicar el aumento de la pobreza y las razones por las que considera que podrá revertirse durante la segunda mitad del año.