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El Congreso Judío Latinoamericano (CJL) volvió a reunirse en la ciudad de Montevideo con la presencia de los titulares de cada una de las comunidades de la región. Entre los principales ejes que trataron, volvieron a poner en plano de discusión la lucha contra el antisemitismo en los países de América Latina.

La sesión tuvo lugar este 30 de agosto en la capital uruguaya y reunió a los presidentes de las comunidades judías de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, El Salvador, Colombia y Costa Rica, junto a los miembros de la Junta Directiva del organismo. La convocatoria abarcó a representantes de nueve países de la región en un mismo espacio de deliberación.

La reunión estuvo presidida por Jack Terpins, presidente del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), y contó con la participación del director ejecutivo Claudio Epelman, el secretario general Jorge Knoblovits, el comisionado para la diplomacia judicial, doctor Mariano Borinsky, así como Adrian Werhein y Alejandro Dosoretz como integrantes de la conducción. Cada uno de ellos encabezó distintos momentos del encuentro.

El CJL es el organismo internacional que agrupa y representa a las comunidades judías de la región. Está conformado por organizaciones de 18 países de América Latina y forma parte de la familia del Congreso Judío Mundial (CJM), entidad que nuclea a más de 100 comunidades en todo el planeta. El CJL articula la representación regional dentro del organismo internacional, que se define como apartidario y representante de “la pluralidad del pueblo judío”.

La agenda de la sesión abordó un conjunto de temas de peso para las comunidades del continente. Se debatió la situación particular de cada una de ellas, el rol que deben asumir los Estados en el combate al antisemitismo y al racismo, los cambios políticos que atraviesa la región y las nuevas estrategias que las comunidades judías buscan desarrollar ante ese escenario. También se destinó espacio al análisis del liderazgo juvenil, con foco en el lugar de los jóvenes dentro de la vida comunitaria.

Uno de los momentos de mayor peso en la jornada fue el testimonio de Guillermo Fremd, hijo de David Fremd, asesinado por un terrorista islamista en la ciudad de Paysandú, Uruguay. Su relato puso en primer plano la violencia de motivación religiosa como una amenaza concreta para las comunidades judías a nivel mundial.

Entre los pilares que orientan la acción del CJL se encuentran la promoción de la memoria del Holocausto, el combate contra el antisemitismo y la discriminación, la defensa de la justicia y la seguridad comunitarias, la promoción del diálogo interreligioso, el apoyo al Estado de Israel y la defensa de los derechos humanos. El organismo también trabaja en la construcción de entornos más seguros para las comunidades que representa en los 18 países que integran su estructura.

En ese marco, el CJL también viene impulsando encuentros de alto nivel orientados a reforzar la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. En una reunión celebrada en Buenos Aires en noviembre pasado, el organismo convocó a jueces, fiscales, autoridades de las fuerzas de seguridad e inteligencia, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y especialistas internacionales, con el objetivo de analizar los desafíos actuales frente al extremismo violento y fortalecer la articulación interinstitucional.

Del encuentro participó Emanuele Ottolenghi, investigador del Foundation for Defense of Democracies (FDD) y especialista en redes de financiamiento del terrorismo y seguridad internacional. En sus intervenciones, Ottolenghi advirtió que América Latina enfrenta riesgos derivados de la convergencia entre el crimen organizado y estructuras extremistas, con especial atención a las zonas de frontera y a los circuitos financieros con menor regulación.

Danilo Gelman, representante del CJL, señaló que el encuentro fue “una oportunidad muy valiosa para intercambiar experiencias y fortalecer la articulación entre todos los actores comprometidos con la seguridad y la justicia”. Gelman añadió: “Enfrentar las amenazas del terrorismo requiere trabajo conjunto, confianza mutua y una mirada común hacia la protección de nuestras democracias”.

Luego de que la inflación saltó a 2,1% en julio, por factores estacionales ligados a las vacaciones de invierno, hay expectativa sobre si el dato de agosto permitirá al Gobierno mostrar una desaceleración del ritmo de aumento de precios. Los relevamientos de las consultoras semana a semana vienen recortan proyecciones, al punto que consideran que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes podría ser incluso de 1,4 por ciento.

Distintas consultoras ajustaron sus estimaciones a partir de mediciones semanales con variaciones sucesivamente menores en los precios de alimentos y bebidas, rubro de fuerte incidencia en el índice general. Pero aún hay un rango importante de diferencias: mientras en la Fundación Libertad y Progreso consideran que la inflación mensual será de 1,4%, en Eco Go la ubican algo más arriba, en 1,5%; C&T Asesores Económicos en 1,6%; Analytica en 1,7% y en Invecq con 1,9 por ciento.

Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, que arrojó la proyección más baja, explicó que luego del impacto estacional de las vacaciones de invierno, la canasta del IPC subió ese porcentaje, en parte por el modesto aumento de 1,1% en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. Además, el régimen de actualización de tarifas aplicado por el Gobierno en el segundo semestre permitió que los precios de la electricidad crecieran a un ritmo menor, moderando la evolución del índice general.

Una variación de 1,4% implicaría una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales (p.p.) respecto del dato de julio y se ubicaría incluso por debajo del aumento de mayo de 2025, del 1,5% según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Gobierno ya conoció el dato de inflación mayorista de julio que fue del 0,8%, dato festejado por el presidente Javier Milei, quien había dicho que este mes la inflación empezaría “con un cero adelante”. El dato mayorista podría ser un anticipo de la tendencia de precios minoristas del próximo mes.

La consultora Eco Go ubicó su proyección en 1,5%. Según su relevamiento semanal, en la última semana de agosto, los precios de alimentos aumentaron 0,3% y contribuyeron a una desaceleración del índice general. Eco Go puntualizó que alimentos y bebidas mantuvieron esta tendencia y que el IPC terminó 0,1 p.p. por debajo del cálculo de la semana anterior.

Mayores proyecciones

Un escalón más arriba se ubica C&T Asesores Económicos estimó la inflación de agosto en 1,6%. Como también Analytica que proyectó una suba mensual de 1,7%. El informe de la consultora indicó que, en la cuarta semana de agosto, los precios de alimentos y bebidas crecieron 0,9 por ciento. En el promedio de las últimas cuatro semanas C&T , destacó que las verduras aumentaron 5,6% y las frutas 2,6% en ese período, mientras que otros alimentos subieron 0,9% y carnes y derivados 0,7 por ciento.

En el extremo superior de las previsiones, para la consultora Invecq en la cuarta semana de agosto, los precios se redujeron un 0,1% y lo que llevó a que la inflación de agosto se ubicará en 1,9%. Y si bien se trata de la estimación más alta, aún así implica una desaceleración de 0,2 p.p. contra julio.

¿Cuánto dura la tendencia?

El salto inflacionario de 2,1% en julio respondió a factores estacionales, especialmente por el impacto de las vacaciones de invierno en Recreación y cultura (5%) y Restaurantes y hoteles (2,8%). Después de ese salto, la atención de los analistas se enfocó en la chance de una moderación de precios en agosto. El monitoreo semanal de precios permitió a las consultoras detectar un ritmo de aumentos más lento, sobre todo en la canasta básica y en los servicios regulados.

En el análisis de los distintos rubros, el rubro alimentos y bebidas tuvo un papel central en la explicación de la tendencia de desaceleración de agosto. El comportamiento de estos productos fue determinante para el índice general, ya que representan una parte significativa del gasto de los hogares y tienen alta visibilidad en la percepción pública sobre la inflación.

Las consultoras coincidieron en que la desaceleración en alimentos y bebidas no alcohólicas incidió de manera directa sobre el IPC de agosto. Los aumentos en verduras y frutas se ubicaron por encima del promedio del rubro, mientras que otros alimentos y carnes y derivados mostraron subas más acotadas. La evolución de los precios regulados, como la electricidad, también influyó en la dinámica de la inflación mensual. El nuevo régimen implementado por el gobierno para la actualización de tarifas en el segundo semestre se tradujo en una suba más lenta de los precios de la electricidad, según el análisis de la Fundación Libertad y Progreso.

Hay una diferencia considerable entre el 1,4% de inflación que proyecta la Fundación Libertad y Proceso y el 1,9% de Invecq, pero ambos detectan una desaceleración respecto del 2,1% de julio. Además, Invecq midió que en la última semana del mes los precios se redujeron 0,1 por ciento.

La pregunta que se abre es si esta vez el Gobierno logrará consolidar la desaceleración y a qué ritmo. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mediana de las respuestas arrojó que la inflación se mantendría en el rango de 1,8%-1,7% hasta enero del 2027.

En un año que ya exhibía un fuerte dinamismo de las exportaciones argentinas, la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea desde el 1 de mayo sumó impulso a los envíos al bloque. Entre enero y julio, los envíos treparon 19% interanual hasta USD 5.191 millones y marcaron su tercer mayor nivel para ese período en 14 años.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ubica esa mejora en un escenario más amplio de recuperación del comercio exterior. La Unión Europea fue el segundo destino de exportación más importante para la Argentina en 2025, con el 9,3% de los despachos totales, y el acuerdo abrió una nueva etapa para una relación comercial que había perdido participación relativa en la última década frente al crecimiento de otros mercados.

Según la BCR, entre mayo y julio, ya con el acuerdo en marcha, las exportaciones argentinas al bloque europeo sumaron USD 2.476 millones, con un alza de 13,1% frente al mismo período de 2025. Ese tramo se convirtió en el mejor trimestre desde 2022 y confirmó un repunte luego del piso observado en 2023, aunque todavía por debajo de los máximos alcanzados en 2021 y 2022.

En paralelo, el desempeño exportador del país conserva un sesgo expansivo que excede al vínculo con Europa. Una proyección de la consultora Abeceb señaló que la Argentina podría acercarse a los USD 100.000 millones en exportaciones en 2026, con el sostén de la agroindustria, la energía, la minería y los servicios basados en el conocimiento.

Las implicancias del acuerdo UE-Mercosur

En términos operativos, el acuerdo libera el 100% de los bienes industriales y el 82% de los bienes agrícolas para ingresar a la Unión Europea, aunque el beneficio efectivo depende de la estructura de cada cadena, el diseño de los cupos, los plazos de desgravación y el posicionamiento de los productos en ese mercado. Para el bloque sudamericano, se trata además del acuerdo comercial de mayor escala de su historia reciente.

La mejora ya se observa en varios complejos agroindustriales. La BCR destacó que los exportadores argentinos tomaron todo el cupo de huevos y casi la totalidad del cupo de albúmina de huevo al 29 de julio. También explicó que más del 70% del cupo de miel, más de la mitad del etanol y más de un tercio del arroz se abastecen con productos argentinos. En carnes, el país concentra casi un tercio del cupo de carne bovina fresca y el 7% del cupo de carne congelada.

Dentro de esa lista, el caso de la miel fue uno de los más relevantes. Las exportaciones del complejo superaron en 88,4% el promedio de los últimos cinco años. El acuerdo otorgó al Mercosur un nuevo contingente que avanzará hasta 45.000 toneladas con arancel intra-cupo de 0%, mientras que en el primer año se habilitaron 7.500 toneladas, de las cuales 5.000 toneladas corresponden al período mayo-diciembre de 2026.

El complejo pesquero también ganó margen. En merluza, el acuerdo eliminó desde el inicio aranceles que se ubicaban entre el 8% y el 15%, lo que mejoró la competitividad de los embarques argentinos en el mercado europeo. En langostinos, el beneficio sigue un sendero gradual: varias posiciones congeladas partían de alícuotas de entre 12% y 18% y quedaron sujetas a cronogramas de desgravación de hasta cinco años, con una primera reducción durante 2026.

La carne bovina integra otro de los rubros con cambios desde el arranque. La mercadería exportada dentro de la Cuota Hilton dejó de pagar el arancel del 20% y pasó a ingresar libre de derechos, mientras que se sumaron nuevos contingentes para carne fresca y congelada con arancel intra-cupo del 7,5%. Para mayo-diciembre de 2026, el esquema contempló 6.050 toneladas de carne fresca y 4.950 toneladas de congelada para el Mercosur.

En otros productos, la mejora inicial resulta más acotada. Los limones quedaron dentro de un esquema gradual de desgravación y el tabaco empezó un cronograma de reducción arancelaria. La lana peinada muestra un caso distinto, con algunas posiciones que obtuvieron desgravación inmediata, aunque desde niveles de arancel relativamente bajos. En todos los casos, la evolución de la producción, los precios internacionales, la demanda europea y la estacionalidad conservan un peso central.

El boom exportador argentino

En este escenario, la semana pasada se conocieron los datos de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según el último informe, las exportaciones totales de la Argentina alcanzaron USD 8.854 millones en julio, con una suba de 14,1% interanual, mientras que el superávit comercial llegó a USD 2.115 millones y acumuló 32 meses consecutivos en terreno positivo.

Entre los rubros más dinámicos, los combustibles y energía aportaron USD 1.506 millones, con un crecimiento de 97,8% frente a julio de 2025. Las manufacturas de origen agropecuario sumaron USD 3.068 millones y avanzaron 4,9%, mientras que las manufacturas de origen industrial alcanzaron USD 2.170 millones, con una mejora de 11,2 por ciento.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, defendió este domingo el endurecimiento de las políticas de seguridad y orden urbano del Gobierno de Jorge Macri, reivindicó la baja de los piquetes en la Ciudad y así rechazó la disputa con La Libertad Avanza por el mérito de esas medidas.

En diálogo con Romina Manguel, en el programa A Confesión de Parte, el funcionario porteño primero señaló que “el objetivo que tenemos desde la gestión de Jorge es ordenar la ciudad y respetar la ley”. Y sumó: “Eso te va llevando desde el ejecutivo a ir planteando soluciones o acciones para que en cada cosa diaria se empiece a notar”.

“Antes era imposible determinar cuánto ibas a tardar en llegar, desde que entrabas a la 9 de Julio hasta que la pasabas por los piquetes. Hoy no hay más piquetes y sin afectar el derecho constitucional a manifestarse. Lo hicimos conjuntamente con autoridades nacionales”, continuó.

Y agregó: “No me corresponde hablar de quién se lleva el rédito político de algo que beneficia a la gente. ¿Fue Patricia Bullrich? Sí. ¿Fue Jorge Macri? También. Hay decisión política”.

Sobre ese punto, Tapia descartó cualquier disputa por el mérito: “No importa quién se lleva el crédito. Esto era en beneficio del porteño y de aquel que entra a la ciudad y sale todos los días, que son tres millones de personas”, dijo.

El contexto político en el que se producen estas declaraciones no es menor. A poco más de un año de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y con las negociaciones entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en marcha, la legisladora libertaria Pilar Ramírez apuntó contra el giro en las políticas de Jorge Macri.

La semana pasada, en declaraciones a Splendid 990, la titular de LLA en la Ciudad cuestionó si el jefe de Gobierno actúa por convicción o por cálculo electoral: “Jorge Macri no sé si tiene el orden como prioridad, no sé si es una convicción o es un focus groups o es una foto, porque el orden tiene que primar en todos los aspectos de la ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

Ramírez también reclamó reconocimiento por el origen de esas políticas. “A veces le falta reconocernos el copyright”, sostuvo, y subrayó que fue La Libertad Avanza el espacio que decidió terminar con los piquetes y los acampes a nivel nacional. “El PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires hace veinte años. Y si no hubiera sido porque este presidente o porque este espacio político decidió terminar con esos desórdenes, nada de eso hubiera pasado”, añadió la legisladora, de acuerdo con el mismo medio. Aun así, aclaró que no son “celosos” del asunto, siempre que la adhesión a esas políticas sea genuina.

Desde el Gobierno de la Ciudad, Tapia sostuvo que actuó por convicción. El ministro repasó una serie de medidas para ilustrar el cambio de rumbo, y señaló que muchos de esos problemas habían sido “naturalizados” durante años, incluso dentro de administraciones anteriores del PRO. Uno de los ejemplos que mencionó fue el de los manteros en los barrios de Once y Flores, donde la venta ambulante ilegal había colapsado el espacio público durante años.

Tapia precisó que cuando se desempeñaba como jefe de gabinete de Macri —en aquel entonces ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta—, el problema de los manteros ya estaba sobre la mesa, pero no se tomaban decisiones. “Había una decisión política para tomar y los manteros se sacaron y, ¿sabés qué? En un año y medio no volvieron”, remarcó. El funcionario también advirtió que detrás de la organización de esos vendedores operan estructuras mafiosas que los coordinan y desplazan, y que la gestión actual realiza un seguimiento activo para evitar que se reinstalen en otros puntos del distrito.

El siguiente eje que abordó fue el de los trapitos, otro fenómeno que, según Tapia, la sociedad porteña había terminado por aceptar como parte del paisaje urbano. “Llegábamos a un espectáculo deportivo o cultural y venían y te extorsionaban para darle plata, y generalmente ya lo habíamos aceptado: le negociabas el precio al trapito”, describió. La respuesta del Gobierno de la Ciudad fue una modificación en el Código Contravencional que incorporó la pena de arresto para quienes ejerzan esa práctica. “Si sos trapito, sabé que podés ir en cana en la ciudad”, sentenció el ministro, y explicó que la medida apunta tanto a quienes actúan en la vía pública como a las redes que los organizan desde atrás.

El tercer bloque de acción que describió Tapia fue el de la recuperación de propiedades privadas usurpadas. Según informó el funcionario, el Gobierno porteño colaboró con la Justicia en más de 900 operativos de desalojo. En el 80% o 90% de los casos, existe una orden judicial previa producto de un proceso civil iniciado por el propietario del inmueble. El problema, explicó, era que esas órdenes no se ejecutaban: el oficial de justicia llegaba al domicilio, tocaba el timbre o aplaudía en la puerta, y el operativo fracasaba.

Para revertir esa dinámica, la Ciudad desplegó una respuesta coordinada entre tres áreas. El Ministerio de Seguridad aporta la fuerza necesaria para materializar la orden; el Ministerio de Espacio Público interviene para que el proceso no afecte el entorno ni el barrio; y el Ministerio de Desarrollo Humano realiza un seguimiento de las personas desalojadas para garantizar que tengan adónde ir, independientemente de si ocupaban el lugar por necesidad o por otra razón. “Hay una trazabilidad por detrás que por ahí no se muestra en el momento”, subrayó el ministro.

Al cerrar el reportaje, Tapia amplió el alcance de la filosofía que guía a la gestión más allá del área de seguridad y justicia. Mencionó la educación, la salud y el tránsito como otros ámbitos donde se aplica la misma lógica: “La forma de ir cambiando el comportamiento social es volver al orden y volver al respeto de la ley en esta ciudad. Aquel que no cumpla la norma, que tenga sus consecuencias”, concluyó.