Blog

La expansión de la oferta de autos eléctricos e híbridos enchufables en el mercado argentino llevó a más usuarios a considerar el cambio y dejar sus vehículos nafteros. Entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, llegaron al país aproximadamente 80.000 unidades de esas tecnologías.

Los vehículos eléctricos utilizan un motor alimentado por una batería de litio que debe recargarse. En los híbridos enchufables, esa batería convive con un motor de combustión. En el primer caso, la carga es esencial, mientras que en el segundo, tener una alternativa de recarga propia o habitual resulta clave para aprovechar el funcionamiento eléctrico del vehículo y obtener una mayor eficiencia de consumo.

La lógica es muy similar a la del uso de un teléfono celular: al regresar a casa, el conductor puede conectar el auto a un punto de recarga y dejarlo enchufado durante varias horas. La frecuencia de esta operación dependerá de los kilómetros recorridos, la capacidad de la batería y la autonomía de cada modelo.

En un eléctrico, la autonomía varía según el vehículo, el tipo de manejo y las condiciones de uso. En los híbridos enchufables, el ahorro de combustible depende en gran medida de que la batería se recargue con regularidad, de modo que el vehículo pueda circular la mayor cantidad de tiempo posible en modo eléctrico.

El costo del cargador doméstico

Disponer de un punto de recarga en el hogar puede reducir la dependencia de las estaciones públicas o de los enchufes disponibles en el trabajo. Actualmente, en la Argentina hay menos de 400 puntos de recarga pública, lo que reduce la disponibilidad.

La instalación supone un costo inicial. El cargador puede costar entre USD 650 y USD 950; el cable, entre USD 200 y USD 300; y la instalación eléctrica, entre USD 500 y USD 650 adicionales. Los valores pueden variar según el equipo, la potencia y las condiciones de la vivienda. Hay algunas marcas que venden el auto con cargador incluido en el precio, aunque no es una práctica generalizada.

Por ese motivo, o porque el domicilio es en un edificio donde no está permitido instalar un cargador de autos eléctricos, todavía hay algunos propietarios de autos híbridos enchufables que prescinden de la instalación doméstica y recargan el vehículo de manera ocasional en puntos públicos. Es una alternativa posible, aunque puede requerir tiempo durante el día y generar un costo eléctrico más alto que la recarga en el hogar, según la tarifa disponible.

También existe el cargador portátil, que se conecta a un enchufe de pared y funciona con corriente alterna. Suele ofrecer una potencia de hasta 2,2 kW, por lo que se lo considera una solución de uso ocasional o de emergencia. Su precio se ubica en la franja de entre USD 270 y USD 450, aunque algunos vehículos lo incluyen de fábrica.

Una batería con una capacidad de 50 kWh puede costar entre $35.000 y $40.000 por recarga en un punto público, dependiendo de la empresa o lugar y su proveedor. En el hogar, esa misma carga puede costar entre $10.000 y $12.000, según la tarifa de cada domicilio.

La potencia se mide en kW y la capacidad de la batería, en kWh

La diferencia entre kilovatios (kW) y kilovatios-hora (kWh) es central para comprender la recarga. Los kW miden la potencia que puede entregar un cargador, mientras que los kWh expresan la energía almacenada o la capacidad de una batería.

Por ejemplo, una batería de 50 kWh indica que puede almacenar esa cantidad de energía. Un cargador de 7,4 kW, en cambio, expresa la potencia con la que puede suministrarla. El tiempo final dependerá de ambos valores, del estado inicial de la batería, de la potencia que admita el vehículo y de otros factores del sistema.

Los vehículos eléctricos almacenan energía en corriente continua (DC). Cuando se los conecta a un cargador de corriente alterna (CA), como los equipos domésticos, el propio auto transforma esa electricidad antes de enviarla a la batería. En los cargadores rápidos de corriente continua, la conversión se realiza en el equipo de recarga y la energía llega directamente a la batería.

La conexión de corriente alterna suele utilizar la parte superior de la toma de carga. En los vehículos compatibles, la carga en corriente continua emplea conectores adicionales en la parte inferior.

Como referencia, una batería de 50 kWh requiere cerca de siete horas para una recarga completa con un equipo de 7,4 kW, aunque el tiempo real puede ser mayor. En una estación de carga pública se suele encontrar disponible una potencia de 22 kW, con lo que la misma batería puede demorar una hora y media en cargarse por completo.

El último tramo de la recarga suele demandar más tiempo

Antes de iniciar la carga, algunos modelos exigen habilitar la tapa o el puerto desde la pantalla interior; otros permiten el acceso al abrir las puertas. Una vez conectado el vehículo, la estación o la aplicación informa la potencia disponible, el estado de la batería y el tiempo estimado.

Muchos autos permiten establecer un límite de carga. Alcanzar el 100% suele llevar más tiempo que llegar al 80% o al 90%, porque el sistema reduce progresivamente la potencia en la etapa final para proteger la batería y completar el proceso de forma controlada.

Por ese motivo, en una estación pública puede resultar práctico fijar un límite de 80% o 90%, en especial si el tiempo de permanencia es limitado. La recarga nocturna en el hogar, en cambio, permite más margen para completar el nivel que necesite el conductor, sin depender del tiempo de espera en una estación.

Al finalizar, la sesión debe interrumpirse desde la aplicación o desde la pantalla del vehículo, según el sistema utilizado. Algunos modelos requieren liberar el conector desde el interior antes de retirarlo, mientras que otros permiten desconectarlo cuando concluye la carga.

El Reino Unido publicó este martes una guía oficial en la que respalda toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y descarta que Argentina tenga derecho a ejercer jurisdicción sobre las empresas que operan en el archipiélago, en la primera respuesta directa -y oficial- a las sanciones y advertencias que impulsó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas.

El documento, divulgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno británico y denominado “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, afirma que la ley argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, se afirma en el texto.

Además, señala que el Reino Unido no encuentra fundamento legal para que los tribunales de cualquier país fuera de Argentina puedan ejercer jurisdicción legítima respecto de las medidas que Buenos Aires adopte. A través de esta guía, el gobierno británico recordó que sanciones anteriores impuestas por distintas administraciones argentinas estuvieron vigentes durante años sin impedir el crecimiento de la economía de las islas, y que la situación actual no difiere de ese historial.

La publicación se produce 11 días después de la cadena nacional donde Milei anunció su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley de “defensa de la soberanía nacional” con sanciones económicas más severas para las empresas que extraigan petróleo en aguas que Argentina considera propias. Y avanzar en este sentido contra empresarios y firmas que operan en Malvinas.

En aquel momento, el mandatario calificó al yacimiento Sea Lion -un campo de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas- como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país. La iniciativa apunta directamente al consorcio Rockhopper–Navitas, que prevé iniciar la extracción en 2028, en el marco de un proyecto que apunta a extraer en una primera fase 170 millones barriles.

La propuesta legislativa incluiría penalidades para proveedores, accionistas y directores, y podría prohibirles operar o firmar contratos en territorio argentino. Rockhopper, en tanto, señaló en un comunicado que no espera que el anuncio tenga un “efecto material” en el desarrollo del proyecto.

La guía que difundió el gobierno británico sostiene que no discutirá la soberanía sobre las islas a menos que los propios isleños así lo deseen, posición que mantiene desde que el Reino Unido administra el archipiélago de forma ininterrumpida desde 1833, con la excepción del conflicto armado de 1982. El texto reafirma que el derecho a la autodeterminación de los isleños incluye la facultad de explotar sus propios recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, bajo la regulación del Gobierno de las Islas Malvinas y en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

En la práctica, la guía traza tres líneas de acción concretas para las empresas. Primero, establece que las actividades reguladas por la legislación de las islas son plenamente legítimas y que ningún tribunal fuera de Argentina tiene base para ejecutar las medidas de Buenos Aires. Segundo, recomienda que toda compañía o individuo que reciba correspondencia o amenazas de acción legal por parte de las autoridades argentinas obtenga asesoramiento legal independiente sobre sus circunstancias particulares.

Tercero, ofrece intervención directa del gobierno británico: donde una compañía, una subsidiaria o un proveedor enfrente presiones en un tercer país por su actividad legítima en las islas, el FCDO está dispuesto a hacer valer su postura ante esa empresa de forma directa.

Por otro lado, el canciller argentino Pablo Quirno salió a interpretar a su favor otro frente abierto en el Reino Unido. Ayer, los jefes de gobierno de Escocia, Gales e Irlanda del Norte —John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill, respectivamente— suscribieron en Cardiff un memorando en el que afirman que el derecho a la autodeterminación corresponde a sus naciones y que la democracia no puede quedar condicionada por la negativa del Parlamento británico a autorizar procesos de consulta.

Quirno, que expuso en la apertura del Día de la Exportación organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), afirmó que esa declaración conjunta es “una excelente noticia” para Buenos Aires. “Que el Reino Unido defienda la integralidad territorial es una excelente noticia, porque es lo que nosotros también hemos reclamado siempre”, sostuvo el funcionario. El canciller reconoció que esos movimientos “le dan otra relevancia” al reclamo soberano argentino, aunque evitó pronunciarse sobre los asuntos internos del Reino Unido.

Consultado sobre eventuales quejas diplomáticas por las sanciones impuestas a las empresas petroleras que participan del proyecto Sea Lion, Quirno descartó que haya habido reclamos: “No ha habido absolutamente ninguna queja. Argentina está a derecho, cumpliendo con su legislación y tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas”, afirmó. El canciller también expresó confianza en que el Congreso apruebe el proyecto de ley impulsado por Milei, al que describió como una herramienta para “mejorar las condiciones que tenemos para defender nuestra soberanía”.

Mientras el gobierno británico publicaba su guía, en Buenos Aires la administración libertaria afina la redacción del proyecto. El documento se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica bajo revisión final de la secretaria María Ibarzabal Murphy, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, informó Infobae. El envío al Congreso, que el Gabinete había previsto para el inicio de la semana, se demoró por los ajustes técnicos pendientes, y el oficialismo espera girar el proyecto esta semana.

Argentina alcanzó en apenas nueve meses el cupo de 100.000 toneladas de carne vacuna con acceso preferencial habilitado por EEUU y, de esta manera, cumplió antes de que termine el año con el volumen exportador asignado por el país norteamericano.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, durante la celebración por los 30 años del Día de la Exportación organizada por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). “Argentina ya vendió 100.000 toneladas de carne vacuna a EEUU y dio cumplimiento a la cuota de exportación incluso antes de lo previsto”, dijo.

El resultado, según el funcionario, se alcanzó luego de la puesta en marcha de Argentina B2B Week, una estrategia de promoción comercial diseñada para posicionar la oferta exportable argentina en mercados estratégicos.

En ese marco se realizaron dos ediciones de la Semana de la Carne Argentina en EEUU, que recorrieron seis ciudades —Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Miami, Atlanta y Houston— y reunieron a 23 frigoríficos nacionales con importadores y distribuidores de EEUU. En total, se generaron más de 500 contactos comerciales directos.

El cumplimiento anticipado de la cuota genera expectativas de cara al próximo año. Según destacó PromArgentina, el interés demostrado por los compradores de EEUU permite prever que Argentina podría acceder a un cupo mayor en 2027, en un mercado considerado uno de los más relevantes y exigentes para el sector a nivel global.

Los datos de la industria muestran el fuerte avance de las ventas al mercado estadounidense. De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), durante los primeros siete meses del año Argentina exportó a EEUU 65.500 toneladas de carne vacuna, equivalentes al 19,5% del total vendido al exterior en ese período. El volumen significó un crecimiento interanual de 211,5%, con 44.500 toneladas adicionales.

A su vez, el precio promedio de esas operaciones aumentó 13,1% interanual, hasta alcanzar los USD 8.257 por tonelada.

En julio, EEUU se ubicó como el segundo destino de las exportaciones de carne vacuna, con una participación de 20,8% y ventas por USD 92,8 millones.

En términos generales, los ingresos generados por las exportaciones de carne vacuna alcanzaron USD 446,6 millones en dicho mes. El resultado implicó una mejora de 4,4% frente a junio y de 34% respecto de julio de 2025, equivalente a USD 113,4 millones adicionales, impulsada tanto por un aumento de las cantidades comercializadas como por la mejora de los precios.

El récord de las exportaciones argentinas

Durante el encuentro de CERA, Sucalesca también destacó el desempeño general del comercio exterior. “Estamos viviendo el mejor comienzo de año en exportaciones de nuestra historia”, afirmó, y señaló que entre enero y julio Argentina exportó por USD 58.365 millones, un 22,9% más que en el mismo período del año pasado. Además, indicó que el valor por tonelada aumentó casi 15%.

En este contexto, CERA proyecta que las exportaciones argentinas superarán los USD 103.000 millones durante 2026, lo que marcaría por primera vez que el país atraviesa el umbral de los USD 100.000 millones en ventas externas.

Sucalesca también destacó: “Hoy tenemos 7.931 empresas exportadoras, un 4,1% más que en 2025 y 7,6% más que en 2023. Todo esto demuestra que estamos en presencia de una plataforma exportadora sólida, una plataforma exportadora que suma e integra capacidades”, sostuvo.

Nuevas rondas comerciales

La agenda de promoción comercial continuará durante los próximos meses con nuevas rondas de negocios en mercados estratégicos. La próxima actividad será el 2 de octubre en París, en el marco de Argentina Week, la estrategia de promoción económica, comercial y de atracción de inversiones internacionales impulsada por el Gobierno y encabezada por el presidente Javier Milei.

Ese día, PromArgentina organizará Argentina B2B Week | Seafood Edition, una jornada de negocios que reunirá a empresas pesqueras argentinas exportadoras de langostinos salvajes y vieiras con importadores franceses. El objetivo será generar nuevos contactos y ampliar las oportunidades comerciales para el sector en Francia.

El día después de la extensa reunión del presidente Javier Milei con diputados y senadores, la mesa política ultima los detalles del Presupuesto 2027, cuyo envío a la Cámara de Diputados está previsto para esta tarde, y repasa los principales puntos de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de la revisión final.

Desde las 13 el reducido círculo aborda la hoja de ruta del Congreso que comenzará a definirse hoy, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado habilite por primera vez el debate de la reforma electoral a las 15.30. En Casa Rosada aseguran que se trata de una primera instancia que le permitirá al oficialismo conocer los apoyos preliminares con los que cuenta para activar las negociaciones.

“No va a ser demasiado rutilante lo de hoy. En la última sesión nos volvieron a hacer mociones de preferencia para tratar también ficha limpia y PAS, que fueron incorporados al temario. Cumplimos con las mociones, la oposición expondrá y a casa”, sintetizó un legislador violeta.

El diagnóstico que circula en el oficialismo es, por ahora, poco alentador. Los dichos coinciden con la sensación que atraviesa a varios despachos de Balcarce 50, donde admiten que no están los votos necesarios para que el proyecto avance en el Congreso. “No sé cómo lo vamos a destrabar, pero estamos en eso”, precisó un integrante de la mesa política.

Con ese escenario sobre la mesa, el reducido círculo se concentra desde el mediodía en ordenar la estrategia. La reunión está encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem. También participan la senadora Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación Fabián Fernández.

En paralelo al debate electoral, la Casa Rosada tiene previsto concretar esta tarde uno de los movimientos legislativos centrales de la jornada: el envío del Presupuesto 2027. Esta mañana, fuentes oficiales aseguraron a Infobae que el Poder Ejecutivo girará al Congreso el detalle una vez finalizada la reunión de la mesa política. Pese a los trascendidos sobre el contenido, el Ministerio de Economía mantuvo un fuerte hermetismo.

“Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero, va a ser la primera vez en nuestra historia que no estando en default va a haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”, deslizó Caputo en la previa.

Lo que sí está claro es que solo se enviará el plan de gastos para el año próximo, que no será presentado por Milei ni por el titular del Palacio de Hacienda. Tampoco se piensa en una cadena nacional como ocurrió en septiembre de 2025.

En paralelo, la administración libertaria pule la última versión del articulado que promete enviar esta semana al Congreso para tratar la iniciativa en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, que busca endurecer las sanciones contra las empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina en el archipiélago y en la Plataforma Continental.

En un principio, el Gabinete había resuelto enviar el proyecto el pasado lunes, pero el documento aún se encuentra en proceso de revisión. La tarea quedó a cargo de la secretaria María Ibarzabal Murphy, que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, uno de los principales impulsores de la iniciativa.

Más allá de los detalles técnicos, el desafío del oficialismo es político: conseguir los apoyos necesarios para que las iniciativas avancen en el Congreso. Para eso, deberán establecer los primeros contactos con los gobernadores y partidos aliados para su aprobación.

El debate se coló incluso durante el encuentro que los hermanos Milei mantuvieron con los legisladores, que tuvo a Karina, en la previa a la llegada del mandatario, impartiendo la directiva de evitar confrontaciones duras con los mandatarios.

La menor de los Milei bajó un mensaje claro a los representantes provinciales a través de sus interlocutores habilitados: los eventuales acuerdos electorales estarán supeditados a los apoyos legislativos. Sin embargo, la orden es consolidar un equilibrio en los territorios porque los 13 gobernadores aliados son necesarios para concretar los objetivos de la Casa Rosada, antes de que la puja electoral complejice la actividad legislativa.

El Sistema de Evaluación de Riesgo Financiero (SERF) de Fidelitas marcó 38,3 puntos en agosto, tras una baja mensual de 6,9 puntos, y ubicó el escenario empresario dentro de la categoría de “Riesgo Elevado”. El dato coincidió con un alza de la cantidad de firmas con pagos irregulares, que llegó a 57.045 en julio.

El informe de la compañía, publicado en septiembre y fechado en Buenos Aires el 15 de septiembre de 2026, señaló que el indicador pasó de los 45,2 puntos de julio a 38,3 en agosto. El descenso desplazó al SERF desde la categoría “Señales Mixtas” y reflejó mayores exigencias para las empresas y sus cadenas de valor.

El SERF bajó a 38,3 puntos y pasó a Riesgo Elevado

El reporte evaluó la actividad, el crédito y la morosidad como componentes de un contexto más exigente. Félix El Idd, CEO de Fidelitas, afirmó: “El indicador muestra que la estabilización de algunas variables macroeconómicas todavía no logra traducirse en una mejora generalizada de las condiciones en las que operan las empresas”.

El directivo ubicó la principal fragilidad en el crédito. “El Índice de Riesgo Crediticio descendió hasta 17,8 puntos, reflejando dificultades de pago que restringen la capacidad del financiamiento para impulsar ventas e inversión”, explicó. Según la empresa, el endeudamiento a través de préstamos continuó en niveles bajos y la mora se mantuvo elevada, con especial incidencia entre las firmas.

El documento difundido en septiembre indicó que “la estabilización de precios todavía no se traduce en una mejora de la capacidad de pago ni en una recuperación expansiva de la economía”. También planteó que el contexto obliga a las compañías a priorizar cobranzas, liquidez y una selección más cuidadosa del riesgo comercial.

Las firmas con pagos irregulares llegaron a 57.045 en julio

La cantidad de empresas en mora alcanzó las 57.045 en julio de 2026. Esa cifra equivale a casi el 12% de las aproximadamente 480.000 empresas activas y representó una suba interanual de 56,5%, según los datos informados por Fidelitas.

Entre enero y julio, el número de organizaciones con situación irregular aumentó 18,7%. La comparación sectorial mostró que Servicios concentró 25.308 empresas morosas en julio, frente a 22.098 en enero y 13.960 en enero de 2025. Comercio reunió 15.718, luego de registrar 12.511 a comienzos de 2026 y 6.541 un año antes.

Agropecuaria sumó 5.273 casos en julio, Manufactura alcanzó 5.080 y Constructora contabilizó 4.759. El sector financiero registró 185 organizaciones con pagos irregulares; Industrial, 81; y el grupo “Otra”, 641. Servicios y Comercio concentraron juntos el 71,9% de la morosidad empresarial total.

La variación entre enero y julio fue de 14,5% en Servicios, 25,6% en Comercio, 18,8% en Agropecuaria y 24,4% en Manufactura. Constructora aumentó 13,7%, mientras que Financiero descendió 5,1%. Industrial creció 3,8% y “Otra” avanzó 30,8%, la mayor variación porcentual de la tabla.

En la comparación interanual por actividad, el informe señaló incrementos de 78% en Comercio, de 76,3% en Manufactura y de 65,6% en Agropecuario. El documento vinculó la evolución del crédito con el crecimiento de la morosidad.

La industria cayó 4,9% interanual durante julio

La actividad manufacturera figuró entre los factores que incidieron sobre el indicador. La producción industrial descendió 4,9% interanual en julio y acumuló una contracción de 2,6% entre enero y julio de 2026. En la medición desestacionalizada, retrocedió 5% respecto de junio.

Doce de las 16 divisiones manufactureras anotaron bajas interanuales. Los descensos se concentraron en bienes durables y de capital. Maquinaria y equipo cayó 26,7%, con una retracción de 46,6% en maquinaria agropecuaria, que incluye tractores, cosechadoras y pulverizadoras. Los aparatos de uso doméstico bajaron 20,9%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos retrocedieron 31,4%. Dentro de ese rubro, la electrónica de consumo se contrajo 49,8% y los equipos eléctricos disminuyeron 25%. Prendas de vestir, cuero y calzado bajaron 15,9%, mientras que el calzado cayó 26,5%.

Cuatro divisiones mostraron crecimiento en la comparación interanual: refinación de petróleo avanzó 8,1%; madera y papel, 7,1%; metálicas básicas, 1,6%; y otro equipo de transporte, 2,6%. Este último resultado tuvo impulso de las motocicletas.

El Índice de Actividad del SERF quedó en 54,2 puntos. El avance interanual de 2,7% del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de junio aportó al indicador, aunque su tendencia-ciclo permaneció prácticamente estable. Los datos preliminares del mes posterior tampoco permitieron anticipar una mejora relevante, según el reporte.

Los cheques rechazados rondaron los 80.000 por mes

La empresa también informó un nivel persistente de cheques rechazados, cercano a 80.000 mensuales. Durante los primeros ocho meses de 2026, el volumen acumulado de rechazos alcanzó una cantidad equivalente a la anotada durante los doce meses de 2025.

Fidelitas describió el efecto de esa combinación sobre la cadena de pagos: “Una empresa que demora sus obligaciones puede trasladar la presión a proveedores que hasta ese momento operaban normalmente, multiplicando el riesgo cuando varias contrapartes pertenecen al mismo sector o dependen de un mismo ciclo de demanda”.

La compañía agregó que la elección de proveedores debe contemplar distintas variables. “Hoy en día, la elección de un proveedor no solo debe incluir aspectos de calidad en el producto o servicio, equipo de profesionales o tecnología implementada, sino también solidez financiera para no estar incorporando un problema a futuro en la cadena de producción de quien hace la contratación”, explicaron desde la firma.

La diferencia entre tasas de préstamos y depósitos llegó a 65,46 puntos

El costo del financiamiento integró otro de los factores relevados. En agosto, la distancia entre la tasa efectiva anual con capitalización mensual de los préstamos personales, de 88,86%, y la de los depósitos, de 23,40%, fue de aproximadamente 65,46 puntos porcentuales.

El informe indicó que la presión se concentra en el capital de trabajo. “Cuando una compañía cobra más tarde debe financiar durante más tiempo mercadería, salarios e impuestos. Si los márgenes comerciales no compensan ese costo, un aumento de las ventas puede incluso deteriorar la posición de caja”, señaló.

También sostuvo que “el crecimiento de la facturación pierde valor cuando queda inmovilizado en cuentas por cobrar o en sobrestocks”. A esa situación sumó la evolución de los costos empresariales medidos en dólares, que comprime márgenes y deteriora la competitividad cuando no existe una mejora equivalente de productividad.

La baja de la inflación a 1,7% en agosto y el desempeño del comercio exterior fueron consignados como señales favorables, aunque el documento indicó que no compensaron la debilidad del mercado interno y el deterioro crediticio. Además, Fidelitas detectó en sus bases de datos más empresas con deudas previsionales impagas y un mayor número de sanciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“En definitiva, el desafío empresario ya no pasa solamente por vender, sino por vender cobrando, preservar liquidez y administrar cuidadosamente el riesgo de cada operación”, concluyeron desde Fidelitas.