Un despiste en el acceso a Piedras Blancas se registró durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta L, a la altura de la curva del Cementerio Municipal. Un Volkswagen Vento salió de la calzada y terminó impactando contra el ingreso de una vivienda.
Personal de la Comisaría de Piedras Blancas, dependiente de la Jefatura Departamental La Paz, acudió al lugar tras recibir el aviso sobre el siniestro. Al arribar, los efectivos constataron que el automóvil había colisionado contra una columna ubicada en el acceso a la propiedad.
El vehículo era conducido por un joven de 22 años, quien recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín de Hernandarias para una evaluación médica.
Confirmaron que sufrió lesiones leves
Fuentes vinculadas al procedimiento confirmaron a Elonce que, pese a la violencia del impacto, el conductor solamente sufrió lesiones de carácter leve.
Tras el accidente, se solicitó la intervención de personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el despiste.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría de Piedras Blancas. Hasta el momento no se informaron las causas que provocaron que el Volkswagen Vento saliera de la calzada.
El Gobierno anunció sanciones contra empresas vinculadas con la exploración petrolera en Malvinas para reforzar el reclamo de soberanía argentina
04 Sep, 2026 01:19 p. m. EST
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El Gobierno anunció medidas para sancionar a empresas vinculadas con la exploración petrolera en las Malvinas, una decisión orientada a reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas bajo control británico y a cuestionar la explotación de recursos naturales en un área cuya disputa fue reconocida por las Naciones Unidas.
El alcance práctico de esa ofensiva tiene un límite central. Según explicó Fernando Tarapow, especialista en Derecho Internacional y profesor de Atlántico Sur y Antártida en Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires, el Estado argentino solo puede actuar sobre compañías que tengan activos, oficinas o negocios en el país. La restricción deja fuera de su alcance directo a firmas que operen cerca de las islas pero carezcan de presencia económica local.
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Ese punto define a quiénes podrían afectar las sanciones. La medida apunta sobre todo a proveedores de logística, servicios, abastecimiento, transporte, equipos, insumos y asistencia técnica que trabajen en Argentina y al mismo tiempo participen en proyectos de exploración asociados con Malvinas.
Si una empresa desarrolla actividad petrolera o de servicios en el mercado argentino y además colabora con iniciativas en la zona disputada, el Estado puede sancionar su operación local, indicó Tarapow en diálogo con Infobae Al Mediodía. Si no tiene bienes ni actividad económica en territorio nacional, “no lo va a poder hacer”, sostuvo el especialista al describir el límite jurídico de la iniciativa.
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El foco argentino está en los proveedores con negocios locales
La distinción entre operadoras principales y empresas auxiliares aparece como uno de los ejes de la estrategia oficial. Tarapow señaló que Argentina podría intervenir sobre firmas logísticas o de servicios que operen en Vaca Muerta, Mar del Plata o Chubut, aunque no tenga la misma capacidad para actuar contra el proyecto petrolero principal.
La consecuencia inmediata no recaería solo sobre las compañías operadoras. También alcanzaría a quienes evalúan prestar apoyo comercial o técnico, porque una firma con presencia en Argentina debería decidir si mantiene sus negocios locales o si participa en actividades petroleras próximas a las islas.
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Tarapow vinculó esa respuesta con el marco normativo e internacional que invoca Argentina. Sostuvo que el discurso presidencial reafirmó la posición del país sobre la soberanía de las Islas Malvinas y volvió a instalar la cuestión como un asunto prioritario para la República Argentina.
El profesor citó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa entre Argentina y Reino Unido. Añadió que referentes británicos rechazan la existencia de ese conflicto de soberanía.
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Las resoluciones de la ONU y un decreto vigente
Al mismo tiempo, el especialista mencionó la Resolución 37/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa norma plantea que los gobiernos deben abstenerse de realizar actos unilaterales que dificulten una futura negociación mientras la disputa siga abierta.
Sobre esa base consideró que Argentina debe protestar frente a las acciones británicas ligadas a la exploración petrolera. A su juicio, esas actividades contradicen el criterio de abstención fijado por la resolución internacional.
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El profesor recordó además un decreto firmado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner sobre el apoyo logístico desde puertos argentinos. La norma exigió autorización del Gobierno nacional para actividades que conectaran puertos del país con las Islas Malvinas.
Según Tarapow, ese decreto continúa vigente. Su objetivo fue impedir que empresas argentinas aportaran logística a actividades petroleras relacionadas con las islas.
La discusión sobre las sanciones se cruza con un problema de infraestructura y rutas marítimas. Durante la conversación se planteó que los proyectos petroleros requieren una estructura logística amplia y que el traslado de materiales, equipos y personal puede definir costos, tiempos y recorridos en la cuenca marítima.
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En ese punto apareció una ruta hacia Punta Arenas, en Chile, impulsada a partir de una iniciativa del municipio local. Los participantes señalaron que esa conexión reduce la distancia para transportar materiales hacia las islas y puede modificar el esquema de abastecimiento.
El reclamo argentino abarca más de 200 islas y sus espacios marítimos
Tarapow sostuvo que la cuestión Malvinas no se limita a las dos islas principales. Explicó que el reclamo argentino incluye un archipiélago de más de 200 islas, además de las islas Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
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Esos espacios, indicó, alcanzan las 200 millas y forman parte de la proyección argentina en el Atlántico Sur. Para el especialista, la discusión involucra al mismo tiempo soberanía territorial y control sobre los recursos naturales ubicados en esa área marítima.
El especialista valoró la coordinación entre ministerios y destacó el trabajo de la Cancillería Argentina. Señaló que sus funcionarios analizan las respuestas que debe dar el Estado como sujeto de derecho internacional público.
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El crimen de Rodolfo Augusto Bassi, el arquitecto de 61 años encontrado sin vida en uno de sus departamentos de barrio Paraná XIV, tiene a dos hombres imputados y con prisión preventiva. Tras la audiencia realizada este viernes, el fiscal Juan Manuel Pereyra brindó detalles a Elonce sobre la hipótesis de la acusación y sostuvo que los sospechosos habrían actuado de manera conjunta, distribuyéndose tareas para robarle y posteriormente matarlo.
Los imputados son Carlos Gastón Aguilar, de 48 años, y Claudio Ramón Inofre, de 52, alias “Toco”. El juez de Garantías Jorge Sueldo dispuso que permanezcan durante 60 días con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Fiscalía había solicitado que la medida se extendiera por 90 días.
La acusación provisoria es por homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causa, además del delito contra la propiedad atribuido. De sostenerse la calificación y producirse una eventual condena, el homicidio agravado contempla la pena de prisión perpetua.
“Es uno de los hechos más graves que tiene el Código Penal”
Después de la audiencia, Pereyra explicó a Elonce los fundamentos de la imputación y remarcó la gravedad que Fiscalía atribuye al hecho. “Se trata de un homicidio calificado, es decir, de los hechos más graves que tiene el Código Penal”, manifestó.
Sobre las agravantes, explicó: “Hubo un accionar por parte de los acusados con alevosía, es decir, con una situación de indefensión por parte de la víctima, y también la calificante de criminis causa, que es aquella que se comete el delito para cometer otro, para ocultarlo”.
Para el Ministerio Público Fiscal, ambas circunstancias habrían estado presentes durante el ataque contra el arquitecto. “Este muy grave hecho encuadraría dentro de esas calificaciones legales que hemos referido, es decir, dentro de dos de las agravantes que tiene el Código Penal, que establece la pena máxima dentro de lo que tenemos en nuestro sistema legal”, agregó.
Imputaron a los acusados del homicidio de Rodolfo Bassi (foto Elonce)
Cómo habría sido el ataque contra Bassi
La reconstrucción presentada por Fiscalía sostiene que el hecho ocurrió el martes 1 de septiembre, aproximadamente entre las 17.31 y las 20, dentro del departamento que Bassi estaba acondicionando en barrio Paraná XIV.
De acuerdo con la hipótesis de la acusación, Aguilar e Inofre habrían aprovechado una relación previa de confianza con la víctima para ingresar y sorprenderla. Allí, el arquitecto habría sido golpeado, reducido y maniatado con alambre, quedando en un estado de indefensión.
La Fiscalía sostiene además que Bassi sufrió cortes superficiales en diferentes partes del cuerpo mientras los atacantes le exigían la entrega de elementos de valor. La acusación considera que la violencia habría sido utilizada en el contexto del robo.
En la oportunidad, Pereyra evitó brindar públicamente algunos detalles por respeto a los familiares del arquitecto, pero fue contundente respecto de la violencia observada. “Hay muchas cuestiones que tenemos materia de investigación y también hay algunas cuestiones que por ahí queremos reservar, sobre todo por los familiares de la víctima, pero sí podemos decir que fue un hecho de extrema violencia”, expresó.
“Ejercieron una violencia física realmente tremenda”
El fiscal señaló que todavía no cuentan con el informe definitivo de la autopsia, aunque ya recibieron información preliminar sobre las lesiones. “Respecto de las lesiones de la víctima, sí podemos decir, más allá de que no tenemos el informe autópsico sino un preliminar, que da cuenta de que ejercieron una violencia física realmente tremenda”, manifestó Pereyra.
La reconstrucción expuesta durante la audiencia sostiene que Bassi recibió finalmente tres golpes mortales en la cabeza con una maza, que le habrían provocado las lesiones que ocasionaron su muerte. La herramienta fue localizada durante las primeras pericias realizadas en el departamento y pasó a formar parte de los elementos analizados científicamente.
Arquitecto Rodolfo Bassi, víctima de homicidio.-
Fiscalía sostiene que los dos participaron del crimen
Otro aspecto que Pereyra dejó expresamente establecido es que, al menos en esta instancia, Fiscalía atribuye el mismo nivel de responsabilidad a Aguilar e Inofre.
“La postura de la Fiscalía es que participaron las dos personas que fueron imputadas y acá no hubo un accionar de una sola persona, sino que entendemos que fue el accionar de dos personas”, afirmó.
Según explicó, uno de los sospechosos tenía una relación previa de confianza con Bassi, circunstancia que habría colocado al arquitecto en una situación de mayor vulnerabilidad frente a una eventual agresión.
Consultado específicamente sobre el grado de participación, Pereyra respondió: “Por ahora la postura de la Fiscalía es que el nivel de participación es el mismo en los dos”.
Y agregó: “Entendemos que las dos personas actuaron de manera conjunta, obviamente distribuyendo las tareas de cada uno, que algunas de ellas se señalaron en la audiencia. Fue un plan pergeñado por parte de los dos”.
El robo como posible móvil
La principal hipótesis respecto del móvil apunta hasta el momento a un robo. “Fue justamente para poder sustraer distintos elementos de valor de la víctima. Entendemos que ese habría sido el móvil principal, más allá de que después, con el devenir de la investigación, puede variar o se puede ampliar”, señaló el fiscal.
La acusación sostiene que durante el ataque se apoderaron de documentación, dinero y el teléfono celular del arquitecto.
Además, uno de los imputados habría utilizado la motocicleta Yamaha XTZ 125E de Bassi para trasladarse hasta la vivienda particular de la víctima, ubicada en calle Dupuy.
Según la reconstrucción presentada judicialmente, allí habría sustraído una tablet, dinero en pesos y dólares y otros elementos, para posteriormente regresar al departamento de Paraná XIV.
El extraño mensaje enviado desde el celular de Bassi
Otro dato incorporado a la reconstrucción está relacionado con el teléfono celular de la víctima.
Bassi había mantenido contacto por WhatsApp con su pareja durante el martes, pero desde horas de la tarde dejó de responder. Sin embargo, durante la mañana siguiente, desde su teléfono se habría enviado un mensaje que llamó especialmente la atención de la mujer.
“Hola, estoy volviendo de Rosario, después hablamos”, decía el texto.
Un detalle despertó aún más sus sospechas: la palabra “volviendo” habría sido escrita incorrectamente con “b”, un error que no reconoció como habitual en Bassi.
Ese mensaje profundizó la preocupación por el arquitecto y se incorporó a los elementos considerados durante la reconstrucción de sus últimas horas y de la actividad registrada por su teléfono.
Crimen de Bassi: el fiscal habló de un “plan” entre los acusados y reveló las pruebas que los comprometerían
Huellas, cámaras y testimonios
La investigación avanzó rápidamente desde el hallazgo del cuerpo y, según Pereyra, existen diferentes tipos de evidencias que respaldan actualmente la hipótesis de Fiscalía. “Hay elementos probatorios diversos. Algunos tienen que ver justamente con la labor científica que se hizo en el lugar de los hechos”, indicó.
El fiscal mencionó además testimonios que consideró importantes, filmaciones de cámaras de seguridad, huellas y elementos recuperados durante los procedimientos posteriores. “Tenemos también filmaciones que corroboran esto. Hay elementos que se han secuestrado y otros en poder de terceros que señalan como transmisores a los imputados”, explicó.
Pereyra destacó especialmente que no se trata de un único indicio, sino de diferentes evidencias que, según la acusación, se complementan. “Hay elementos diversos y algunos obviamente con fuerte valor probatorio, como tiene que ver con huellas y cámaras, que ayudan mucho, pero que son respaldados por otro tipo de elementos probatorios que nos permiten, al menos, reconstruir la acusación que hoy hicimos y la hipótesis de la Fiscalía”, afirmó.
Inofre fue detenido cuando viajaba hacia Misiones
La conducta posterior de los imputados también fue analizada al momento de resolver la prisión preventiva.
Inofre fue localizado cuando viajaba en un colectivo de larga distancia hacia Misiones. El micro fue interceptado sobre la Ruta Nacional 127 y el acusado terminó detenido en Federal.
Claudio Infofre (foto Elonce)
Según la investigación, tenía en su poder pertenencias vinculadas con Bassi. Además, se investiga la presunta venta de la motocicleta del arquitecto, vehículo que posteriormente pudo ser recuperado.
En el caso de Aguilar, durante la audiencia se mencionó que se habría cortado el cabello después del crimen, modificando parcialmente su apariencia.
Esas circunstancias fueron consideradas como indicadores de posibles riesgos procesales.
Por qué permanecerán 60 días detenidos
Pereyra sostuvo que las conductas posteriores fueron evaluadas tanto desde la posibilidad de fuga como desde un eventual entorpecimiento de la investigación.
“No solamente peligro de fuga, sino entorpecimiento: uno variando un poco las características fisonómicas, esto de haberse cortado el cabello, y el otro haciendo un viaje a una provincia que se encuentra limítrofe con otro país. Entendemos que son contundentes respecto de los riesgos procesales que nuestro código tiene establecidos”, expresó.
Carlos Aguilar (foto Elonce)
Fiscalía había solicitado 90 días de prisión preventiva, aunque finalmente el juez Sueldo fijó la medida en 60 días al considerar excesivo el plazo requerido, teniendo especialmente en cuenta el avance alcanzado por la investigación en pocos días.
Los dos imputados permanecerán durante ese período en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. La medida no implica una declaración de culpabilidad: la responsabilidad de Aguilar e Inofre deberá determinarse durante el proceso judicial.
Mientras tanto, la Fiscalía continuará incorporando pruebas para sostener o eventualmente modificar su hipótesis. Por ahora, la acusación considera que los dos hombres actuaron conjuntamente, se distribuyeron las tareas y desplegaron un plan para robarle a Bassi que terminó con el arquitecto sometido a una violencia extrema y asesinado dentro de su departamento de Paraná XIV.
Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó un allanamiento en las primeras horas de este jueves, en el marco de una investigación por un presunto caso de grooming y coacciones en Concepción del Uruguay.
La causa se inició luego de la denuncia presentada por la madre de una adolescente de 15 años, quien habría sido víctima de un acoso sistemático a través de redes sociales. De acuerdo con la investigación, desde un perfil de Instagram se le exigía el envío de material íntimo y, ante su negativa, se habrían producido amenazas dirigidas contra la adolescente, sus familiares y personas de su entorno.
El procedimiento se concretó en un domicilio de la localidad, mediante un mandamiento judicial expedido por el Juzgado de Familia N° 1, con intervención de la Unidad Fiscal a cargo de la Dra. María Albertina Chichi.
Para llevar adelante la medida participaron efectivos de la Comisaría del Menor y Violencia Familiar, Comisaría Primera y la División Policía Científica, además del personal de Investigaciones e Inteligencia Criminal.
Secuestraron teléfonos y elementos informáticos
Durante la requisa de la vivienda, los investigadores secuestraron un teléfono celular y otros elementos informáticos considerados de interés para la causa, publicó La Pirámide.
Los dispositivos quedaron bajo resguardo y serán sometidos a pericias informáticas, con el objetivo de recuperar y analizar información que pueda aportar evidencia digital vinculada con los hechos investigados.
En el domicilio se encontraba un joven de 24 años, quien fue formalmente notificado del mandamiento judicial durante el procedimiento.
La investigación continúa para determinar el origen del perfil utilizado para contactar a la adolescente y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.
A pesar de la caída de ventas, que ya acumula un resultado negativo interanual del 13,3%, los precios de septiembre volvieron a mostrar ajustes en buena parte de los autos 0 km de las automotrices locales, que en su mayoría publican sus valores en pesos y no en dólares, y que deben lidiar mes a mes con la inflación y la cotización de la moneda norteamericana.
Sin embargo, esto no debería sorprender a los usuarios, ya que las propias automotrices se encargaron de anticipar esta situación en los últimos meses, cuando señalaban que el congelamiento de precios que se dio entre febrero y mayo inevitablemente tendría una corrección o actualización acorde al aumento de los costos de producción y comercialización del sector.
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Subas moderadas en la mayoría de las marcas
Toyota, la automotriz que habitualmente lanza primero su política comercial de cada mes, informó que aplicó un aumento del 1% para la gama Yaris hatchback y del 2% para los furgones y vans Hiace. El resto de los modelos mantiene su precio de agosto sin alteraciones.
Ford fue otra marca que aplicó un aumento mínimo y solo a un modelo: volvió a subir el precio de la pickup Maverick un 2%, vehículo que se importa de México y que se ve afectado por la suspensión del acuerdo comercial entre Argentina y ese país, razón por la cual debe absorber casi completamente el arancel extrazona del 35%. Paralelamente, en septiembre bajó el precio de la Ford Ranger Raptor un 2,3%, modelo importado de Tailandia.
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Chevrolet, en cambio, fue una de las primeras marcas en anunciar aumentos generalizados a casi todos los modelos, aunque con incrementos bajos en la mayoría de los casos. Onix, Spin, la versión base de Tracker, la S10 cabina simple y la versión más accesible de cabina doble subieron un 1%; el resto de Tracker, Sonic y toda la línea Montana aumentaron un 1,5%; Silverado y Spark EUV, un 2%. No hubo incrementos para el resto de la gama de la pickup S10, Trailblazer y Captiva PHEV.
Renault comunicó incrementos mayores, que alcanzaron el 2% en casi todos los modelos, pero mantuvo sin aumentos los modelos discontinuados que se fabricaban hasta el año pasado en Santa Isabel, es decir Sandero, Stepway, Logan y la pickup Alaskan.
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Volkswagen aún no comunicó oficialmente su lista de precios completa de septiembre, pero informalmente se supo que aplicará un incremento del 1,5% a los autos de pasajeros y SUV, mientras que la gama completa de la pickup Amarok se mantendrá sin aumentos.
Stellantis, entre subas y bajas
Stellantis fue una de las compañías que más aumentos volvió a aplicar este mes, con una mayoría de modelos con incrementos del 3,2%, otros con subas menores y algunos sin alteraciones.
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Fiat subió ese 3,2% a las gamas Argo, Cronos, Pulse, Fastback, Strada, Toro y Titano, y un 3% a Fiorino. En cambio, dejó con apenas un 0,2% al Fiat Mobi, los modelos Abarth de Pulse y Fastback, las versiones Strada y Toro Volcano y las Titano de mayor equipamiento. El único modelo que no aumentó su precio fue el Fiat 600 Hybrid.
Peugeot también aplicó un 3,2% a la gama 208, pero introdujo cambios en el 2008 que generaron bajas de precio sustanciales e inéditas para este modelo. La versión base pasó de llamarse Active a Like y bajó un 3%; la Allure T200 2026 cambió a Allure T200 2027 y bajó un 2,6%; y la 2008 GT T200 2026 ahora se llama GT 2027 y bajó un 3,5%. El resto de los modelos aumentó un 1,8% en 408, 3008 y 5008, un 1,6% en Boxer y Expert, y un 3% en la nueva Partner.
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En Citroën, se aplicó el 3,2% a toda la gama C3, Aircross y Basalt, un 3% al nuevo Berlingo europeo, un 1,8% a los C4 y C5 europeos y un 1,6% a los furgones Jumpy y Jumper.
Por su parte, Jeep y Ram aplicaron un 3,2% a toda la gama Renegade, Compass y Commander, y no alteraron los precios en dólares de Wrangler, Gladiator y Grand Cherokee. También subieron un 3,2% los precios de Dakota y Rampage, mientras que se mantuvieron sin cambios los valores de las RAM 1500 y 2500.
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La diferencia dentro de Stellantis la hicieron las marcas de nicho. DS, la marca premium del grupo, aplicó una baja de entre 2,5% y 4,6% en los DS3, DS4 y DS7, aun cuando los tres modelos tienen sus precios publicados en dólares. En el caso de Leapmotor, no hubo modificaciones y se mantuvieron los mismos valores de agosto.
<b>Otras bonificaciones y descuentos</b>
Nissan volvió a aplicar varias bonificaciones de precio este mes, al tiempo que incrementó levemente los valores de otros modelos. La gama Versa, el Kicks de acceso, el Kicks intermedio y la Frontier de entrada subieron un 0,5%. El resto de los modelos de Kicks y Frontier no tuvo aumentos.
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Sin embargo, la marca decidió bajar los precios de varios modelos por medio del sistema de bonificaciones que ya había aplicado en agosto, aunque ahora ampliando la nómina. Las bajas alcanzan al Sentra, entre un 11% y un 16%, y a la X-Trail, entre un 5% y un 13%.
Honda mantiene sus precios sin alteraciones, con la única novedad de un incremento del 1,2% en la WR-V, y precios promocionales para el Civic Advanced Hybrid a USD 54.000 y la CR-V Advanced Hybrid a USD 74.900.
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Entre los importadores, que no modifican sus precios por tenerlos en dólares, MG comunicó una bonificación especial para el SUV MG ZS, que consta de un descuento de USD 2.000 para la versión Luxury y de USD 1.000 para la versión Comfort.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó una investigación a fondo sobre las sospechas que involucran a dos magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) en el marco del caso Banco Master, un escándalo que profundizó la tensión dentro de la Corte y repercutió en el clima político del país: “Todas las sospechas deben ser investigadas con rigor, sin blindaje de nadie, duela a quien le duela“.
El mandatario evitó mencionar por sus nombres a Alexandre de Moraes y André Mendonça, los dos jueces enfrentados a raíz del caso que involucra a Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, quien se encuentra preso por una estafa millonaria. En este escenario, el presidente brasileño sostuvo que la crisis que atraviesa el máximo tribunal brasileño excede el caso puntual y planteó la necesidad de cambios en las instituciones: “Está claro que nuestros sistemas político y judicial necesitan reformas profundas”.
En ese contexto, el presidente brasileño señaló que el titular del Supremo, Edson Fachin, debe encabezar una investigación para recuperar la confianza en las actuaciones judiciales y garantizar la transparencia del proceso. Según planteó Lula, el mencionado magistrado deberá liderar las pesquisas para restablecer “la integridad y la confianza en las investigaciones”.
Cómo comenzó el conflicto en la Corte
La disputa entre los magistrados se profundizó esta semana, en un momento de particular tensión política en Brasil, a un mes de las elecciones en las que Lula buscará su reelección frente al candidato conservador Flávio Bolsonaro.
El escándalo en Brasil sacude a la Corte a tan solo un mes de las elecciones.
El origen del escándalo se remonta al lunes, cuando fue levantado el secreto del sumario de la causa Banco Master. La decisión permitió conocer relaciones entre Vorcaro y Moraes, considerado un magistrado cercano a Lula. El levantamiento del secreto había sido ordenado por Mendonça, también integrante del Supremo y encargado de instruir el expediente.
El caso tomó una nueva dimensión días después, con la difusión de informaciones sobre una reunión entre Mendonça y Vorcaro, además de audios que indicarían una relación entre el financista y el magistrado.
Las revelaciones incrementaron la presión sobre Mendonça y derivaron en un pedido para que también sea investigado. Así, las sospechas alcanzaron a los dos jueces del Supremo involucrados en la disputa por el caso Master, mientras Lula reclamó que las investigaciones avancen sin excepciones y con el objetivo de recuperar la confianza en el sistema judicial.
¿Cuánto pagan los productores por las tasas vinculadas con los servicios rurales y cuánto de ese dinero vuelve efectivamente a los caminos rurales? La pregunta, que desde hace tiempo genera reclamos en el partido bonaerense de Rojas, llegó a los tribunales.
La Justicia le ordenó al municipio de la provincia de Buenos Aires que informe cuánto recauda por las tasas que pagan los productores rurales y cómo utiliza esos recursos, luego de que la Sociedad Rural de Rojas, Federación Agraria Argentina filial Rojas y Coninagro, con la representación legal del abogado Pablo Abdon Torres Barthe, recurrieran a los tribunales ante la falta de respuesta de la administración a un pedido de información.La comuna tendrá 45 días para entregar los datos.
La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín, en la causa “Coninagro de Rojas y otros c/ Municipalidad de Rojas s/ amparo”. El fallo fue firmado por el juez Juan Atilio Bazzani.
El pedido estaba relacionado con el destino de los fondos provenientes de las tasas de conservación, reparación y mejorado de la red vial, seguridad e higiene y control de marcas y señales. Los productores buscaban conocer si los recursos recaudados guardaban relación con los servicios para los cuales fueron creados, en un distrito que cuenta con una extensa red de caminos rurales y donde las entidades cuestionan el nivel de mantenimiento.
“Si la municipalidad no afecta los fondos de la tasa vial a arreglar los caminos, eso es una utopía, es una fantasía decir voy a arreglar un camino”, dijo del Solar Dorrego
Rojas tiene aproximadamente 1200 kilómetros de caminos rurales, según explicaron los dirigentes del sector. Alberto del Solar Dorrego, vicepresidente de la Sociedad Rural de Rojas, recordó una experiencia anterior en la que los productores tuvieron participación directa en la administración de esos recursos.
Durante su paso por el Consejo Asesor Municipal de Productores Rurales se impulsó la ordenanza 2649, de 2002. Según relató, el esquema establecía que el 85% de los fondos de la tasa vial quedara afectado a los caminos y fuera administrado con participación de los productores. “Por 10 años los caminos rurales de Rojas estaban impecables”, afirmó a LA NACION.
Ese sistema terminó, según explicó, cuando una nueva administración derogó la ordenanza y los fondos pasaron a manejarse dentro de Rentas Generales, “donde a los secretarios viales les tiraban migajas”.
El partido de Rojas tiene unas 205.000 hectáreas y unos 1169 kilómetros de caminos rurales
Para Del Solar Dorrego, el principal problema es contar con recursos suficientes para planificar las obras. “El problema no es el cómo reparar los caminos rurales, sino el con qué”, insistió. Y agregó: “Si la Municipalidad no afecta los fondos de la tasa vial a arreglar los caminos, eso es una utopía, es una fantasía decir voy a arreglar un camino”.
Los productores también realizaron una comparación con el sistema utilizado en San Antonio de Areco, donde, según explicó el dirigente, se contratan equipos por kilómetro trabajado. Con ese esquema calcularon cuánto costaría realizar tres intervenciones anuales en los 1200 kilómetros de Rojas.
“Pudimos demostrarle que prácticamente hacer tres pasadas anuales, una de fondo y dos de rastreo en los 1200 km salía aproximadamente $1000 millones, y Rojas recauda $2300 millones”, relató.
Según recordó, durante una reunión con el intendente Román Bouvier (Juntos por el Cambio) plantearon esa diferencia. “Están sobrando $1000 millones y no arreglan los caminos rurales”, les dijeron a los funcionarios en el encuentro. De acuerdo con su relato, el tesorero municipal solo les respondió: “Qué bien calcularon las cosas, qué buen trabajo hicieron”.
Ejecución presupuestaria de la recaudación de las tasas viales en el partido de Rojas
El reclamo apunta además a conocer cómo se determina el valor de la tasa vial. Del Solar Dorrego cuestionó el mecanismo utilizado para establecerla y señaló que, a su entender, el cálculo no guarda una relación directa con el costo necesario para mantener la red. “La tasa vial de Rojas tiene unos componentes complicadísimos, inventados por un álgebra rarísima con un coeficiente Z”, describió.
Carlos Marveggio, presidente de la Federación Agraria Argentina filial Rojas, señaló que la presentación judicial fue una acción conjunta de las tres entidades de la Comisión de Enlace de Rojas. “Es atípico porque en ningún lugar se habían juntado las tres entidades para accionar contra el municipio”, sostuvo.
El dirigente coincidió en que el estado de la red vial es uno de los principales problemas de los productores, que se suma a un parque de maquinaria que considera insuficiente.
Marveggio aportó además el costo que representa actualmente la tasa para los productores. “Estamos entre 25.000 y 30.000 pesos por hectárea por año, que representa entre 10 y 12 litros de gasoil por hectárea por año en cinco cuotas”, señaló.
Según explicó, los productores aceptaron que el 30% de lo recaudado pudiera destinarse a Rentas Generales, por ejemplo para el hospital. “Debería ir a caminos rurales el 70% de lo que se cobra”, afirmó.
Marveggio estimó que que con esa recaudación de $2300 millones se pudo haber comprado una máquina por año: “Una motoniveladora puede valer entre 600 y 700 millones de pesos. Pero nada de eso ocurrió”
El dirigente estimó que con esa recaudación de $2300 millonesse pudo haber comprado una máquina por año. “Una motoniveladora puede valer entre 600 y 700 millones de pesos. Pero nada de eso ocurrió”, dijo.
En este contexto, la Justicia resolvió que la documentación entregada por la Municipalidad no respondía de manera completa al pedido de las entidades y ordenó aportar información concreta sobre la recaudación, los costos y la prestación del servicio. Entre otros puntos, el municipio deberá informar los costos utilizados para determinar las tasas de control de marcas y señales y de conservación, reparación y mejorado de la red vial. También tendrá que precisar cuánto recaudó durante 2025 y 2026,qué fondos recibió de la coparticipación nacional o provincial y qué otros recursos fueron destinados al mantenimiento de los caminos.
Además, deberá informar la superficie total que debe atender, describir las tareas realizadas durante 2026 e indicar si fueron ejecutadas con personal y maquinaria propios o mediante servicios tercerizados. También deberá presentar la planta de trabajadores afectados al servicio, sus salarios —sin datos personales— y el detalle del equipamiento utilizado, su estado de conservación y los gastos de reparación y mantenimiento, con documentación respaldatoria.
Durante el proceso, la municipalidad había sostenido que había cumplido parcialmente con el pedido y que parte de la información estaba disponible en su sitio web. El juez rechazó ese argumento. “Tal postura defensiva no será de recibo”, sostuvo Bazzani.
El magistrado también remarcó que la información pública debe ser “completa, adecuada, veraz y en tiempo oportuno” y puso el foco en la relación entre transparencia, gasto público y tasas que afectan al agro: “El conocimiento del modo en que las tasas que afectan al sector agropecuario son aplicadas al objeto de su creación constituye una herramienta por la cual se posibilita el control de la gestión de los representantes por sus mandantes”.
LA NACION intentó tener una declaración del intendente local, pero aún no tuvo respuesta.
El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois respaldó con críticas los anuncios de Javier Milei por el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. Con su sorna habitual, el dirigente de Patria Grande calificó que el paquete de medidas como un “bienvenido cambio de 180 grados de Milei”, que “pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”.
“Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”, dijo Grabois, al compartir su reacción desde su cuenta personal de X, tras la cadena nacional del Presidente, donde anunció la aplicación de sanciones a las petroleras británicas y el avance de la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.
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El legislador nacional, que coincidió esta vez con el referente libertario, destacó que ahora el jefe de Estado considere que “los ‘kelpers’ son efectivamente población implantada y no les asiste el derecho a la autodeterminación. Ganamos la batalla cultural”, remarcó, al diferenciarse con matices de otros dirigentes opositores, que resaltaron el “oportunismo” del jefe de Estado y las contradicciones de Milei en los últimos 3 años de gestión.
Sin embargo, en el mismo mensaje convocó a permanecer en alerta, dada la orientación política del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Ahora no seamos inocentes porque, diría Jauretche, la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros”, agregó.
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“Hay que estar muy atento de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees -continuó- y que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista cuando se termine el problema de money entre su papi Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente”.
Las medidas anunciadas por Milei
Anoche, el anuncio de Javier Milei incluyó un conjunto de acciones que apuntan a fortalecer la posición de la Argentina en las Malvinas, como la implementación de sanciones para petrolerasbritánicas y proveedores que trabajen en la zona del archipiélago en disputa. Esas compañías no podrán operar en la Argentina y podrían afrontar un juicio en ausencia. El Presidente también dictó un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa y construir una base militar en Tierra del Fuego.
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Milei comunicó las medidas en una cadena nacional emitida, tras una visita a Chile. En su discurso, el presidente consideró que el Reino Unido se encuentra en “un camino de declive”, mientras que la Argentina tiene un “futuro floreciente”.
En ese marco, hizo un llamado a los “amigos de la Argentina” a no “mirar para otro lado”, en alusión en particular a la gestión de la Casa Blanca. Puntualmente, le agradeció a los Estados Unidos y dijo que en el país de Donald Trump “evalúan el cambio de posición” respecto de Malvinas, declaraciones que fueron celebradas por los libertarios.
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“Estados Unidos está revaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir”, recalcó.
El lunes, Trump fue consultado por la BBC en una rueda de prensa sobre si estaba revisando la postura de EEUU respecto a las Islas Malvinas y respondió: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”. La Casa Blanca enfrenta un vínculo bilateral en tensión con el Reino Unido, por la falta de apoyo militar en la escalada bélica con Irán.
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“Ahora confiamos en que esos mismos aliados estarán de nuestro lado en el reclamo legítimo y pacífico que hoy impulsamos”, afirmó el Presidente, y dijo que “en el mundo corren vientos de cambio favorables” al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
Un asalto a un camión de reparto en Concepción del Uruguay derivó en un allanamiento realizado en una vivienda del barrio 30 de Octubre, donde la Policía secuestró una réplica de arma de fuego y trasladó a dos jóvenes a una dependencia policial. Uno de ellos, de 28 años, quedó formalmente detenido, mientras que el restante, de 18, fue identificado y quedó en libertad supeditado a la causa.
El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y se concretó en un inmueble ubicado sobre calle Cabo Labalta, luego de las tareas realizadas para intentar identificar a los presuntos autores del robo.
La investigación comenzó a partir de un asalto ocurrido durante la mañana del jueves, alrededor de las 9, en inmediaciones de Lacava y Magaldi, donde dos trabajadores se encontraban realizando tareas vinculadas con el reparto de mercadería.
Dos encapuchados sorprendieron a los trabajadores
De acuerdo con la información policial, las víctimas son el chofer del transporte, un hombre de 49 años, y su acompañante, de 22. Ambos se encontraban descendiendo del camión después de finalizar una entrega de mercadería en un comercio de la zona cuando fueron abordados por dos encapuchados y vestidos con prendas oscuras.
Según la denuncia, uno de los asaltantes exhibió lo que parecía ser un arma de fuego y, mediante amenazas, exigió a los trabajadores que entregaran sus pertenencias. Los delincuentes lograron apoderarse de dinero y un teléfono celular y posteriormente escaparon a pie del lugar.
Tras el hecho tomó intervención inicialmente personal de la comisaría tercera, mientras posteriormente se profundizaron las tareas investigativas destinadas a identificar a los sospechosos.
La investigación condujo hasta barrio 30 de Octubre
Personal de Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó distintas tareas de campo y un relevamiento de información en la zona para reconstruir lo ocurrido.
A partir de los datos obtenidos, los investigadores consiguieron individualizar a dos personas sospechadas de haber participado del asalto.
Con los elementos reunidos durante la pesquisa se solicitó a la Justicia una orden de allanamiento y registro domiciliario para una vivienda situada sobre calle Cabo Labalta, en el barrio 30 de Octubre.
La medida fue finalmente autorizada y los efectivos ingresaron al inmueble en busca de elementos que pudieran estar vinculados con el robo cometido contra los trabajadores.
Secuestraron una réplica de arma de fuego
Durante el procedimiento, los policías localizaron y secuestraron una réplica de arma de fuego. El elemento guardaría relación con el asalto investigado y será incorporado a la causa para establecer si fue utilizado durante las amenazas contra el chofer y su acompañante.
El hallazgo adquiere relevancia debido a que las víctimas habían señalado que uno de los atacantes exhibió lo que aparentaba ser un arma de fuego al momento de exigirles la entrega del dinero y otras pertenencias.
Además, durante el allanamiento fueron conducidos hacia la dependencia policial dos jóvenes, de 28 y 18 años, para continuar con las actuaciones correspondientes.
Un detenido y otro joven supeditado a la causa
Una vez informada la autoridad judicial sobre el resultado del procedimiento, se dispusieron distintas medidas respecto de las dos personas trasladadas.
El hombre de 28 años quedó formalmente detenido y fue alojado en la Sección Alcaidía de la comisaría primera, donde permanecerá a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación. En tanto, el joven de 18 años completó su correcta identificación y recuperó la libertad, aunque quedó supeditado a la causa.
La investigación continúa para determinar la participación que habría tenido cada uno de los sospechosos en el asalto, así como para avanzar sobre las restantes evidencias reunidas a partir del allanamiento.
Existen reportes de cirugías suspendidas a afiliados en el Hospital Militar central y en el Hospital de Campo de Mayo, así como escasez de medicamentos en varias provincias.
Las palabras y los hechos son determinantes en política y, por ende, impactan en la gestión. La comunidad castrense mira con asombro los anuncios del gobierno de Javier Milei mientras la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) padece los efectos de los recortes. El Colegio Médico de Tucumán acaba de brindar otro ejemplo al comunicar que desde hoy “suspende los servicios a la obra social IOSFA. Sus afiliados serán considerados particulares”.
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Por medio de numerosos artículos, Ámbito reveló el tamaño de la deuda de la obra social, que hasta hace poco aglutinaba a los integrantes de las FFAA y de las fuerzas federales de seguridad, durante la gestión del actual diputado nacional Luis Petri. El mendocino, incluso, fue denunciado penalmente por el incremento exponencial de la deuda de IOSFA, y la deficiente prestación a sus afiliados, que en numerosas oportunidades marcharon a las diferentes sedes en busca de obtener respuestas concretas por la falta de entrega, por caso, de remedios oncológicos. Antes de su disolución, IOSFA era la tercera obra social en importancia de la Argentina, después de PAMI y IOMA.
Ahora, de acuerdo con fuentes calificadas, que pidieron hablar en off por las sucesivas represalias que se están tomando contra aquellos que denuncian la situación que atraviesan, “hay una cantidad muy grande de pacientes a los que se les han suspendido cirugías tanto en el Hospital Militarcentral como en el Hospital de Campo de Mayo por falta de insumos. Hay pacientes en Entre Ríos que no pueden acceder a sus medicamentos para tratamientos oncológicos, Tenemos pacientes en la provincia del Chaco que se tiene que trasladar o a Misiones o a Entre Ríos para poder atenderse y, cuando llegan allí, se encuentran que IOSFA esa semana está suspendida. Es como una desaparición en cuentagotas”.
Consultados sobre por qué motivos no llevan adelante el reclamo público dando su identidad, señalaron a Ámbito que “después padecemos el hecho de salir a hablar porque se toman represalias dentro de nuestros laburos. Nos sancionan, te suspenden, te pasan días a descuento”.
Esta situación se da en el marco de una serie de anuncios oficiales que tienen a las Fuerzas Armadas en el centro. Sin embargo, desde la institución castrense no solo manifiestan su descontento respecto del funcionamiento de IOSFA sino que también remarcaron los bajos salarios y la morosidad que los aqueja. Según información a la que accedió Ámbito, alrededor de un 25% de los militares atraviesan una situación de morosidad, y ese porcentaje se incrementa entre los menores de 35 años.
Por otro lado, en abril de este año, este medio reveló que mientras el Ministerio de Defensa nacional, bajo la conducción de Carlos Presti, emitía un comunicado celebrando que se había saldado buena parte de la deuda de las Fuerzas Armadas con IOSFA (hoy OSFA), se desarrollaba una reunión entre integrantes de la cartera mencionada y representantes de las distintas fuerzas donde, entre otros temas, se les informaba que se había decidido pagar la deuda “con recursos presupuestarios del inciso correspondiente a los sueldos”.
Los problemas se extendieron al punto de que en junio de este año se denunció que los retrasos salariales ya superaban el 106% de pérdida adquisitiva, lo cual, obviamente, incluía un deficitario servicio de atención de la salud a las y los usuarios por suspensiones o eliminación de prestaciones en IOSFA.
