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Los integrantes de la Mesa Política volverán a verse las caras a las 13:00 en Casa Rosada para retomar las conversaciones sobre la estrategia del oficialismo de cara a las próximas semanas, tanto en el plano de la gestión como en el legislativo. Estaba previsto que asistieran todos los participantes habituales de la cumbre, la cual preside y convoca la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La convocatoria surge en medio de un contexto particular para la administración libertaria. Hay deliberaciones puertas adentro sobre cómo deben ser los próximos pasos del Gobierno tanto en materia de política económica como de acción política.

La discusión que cristaliza esas diferencias es la que ocurre con el proyecto de Discapacidad que el bloque de La Libertad Avanza consensuó y dictaminó en conjunto con la oposición dialoguista la semana pasada en la Cámara de Diputados. El Ministerio de Economía está conversando con actores del oficialismo para ver cuál es el gasto fiscal que supondría incluir esas modificaciones en el proyecto de Presupuesto para 2027.

La semana pasada, integrantes de la mesa chica del ministro de Economía, Luis Caputo, se quejaron fuera de los micrófonos porque habría poco margen fiscal como para sostener la normativa que el oficialismo libertario negoció en Diputados. Eso fue respondido puertas adentro por ese sector al decir que los cambios negociados no afectaban en mayor cuantía a las arcas fiscales y que “lo único que se cambia es sacarle el carácter de emergencia a la Discapacidad”.

Caputo y Menem no se vieron la semana pasada en la reunión de Mesa Política porque el primero estaba en Nueva York junto a Javier Milei. Mientras tanto, hubo contactos entre varios de sus laderos como la diputada nacional Laura Rodríguez Machado (quien lleva parte de las negociaciones por esa temática con otros bloques aliados) y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Aún así, ni el ministro ni el presidente de la cámara baja se vieron las caras.

Tres integrantes de la reunión de la Mesa Política convalidaron las discusiones que existen por esa cuestión. Algunos les bajan el tono. “Yo no hablaría de internas ni de dilemas, sino de discusiones propias de la dinámica de la política de un gobierno. Cada uno defiende la parte que le toca y mira. Siempre hubo tensiones de este estilo en todos los gobiernos. La mesa política está para zanjar esas discusiones”, afirma uno de ellos en diálogo con Infobae.

Al respecto del inconformismo del Ministerio de Economía sobre la imposibilidad de poder recortar más en el área de Discapacidad, un integrante del ala política respondió de manera contundente: “Es muy simple. Van a tener que poner la plata. Punto. No hay más quilombo que eso”.

La mano derecha de una de las figuras de la mesa política confirmó las tensiones que se viven entre integrantes de la esfera económica y la política. “Está todo muy raro. Es un todos contra todos muy confuso”, describen.

Esta discusión no deja de ser una cuestión que, en realidad, plasma un matiz mayor. Los que están del lado del ministro de Economía recuerdan su súplica en una reunión de la mesa política, en la que pidió acelerar los acuerdos políticos con los gobernadores y bloques aliados. Esa visión es compartida por el asesor presidencial Santiago Caputo. La fundamentación de esa postura es que aquella cuestión contribuirá a calmar las expectativas de los mercados y que ayudará a bajar la incertidumbre política de cara al año próximo.

Se trata de una discusión similar a la del huevo y la gallina, porque en el ala política afirman que esa visión peca de ingenua. En rigor, indican que son pocos los actores de la oposición que estarán dispuestos a rubricar un acuerdo con el Gobierno estando a un año de las elecciones. “Justamente lo que están haciendo es especular si nos va a ir mejor o peor en la economía para después cerrar. Hay charlas encaminadas, pero no es algo tan sencillo como plantean”, puntualizan. Son varios de ellos los que, en privado, piden que existan ciertas políticas para dinamizar la situación económica.

La nueva edición de la mesa política de este martes buscará tratar cara a cara la situación de Discapacidad ante un contexto que apremia. Un grupo de legisladores que acompañó el dictamen impulsado por La Libertad Avanza advirtió que podría retirarle su respaldo al oficialismo si no recibe precisiones sobre las partidas previstas para garantizar la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad.

El planteo fue dirigido al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Alberto “Bertie” Benegas Lynch. Los diputados pidieron que se informe el monto destinado a cubrir las prestaciones contempladas en el proyecto antes de que avance el debate por el Presupuesto 2027.

La nota fue firmada por Eduardo Falcone y Oscar Zago, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y Álvaro González, del PRO. Los cuatro habían acompañado el despacho de mayoría sobre discapacidad, después de que el oficialismo aceptara parte de las propuestas planteadas por esos espacios. Los legisladores reclamaron que las partidas queden detalladas de forma explícita para despejar la incertidumbre de las organizaciones que representan a personas con discapacidad.

Desde el bloque libertario sostienen que las partidas necesarias ya están incorporadas en el Presupuesto. De acuerdo con esa posición, los recursos para pensiones están contemplados y la discusión se concentra en la modalidad de pago de determinadas prestaciones. Los legisladores que firmaron el reclamo advirtieron que, si no obtienen una respuesta satisfactoria, podrían votar junto a la oposición una prórroga de la Emergencia en Discapacidad cuando el proyecto llegue al recinto. La sesión todavía no fue convocada. El Gobierno tendrá margen para negociar con los bloques aliados antes de la votación, en un escenario donde el respaldo de esos diputados resulta necesario para sostener su posición en la Cámara baja.

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó al kirchnerismo y al gobernador bonaerense Axel Kicillof y sostuvo que el temor a un eventual regreso de ese espacio político puede generar incertidumbre entre los inversores de cara a las elecciones de 2027.

“El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo, así está visto realmente, y yo entiendo que la gente lo ve así, porque efectivamente lo es”, afirmó durante el CFO Summit 2026.

Caputo realizó estas declaraciones al presentar un repaso comparativo de las principales variables económicas y sociales durante los últimos cuatro mandatos. Según los datos expuestos por el ministro, la gestión de Javier Milei presenta saldos favorables en distintos indicadores.

En materia fiscal, el resultado financiero del sector público no financiero (SPNF) pasó a terreno positivo y registra un superávit de 0,2% del PBI. Al mismo tiempo, la deuda consolidada se redujo en USD 11.000 millones, mientras que los pasivos remunerados cayeron 98%, explicó Caputo.

En cuanto a los precios y el mercado cambiario, agregó que la inflación se redujo 84%, mientras que el dólar CCL acumula una suba de 38% durante el período. En el frente externo, las exportaciones crecieron 55% y las reservas netas mejoraron en USD 23.000 millones.

El ministro también destacó la evolución de la actividad y el financiamiento. De acuerdo con la información presentada, el crecimiento económico medido por el EMAE muestra una expansión de 16,4%. A su vez, el crédito bancario al sector privado registra un aumento de 147% en relación con el PIB.

En el caso de los ingresos y los indicadores sociales dijo que la jubilación mínima, expresada en pesos constantes de agosto de 2026, aumentó 14%, mientras que la cantidad de personas en situación de pobreza descendió en 12 millones. En tanto, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, calculado sobre los primeros 33 meses de gestión, se ubica en 1,94 puntos.

A partir de esos datos, Caputo rechazó la posibilidad de que la mayoría de los argentinos quiera “volver al pasado” en las elecciones de 2027. “La gente que cree que, con todos estos datos, la mayoría de la gente en este país va a votar volver al pasado el año que viene, honestamente, creo que es casi una tomada de pelo, por no decir una subestimación muy alta hacia todos los argentinos”, sostuvo.

“Los argentinos no son tontos. Hay gente que los quiere tomar por tontos”, agregó el funcionario.

Caputo y el escenario electoral de 2027

El ministro aclaró que, pese a que el Gobierno no espera un escenario de fuerte volatilidad para 2027, se prepara ante la posibilidad de que ocurra. “Nosotros no esperamos un 2027 como el periodismo dice o como algunos colegas dicen, pero nos preparamos como si pudiera ser”, explicó.

Según Caputo, esa estrategia responde a una cuestión de responsabilidad frente a un escenario que el Gobierno considera no deseado. “Lo que pensamos nosotros no es lo que importa, sino lo que piensa la gente. Entonces, nosotros nos preparamos como si fuéramos a estar equivocados”, señaló.

En ese sentido, mencionó la posibilidad de que, por factores de demanda, exista un adelantamiento o aumento de la dolarización previo a las elecciones por unos USD 7.000 millones, sin considerar los stocks disponibles. Frente a ese escenario, destacó el impacto que espera de las inversiones vinculadas al RIGI y de la mejora en la balanza comercial de bienes y servicios, lo que generaría una oferta de divisas de USD 9.317 millones.

“Solamente con eso queda en evidencia que estamos en una posición confortable”, sostuvo. Además, remarcó la existencia de distintos mecanismos de respaldo, entre ellos las compras de reservas, el swap con China, el swap con Estados Unidos y la “munición del dólar futuro”.

Caputo insistió en que el Gobierno no considera probable un año electoral marcado por una fuerte volatilidad cambiaria.

La reducción de impuestos y el “costo argentino”

El ministro también planteó que el objetivo de la política económica estará puesto en continuar reduciendo el costo argentino. En esa línea, destacó la reducción de impuestos implementada durante la gestión. Según explicó, la presión tributaria ya se redujo en 3 puntos del producto y los cálculos oficiales contemplan una baja adicional de un punto el próximo año.

“Como dice nuestro presidente, vamos a haber devuelto al sector privado más de 100.000 millones de dólares”, afirmó Caputo. Para el ministro, el proceso también debería extenderse a las provincias y, en particular, a la reducción de Ingresos Brutos.

“Cuando también los gobernadores entiendan esto, ahí es donde vamos a ver realmente la Argentina productiva que todos queremos ver”, sostuvo. En ese sentido, mencionó que algunas provincias ya comenzaron a eliminar Ingresos Brutos y planteó: “La gente va a entender que la productividad argentina no depende de tener un tipo de cambio alto, o sea, salarios miserables, sino de generar verdadera productividad”, afirmó.

Caputo volvió entonces a cuestionar a Kicillof y vinculó su crítica con el nivel de los salarios y el costo de la construcción. “La verdadera productividad se genera de esta manera, no pagando salarios de 300 dólares a los obreros para que los que tenemos plata podamos construir una casa a 800 dólares el metro”, sostuvo.

Finalmente, el ministro volvió a referirse al gobernador bonaerense y cuestionó sus posiciones sobre los viajes de los argentinos al exterior. “Esa es la Argentina que por ahí quiere Kicillof, le molesta que la gente viaje al exterior”, afirmó.

En ese punto, también hizo referencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que Kicillof debería “ponerse de acuerdo” con ella. “Recuerdo que la expresidenta decía que ella veraneaba en Disney o en Nueva York, como toda la gente de clase media”, señaló. Y concluyó: “Parece que Kicillof eso no quiere que la gente tenga la opción de viajar afuera, sino que esté obligada a elegir Argentina”.

El canciller Pablo Quirno explicó en una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve que la Argentina abrió un arbitraje para frenar el proyecto Sea Lion y evalúa pedir medidas urgentes si el Reino Unido no suspende sus operaciones

El anuncio se produjo después de que el Gobierno denunciara vuelos sin autorización entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, atribuidos a la empresa Thales UK Limited, y ordenara iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por ese caso.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Quirno vinculó las acciones con el plan anunciado por Javier Milei para cuestionar las licencias británicas en el archipiélago. “Significa un paso más en la estrategia que fue anunciada por el presidente Milei hace ya un par de semanas en cadena nacional”, afirmó.

La intimación enviada a Londres exige que detenga, en un plazo de 14 días, las acciones destinadas a poner en marcha Sea Lion, el proyecto hidrocarburífero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Según la posición argentina, la iniciativa se desarrolla sobre recursos cuya explotación no puede avanzar de manera unilateral mientras continúe la controversia de soberanía.

Quirno sostuvo que el Gobierno presentó un proyecto de Ley de Soberanía Nacional y busca ampliar el efecto disuasorio de las sanciones vigentes para las compañías que operen bajo permisos otorgados por el Reino Unido. “El entramado de presentarnos ante un tribunal internacional es para hacer valer nuestros derechos ante la decisión unilateral del Reino Unido”, dijo.

El canciller precisó que el plazo forma parte de los mecanismos previstos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. “Si el Reino Unido no toma la decisión de suspender la explotación en las Islas Malvinas, nosotros vamos a ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar para tener medidas provisionales que frenen esta situación”, aseguró.

El funcionario diferenció el proceso de antecedentes argentinos ante instancias internacionales, como las actuaciones por la fragata Libertad, Laguna del Desierto y el canal de Beagle. “Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en cuanto a lo que es la explotación de hidrocarburos”, afirmó.

La Casa Rosada sostiene que las tareas proyectadas en Sea Lion vulneran las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoció la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido; la segunda exhortó a las partes a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras persista el diferendo.

El Gobierno también invoca la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como Convemar. De acuerdo con el comunicado presidencial, los yacimientos del proyecto se encuentran a 220 kilómetros al norte de las islas, dentro de la plataforma continental sobre la que la Argentina sostiene derechos soberanos.

Quirno ubicó la urgencia de las medidas en los planes de producción de la empresa operadora. “Hay un riesgo y una urgencia que tiene que ver con la intención de explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de que la extracción comience antes de una definición internacional, indicó que el primer barril está previsto para 2028. “Por eso nosotros estamos haciendo esto con suficiente antelación para impedir eso”, respondió.

El canciller afirmó que la estrategia oficial no se reduce a la acción diplomática o judicial. También busca condicionar a las compañías proveedoras, inversores y entidades financieras que evalúen participar de Sea Lion, un proyecto impulsado por el consorcio integrado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

“Van a tener que decidir entre operar bajo licencias ilegítimas en Malvinas u operar en la Argentina con el potencial que eso tiene”, planteó Quirno al referirse a las oportunidades vinculadas con los activos energéticos argentinos.

Según el funcionario, varias compañías privadas comunicaron su decisión de no involucrarse en las actividades cuestionadas. “Las más importantes del mundo” expresaron que no participarán porque observan “la potencialidad de Argentina en la valorización de sus activos estratégicos”, relató.

Quirno fue consultado por los bancos o fondos que puedan reunir recursos para el desarrollo de Sea Lion. “Los financiadores también están contribuyendo justamente a que se pueda realizar esta explotación”, señaló, antes de anticipar que el Gobierno observará esa participación.

Ante la hipótesis de que una entidad que financie el proyecto aspire luego a prestar dinero al Estado o a empresas argentinas, el canciller respondió: “Mejor viceversa”. Y agregó que esos actores deberán definir “cuál es su mejor negocio y cuál es su interés con respecto a lo que está diciendo la Argentina”.

En el plano local, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dispuso como medida cautelar que las petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha Sea Lion. La Cancillería, a la vez, avanza con gestiones ante Estados Unidos para evaluar una eventual mediación, una alternativa que requeriría la aceptación británica.

Quirno negó que las decisiones oficiales estén dirigidas a construir un esquema de coexistencia con los británicos en las islas. “No se apunta a una armonía y a una nueva relación: se apunta a recuperar la soberanía argentina en las Malvinas”, sostuvo.

El canciller vinculó esa definición con el reclamo previsto en la Constitución Nacional. “Tenemos un mandato constitucional que es lo que tenemos que hacer”, afirmó al describir el objetivo de reunir instrumentos diplomáticos, legislativos, económicos y judiciales.

El funcionario insistió en que la Argentina busca resolver la disputa por medios pacíficos y diplomáticos. “Si no te querés sentar a negociar, si no querés hablar nada, el statu quo se mantiene y nosotros no aceptamos ese statu quo”, declaró.

Sobre Chile, Quirno recordó una reunión mantenida el 3 de septiembre con el presidente José Antonio Kast, su canciller y miembros de su equipo. Según indicó, de ese encuentro surgió un comunicado conjunto en el que Santiago reiteró su respaldo al reclamo argentino y afirmó que no dará apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en Malvinas.

Frente a declaraciones del ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, que aludió a la administración británica de hecho sobre las islas, el jefe de la diplomacia argentina respondió: “Palabra de presidente mata palabra de ministro”.

La entrevista también abordó el proyecto de Ley de Soberanía Nacional y las críticas a un artículo que propone penas de cinco a 12 años para quienes, bajo órdenes o financiamiento extranjero, busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

“La ley no persigue ningún tipo de restricción a la libertad de expresión”, afirmó Quirno. Ante los cuestionamientos por el alcance de la figura penal, agregó: “Hay que probarlo y tenés que probar que afecte la opinión pública de manera masiva”.

El canciller afirmó que la iniciativa contempla modalidades de conflicto distintas de una confrontación militar convencional. “Hoy no es que viene un ejército y me viene a invadir. No se resuelve a los tiros, se resuelve de otra manera este tema”, planteó.

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