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El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez podrían ser trasladados a un sector especialmente acondicionado para personas mayores de 60 años en la Unidad Penal Nº 9 “Granja El Potrero”, de Gualeguaychú.

El pabellón -inaugurado en septiembre de 2024- aparece hoy como una de las principales alternativas con las que cuenta el Servicio Penitenciario de Entre Ríos para alojar a internos de esa franja etaria. Su diseño busca garantizar condiciones de atención acordes con lo establecido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Se trata de un sector con celdas individuales, separadas entre sí y equipadas con cámaras de videovigilancia. La capacidad total es de 15 personas, con una plaza por celda, aunque actualmente solo cuatro internos se encuentran alojados allí.

La disponibilidad de este espacio cobra especial relevancia en un contexto de fuerte presión sobre el sistema penitenciario entrerriano. Actualmente, las unidades carcelarias de la provincia alojan a 1.114 personas, frente a una capacidad prevista de alrededor de 900 internos.

El pabellón de la Unidad Penal 9 ya recibió a internos de perfiles sensibles. Entre quienes pasaron por ese sector se encuentran el femicida Pablo Rodríguez Laurta y Leonardo Airaldi, actualmente condenado por narcotráfico.

En ese contexto, el eventual alojamiento de Urribarri, Aguilera y Báez sumaría tres nombres de fuerte repercusión pública a un espacio pensado originalmente para atender las necesidades específicas de los adultos mayores privados de su libertad.

El exgobernador Sergio Daniel Urribarr, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, pasaron la noche en la Alcaidía de Paraná y esta mañana serán derivados a la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial. Báez fue el primero ingresar: lo hizo a las 21.40, después de llegar en un camión penitenciario. Luego ingresó Aguilera y cerca de las 2 de la madrugada llegó Urribarri, según confirmó ANALISIS. Báez ingresó por calle Córdoba. Urribarri y Aguilera, por su parte, llegaron en diferentes patrulleros. El primero en un patrullero de San Salvador -cerca de la 1 de la madrugada- y Urribarri desde Concordia, acompañado por el jefe departamental, comisario José María Rosatelli. Estos dos patrulleros ingresaron por el por el portón del garage que tienen los miembros del Superior Tribunal de Justicia, en calle Santa Fe (al lado de la playa de estacionamiento del Colegio de Abogados). Ese lugar tiene acceso a la Alcaidía, hasta donde fue trasladado cada uno a medida que iban ingresando. 

La medida fue ordenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones y está enmarcada luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó -fue el jueves 3 de septiembre- los recursos extraordinarios que habían presentado el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, y dejó firme la condena que la Justicia entrerriana les impuso en la Megacausa por delitos de corrupción. En la misma resolución, dictada en el expediente CSJ 2226/2024, el máximo tribunal rechazó también los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, con lo que la totalidad de las condenas del megajuicio quedó firme. Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la “detención inmediata” de los tres condenados por “posible peligro de fuga”.

Los tres detenidos serán derivados a la UP1 en horas de la mañana y luego la jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, tendrá que resolver cada uno de los planteos que hagan los abogados defensores, si es que requieren un beneficio de prisión domiciliaria, como ya han gestionado en otras instancias. Las celdas de la Alcaidía son individuales y tienen una dimensión de 2 x 3 metros, con una cucheta de madera. El punto en cuestión ahora es que el sector especial donde estuvieron alojados antes en la UP1 ya no existe como tal y está en refacciones para ser destinado a Enfermería, según se confió a ANALISIS. Por ende, hasta anoche a última hora se estaba debatiendo en ámbitos de la UP1 si los sumaban al denominado Pabellón de Seguridad -donde se encuentran condenados provenientes de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas- o bien se los deriva a la cárcel de Gualeguaychú, que tiene espacio para sumarlos. 

Báez ingresó aproximadamente 21.40 a la Alcaidía de Tribunales, por calle Córdoba, en un camión de “Unidad de traslado”, como reza en el vehículo penitenciario. Aguilera se notificó casi una hora después en la Jefatura Departamental de San Salvador (aunque estaba con domicilio en General Campos) y desde allí fue derivado a Paraná. Urribarri fue notificado en su casa de Garat de calle Concordia por el propio jefe departamental, comisario José María Rosatelli (hermano del abogado y oficial que se encuentra detenido en la UP1 en una causa federal). El comisario Rosatelli ya lo había acompañado a Urribarri la vez que estuvo detenido.

En principio, los tres condenados quedarían cumpliendo la condena en Paraná. Baez solamente tiene su familia en la capital entrerriana. Los familiares directos de Urribarri y Aguilera se encuentran en Concordia y General Campos, pero la Unidad Penal de Concordia no estaría en condiciones de contar con una cárcel especial para alojarlos. La única con esas características -además de la de Paraná-, puede ser la Unidad Penal de Gualeguaychú, que sería la única cárcel más abierta y amplia y con posibilidades de instalar un sector vip dentro de la unidad. En algún momento se llegó a pensar, en ámbitos del Ministerio de Seguridad de la provincia, la posibilidad de instalar lo más parecido a un contenedor, especialmente acondicionado para los condenados por delitos de corrupción, pero ello nunca se terminó de concretar.

Los abogados defensores de Urribarri -Leopoldo Cappa- y Báez -Ignacio Díaz y José Velázquez- habían pedido al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná (que preside la vocal María Carolina Castagno) que sus defendidos no sean enviados a la Unidad Penal y en cambio se les aplique prisión domiciliaria. Por el contrario, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron formalmente que se disponga “la inmediata detención y traslado a la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná”.

La defensa de Urribarri había planteado que nunca eludió la acción de la justicia y siempre estuvo a disposición del debido proceso. Además, aportaron un diagnóstico médico, donde constatan que “se encuentra cursando un cuadro de trastorno de estrés postraumático” y, en consecuencia, piden la morigeración de la ejecución penal en su domicilio y “bajo la custodia permanente y atenta de sus familiares y médicos de cabecera”.

En el caso de Báez, sus defensores también pidieron morigerar la pena porque “padece un cuadro crónico con dolor abdominal y pérdida de peso importante”, y arrastra “molestias digestivas desde 2008, pero en el último año los síntomas empeoraron significativamente”. Señalaron que la Unidad Penal de Paraná no garantiza condiciones de encarcelamiento que permitan tratar su enfermedad. “Las cárceles y, en particular la de Paraná, se caracterizan por el hacinamiento y malas condiciones edilicias. Por lo que, en este caso, entiendo que se aplica la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la ley 27360 del 2017, que viene a incorporar una perspectiva axiológica condicionante de las decisiones judiciales”, señalaron.

De no acceder el tribunal a la domiciliaria, pidieron también como alternativa se disponga de un “régimen de semidetención” para Báez. “Esta modalidad -plantearon- permitiría al Sr. Pedro Ángel Báez permanecer en su domicilio fijado durante las horas del día a fin de procurarse el tratamiento médico, la dieta estricta sin contaminación cruzada, la medicación adecuada y los controles de salud requeridos para evitar la degradación irrecuperable de su organismo, pernoctando en el establecimiento penitenciario”.

Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a 8 años de cárcel. Báez y Aguilera, a 6 años y 6 meses de cárcel cada uno.