El jefe de policía de Ucrania acusó a Rusia de reclutar a adolescentes ucranianas para asesinar a personal militar ucraniano, tras la detención de una joven de 17 años sospechosa de asesinar a un militar siguiendo instrucciones de un agente ruso.
En una entrevista publicada el miércoles por el medio ucraniano Cenzor.NET, el jefe de la policía nacional, Ivan Vyhivskyi, declaró que este año se han registrado seis casos de asesinatos por encargo concertados a través de la aplicación de mensajería Telegram, uno de los cuales fue frustrado.
PUBLICIDAD
“Estamos hablando de asesinatos planificados organizados por los servicios especiales del Estado agresor y llevados a cabo por ciudadanos ucranianos”, afirmó.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Los servicios de seguridad rusos acusan a Kiev de reclutar a rusos para atentados con bomba en Rusia, y la inteligencia militar ucraniana se ha atribuido la responsabilidad del asesinato de varios altos oficiales rusos desde la invasión de Moscú en 2022.
PUBLICIDAD
Vyhivskyi afirmó que los reclutadores rusos contactaban a mujeres jóvenes a través de plataformas de mensajería, prometiéndoles dinero fácil y coordinando sus acciones a distancia.
Se les ordenaba a las jóvenes que buscaran personal militar ucraniano en sitios web de citas y recibían dinero de sus contactos para alquilar apartamentos donde reunirse con ellos, explicó Vyhivskyi.
PUBLICIDAD
También se les indicaban lugares donde podían conseguir metadona, un opioide sintético utilizado como analgésico que puede ser letal en dosis altas, para adulterar bebidas, añadió.
Más de 1100 ucranianos han sido acusados de cometer incendios provocados, terrorismo o sabotaje en traición a su país durante la guerra, según informó el servicio de seguridad de Ucrania.
PUBLICIDAD
La policía detuvo la semana pasada a una joven de 17 años en la región occidental de Zhytomyr tras el envenenamiento de un militar y declaró que se había estado comunicando por Telegram con un hombre que probablemente era un agente de los servicios de seguridad rusos.
Según la policía, la mujer había recibido un paquete que contenía una sustancia cristalina que los investigadores supusieron que era metadona.
El PRO salió este jueves a cuestionar con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la presentación de una nueva declaración jurada que el funcionario realizó ante la Oficina Anticorrupción, con correcciones que buscan justificar el incremento de su patrimonio. El partido que conduce Mauricio Macri calificó la situación como “una falta grave” y advirtió que un funcionario no puede sostener públicamente que no ocultó nada para luego admitir que sí lo hizo. “Eso no tiene ninguna justificación posible”, señalaron desde la fuerza opositora.
La declaración del PRO llegó horas después de que Adorni presentara una reconstrucción integral de la evolución económica familiar que incorpora activos no declarados en presentaciones anteriores. Entre ellos, aproximadamente USD 513.000 vinculados a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, ingresos derivados de herencias y modificaciones en la composición patrimonial compartida con su esposa, Bettina Angeletti.
PUBLICIDAD
El comunicado del PRO no se limitó a señalar las contradicciones del funcionario: también enmarcó su crítica en lo que describió como una responsabilidad colectiva de quienes integran el espacio del cambio. “En un momento como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura”, expresó el partido. La fuerza advirtió que “no podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública” y reclamó “actuar con la transparencia que la sociedad exige”.
La voz más tajante provino del ex ministro y legislador Esteban Bullrich, quien en su cuenta de la red social X resumió su posición en dos palabras: “Es un corrupto”. La frase, sin desarrollo ni matices, ironizó con el estilo provocador que supo identificar al vocero: “fin”.
PUBLICIDAD
Las rectificaciones presentadas por Adorni ante los organismos de control modifican de manera sustancial el perfil patrimonial que el funcionario había informado hasta ahora. Según la reconstrucción oficial, el capital originalmente invertido en criptomonedas rondó los USD 200.000 y, a partir de operaciones de compra y venta realizadas a través de ocho billeteras virtuales, se habría transformado en los USD 513.000 incorporados a las declaraciones rectificativas. Las fuentes de la Jefatura de Gabinete sostienen que esos movimientos pueden verificarse mediante las “llaves” de acceso asociadas a cada billetera.
A ese componente financiero se suman ingresos provenientes de herencias. Tras el fallecimiento de su padre, Jorge Eduardo Adorni, en 2022, el jefe de Gabinete habría incorporado cerca de USD 57.000 por la venta de una propiedad en La Plata y aproximadamente USD 22.000 por un lote en el partido bonaerense de Daireaux, lo que totaliza alrededor de USD 79.000 en bienes sucesorios.
PUBLICIDAD
Las rectificaciones también abarcan dos operaciones inmobiliarias realizadas en noviembre de 2025. La vivienda en el country Indio Cuá, que figuraba únicamente a nombre de Angeletti, pasó a declararse con una participación del 50% para cada cónyuge, con un valor de compra de aproximadamente USD 120.000 financiado mediante hipotecas sobre el inmueble familiar de la avenida Asamblea. El departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, fue adquirido mediante un acuerdo con Pablo Feijoó, descrito como amigo personal del funcionario, con un anticipo de USD 30.000 y financiamiento adicional por cerca de USD 100.000.
Desde la Jefatura de Gabinete reconocieron que las declaraciones juradas originales presentaron fallas. “Hubo desprolijidad. Las declaraciones del 2023 las hizo él mismo. La del 2024 fue con un contador, pero con la denuncia, hubo que hacer una reconstrucción de toda la historia patrimonial familiar, porque había que demostrar que el dinero usado en la compra de propiedades no había surgido de dinero ilícito”, explicaron fuentes cercanas al funcionario. La posición oficial sostiene que “todo el patrimonio que tiene Adorni y Angeletti es previo a la asunción como funcionario público”.
PUBLICIDAD
La presentación ante la Oficina Anticorrupción se produjo un día después de que Adorni adhiriera al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la Ley 27.799, y más de un mes después de que el propio presidente Javier Milei anticipara públicamente que la documentación sería entregada. El PRO, por su parte, cerró su comunicado con una advertencia que apunta directamente al Gobierno: “La actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este jueves que las provincias no pueden cobrar alícuotas diferenciales de Ingresos Brutos a empresas que no estén radicadas en sus territorios y condenó a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Así declaró la inconstitucionalidad de normas locales que fijaban esos impuestos, creando una suerte de “aduana interior” entre provincias.
Por un lado, la Corte Suprema analizó la causa “Deloitte & Co. S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”.
La firma de servicios profesionales de auditoría, consultoría, impuestos y finanzas corporativas, registrada como contribuyente bajo el régimen de Convenio Multilateral en todo el país, fue a tribunales a raíz de que la Administración Provincial de Impuestos (API) de Santa Fe le reclamó una deuda impositiva por una alícuota más alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por sus servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal durante el período 2012-2015, en base a que la empresa no tenía su radicación física dentro de la jurisdicción.
La provincia defendió la medida amparada en su autonomía tributaria, en busca del desarrollo, fomento y promoción de la producción y el trabajo dentro de su propio territorio, y rechazó que se trate de una resolución discriminatoria.
La Corte Suprema, contra las “aduanas internas”
En base a su jurisprudencia, la Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que cobrar un impuesto más alto solo por estar radicado en otra provincia constituye una discriminación irrazonable ya que la medida implica habilitar “aduana interior” entre provincias.
En el caso concreto, la aplicación de la normativa provincial que se cuestiona, al gravar con la alícuota del 4,5 % la actividad ya referida de la actora, obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias –dijo el máximo tribunal-.
En tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales” y de “los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el caso queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación del contribuyente, en tanto se lesionaba el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se alteraba la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, incisos 13 y 126), instaurando así una suerte de ‘aduana interior’ vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos o servicios foráneos, en beneficio de los manufacturados o prestados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada”, se afirmó.
Y en ese marco el fallo declaró la inconstitucionalidad del artículo 6°, tercer párrafo, de la ley 3650 —incorporado por el artículo 9° de la ley 13.286— y el artículo 1° del decreto 2707/2012, todos de la provincia de Santa Fe, en cuanto establecían un régimen de alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos en razón del lugar de su radicación de la firma, así como la de la pretensión fiscal”, exclusivamente en cuanto atañe a la cuestión que fue materia de discusión en esta causa.
Por otro lado, la Corte Suprema también condenó a la provincia de Entre Ríos en la demanda que inició la firma Inc S.A., la empresa propietaria de la cadena de supermercados “Carrefour”, por motivos análogos.
El conflicto surgió a raíz del reclamo de deuda por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) le realizó a la empresa por los períodos fiscales de enero a septiembre de 2016. La provincia pretendía cobrarle a Inc S.A. un alícuota general elevada al 5%, en base a lo establecido por la Ley Provincial N° 9622, modificada por la Ley N° 10.270, ya que la firma se encontraba radicada fuera de la Provincia de Entre Ríos.
Corte Suprema de Justicia rosatti lorenzetti rosenkrantz.jpg
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La firma denunció que se la estaba obligando a pagar un impuesto más costoso por la sola circunstancia de tener su sede en otra jurisdicción, mientras que la provincia rechazó la demanda argumentado que la empresa había liquidado el impuesto con la alícuota menor y la provincia toleró esa situación sin iniciar acciones judiciales.
También afirmó que la discusión se había vuelto abstracta debido a que posteriormente sancionó la Ley Local N° 10.557, la cual unificó las alícuotas sin hacer distinciones basadas en el domicilio o radicación.
Los ministros analizaron el planteo y sostuvieron que la nueva ley no tenía efectos retroactivos sobre los períodos reclamados en 2016, por lo que la controversia seguía vigente.
Y en ese sentido determinó que “la ley impositiva local 9622, modificada por la ley 10.270, al gravar la actividad comercial ya referida de la actora con la alícuota del 5 %, ha obstaculizado el desenvolvimiento del comercio entre las provincias” y generó una “discriminación” en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó que las provincias no pueden cobrar alícuotas diferenciales de Ingresos Brutos a empresas que no estén radicadas en sus territorios y condenó a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Así declaró la inconstitucionalidad de normas locales que fijaban esos impuestos, creando una suerte de “aduana interior” entre provincias.
Por un lado, la Corte Suprema analizó la causa “Deloitte & Co. S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”. La firma de servicios profesionales de auditoría, consultoría, impuestos y finanzas corporativas, registrada como contribuyente bajo el régimen de Convenio Multilateral en todo el país, fue a tribunales a raíz de que la Administración Provincial de Impuestos (API) de Santa Fe le reclamó una deuda impositiva por una alícuota más alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por sus servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal durante el período 2012-2015, en base a que la empresa no tenía su radicación física dentro de la jurisdicción.
La provincia defendió la medida amparada en su autonomía tributaria, en busca del desarrollo, fomento y promoción de la producción y el trabajo dentro de su propio territorio, y rechazó que se trate de una resolución discriminatoria.
En base a su jurisprudencia, la Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que cobrar un impuesto más alto solo por estar radicado en otra provincia constituye una discriminación irrazonable ya que la medida implica habilitar “aduana interior” entre provincias.
“En el caso concreto, la aplicación de la normativa provincial que se cuestiona, al gravar con la alícuota del 4,5 % la actividad ya referida de la actora, obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias -dijo el máximo tribunal-. En tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales” y de “los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el caso queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación del contribuyente, en tanto se lesionaba el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se alteraba la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, incisos 13 y 126), instaurando así una suerte de aduana interior’ vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos o servicios foráneos, en beneficio de los manufacturados o prestados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada”, se afirmó.
Y en ese marco el fallo declaró la inconstitucionalidad del artículo 6°, tercer párrafo, de la ley 3650 -incorporado por el artículo 9° de la ley 13.286- y el artículo 1° del decreto 2707/2012, todos de la provincia de Santa Fe, en cuanto establecían un régimen de alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos en razón del lugar de su radicación de la firma, así como la de la pretensión fiscal”, exclusivamente en cuanto atañe a la cuestión que fue materia de discusión en esta causa.
Por otro lado, la Corte Suprema también condenó a la provincia de Entre Ríos en la demanda que inició la firma Inc S.A., la empresa propietaria de la cadena de supermercados “Carrefour”, por motivos análogos.
El conflicto surgió a raíz del reclamo de deuda por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) le realizó a la empresa por los períodos fiscales de enero a septiembre de 2016. La provincia pretendía cobrarle a Inc S.A. un alícuota general elevada al 5%, en base a lo establecido por la Ley Provincial N° 9622, modificada por la Ley N° 10.270, ya que la firma se encontraba radicada fuera de la Provincia de Entre Ríos.
La firma denunció que se la estaba obligando a pagar un impuesto más costoso por la sola circunstancia de tener su sede en otra jurisdicción, mientras que la provincia rechazó la demanda argumentado que la empresa había liquidado el impuesto con la alícuota menor y la provincia toleró esa situación sin iniciar acciones judiciales. También afirmó que la discusión se había vuelto abstracta debido a que posteriormente sancionó la Ley Local N° 10.557, la cual unificó las alícuotas sin hacer distinciones basadas en el domicilio o radicación.
Los ministros analizaron el planteo y sostuvieron que la nueva ley no tenía efectos retroactivos sobre los períodos reclamados en 2016, por lo que la controversia seguía vigente. Y en ese sentido determinó que “la ley impositiva local 9622, modificada por la ley 10.270, al gravar la actividad comercial ya referida de la actora con la alícuota del 5 %, ha obstaculizado el desenvolvimiento del comercio entre las provincias” y generó una “discriminación” en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente
El costo de vida básico volvió a subir en mayo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves los valores actualizados de las canastas básicas, los indicadores que determinan cuánto debe ganar un hogar para no ser considerado pobre o indigente.
La referencia central del informe es el hogar tipo, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. Para este grupo de cuatro integrantes, la Canasta Básica Total (CBT) —que incluye alimentos y también bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación y salud— alcanzó en mayo un valor de $1.498.741. Ese monto representa la línea de pobreza: todo hogar con ingresos por debajo de esa cifra es clasificado técnicamente como pobre.
PUBLICIDAD
En el mismo mes, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de esa misma familia llegó a $681.246. Ese valor determina la línea de indigencia: si los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir siquiera la alimentación básica, el grupo familiar es considerado indigente.
Según el Indec, la CBA registró una variación mensual de 2,4%, mientras que la CBT avanzó 2,0% respecto a abril.
Los incrementos acumulados
Desde diciembre de 2025, la CBT acumula una suba de 14,5%, al pasar de $1.308.713 a los $1.498.741 registrados en mayo. En el mismo período, la CBA subió 15,6%, desde $589.510 hasta $681.246.
PUBLICIDAD
En términos interanuales, la comparación con mayo de 2025 muestra incrementos más pronunciados. La CBT aumentó 34,9% en los últimos doce meses, mientras que la CBA lo hizo 36,2% en el mismo lapso.
Para el adulto equivalente —la unidad de referencia que utiliza el Indec, basada en los requerimientos nutricionales de un varón adulto de entre 30 y 60 años con actividad moderada—, la línea de pobreza se ubicó en mayo en $485.030 y la de indigencia en $220.468.
PUBLICIDAD
Qué pasa con otros tipos de hogares
El Indec también publica cada mes los valores de las canastas para otros tipos de hogar, dado que la composición familiar incide directamente en los montos que determinan si un grupo es pobre o indigente.
Para un hogar de tres integrantes —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años—, la CBT de mayo fue de $1.193.173 y la CBA de $542.351. Se trata del hogar con el costo de vida más bajo de los tres ejemplos que presenta el organismo, dado que sus integrantes equivalen en total a 2,46 adultos equivalentes.
PUBLICIDAD
En el otro extremo, el hogar de cinco integrantes —un varón y una mujer, ambos de 30 años, con tres hijos de 1, 3 y 5 años— registró en mayo una CBT de $1.576.346 y una CBA de $716.521. Este grupo suma 3,25 adultos equivalentes y, por lo tanto, enfrenta el mayor costo de vida de los tres casos analizados.
Cómo se calculan las canastas
El método que utiliza el Indec para determinar estos valores parte de la CBA, que se construye en función de los requerimientos calóricos y proteicos mínimos para cubrir las necesidades nutricionales del adulto equivalente durante un mes. Los alimentos que la integran —entre ellos pan, papa, arroz, fideos, carnes, leche, huevos, frutas y hortalizas— surgen de los patrones de consumo relevados por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.
PUBLICIDAD
A partir de la CBA se obtiene la CBT, que incorpora los gastos en bienes y servicios no alimentarios mediante la aplicación del coeficiente de Engel, definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales de la población de referencia.
Los valores que publica mensualmente el Indec corresponden al Gran Buenos Aires y se actualizan con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del mismo aglomerado.
El gobierno de Keir Starmer registra seis dimisiones en menos de un mes, con la renuncia del secretario de defensa John Healey como la más reciente. En este contexto, una cuarta parte de los parlamentarios laboristas le piden al primer ministro que abandone el cargo antes del final de su mandato, previsto para 2029.
Healey presentó su carta de renuncia este jueves tras meses de negociaciones estancadas con Starmer y la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, sobre la financiación del Plan de Inversión en Defensa. En la misiva, acusó al primer ministro de ser “incapaz, y el Tesoro no haber estado dispuesto, a destinar los recursos que la nación necesita para defender al país” en un momento de amenazas crecientes. La salida tomó por sorpresa al propio equipo de defensa del partido laborista.
PUBLICIDAD
La cadena de renuncias comenzó el 12 de mayo, cuando cuatro secretarios de estado abandonaron sus cargos en un mismo día tras las elecciones municipales y regionales: Miatta Fahnbulleh (Comunidades), Jess Phillips (Salvaguardia), Alex Davies-Jones (Violencia contra la mujer) y Zubir Ahmed (Innovación en salud).
Esos comicios, los peores para un primer ministro británico en más de tres décadas, beneficiaron sobre todo a los populistas de Reform UK y a los nacionalistas de Gales y Escocia. Fahnbulleh afirmó que sus electores habían “perdido la fe y la confianza en el primer ministro”. Davies-Jones instó a Starmer a fijar un calendario para su salida “en interés del país”.
PUBLICIDAD
Estas partidas se suman a una serie de salidas que vienen erosionando al gobierno desde su llegada al poder en julio de 2024. Entre las más resonantes figura Angela Rayner, quien hasta septiembre de 2025 era viceprimera ministra, y renunció tras una investigación de la Hacienda Pública por irregularidades fiscales en la compra de una vivienda. Anneliese Dodds dejó la cartera de Desarrollo Internacional en protesta por los recortes al presupuesto de ayuda exterior, y Lord Mandelson fue destituido como embajador en Washington tras revelarse la profundidad de su vínculo con el financiero Jeffrey Epstein.
El 14 de mayo, el secretario de Sanidad, Wes Streeting, resumió su posición con una frase al dimitir: “Donde necesitamos visión, hay un vacío”. Días después anunció su intención de presentarse a las primarias del Labour, convirtiéndose en el primer aspirante declarado a suceder a Starmer.
PUBLICIDAD
Otros dos nombres concentran las especulaciones. Angela Rayner conserva respaldo en el ala izquierda y saldó la deuda fiscal que pesaba como obstáculo sobre una eventual candidatura. Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, se presenta el 18 de junio a la elección parcial por Makersfield, escaño que necesita para poder postularse al liderazgo.
(Con información de EFE, BBC, The Independent y Reuters)
La tercera Ley de Newton en física es conocida popularmente como el principio de acción y reacción. Esto es lo que parece aplicarse cada vez que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta explicar su patrimonio.
Hasta ahora la acción —Adorni— era la promesa de presentar todos los papeles y la reacción —en este caso la oposición dialoguista— el acompañamiento al oficialismo, pero en silencio sobre el tema.
PUBLICIDAD
Esto cambió desde anoche, cuando el Jefe de Gabinete intentó dar una explicación sobre su incremento patrimonial y, además, se conoció que él y su esposa se habían anotado en el Régimen Simplificado de Ganancias. Esa fue la acción; la reacción ya está llegando a los despachos oficiales.
“Es un boludo peligro”, lo calificó una alta fuente parlamentaria. “Logró lo que hasta ahora no había logrado la oposición: que los socios avisaran que este es el límite y ya nos bajaron un proyecto que es importante”, agregó.
PUBLICIDAD
El Ministerio de Economía tenía el borrador listo para enviar al Congreso con las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal, con la finalidad de atraer una buena porción de los dólares que los argentinos tienen sin declarar. Sin embargo, estas modificaciones perdieron el apoyo necesario para poder avanzar.
“Es imposible que salga algún voto de nuestro bloque para esto. Ya está, el acompañamiento estaba siendo complicado y esto lo detonó”, explicó una alta fuente del PRO en el Parlamento. “Ahora es imposible levantar la mano y mucho menos para esto”, dijo un diputado del bloque de la UCR.
PUBLICIDAD
Por primera vez, los dos aliados más importantes que tiene LLA en el Parlamento les hicieron saber que no hay forma de que presten sus votos. Y explicaron, frente al silencio de los libertarios que observan perplejos el accionar de Adorni, que la quita de apoyo no necesariamente es porque están votando “tapándose” la nariz sino porque entienden que es imposible acompañar una ley de este tipo que naturalmente apoyaban, luego de los dichos del Jefe de Gabinete. La reacción.
En los bloques de la oposición dialoguista estaban esperando el momento adecuado para marcar una diferencia. Tanto el PRO como la UCR observaban cómo Patricia Bullrich comenzaba ese proceso y no querían quedarse muy atrás. Y anoche Adorni se los dio.
PUBLICIDAD
“Los dos primeros años sobrevivieron en la Cámara y las comisiones gracias a nosotros, que fuimos los que pusimos la cara. Ahora que jueguen ellos y nosotros observamos y nos subiremos en las que nos convengan y en las que no, los dejaremos”, explicaron tanto desde el radicalismo como desde los amarillos.
Mientras se extiende el cambio de sobrenombre en los pasillos legislativos, y hasta hacen chistes sobre el momento en el que vaya a dar un nuevo informe de gestión, la preocupación llegó al quinto piso del Ministerio de Economía.
PUBLICIDAD
Luis Caputo había logrado acordar con propios y ajenos las modificaciones para Inocencia Fiscal en busca de incorporar los dólares del colchón al sistema financiero. Luego de reuniones con profesionales en ciencias económicas para escuchar sus reparos técnicos y jurídicos sobre el régimen de Inocencia Fiscal, armaron un proyecto para introducir modificaciones en la ley.
Días atrás, Infobae publicó los detalles del nuevo proyecto y señaló que para los especialistas los cambios que propone el Gobierno “van en la dirección correcta”, aunque advertían que la efectividad del régimen dependería, en última instancia, de la “confianza que logre generar el marco institucional”.
PUBLICIDAD
Esa confianza parece haber desaparecido, por lo menos por ahora, con los socios parlamentarios. “Es increíble, nadie entiende por qué Javier Milei está dilapidando capital político con Adorni. Vos podés tener una parte sin declarar, pero nadie tiene tres veces el blanco, es imposible”, explicaron.
“Ahora es imposible corregir lo que hizo. Quieren poner en las modificaciones lo de excluir a las personas políticamente expuestas. Si vos metés ahora a los PEP, le generás un problema a buena parte, que sus familiares entraron en el régimen. Ya está, él es un boludo —por Adorni—, hay que echarlo por boludo”, sentenció.
Una serie de robos violentos en campos y varios episodios de abigeato registrados en las últimas semanas pusieron en alerta a los productores de Carmen de Areco, Buenos Aires. Según señalaron a este medio, en el último mes se multiplicaron los hechos de inseguridad en distintos puntos del partido, especialmente en establecimientos ubicados sobre la traza de la ruta nacional 7. Mientras los productores reclamaron mayor presencia policial y el esclarecimiento de los delitos, desde el municipio aseguraron, en tanto, que ya trabajan junto con las fuerzas de seguridad y las entidades rurales en una mesa de prevención específica para el sector.
“En un campo entran cuatro o cinco personas armadas y se llevan todo; en otros aparecen animales faenados. Son situaciones que hacía tiempo no veíamos con esta frecuencia”, señaló Nicolás Mac Dermon, productor agropecuario e integrante de la Asociación de Productores Agropecuarios de Carmen de Areco (Apaca).
Según relató, durante las últimas semanas comenzaron a repetirse dos modalidades delictivas. Por un lado, robos violentos a viviendas rurales cometidos por grupos armados. Por otro, distintos episodios de abigeato que afectaron a establecimientos de la zona.
El caso más reciente ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando delincuentes ingresaron a un campo y asaltaron a una familia. Según contó Mac Dermon, se trató de la segunda vez que ese mismo establecimiento sufrió un hecho de características similares en poco más de dos años.
“Se llevaron todo. Acá se llevan los televisores, lavarropas, secarropas, autos. Esta vez hasta se llevaron la salamandra”, relató el productor. Según indicó, los delincuentes actuaron con una modalidad similar a la registrada en otros hechos ocurridos recientemente en la zona.
“Se llevaron todo. Acá se llevan los televisores, lavarropas, secarropas, autos. Esta vez hasta se llevaron la salamandra”, relató el productor
De acuerdo con su descripción, varios de los episodios se registraron en una franja ubicada entre los kilómetros 135 y 144 de la ruta nacional 7. Hace aproximadamente un mes, agregó, se produjeron otros dos robos en establecimientos cercanos, uno de ellos próximo a un aeródromo.
A estos hechos se sumaron distintos casos de abigeato. Entre ellos, la faena de cuatro vaquillonas preñadas pertenecientes a un establecimiento de la zona y otros ataques contra rodeos en campos cercanos a Tres Sargentos. “De cuatro animales faenados hacía mucho tiempo que no teníamos noticias”, señaló.
Para Mac Dermon, una de las principales preocupaciones pasa por la falta de resultados en las investigaciones. “Lo que más nos preocupa es que ninguno de los hechos fue esclarecido”, afirmó. El productor sostuvo que existe diálogo con las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad, pero advirtió que la situación estaría superando los recursos disponibles para la prevención.
Según explicó, uno de los principales problemas es la escasez de personal en el Comando de Prevención Rural (CPR). “De más de veinte personas que tiene asignadas la patrulla rural, una parte importante está con carpeta médica. Al final quedan cinco o seis efectivos para patrullar más de 450 kilómetros de caminos rurales y más de 100 kilómetros de rutas”, indicó.
También cuestionó las demoras en algunas investigaciones. Como ejemplo mencionó un caso de abigeato en el que, según les informaron, existían sospechas sobre los responsables, pero la orden de allanamiento llegó varias semanas después del hecho. “Cuando llegó ya había desaparecido todo”, afirmó.
Ante la preocupación creciente, los productores mantuvieron días atrás una reunión con el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán (UxP), y autoridades locales de seguridad. Consultado por LA NACION, el jefe comunal reconoció que durante los últimos meses se registró un incremento de algunos delitos rurales, principalmente vinculados al abigeato. “Si bien veníamos prácticamente en cero, esto subió un poco”, señaló.
Según explicó, tras los reclamos de los productores se avanzó en la conformación de una Mesa de Prevención del Delito Rural, que tendrá su primera reunión formal el próximo 26 de junio en la sede de Apaca.
“Es una mesa de articulación entre productores, el Ministerio de Seguridad [provincial], la policía rural y el municipio para poner en práctica herramientas que permitan mejorar la seguridad en los campos”, indicó.
Villagrán precisó que la iniciativa es impulsada por el municipio con participación del Ministerio de Seguridad bonaerense y las fuerzas policiales. Entre las medidas previstas figura la implementación del programa Tranquera Segura, una herramienta orientada a fortalecer la prevención mediante la identificación y georreferenciación de los accesos a los establecimientos rurales. La propuesta se apoya en la ley bonaerense 15.489, que promueve sistemas de identificación de tranqueras y registros georreferenciados para facilitar la actuación policial y mejorar la respuesta ante emergencias y delitos rurales. Entre otras cuestiones, permite contar con información sobre los establecimientos, responsables, medios de contacto y ubicación precisa de cada acceso.
Advierten más casos de abigeato
El intendente agregó que la mesa también servirá para difundir herramientas que muchos productores desconocen, como la posibilidad de realizar denuncias de manera online o solicitar que efectivos policiales concurran directamente al establecimiento para tomar la denuncia.
Además, se buscará fortalecer la comunicación entre productores y fuerzas de seguridad mediante grupos de contacto directo y una mayor articulación entre la policía rural, la policía comunal y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).
Mientras tanto, entre los productores persiste la preocupación por la sucesión de hechos ocurridos en las últimas semanas y por la falta de resultados concretos en las investigaciones. “Nosotros empezamos a alertar sobre esta situación antes de que ocurriera el último robo. Veíamos que había cuestiones que no estaban funcionando bien”, señaló Mac Dermon.
La Fuerza Aérea de Chile enfrenta una decisión estratégica que trasciende el recambio de una flota envejecida. La búsqueda de un sucesor para los históricos C-130 Hércules abrió una competencia entre algunos de los principales fabricantes aeronáuticos del mundo y podría tener consecuencias para toda la región, según analizó Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía.
Durante su columna, el especialista explicó que los Hércules chilenos acumulan más de medio siglo de servicio y comienzan a presentar dificultades operativas que obligan a pensar en un reemplazo. “Muchas de estas células tienen muchísimos años encima y ya cuesta mantenerlas operativas”, señaló.
PUBLICIDAD
El fin de una era para el transporte militar chileno
El reemplazo natural parece ser el C-130J Super Hércules, la versión más moderna del avión desarrollado por Lockheed Martin. La propuesta mantiene la lógica operacional que Chile conoce y contempla participación de la industria local a través de ENAER.
Sin embargo, la decisión está lejos de cerrarse. El principal desafío para el fabricante estadounidense es el avance del KC-390, el avión de transporte militar de Embraer, que en pocos años logró posicionarse como una de las opciones más competitivas.
PUBLICIDAD
“Es una aeronave que viene posicionándose muy fuerte en el mercado”, destacó Serbin Pont, remarcando que ya fue adquirida por 13 países y ofrece costos significativamente menores que los del modelo norteamericano.
La evaluación chilena también contempla otras plataformas, como el C-27J de Leonardo y el Airbus A400M, aunque ambas aparecen con menos posibilidades por sus características operativas y económicas.
PUBLICIDAD
El ascenso internacional del KC-390
Más allá del caso chileno, el analista subrayó que el KC-390 representa uno de los proyectos aeronáuticos más exitosos desarrollados en América Latina. El modelo brasileño logró abrirse camino en mercados tradicionalmente dominados por fabricantes estadounidenses y europeos, con contratos en América Latina, Europa y Medio Oriente.
Serbin Pont atribuyó su éxito a la combinación de velocidad, capacidad de carga y costos operativos más bajos: “Ofrece una alternativa atractiva para fuerzas aéreas que buscan modernizar sus flotas sin afrontar las inversiones que requieren otros modelos occidentales”.
PUBLICIDAD
El crecimiento del KC-390 también ilustra la consolidación de Brasil como un actor relevante en la industria global de defensa.
La oportunidad industrial para Argentina
Uno de los aspectos centrales del análisis fue el rol argentino en el programa. FAdeA, la fábrica cordobesa, produce componentes clave del KC-390 y se integró a la cadena de producción internacional de Embraer. En 2025, la planta realizó veintiún envíos vinculados al programa, consolidando su integración industrial.
PUBLICIDAD
Serbin Pont enfatizó el impacto regional: “Ojo que podría pasar que el día de mañana Chile esté operando una aeronave que tiene componentes fabricados en Argentina”.
Una eventual compra chilena permitiría aumentar la escala de producción y fortalecer el peso de la industria aeronáutica argentina en uno de los programas militares más exitosos de la región.
PUBLICIDAD
El desafío pendiente para la Fuerza Aérea Argentina
La discusión funciona también como espejo para Argentina. Los C-130 nacionales siguen siendo una herramienta fundamental, pero el envejecimiento de la flota obliga a pensar en alternativas. El KC-390 aparece como un candidato natural, por su costo y disponibilidad.
No obstante, el proyecto enfrenta un obstáculo sensible: la presencia de componentes británicos. “Cualquier adquisición requeriría una negociación con Embraer para reemplazar esos sistemas o la obtención de garantías que eviten eventuales restricciones de Londres”, explicó Serbin Pont. Aun así, el contexto actual abre una ventana de oportunidad para retomar conversaciones en el futuro.
PUBLICIDAD
Una competencia que redefine el mapa regional
La decisión que tome Santiago será un nuevo indicador del avance de los fabricantes emergentes frente a los históricos. Mientras Lockheed Martin busca sostener el liderazgo del Hércules, Embraer procura consolidar al KC-390 como alternativa global.
La definición chilena no sólo determinará qué avión transportará tropas, vehículos y suministros en el país. También puede marcar un nuevo paso en la consolidación de una industria aeronáutica regional que apunta a ganar protagonismo internacional.
PUBLICIDAD
—
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.
• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.
• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.
• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
En una sesión con un monto operado USD 545,3 millones en el mercado de contado, el dólar mayorista terminó negociado sin variantes a 1.432,50 pesos. El tipo de cambio oficial mantiene una suba de 24,50 pesos o 1,7% en junio, mientras que en lo que va de 2025 cede baja de 22,5 pesos o 1,5 por ciento.
“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 8 pesos, muy lejos de la suba de 32,50 pesos registrada en toda la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
PUBLICIDAD
El Banco Central estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.779,27, con lo que dejó al dólar mayorista a $346,77 o 2,2% de ese límite de flotación libre.
El dólar al público bajó cinco pesos o 0,3%, a $1.450 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 2 de junio. El billete minorista anotó la tercera rueda consecutiva en baja.
PUBLICIDAD
El dólar blue, en cambio, terminó estable a $1.450 para la venta -ahora igual que el minorista en el Banco Nación-, tras haberse operado a un mínimo de $1.445 por la mañana.
El economista Gustavo Ber ponderó el “positivo tono financiero” con acciones y bonos, que “contribuye a que el dólar mayorista continúe en descenso, ahora amagando con testear los $1.425, a partir de una demanda que afloja y ello vuelve a permitir al BCRA a acelerar el ritmo de compras. Que el organismo vaya calibrando su participación en la plaza cambiaria, pero extendiendo el objetivo de acumulación de reservas, resulta bienvenido de cara al segundo semestre, donde estacionalmente se anticipa una menor oferta de divisas”.
PUBLICIDAD
Un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano evaluó que “mientras subsiste el cepo para empresas, los sobrantes de liquidez del sector privado le permitieron al gobierno renovar en mayo el total de su deuda en pesos e incluso acumular un excedente para hacer frente a los pagos de junio. Se da por descontado, por tanto, que no habrá inconveniente en hacer frente al pico de vencimientos que debe afrontar en el corriente mes. La subsistencia de barreras para acceder al mercado cambiario encausa los fondos líquidos de las empresas hacia el financiamiento del Estado”.
“Esas mismas restricciones mantienen a raya la demanda en el mercado cambiario, permitiendo al Banco Central adquirir los excedentes diarios de dólares, fortaleciendo sus reservas –ya lleva comprados unos USD 10.000 millones este año- e impidiendo una mayor sobrevaluación del peso”, explicaron desde el CENE.
PUBLICIDAD
Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, destacó el rol de la reciente mejora de calificación soberana para Argentina de parte de S&P (Standard and Poor`s) para incentivar el ingreso de divisas de fondos de inversión. “En el plano bancario, los requerimientos regulatorios globales de capital exigidos bajo la normativa de Basilea III para estructurar operaciones financieras con la Argentina se reducen. Al volverse técnicamente menos ‘costoso’ para los bancos globales prestarle al país, se acelera la viabilidad de créditos y el cierre de eventuales operaciones de REPO (préstamos de bancos garantizados con bonos), mejorando el perfil financiero de corto plazo de la administración nacional”, afirmó Vlassich.
El informe de S&P sobre Argentina puntualizó que “la perspectiva estable sobre las calificaciones de largo plazo refleja nuestra expectativa de que el gobierno continuará con su programa de austeridad fiscal mientras el banco central incrementa sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación”.
PUBLICIDAD
Los últimos datos disponibles de depósitos privados en dólares en efectivo, actualizados por el BCRA hasta el 8 de junio, exhibieron una disminución diaria de USD 109 millones, hasta 39.279 millones de dólares.
