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El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, reclamó este lunes que su gobierno reconozca públicamente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y exigió sanciones contra el Reino Unido mientras persista lo que calificó como una ocupación ilegal del territorio. El funcionario fue más allá e instó directamente al primer ministro Benjamín Netanyahu a tomar partido en una disputa territorial que, hasta ahora, Israel no había abordado de forma oficial.

La declaración de Ben-Gvir llegó en el marco de una escalada de tensión entre Israel y el Reino Unido, luego de que medios británicos adelantaran que el canciller Ed Miliband anunciaría ante el Parlamento un “reinicio” de las relaciones con Israel y un giro hacia posiciones más cercanas a la causa palestina. Ese contexto explica la virulencia del tono adoptado por el funcionario, líder del partido ultraderechista Hogar Judío.

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, escribió Ben-Gvir en sus redes sociales. En el mismo mensaje, denunció que Londres “no se conforma con ocupar el territorio, sino que también realiza allí perforaciones petroleras y le roba el dinero al pueblo argentino”, en alusión directa al avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, que involucra a la británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum.

La mención al petróleo no fue casual. El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, prevé una inversión de 1.800 millones de dólares en su primera fase, con una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el inicio de extracciones proyectado para 2028. El emprendimiento avanza pese al rechazo expreso de la Cancillería argentina, que lo calificó como una explotación unilateral de recursos en un área bajo disputa de soberanía con el Reino Unido, y pese a que ambas empresas acumulan sanciones administrativas en Argentina por operar sin habilitación nacional.

El llamado de Ben-Gvir a Netanyahu —al que etiquetó directamente en la publicación, junto al presidente argentino Javier Milei— incluyó además la demanda de imponer sanciones económicas a Gran Bretaña mientras la situación no se resuelva. Fue una postura que se sumó a la del ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich, líder del partido Sionismo Religioso, quien ese mismo día pidió la expulsión del embajador británico en Israel, David Quarrey. “¡Expulsemos esta noche al embajador británico!”, publicó Smotrich, al calificar al gobierno de Londres como “antisemita” y señalar que “el Mandato Británico sobre la Tierra de Israel ha terminado”, en referencia al período colonial previo a la proclamación del Estado de Israel en 1948.

La ofensiva verbal de dos de los ministros más influyentes del gabinete israelí se da en un momento en que la causa Malvinas atraviesa una reactivación en la agenda internacional. El 3 de septiembre, el presidente Milei dio una cadena nacional en la que reafirmó el reclamo de soberanía argentina, anunció el envío al Congreso de un paquete legislativo —incluida la creación de un Consejo de Seguridad Nacional—, anticipó sanciones para empresas que exploten recursos en las inmediaciones del archipiélago y confirmó la construcción de una Base Naval Integrada en el Puerto Oriental de Ushuaia. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, sostuvo el mandatario.

El debate se había encendido días antes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió en la Oficina Oval que revisaba “todas las posiciones”, incluida la neutralidad histórica de Washington en la disputa entre Argentina y el Reino Unido. Esa declaración motivó una respuesta del gobierno británico, que ratificó su soberanía sobre el archipiélago y el derecho de autodeterminación de sus habitantes.

En cuanto al giro diplomático británico que precipitó la reacción israelí, se prevé que incluya el apoyo a la solución de dos estados, el respeto al derecho internacional y una prohibición del comercio de mercancías y algunos servicios con los asentamientos israelíes en Cisjordania. El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo conversaciones con Trump y con líderes del Golfo Pérsico, entre ellos Qatar, para explicar el cambio de postura antes de su anuncio formal.

El gobierno de Javier Milei efectuó la primera licitación de $200.000 millones para poner en marcha el esquema de los nuevos créditos hipotecarios UVA, con recursos que buscarán ampliar la oferta de préstamos para la compra de viviendas.

Los fondos provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Según el Banco Central, que actuó como colaborador técnico y operativo de la Anses, la convocatoria recibió 42 ofertas de 18 bancos, por un total de 258.640 millones de pesos. De ese conjunto, 13 entidades resultaron adjudicatarias. El monto asignado representó cerca del 77% de las propuestas recibidas.

La colocación se dividió en dos tramos. El primero, a un año de plazo, concentró $35.570,7 millones y se adjudicó a una tasa UVA más un spread promedio ponderado de 2,67 por ciento.

El segundo tramo, con vencimiento a cinco años, reunió la mayor parte de los recursos: 164.429,3 millones de pesos. En este caso, la tasa fue UVA más un spread promedio ponderado de 4,94 por ciento. Los fondos obtenidos a través de estos depósitos a plazo quedarán orientados al financiamiento de préstamos hipotecarios para vivienda.

El esquema de los nuevos créditos hipotecarios

El plan presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé una serie de licitaciones de $200.000 millones hasta completar 2 billones de pesos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad invertirá esos recursos en plazos fijos de largo vencimiento en bancos, con la condición de que las entidades los canalicen hacia préstamos hipotecarios para adquirir, construir, ampliar o refaccionar la vivienda única.

Ninguna entidad bancaria podrá quedarse con más del 20% de cada licitación. Ese límite buscó distribuir entre varias entidades los $200.000 millones de la primera etapa. Una vez constituidos los depósitos, los adjudicatarios dispondrán de 90 días corridos para otorgar nuevos créditos; para esta primera colocación, el plazo vence el 1° de diciembre.

Los préstamos tendrán un tope de 150.000 unidades de valor adquisitivo (UVA), una suma cercana a 200.000 dólares. La iniciativa apunta a sectores medios y a personas que busquen comprar su primera propiedad, aunque la capacidad de financiamiento variará según los valores inmobiliarios de cada localidad. El límite puede alcanzar para ciertas viviendas en el interior, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los precios de algunos barrios reducen las alternativas disponibles.

Los depósitos del FGS administrado por Anses serán la fuente de financiamiento del esquema. Cada banco decidirá si crea una línea hipotecaria específica o refuerza una ya vigente, además de establecer las condiciones bajo las cuales ofrecerá esos recursos a sus clientes.

A quiénes apunta

Desde el Palacio de Hacienda se tomó como referencia préstamos hipotecarios por un promedio de $114 millones para calcular el universo potencial de beneficiarios. Con esa base, Caputo estimó que el programa, si completa el financiamiento de $2 billones previsto, podría facilitar el acceso a una vivienda a entre 17.000 y 18.000 familias.

Durante la presentación oficial de las medidas, el titular de Economía utilizó el ejemplo de un inmueble valuado en 106.000 dólares. Bajo una relación préstamo-valor del 75%, habitual en el sistema bancario, el comprador debería obtener cerca de USD 80.000 de crédito, una cifra equivalente a unos 114 millones de pesos.

El caso expuesto consideró un préstamo a 25 años, con una tasa de UVA más 7 por ciento. La cuota inicial alcanzaría $865.000 mensuales. Para que ese pago no supere el 25% de los ingresos, el hogar necesitaría acreditar un ingreso neto de 3.460.000 pesos.

De acuerdo con la estimación oficial, una pareja joven cuyos integrantes perciban ingresos netos cercanos a $1.800.000 cada uno podría reunir ese requisito y acceder a un financiamiento de esas características.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no compró dólares en el mercado de cambios y rompió una racha compradora de 27 jornadas consecutivas. Se trata de la tercera vez en el año en la cual la autoridad monetaria decide no intervenir en la plaza cambiaria.

Desde el comienzo de la cuarta fase del programa monetario, a comienzos de enero de 2026, la entidad presidida por Santiago Bausili ya adquirió 14.176 millones de dólares. De esta manera, el BCRA ya cumplió largamente la meta anual estipulada de USD 10.000 millones y no se descarta que alcancen los USD 16.000 millones antes de que concluya el año.

En cuanto a la no intervención de este lunes, la falta de actividad en los mercados de Estados Unidos por el feriado redujo este lunes la liquidez de la plaza financiera argentina. En el segmento de contado se negociaron USD 299,8 millones, menos de la mitad del volumen registrado durante la semana previa.

“El BCRA tuvo saldo neutro el día de hoy, con USD 299,88 millones operados totales en la rueda. Recordar que hoy es feriado en EE.UU. por lo que no había rueda con liquidación en el exterior”, explicó Salvador Vitelli, el jefe de Research de Romano Group.

En ese contexto, el dólar mayorista subió $3,50, equivalente a 0,2%, y cerró a $1.511,50. En lo que va de septiembre acumula un avance de tres pesos, mientras que en 2026 aumenta $56,50, o 3,9 por ciento.

A la vez, el Banco Central elevó el límite superior de las bandas cambiarias a 1.889,06 pesos. Así, la cotización mayorista quedó $377,56 —un 25%— por debajo de ese techo de libre flotación.

Cabe destacar que en agosto, las compras de dólares del BCRA sumaron USD 768 millones, cifra que evidenció una desaceleración frente a los meses anteriores y que marcó el nivel mensual más bajo de 2026. En julio, la incorporación de divisas había alcanzado USD 2.162 millones; en junio, USD 1.418 millones; en mayo, USD 2.596 millones; en abril, USD 2.769 millones; en marzo, USD 1.671 millones; en febrero, USD 1.557 millones; y en enero, 1.158 millones de pesos.

El menor ritmo respondió a una combinación de mayor demanda de dólares y una oferta más limitada, que redujo la capacidad de la autoridad monetaria para sostener el nivel de compras que había mostrado durante los meses previos.

Por otra parte, las reservas internacionales brutas cerraron en USD 50.733 millones este lunes, con una baja intradiaria de 23 millones de dólares. Más allá de la leve reducción, el stock del Central se consolidó por encima de los USD 50.000 y se acerca nuevamente al nivel más alto en la era Milei y desde septiembre de 2019.

Un nuevo canje

El Ministerio de Economía y el BCRA realizaron un canje de deuda que permite a la autoridad monetaria incorporar letras del Tesoro vinculadas a la evolución del tipo de cambio por hasta 2.000 millones de dólares. La transacción le aporta al organismo instrumentos para actuar en los mercados de cobertura cambiaria sin desprenderse de reservas internacionales. El acuerdo se celebró el jueves 4 de septiembre y tuvo liquidación este lunes 7.

Como parte del intercambio, el BCRA cedió al Tesoro las LECAP S30O6, títulos en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026 y rendimiento a tasa fija. A cambio, recibió dos Letras vinculadas al dólar estadounidense: las LELINK D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 y un valor nominal original de hasta USD 800 millones, y las LELINK D30O6, que vencen el 30 de octubre de 2026 y pueden alcanzar un VNO de 1.200 millones de dólares.

El monto máximo de la operación es de 2.000 millones de dólares. La cantidad final de cada instrumento, no obstante, queda sujeta a las cotizaciones de mercado vigentes al momento de efectuar la conversión.

El resultado es un cambio en la cartera del Banco Central. La entidad deja de tener un título en pesos que capitaliza intereses a una tasa fija y pasa a contar con activos cuyo valor acompaña el movimiento del dólar oficial. Las letras dollar-linked le permiten vender cobertura cambiaria en los mercados financieros, un recurso que el equipo económico utilizó ante períodos de presión sobre el tipo de cambio en 2025 y 2026.

Para la consultora Max Capital, el efecto directo del canje es claro: “ampliará el margen del banco central para vender instrumentos de cobertura cambiaria”. La consultora Outlier, por su parte, señaló que “la operación busca nutrir al BCRA de mayor poder de fuego en los mercados de cobertura, donde lo hemos visto muy activo durante los últimos meses”.

Del lado del Tesoro, el canje también implica una modificación de sus compromisos. Sustituye una deuda denominada en pesos y atada a una tasa fija por obligaciones cuyo rendimiento se ajusta según la evolución cambiaria. Así, reduce la sensibilidad de esos vencimientos a las tasas en moneda local, aunque incorpora una mayor exposición a las variaciones del dólar.

La operación replica otra realizada en julio entre el Tesoro y el Banco Central, también por un tope de 2.000 millones de dólares. Con esta nueva transferencia, el BCRA amplía la disponibilidad de títulos dollar-linked para negociar en el mercado secundario.