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La Cámara Nacional Electoral advirtió hoy sobre los riesgos de implementación que podría tener una demora en la aprobación de las reformas al sistema de votación, si pretende que los cambios puedan aplicarse en las elecciones nacionales de 2027. El tribunal de alzada destacó que el país se acerca al límite temporal recomendado por los estándares internacionales para modificar las reglas de los comicios y reclamó que cualquier cambio sea sancionado con anticipación suficiente para poder implementarlo.

El pronunciamiento fue realizado este martes a través de la Acordada Extraordinaria 155/2026, firmada por los camaristas Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas. El tribunal resolvió dirigirse formalmente al Congreso ante la existencia de distintos proyectos de modificación del régimen electoral y de los partidos políticos que ya están en condiciones de ser tratados.

La reforma, pero sobre todo la eliminación o suspensión de las PASO, es una de las prioridades políticas que trazó el gobierno de Javier Milei, pero todavía está demorada por la falta de acuerdos políticos con las fuerzas aliadas y de la oposición.

El eje de la decisión judicial que se conoció hoy no pasa por el contenido de esas iniciativas, sino por los tiempos. La Cámara sostuvo que existen proyectos que contemplan “reformas significativas con desafíos ciertos de implementación” y marcó de manera expresa “la proximidad actual del límite temporal recomendado por las directrices internacionales” para introducir cambios en las reglas electorales.

Ese punto explica la oportunidad del pronunciamiento. La Justicia electoral no reclamó postergar las reformas hasta después de los próximos comicios. El planteo fue el contrario: si el Congreso quiere modificar aspectos estructurales del sistema para 2027, debe definirlos con antelación, porque el margen disponible comienza a acortarse.

La Cámara también aclaró que no fijó posición sobre los proyectos en análisis legislativo. La acordada, sostuvo el tribunal, “no importa juicio de valor alguno sobre el contenido, la conveniencia político institucional o el mérito de las iniciativas legislativas en trámite”. Según indicó, esas definiciones corresponden a los poderes constitucionalmente habilitados para legislar.

La intervención de la Cámara Nacional Electoral se concentra así en una cuestión operativa e institucional: cuánto tiempo necesitan los partidos, los juzgados electorales y los organismos encargados de organizar los comicios para adaptarse a reglas nuevas.

La Cámara citó estándares internacionales

Para fundamentar el planteo, el tribunal recurrió a dos estándares internacionales que fijan parámetros distintos, aunque coinciden en un punto central: las reglas fundamentales de una elección no deberían modificarse cuando el proceso electoral está demasiado próximo.

Uno de ellos surge del Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El documento citado en la acordada sostiene que, para garantizar seguridad y certeza a quienes participan de una elección, deben existir restricciones a la posibilidad de modificar el marco jurídico con escasa anticipación.

En ese sentido, los camaristas reprodujeron que “el plazo idóneo para introducir cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso”. Ese margen, señalaron, permite que las autoridades electorales y las fuerzas políticas adapten sus procedimientos y reglamentaciones a las modificaciones aprobadas por el Congreso.

La Cámara incorporó además un segundo estándar, más exigente, tomado del Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión de Venecia. Allí se establece que “los elementos fundamentales del derecho electoral […] no deberían ser modificables menos de un año antes de una elección”.

La combinación de ambos criterios explica por qué el tribunal resolvió pronunciarse ahora, cuando todavía falta más de un año para los próximos comicios nacionales, pero el calendario ya empieza a acercarse a los límites que la propia Cámara considera relevantes.

Los cambios y la implementación

En el texto, la Cámara identificó de manera expresa las materias estructurales que requieren mayor tiempo de preparación: las categorías de cargos que deberán elegirse, los requisitos para adquirir y conservar la personalidad jurídico-política de los partidos, los sistemas para seleccionar candidatos, el instrumento utilizado para votar y las normas de control del financiamiento partidario.

Según explicó el tribunal, una modificación en cualquiera de esos aspectos no se agota con la sanción de una ley. Cada cambio supone “una multiplicidad de adecuaciones complejas” que demandan tiempo para ser instrumentadas por la Justicia electoral, los juzgados federales con competencia electoral de todo el país y el resto de los actores que intervienen en la organización de una elección.

La Cámara recordó además que las actividades preelectorales están sometidas a un cronograma de plazos “perentorios e improrrogables”, todos subordinados a una fecha límite definitiva: el día de la elección. Esa dinámica, advirtió, reduce de manera progresiva la posibilidad de introducir cambios a medida que avanza el calendario.

Los jueces también citaron antecedentes del propio fuero sobre la necesidad de preservar la estabilidad normativa. Entre ellos, recuperaron un criterio que definieron como central: “alterar la estabilidad del orden legal durante un mismo proceso electoral puede […] producir más daños que beneficios”.

Como antecedente reciente, la acordada mencionó lo ocurrido en las elecciones legislativas de 2025, cuando el Congreso suspendió las PASO para esos comicios mediante la ley 27.783, promulgada en marzo de ese año. A raíz de esa modificación, la Cámara dictó la Acordada 37/2025 e instó a las agrupaciones políticas a adecuar sus mecanismos de democracia interna para seleccionar candidatos sin las primarias nacionales.

Según el nuevo pronunciamiento, la experiencia posterior confirmó las dificultades de implementación. El tribunal señaló que casi la totalidad de las agrupaciones políticas que compitieron recurrió a mecanismos de designación de candidatos sin voto directo de sus afiliados, con la única excepción de una alianza integrada por 626 partidos intervinientes. Para la Cámara, ese antecedente corroboró “de modo indudable” la importancia de contar con tiempo suficiente.

El debate sobre los plazos también fue abordado este año en un seminario organizado por la Cámara junto con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Allí participaron magistrados, autoridades electorales, dirigentes políticos, especialistas y representantes del ámbito académico. De acuerdo con la acordada, entre los asistentes hubo “una coincidencia técnica en la importancia de definir las reglas electorales con anticipación”.

Con esos antecedentes, los tres integrantes de la Cámara resolvieron enviar formalmente la acordada al Congreso. En la parte resolutiva, pidieron que el eventual tratamiento y sanción de iniciativas vinculadas con el régimen electoral, los partidos políticos o el financiamiento de campaña respete los estándares internacionales de anticipación.

La finalidad, señalaron, es “resguardar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero” y “asegurar el plazo razonable requerido, antes del inicio del año electoral, para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas”. La decisión será comunicada también a la Vicejefatura de Gabinete del Interior, la Dirección Nacional Electoral (DINE), los juzgados federales con competencia electoral de todo el país y el Consejo Consultivo de Partidos Políticos.

La ciudad bonaerense de Capitán Sarmiento está en estado de shock. Tiene apenas 15.000 habitantes y poco más de 1.000 trabajaban en la planta avícola Granja Tres Arroyos, que acaba de despedir, en la última semana, a más de 700 personas. El cierre de este gigante, que ya acumulaba una situación crítica desde hacía tiempo y adeudaba dos meses y medio de salarios, aguinaldo y vacaciones, hizo tambalear a todo un pueblo. Un pueblo que vivía desde hace casi 30 años, en gran parte, gracias a la producción cotidiana de esa fábrica, cuyas compras y salarios derramaban en toda la comunidad. Para que quede claro el impacto: uno de cada 10 empleos en esta ciudad son en esta planta.

Hoy la foto es gris. Decenas de familias que se preguntan cómo pagar el alquiler o los servicios de luz, gas y agua; otras que habían llegado de lejos sólo para trabajar en la planta ahora planean su partida; chicos que van a tener que dejar el barrio y la escuela siguiendo a sus padres que buscan trabajo y, el caso extremo en boca de todos, un trabajador que fue desalojado y que durmió varias noches dentro de su vehículo, un Renault 12 estacionado frente a la fábrica.

Más allá de que el clima dentro de la fábrica, y ya en la ciudad, indicaba que la situación de la planta era cada vez peor y para muchos era la “crónica de un final anunciado”, el comunicado que comenzó a circular el domingo 30 de agosto que indicaba que las tareas operativas de la planta permanecerían suspendidas hasta nuevo aviso a partir del lunes 1° de septiembre terminó de confirmar lo que ya se venía sospechando desde hacía tiempo.

“Se informa a todo el personal de Planta Sarmiento que, debido a la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento, que afectan el normal desarrollo de la actividad, las tareas operativas permanecerán suspendidas…”. “El personal no deberá concurrir a prestar servicios, salvo que sea expresamente convocado por su encargado o supervisor”, agregó el parte.

Los despidos fueron llegando durante toda esa semana. Fueron más de 700 los telegramas enviados, entre los 554 de Capitán Sarmiento y otros 150 de ciudades aledañas. Y, sin explicación alguna, los trabajadores se quedaron sin empleo, sin obra social y con un altísimo riesgo de no cobrar siquiera la indemnización correspondiente. Muchos tenían más de 20 años trabajando en la empresa.

Hay unas 300 personas que no fueron despedidas, pero se levantan cada día con la incertidumbre de no saber qué pasará con su futuro laboral. En el medio, rige una conciliación obligatoria por 15 días desde el viernes pasado, dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, aunque la compañía que dirige la familia De Grazia no la acató. De todos modos, este martes la firma retomó parcialmente la producción, sólo subproductos, pero no se sabe por cuánto tiempo. Con una deuda de más de $2.000 millones y una negociación de por medio con la empresa, la distribuidora eléctrica Eden no les restableció el servicio, por lo que están trabajando con un grupo electrógeno, contó uno de los trabajadores. “Cuando se termine el gasoil que trajeron en un solo camión, otra vez sin luz”, acotó.

Mientras tanto, trascendió de diversas fuentes que la empresa está preparando su pedido de concurso de acreedores y que el objetivo de la familia De Grazia es reducir al mínimo la estructura de la planta, sanearse financieramente y comenzar a recuperar producción. Pero también circulan versiones que indican que el ajuste fue realizado para facilitar una venta. Por ahora, más dudas que certezas.

“De alguna manera vamos a hacer los cumpleaños”

En una ciudad tan pequeña, un recorte tan grande de empleos dejó a la comunidad de Capitán Sarmiento conmocionada. La impotencia ante una situación que no controlan ni pueden solucionar refueza día a día su solidaridad con las familias afectadas por los despidos y suma acciones para colaborar con alimentos, pañales para los niños y artículos de higiene personal, entre otros productos. Capitan Sarmiento se ve venir un futuro doloroso y reacciona como puede.

La delegación del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la provincia de Buenos Aires (STIA) ya venía entregando mercadería desde hace más de dos meses a los trabajadores que no cobraban sus salarios en tiempo y forma. Y desde este lunes comenzaron a realizar ollas populares durante la noche, en el salón que tiene el gremio. Pero no es el único caso: en una localidad en la que todos los vecinos conocen al menos a una persona que depende de Granja hizo que las ollas populares surgieran en todos los rincones de la ciudad. Hasta un salón de fiestas privado, de nombre Borboleta, ahora recibe a cualquiera que necesite un plato de comida sin preguntar nada.

Claudia, la encargada del salón, contó a Infobae que recibe a diario llamados de personas que tenían reservado el lugar para festejarle el cumpleaños a alguno de sus hijos para avisarle que cancelan el evento por falta de dinero para pagar las cuotas.

“Lo que les estamos diciendo es que les damos el lugar y que de alguna manera conseguiremos la comida para que el nene pueda tener su fiesta de cumpleaños. No queremos que los chicos sufran más por toda esta situación”, afirmó.

Esta semana, además, se hizo una chocolatada en el Centro Educativo (un lugar donde los niños van fuera del horario escolar en donde tienen apoyo no sólo académico sino contención social) para que los chicos puedan ir a distraerse y olvidarse un poco de esta situación, en tanto que los clubes de la ciudad hicieron un encuentro deportivo el sábado para juntar alimentos. “Jornada solidaria entre clubes. El Club Social y Deportivo San Carlos, El Club Deportivo SDL, El Club Los 14 y el Club Atlético Independiente se unen para ayudar a las familias afectadas de Granja Tres Arroyos. No se cobran entradas. Sólo se solicita, a quien pueda, un alimento no perecedero para ser donado a las familias afectadas”, dice el flyer.

Las colectas están por todos lados. No sólo en el salón del sindicato y en los sitios donde se realizan las ollas populares, sino que también en gimnasios, por ejemplo, hay cajas para que la gente done alimentos. En el gremio, además, se están entregando esta semana bolsones de comida, que según dijeron a este medio fuentes de STIA, se hará de forma quincenal, en principio.

Pero la pregunta es qué va a pasar cuando se agote la conmoción inicial. Desde el Municipio de Capitán Sarmiento, que lidera Fernanda Astorino -de La Libertad Avanza-, están desde hace varios meses ayudando a personas que se acercan con dificultades por la falta de pago de Granja. Ahora, desde que llegaron los despidos masivos, las acciones se reforzaron y no sólo están realizando gestiones para entregar alimentos, sino también para que no se le corte los servicios a quienes no pueden pagarlos por esta situación, y lo mismo con las obras sociales.

“Nos vamos a poner a disposición con todos los recursos hasta donde podamos. Estamos ayudando a la gente asistiendo con alimentos, y con la luz y el agua. En el caso de las obras sociales, muchas les deben al Municipio porque los empleados se estuvieron atendiendo en el hospital, así que les estamos pidiendo que sostengan a la gente”, afirmó Astorino a este medio. Además, agregó que se está asistiendo con la farmacia del hospital a los despedidos que necesitan medicación.

Son muchas las acciones que se están realizando y van a seguir, pero el pueblo ya palpita el impacto económico que esta situación generará en muchos sectores económicos. Los salarios de Granja Tres Arroyos eran -y son para los que aún continúan- elevados para el promedio de una ciudad chica como es Capitán Sarmiento. En promedio, cobran unos $3 millones, algunos más, otros menos, y 1.000 personas cobrando esos sueldos generan un fuerte derrame en servicios y todo tipo de comercios en la ciudad.

El gran temor es qué pasará ahora, en un contexto de caída general de la actividad económica y de poca expectativa de repunte en el corto plazo. Por lo pronto, muchos comercios ya habían bajado la persiana en los últimos meses.

En línea con el temario de la reunión de Gabinete, la mesa política se reúne esta tarde con la idea de mantener el control de la agenda a partir de las medidas anunciadas en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza el encuentro como todos los martes, con la presencia excepcional de los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Carlos Presti (Defensa).

El reducido círculo trabajará en la parte operativa de los anuncios que protagonizó el presidente Javier Milei en la cadena nacional del pasado jueves y seguirá de cerca la redacción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que podría enviarse al Congreso al cierre de la semana. La idea es que la normativa, que se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, ingrese por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con una base sólida de apoyos.

Esta mediodía se dan cita la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La administración libertaria anunció a través de un comunicado de la Oficina del Presidente que los fondos para la base naval integrada en Tierra del Fuego estarán contemplados en el Presupuesto Nacional para el próximo año. Incluso, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que su construcción será financiada exclusivamente por la Argentina. “No hay ningún acuerdo con los Estados Unidos al respecto, ningún apoyo de ninguna índole”, aclaró en la habitual conferencia de los martes.

A días de la cadena, el oficialismo detectó una importante repercusión del mensaje en las redes sociales y celebró su alcance en la sociedad. A partir de esa evaluación, trabajan en extender su repercusión y confían en que los próximos movimientos legislativos permitirán sostener la atención sobre el tema. “En términos de difusión estuvo a la altura de las medidas más populares anunciadas”, expresó una fuente que supervisó las interacciones, las reproducciones, el alcance y las audiencias.

La agenda legislativa diseñada para los próximos días, que incluía la presentación del Presupuesto 2027 el 15 de septiembre y la habilitación del debate por la reforma laboral en el Senado para la misma fecha, se vio trastocada por los recientes anuncios, por lo que la mesa política deberá ordenar la hoja de ruta y aceitar la estrategia para hacer frente a los próximos compromisos.

Para la presentación de la hoja de cálculo, el mandatario tiene previsto reunir nuevamente a diputados y senadores de La Libertad Avanza para despejar dudas y enfatizar en la importancia de la medida, práctica que puso en vigencia para determinadas sesiones claves en el Congreso.

El intercambio de esta tarde se da en la previa a la sesión convocada por la oposición para tratar dos temas complejos: los proyectos de morosidad y la emergencia en discapacidad este miércoles, con la idea de establecer un cronograma de dictámenes.

“Quieren hacer su propio circo. Son irresponsables”, sentenció una fuente de Casa Rosada que asegura que, al momento, la oposición juntó 131 voluntades, dos menos que los 133 que votaron a favor la última vez.

Si bien los alfiles legislativos trabajaron para desarticular la sesión, la popularidad de los temas a tratar complejizó los planes. “Si consiguen el quórum es estrictamente por los temas”, sentenció una fuente legislativa ante este medio.

Como contó Infobae, el poroteo inicial previo a la convocatoria de este miércoles muestra que bajarían a sesionar 93 diputados de Unión por la Patria, 15 de Provincias Unidas, 7 de Argentina Federal, que incluyen a los misioneros. A ese número se suman 2 de la Coalición Cívica, 2 de Encuentro Federal, 3 de Elijo Catamarca, 4 del FIT, 1 de Coherencia, 1 de Defendamos Córdoba, 1 de La Neuquinidad y 1 de Primero San Luis.