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  • Los comercios de CABA deberán informar en los tickets cuánto se paga de Ingresos Brutos

    Los comercios de CABA deberán informar en los tickets cuánto se paga de Ingresos Brutos

    Los comercios de la Ciudad de Buenos Aires deberán comenzar a informar en los tickets de compra cuánto paga el consumidor en concepto de Ingresos Brutos. La medida se implementará a partir de un decreto del gobierno porteño que adhiere al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, aprobado por ley nacional en 2023.

    La norma obliga a que en cada comprobante de compra se discrimine la carga impositiva incluida en el precio final. Esto permitirá que los consumidores conozcan cuánto corresponde a impuestos nacionales, provinciales y locales.

    Hasta ahora, los tickets ya mostraban el impacto del IVA y otros tributos nacionales. Con esta decisión, también deberá detallarse la incidencia del principal impuesto local: Ingresos Brutos.

    Qué cambia con el nuevo sistema de transparencia fiscal

    La iniciativa se implementará una vez que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) publique la reglamentación y el cronograma de aplicación.

    El decreto no modifica el esquema impositivo vigente. Tampoco cambia la forma en que se paga el impuesto. La única novedad es la obligación para los comercios de informar al consumidor cuánto del precio final corresponde a tributos.

    En su primer artículo, la norma establece que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que vendan a consumidores finales deberán discriminar en el ticket la incidencia de ese gravamen.

    AGIP será la autoridad encargada de definir los aspectos técnicos del sistema, establecer el calendario de implementación y supervisar su cumplimiento.

    De esta manera, CABA se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos, que ya habían adherido al régimen el año pasado. Sin embargo, en esas provincias todavía no se aplica el sistema por falta de reglamentación.

    El régimen fue creado por la ley 27.743, que dispuso que los comercios publiquen el precio de los productos sin impuestos y detallen la carga tributaria incluida en el valor final.

    El objetivo: mostrar el peso de los impuestos en los precios

    La iniciativa busca dar mayor transparencia al sistema tributario y permitir que los consumidores conozcan cuánto del precio de un producto corresponde a impuestos.

    Uno de los tributos más cuestionados por empresas y comerciantes es Ingresos Brutos, considerado un impuesto “en cascada”. Esto significa que se aplica en cada etapa de la cadena productiva, lo que genera una acumulación que termina impactando en el precio final. El gobierno porteño explicó que el objetivo es garantizar el acceso a información clara para los consumidores.

    Según Germán Krivocapich, titular de AGIP, la medida se enmarca en la necesidad de mejorar la transparencia fiscal. “La Constitución de la Ciudad protege los derechos de los usuarios y consumidores y garantiza el acceso a información transparente y veraz”, afirmó el funcionario.

    Cómo avanza la transparencia fiscal en las provincias

    La organización Lógica, dedicada a promover la conciencia fiscal en Argentina, realizó un relevamiento sobre la implementación del régimen en todo el país.

    El informe señala que varias provincias ya iniciaron procesos de adhesión, aunque aún no lo aplican plenamente. Córdoba avanzó con una resolución preparatoria y en Salta el proyecto tiene media sanción.

    El presidente de Lógica, Mathías Olivero Vila, destacó la importancia del paso dado por la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó, durante décadas los impuestos estuvieron ocultos en los precios, lo que redujo la conciencia fiscal de la sociedad.

    El dirigente sostuvo que en algunos productos los impuestos pueden representar más del 50% del precio final.

    Con el nuevo sistema, los consumidores podrán ver en cada ticket qué parte del valor corresponde a impuestos y cuánto es el precio real del producto.

  • Debate candente: las voces a favor y en contra de la desregulación de la vacunación anti-aftosa

    Debate candente: las voces a favor y en contra de la desregulación de la vacunación anti-aftosa

    La semana pasada se oficializó la Resolución 201/26 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa), que introduce cambios en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y abre el debate dentro del sector ganadero. La norma desregula parcialmente el esquema vigente: la aplicación de las dosis deja de estar exclusivamente en manos de los entes vacunadores —fundaciones vinculadas a entidades rurales que operaban por zona— y habilita a veterinarios particulares a registrarse para prestar el servicio. Estos profesionales podrán adquirir las vacunas a través de distribuidores nacionales, de los propios entes o directamente de los laboratorios.

    Aunque se trata de una decisión de carácter técnico-sanitario, las reacciones entre los productores muestran que sus implicancias van más allá de lo estrictamente operativo. En distintos espacios de discusión del sector emergen visiones contrapuestas sobre el impacto que podría tener la medida.

    “Estoy totalmente a favor de la desregulación y pido sanciones fuertes para veterinarios y productores que incumplan”, sostuvo un productor de la provincia de Buenos Aires en un chat agropecuario en el que una encuesta informal arrojó una amplia mayoría a favor del cambio.

    Entre los argumentos favorables aparece con frecuencia el cuestionamiento al rol económico que cumplían los entes vacunadores dentro de las entidades rurales. “Las sociedades rurales están enganchadas en la vacunación y cubren sus costos con eso: las cuotas sociales y otras prendas. Sin eso se les pone cuesta arriba, pero sería bueno que se ajusten y no se enganchen en todo como si fuera otro impuesto”, opinó otro productor.

    Un tercero, con campo mixto en Zárate, aportó un ejemplo concreto: “En Carbap Zárate/Exaltación de la Cruz nos cobran 5.500 pesos la dosis con la excusa de que con esa plata financian gastos de la policía rural, la oficina del Senasa o la vacunación en lugares alejados. Un verdadero descontrol. No sé si sucede con otras sociedades de Carbap”.

    Otro productor que participó durante años en la conducción de una entidad rural también reconoció el peso económico del sistema: “Para las rurales es más fácil financiarse así que salir a buscar nuevos socios, cobrar cuotas más altas o generar actividades aranceladas. Soy socio desde hace años y participé en la comisión directiva; era la principal fuente de financiamiento y siempre había temor a que la saquen”.

    En esa misma línea, otro participante del debate planteó una cuestión de principios: “Con ese razonamiento estaría bien que las cuotas sindicales fueran obligatorias. Si queremos tener representación debemos pagarla directamente y no a la fuerza. Además, si criticamos que la tasa vial se desvíe para otros usos, ¿cómo podemos sostener hacer lo mismo con la vacuna contra la aftosa?”.

    Sin embargo, la decisión del Gobierno también generó una fuerte reacción institucional. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitió un comunicado en el que manifestó su firme rechazo a la resolución.

    “A los ojos del mundo, el sistema sanitario argentino aparece hoy como robusto. Sin embargo, en medio de la actual campaña de vacunación, sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta y sin evidencias económicas que lo respalden, se pretende modificar mediante un acto administrativo la estructura central de la campaña”, señalaron desde la entidad.

    Carbap también advirtió que la medida pone en riesgo uno de los pilares del esquema sanitario. “Esta decisión desconoce el principio de solidaridad entre productores, una de las columnas centrales del programa, ya que todos hemos acordado pagar el mismo valor por dosis aplicada dentro de cada fundación, independientemente del tamaño de nuestros rodeos”, indicaron.

    Además, recordaron que el modelo que se intenta implementar ya fue probado en el pasado y que su fracaso derivó en la creación del sistema actual basado en fundaciones y entes sanitarios. “Modificar de manera intempestiva el principal programa sanitario de nuestras carnes bovinas, sin los consensos necesarios y considerando nuestros antecedentes, en una región donde países vecinos avanzan hacia el estatus de libres de aftosa sin vacunación, puede generar un problema adicional o incluso una nueva barrera comercial innecesaria”, alertaron.

    Entre los productores también hay posiciones intermedias. Uno de los participantes del chat, alineado con la visión de Carbap, reconoció que existen problemas pero defendió el rol histórico de las fundaciones. “Hay algunas que han cometido excesos, pero no son todas. Los que participamos durante muchos años sabemos que la aftosa se eliminó gracias a las fundaciones. Los más viejos somos más desconfiados y cautos porque hemos pasado malas épocas. Espero que hoy los productores sean más responsables”, señaló.

    Ese mismo productor recordó además que las fundaciones cumplen funciones administrativas adicionales: “El sellado es una ley provincial; si no lo hace la rural lo hacen las cámaras de comercio o las bolsas de cereales. Además hay que informar al Senasa las vacunaciones y a la provincia de Buenos Aires la vacunación contra carbunclo. Si no, no hay DTE ni guía”.

    Otros productores coincidieron en que el sistema ha funcionado razonablemente bien, aunque admitieron que requiere ajustes. “El sistema en general ha funcionado bien, pero todos sabemos que hay cosas a mejorar. El valor de la vacuna -sobre todo comparándolo con lo que pagan los países vecinos- ya fue un buen punto de partida”, señaló un ganadero entrerriano.

    En medio del intercambio, otro participante pidió “no mezclar los tantos”. “Lo que se paga por la aftosa -porque es un programa nacional y porque corresponde- debe ir para la aftosa. Si se quiere financiar algo más, como la policía rural o el Senasa, se debería cobrar aparte y pagarlo también quienes no tienen vacas”, planteó. Distinguió, no obstante, la situación de las zonas alejadas, donde el mayor costo logístico podría requerir algún tipo de subsidio interno.

    Ese punto remite justamente al “principio de solidaridad entre productores” mencionado por Carbap. La aftosa representa un riesgo para todo el rodeo argentino y su control sólo puede abordarse de manera colectiva. Si determinadas regiones o productores quedan desprotegidos por mayores costos o menores recursos, el riesgo sanitario se traslada al conjunto del sistema.

    Algunos productores propusieron alternativas para sostener ese equilibrio. “Las zonas de monte y marginales deberían cobrar por vacunar; la vacunación les tiene que generar un ingreso”, planteó uno de ellos. Según su propuesta, los vacunadores de otras zonas deberían cobrar más caro en esos lugares y el costo adicional podría financiarse con un pequeño aporte sobre la venta final del ganado gordo. “Los productores chicos marginales incluso deberían vacunar sin pagar. El beneficio sanitario es para todos”, argumentó.

    En términos similares se expresó otro empresario ganadero: “El virus no mira si es un productor chico o grande, de zona núcleo o marginal. Es el riesgo que tenemos. Cada región deberá encontrar un mecanismo para subsidiar, pero todos deben vacunar porque el problema de uno termina siendo el problema de todos”.

    Desde el Gobierno, en tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida a través de la red social X y señaló dos problemas del sistema anterior. Según explicó, por un lado generaba “monopolios locales”, ya que cada productor debía vacunar exclusivamente con el ente correspondiente a su zona. Por otro, dificultaba el desarrollo de una red de distribución eficiente.

    “Al dividir el país en innumerables pedacitos era imposible desarrollar una red de distribución nacional con escala y más económica”, afirmó. El funcionario sostuvo que en un mercado más abierto podrían surgir nuevos mecanismos logísticos. “Imaginamos a los laboratorios o a empresas intermediarias generando sistemas de distribución nacional con más escala y, de hecho, con mejor control sanitario”, indicó.

    En ese marco, destacó que ahora “cada productor puede comprar la vacuna a quien le plazca y recibirla directamente en su campo”. Y concluyó: “Esperamos que esta desregulación permita seguir bajando los costos de la ganadería argentina, que vive uno de los mejores momentos de su historia”.

  • Los comercios de la Ciudad de Buenos Aires deberán detallar en los tickets cuánto se paga de Ingresos Brutos

    Los comercios de la Ciudad de Buenos Aires deberán detallar en los tickets cuánto se paga de Ingresos Brutos

    El ticket deberá discriminar cuánto

    A través de un decreto, el gobierno porteño decidió sumar a CABA al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor sancionado por ley en 2023. De esa forma, cada ticket de compra emitido en la Ciudad deberá detallar cuánto paga el consumidor en concepto de Ingresos Brutos, además de visibilizar qué parte del importe total corresponde al IVA y otros impuestos nacionales, lo que ya venía mostrándose en todo el país.

    De esta manera, CABA se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos que se habían adherido al Régimen el año pasado. El sistema comenzará a aplicarse una vez que la AGIP, el organismo recaudador porteño, publique la reglamentación y su cronograma de implementación. El decreto no modifica la aplicación de Ingresos Brutos en la Ciudad sino que solamente le agrega al comerciante una obligación de informar al consumidor.

    La ley 27.743 obligó a los comercios a publicar el “precio sin impuestos”, detallando por separado el impacto del ICA y los demás impuestos nacionales. La norma, a su vez, invitó a las provincias a adherir al sistema y obligar a que en los tickets se discriminen Ingresos Brutos y cualquier otro tributo provincial o municipal.

    El impacto de la decisión de la administración de Jorge Macri se condice con la intención del gobierno nacional de visibilizar el peso de los impuestos locales sobre los precios que pagan los consumidores, como una vía para presionar a gobernadores e intendentes para reducirlos. En ese sentido, Ingresos Brutos es el gravamen más criticado por todos los comercios y empresas, en especial porque es un impuesto “en cascada”: se aplica sobre todas las etapas de la cadena productiva, lo que deriva en una acumulación de gran impacto sobre el precio final que paga el consumidor.

    Los tickets deberán discriminar los

    Por ello, la ley invita a las provincias a dictar normas para “asegurar que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios que se realicen en sus jurisdicciones”, recordó el gobierno porteño en los fundamentos del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

    En su primer artículo, el decreto establece “la obligación para los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen operaciones con consumidores finales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de discriminar en el monto total de cada operación la incidencia del referido tributo local”.

    Dispuso además que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) será la autoridad a cargo de “disponer los mecanismos técnicos, el cronograma de implementación y la fiscalización” de este nuevo sistema.

    “La Constitución de la Ciudad protege los derechos de los usuarios y consumidores. Además, garantiza el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna, así como la transparencia y la eficacia en la gestión son objetivos esenciales. En sintonía con estos principios, la adopción del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor por parte de la Ciudad, que se encuentra entre las primeras en sumarse a la iniciativa, demuestra el compromiso de nuestro Gobierno con la claridad en la gestión,” señaló Germán Krivocapich, titular de AGIP.

    Si bien adhirieron al régimen, en Chubut, Mendoza y Entre Ríos todavía no muestran el detalle de impuestos en los tickets por falta de reglamentación. Córdoba dictó una resolución preparatoria de la adhesión, sujeta a la conformidad de las cámaras empresarias cordobesas, la que se dio en agosto pasado, pero tampoco se puso en marcha. En Salta la adhesión cuenta con media sanción.

    EFE/Orestis Panagiotou

    CABA fue el único distrito, hasta ahora, que lo hizo por decreto. El proyecto de Código Fiscal porteño de 2026 contenía un artículo adoptando la transparencia fiscal al consumidor, que fue quitado horas antes de la votación de noviembre pasado. Este nuevo decreto subsana esa situación.

    Ese relevamiento, provincia por provincia, pertenece a Lógica, una ONG dedicada a “generar conciencia fiscal en la sociedad” que viene impulsando la efectiva implementación del Régimen de Transparencia Fiscal.

    Según el presidente de Lógica, Matias Olivero Vila, “este paso dado por CABA es muy importante para generar conciencia fiscal ciudadana. La Argentina tiene los impuestos más altos del mundo por la falta de cultura fiscal de nuestra sociedad, por un régimen que, durante más de 50 años, sistemáticamente nos ha ocultado los impuestos, sin informárselo a los consumidores. Esa falta de conciencia llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos conductas responsables con el gasto y los impuestos que pesan en la vida cotidiana, hasta más del 50% del precio final.”

  • Caso $LIBRA. La oposición evalúa reactivar la comisión investigadora en Diputados y apunta a los gobernadores

    Caso $LIBRA. La oposición evalúa reactivar la comisión investigadora en Diputados y apunta a los gobernadores

    El registro telefónico del lobista Mauricio Novelli reactivó los movimientos de la oposición en Diputados. Los exintegrantes de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA buscan coordinar esfuerzos para relanzar la pesquisa legislativa, que cesó en noviembre pasado con un informe que señalaba que tanto Javier Milei como su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fueron piezas clave para propiciar la presunta estafa.

    Los legisladores, conducidos por Maximiliano Ferraro, presidente de aquella comisión, ofrecerán una conferencia de prensa a las 16.15 para fijar posición sobre los próximos pasos.

    El camino, sin embargo, aparece más complejo que el año pasado. El oficialismo fortaleció su posición en la Cámara baja a partir del corrimiento de sectores de centro que habían sido determinantes para habilitar la investigación. Con la nueva correlación de fuerzas, la oposición necesitará del aval de los gobernadores para avanzar.

    Hoy reúne poco más de 100 legisladores entre Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y algunos referentes de Provincias Unidas, como Martín Lousteau, Pablo Juliano y Esteban Paulón. Del otro lado, el oficialismo se planta con más de 110 diputados entre propios y aliados de Pro y la UCR.

    En el medio queda un grupo decisivo de 33 legisladores vinculados a mandatarios provinciales que todavía no fijó una posición clara.

    En abril pasado, esos espacios ya habían evitado acompañar la creación de la comisión investigadora. Sus diputados optaron por ausentarse o mantenerse prescindentes durante la votación en el recinto. Solo un puñado votó en contra y menos aún lo hizo a favor.

    El Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), en el marco de la Argentina Week en Nueva York; muchos de sus referentes legislativos eludieron fijar posición sobre $LIBRA
    El Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), en el marco de la Argentina Week en Nueva York; muchos de sus referentes legislativos eludieron fijar posición sobre $LIBRAPresidencia

    Entre las ausencias se anotaron los salteños que responden a Gustavo Sáenz, los misioneros de Hugo Passalacqua, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y el rionegrino cercano a Alberto Weretilneck. También se ausentaron Marcela Antola, vinculada a Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Juan Carlos Polini, aliado de Leandro Zdero (Chaco), y Melina Giorgi, cercana a Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

    Los diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora, en cambio, votaron en contra de la creación de la comisión. Lo mismo hicieron los dos sanjuaninos alineados con Marcelo Orrego y el neuquino cercano a Rolando Figueroa.

    Entre las abstenciones se destacaron las de los dos representantes del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), a las que se sumaron Lourdes Arrieta (Mendoza) y José Luis Garrido (Santa Cruz).

    Los aliados legislativos de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín LLaryora (Córdoba) se negaron a convalidar la creación de la comisión $LIBRA
    Los aliados legislativos de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín LLaryora (Córdoba) se negaron a convalidar la creación de la comisión $LIBRA

    Pese a esas resistencias, el proyecto terminó aprobándose con 128 votos afirmativos frente a 93 negativos. Al tratarse de una comisión que funcionaría únicamente en la Cámara de Diputados, no requería intervención del Senado.

    Senado

    En la Cámara alta, sin embargo, la oposición había intentado previamente avanzar con una iniciativa similar. El proyecto lo presentó el entonces senador fueguino Pablo Blanco (UCR) y contó, entre otras firmas, con la del jefe del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi.

    La propuesta no tenía dictamen y necesitaba dos tercios de los votos para ser tratada en el recinto. La primera votación, que habilitaba el tratamiento, generó expectativas en la oposición: reunió 53 avales, 17 rechazos y dos ausencias.

    Pero minutos después el panorama cambió. En la votación de fondo, seis senadores radicales -entre ellos el propio Vischi- y uno de Pro cambiaron su postura y bloquearon la iniciativa. El resultado final fue de 47 votos a favor, 23 en contra y dos ausencias, insuficiente para alcanzar los 48 necesarios.

    El correntino Eduardo Vischi, de la UCR, giró y bloqueó la creación de una comisión investigadora en el Senado
    El correntino Eduardo Vischi, de la UCR, giró y bloqueó la creación de una comisión investigadora en el SenadoCamila Godoy

    Entre ambas votaciones transcurrieron apenas nueve minutos. El giro del radicalismo resultó determinante para frustrar la comisión investigadora. El caso del correntino Vischi fue especialmente llamativo: había firmado el proyecto y apoyado habilitar su tratamiento, pero luego votó en contra, lo que desató críticas dentro de su propio bloque. En Pro, el misionero Martín Goerling Lara realizó el mismo movimiento.

    Vischi responde políticamente al gobernador Gustavo Valdés, un aliado circunstancial del Gobierno nacional, a quien la Casa Rosada suele recurrir cuando necesita votos en el Congreso. Su comprovinciana Mercedes Valenzuela también rechazó la iniciativa.

    Otros senadores radicales alineados con gobernadores siguieron el mismo camino: Eduardo Galaretto, cercano al santafesino Maximiliano Pullaro; Mariana Juri, aliada del mendocino Alfredo Cornejo; y Víctor Zimmermann, vinculado al chaqueño Leandro Zdero. La entrerriana Stella Maris Olalla, radical cercana al gobernador de Pro Rogelio Frigerio, también cambió su voto.


  • hijos, hermanos, sobrinos y amigos integran la lista de asesores de los legisladores

    hijos, hermanos, sobrinos y amigos integran la lista de asesores de los legisladores


    En medio del escándalo que generó el aumento de las dietas de los senadores, que a partir de mayo alcanzará los $ 11 millones para cada legislador nacional, otro dato vuelve a poner el foco en el Congreso, donde los nombramientos de asesores y empleados sigue generando polémica al incluir a familiares y amigos.

    De acuerdo a los datos publicados en la página web del Senado, la Cámara alta tiene un total de 3575 empleados entre la planta permanente (2112) y la transitoria (1463). A un sueldo de $ 1,03 millones, que sería el promedio, se estaría destinando una suma de $ 3.682 millones mensuales, sin contar los gastos de los senadores.

    La normativa vigente establece que cada legislador cuenta con un cupo de 7338 módulos, cuyo valor de referencia estaba en $2.554 antes del último aumento, lo que representa un presupuesto de $18.741.252 para la contratación de su equipo de colaboradores. En la actualidad, los senadores tienen un total de 957 asesores, algunos pueden ser de la planta permanente y otros de la transitoria, que cobran distintos sueldos porque fueron nombrados en distintas categorías.

    Lo cierto es que según los valores que se fijaron, cada despacho podría tener una docena de empleados a lo sumo, pero hay senadores que cuentan con decenas de empleados.

    Mayans se mantiene al tope del ranking con más asesores

    José Mayans, jefe del bloque Justicialista, encabeza el ranking de senadores con más asesores, pese a que el peronismo bajó a la mitad la cantidad de empleados que tenía a cargo con la llegada de Victoria Villarruel a la presidencia de la Cámara.

    En la actualidad el formoseño cuenta con una nómina de 30 empleados en su despacho, y entre ellos está Celina Mayans, quien es familiar del jefe del peronismo y está en el Congreso desde 2023.

    Pero Mayans no es el único que tiene parientes entre sus empleados. Jorge “Coqui” Capitanich, quien tiene 18 personas designadas, defendió el nombramiento de su hija María Guillermina con la categoría más alta, asegurando que tiene “idoneidad y competencia”. Para reforzar la defensa cuestionó la falta de críticas a la designación de Karina Milei, hermana del Presidente, como secretaria general de la presidencia.

    Igualmente, el senador por Chaco y ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner no se privó de nada porque también llevó al Senado a Guillermo Pérez Cuevas, quien durante su gestión estuvo a cargo del Instituto del Deporte de su provincia. Al igual que su hija tiene la categoría A1, la más alta en la escala salarial de los empleados legislativos y que se ubica en $2.158.848, sin el aumento de la última paritaria firmada por la Asociación del Personal Legislativo (APL) un un aumento escalonado de casi el 12 % a mayo, todo acumulativo.

    Por su parte, el pampeano Daniel Bensusán designó en 2023 a Paula Bensusán Cosci, que integra la planta permanente con la categoría A5, que otorga un sueldo de $ 1.177.000. No se precisó el vínculo de la empleada con el senador, pero se especula que sería su sobrina. 

    Los Menem, los Gioja y los Rodríguez Saá mantienen su linaje

    Esta tendencia de los legisladores de nombrar a familiares en el Congreso no es una novedad y el ejemplo más clásico es el de la familia Menem, sin cuestionar la capacidad laboral de cada uno de ellos. Pero Eduardo “Lule” Menem estuvo varios años en el Senado de la mano de su tío Eduardo Menem, hermano del ex presidente Carlos Menem.

    La dinastía se mantiene en el Senado con la presencia de Carola Fabiana Menem -prima de Martín Menem y Lule Menem- quien es parte del despacho del riojano Juan Carlos Pagotto, el senador elegido para presidir la comisión de DNU.

    Pagotto, además, tiene entre su personal a su hijo Juan María, quien es uno de los referentes de la juventud libertaria y controla todo lo que pasa en el despacho. Obviamente el joven funcionario es el único de los 9 empleados que tiene el riojano que cobra con la categoría A1.

    Antes de avanzar con otros espacios, hay que aclarar que el peronismo fue históricamente uno de los espacios con mayor cantidad de personal a cargo. Mayans llegó a tener más de 40 empleados antes de la motosierra y el riojano Fernando Rejal unos 36. En la actualidad, el representante de Justicia Social Federal cuenta con 36 asesores, de los cuales 8 están en la categoría más alta.

    Dentro de ese mismo espacio está el puntano Fernando Salino, quien tiene un plantel de 17 empleados y entre ellos están la ex senadora María Eugenia Catalfamo y María Laura Cuffini Rodríguez Saá  sobrina de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, y ex directora de la Casa de San Luis.

    En tanto, el sanjuanino Sergio Uñac, con un total de 18 ( 5 A1) tiene designados a Leonardo César Gioja, sobrino del ex gobernador José Luis Gioja, y a su hermano Rubén Uñac, quien tiene la categoría más alta.

    Dentro de los senadores con mayor planta de personal se anotan Carolina Moisés, de Convicción Federal, con 28 empleados, y el senador K Mariano Recalde con 27 asesores.

    LLA: de la senadora que nombró a 6 familiares al asesor electricista denunciado por abuso sexual

    Dentro de la esfera libertaria también hay casos que rozaron el escándalo como el de Vilma Bedia, quien llegó a designar en su despacho a 6 familiares. Entre ellos figuraban sus dos hijos, José Abner Jair Mamani y Joel Benjamín Mamani; sus hermanos Ricardo, Albert y Juan Carlos Bedia y su cuñada, Nélida.

    En diciembre, la senadora hizo unos cambios en sus oficinas y sólo mantuvo a su hijo José Abner Jair Mamani, quien es el único que mantiene la A1.

    Bartolomé Abdala, quien trastabilló cuando  reconoció que tenía más de 15 asesores y la mayoría de ellos trabaja en San Luis porque su intención es ser gobernador de esa provincia, cuenta en la actualidad con 11 empleados en el despacho y sólo 3 con el sueldo más alto.

    Aunque uno de los escándalos más recientes lo salpicó al senador Juan Cruz Godoy, la promesa libertaria del Chaco, quien entre sus 12 empleados designó a un electricista que fue denunciado por “abuso sexual agravado por el vínculo”.

    Se trata de Martín Alberto Ríos, quien accedió a un cargo en el Senado con la categoría A2 de un sueldo de $1.829.272. Si bien desde el despacho aseguraron que el empleado no integra el plantel aún figura en la página web como parte del personal.

    El PRO, que comanda el misionero Martín Goerling, está en el promedio fijado por la normativa que regula los nombramientos y el dato es que entre los asesores del bloque está el ex senador Alfredo De Angeli, quien fue incorporado con la categoría más alta.

    Estas designaciones son habituales en el Congreso. Incluso, la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, designó entre sus asesores al ex diputado Gerardo Milman, quien ingresó con la categoría A1.

    Otros datos que llaman la atención es que la peronista Cristina López, la senadora de Tierra del Fuego que llamó a un cerrajero para quedarse con un despacho, tiene a 11 de los 13 empleados con el sueldo más alto de los legislativos.

    El tema de los asesores siempre genera tensiones en el Congreso y si bien Villarruel avanzó con un recorte del personal hubo varios cuestionamientos no sólo a los acuerdos que cerró con el peronismo sino también por el mecanismo en que se acordaron los retiros voluntarios incorporando a personal que no formaba parte de la planta permanente.

  • Encuesta: quiénes son los gobernadores con mejor y peor imagen del país

    Encuesta: quiénes son los gobernadores con mejor y peor imagen del país

    Un relevamiento de la consultora CB Global Data sobre los 24 distritos del país coronó a Claudio Poggi (San Luis) como el mandatario mejor evaluado por sus propios vecinos, con 58,5% de imagen positiva. El resultado es llamativo: Poggi gobernó primero aliado a los hermanos Rodríguez Saá, luego los enfrentó como referente de Juntos por el Cambio y en las últimas legislativas llamó a votar a los candidatos de Javier Milei. Detrás quedó Marcelo Orrego (San Juan, +58%) y cerró el podio el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán, +56,7%).

    Claudio Poggi

    La encuesta —24.616 casos relevados entre el 1 y el 5 de marzo, con margen de error de ±2,9% a 3,3%— mide la imagen positiva que cada gobernador tiene entre sus propios vecinos. El dato estructural que arroja el sondeo es que 20 de los 24 mandatarios evaluados terminaron con más apoyos que rechazos, lo que confirma una tendencia histórica: los líderes provinciales sostienen mejor reputación que los políticos nacionales. La tabla la elabora CB Global Data desde hace casi seis años a partir de 24 encuestas simultáneas, una por provincia..

    Encuesta Gobernadores

    Completaron los primeros ocho puestos Hugo Passalacqua (foto de arriba, Misiones, +55,3%), Raúl Jalil (Catamarca, +54%), Ignacio Torres (Chubut, +53,7%), Martín Llaryora (Córdoba, +53,5%) y Gustavo Sáenz (Salta, +53,2%). La franja media del ranking también mostró números sólidos: Carlos Sadir (Jujuy, +52,4%), Rolando Figueroa (Neuquén, +52,2%), Rogelio Frigerio (Entre Ríos, +52%), Claudio Vidal (Santa Cruz, +51,7%), Maximiliano Pullaro (Santa Fe, +51,4%), Alfredo Cornejo (Mendoza, +51,1%), Sergio Ziliotto (La Pampa, +50,8%) y Leandro Zdero (Chaco, +50,4%) cerraron ese grupo con saldo positivo.

    Ignacio Torres

    En el otro extremo, cuatro gobernadores reprobaron: los peronistas Ricardo Quintela (La Rioja) y Axel Kicillof (Buenos Aires), el rionegrino Alberto Weretilneck y el fueguino Gustavo Melella. Más arriba pero en zona de riesgo quedó Jorge Macri (CABA), con apenas un punto de diferencia entre su imagen positiva (48,6%) y la negativa (47,9%). También generó atención Gildo Insfrán (Formosa), que rozó el 50% de aprobación pero acumuló 48,1% de rechazo, la segunda imagen negativa más alta de todo el ranking.

    por R.N.

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    Gobernadores | Foto:CEDOC

    En esta Nota

  • La actividad metalúrgica cayó 10,3% interanual y hubo bajas generalizadas en todas las ramas

    La actividad metalúrgica cayó 10,3% interanual y hubo bajas generalizadas en todas las ramas

    El uso de capacidad instalada está en su menor nivel en 4 años. También se registró una baja del empleo contra el mismo mes del año pasado. Para los próximos meses, predomina el pesimismo: seis de cada diez empresas no anticipan cambios positivos en su producción.

    La industria metalúrgica argentina volvió a mostrar números en rojo durante febrero. El sector registró una caída interanual del 10,3% y un retroceso mensual del 1,9% respecto de enero, según el informe mensual de ADIMRA, una de las ramas más golpeadas dentro de la industria. En lo que va del año, la baja acumulada ya alcanza el 8,2%. El indicador más alarmante del relevamiento es el nivel de utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas el 40,2%: el registro más bajo de los últimos cuatro años.

    El presidente de la cámara metalúrgica, Elio Del Re, fue contundente en su diagnóstico. “La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”, sostuvo.

    Y agregó: “La fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico, en un contexto donde el mercado interno enfrenta una demanda en caída libre“.

    El nivel de empleo del sector también cedió: la caída interanual fue del 1,8%, aunque sin variaciones con respecto al mes anterior. Sin embargo, desde la entidad advierten que la situación podría deteriorarse si no se revierte la tendencia de actividad. Las perspectivas tampoco resultan alentadoras: según el sondeo de enero, seis de cada diez empresas no anticipan cambios positivos en su producción para el trimestre en curso.

    industria-fundicion

    La fundición volvió a ser el sector más golpeado dentro de la industria metalúrgica.

    Rojo en todos los frentes

    La contracción fue generalizada en términos geográficos. Buenos Aires, que concentra el grueso de la producción del sector, registró la peor performance con una caída interanual del 12,9%. Le siguieron Córdoba (-11,9%), Mendoza (-10,2%) y Entre Ríos (-9,8%). Santa Fe, con un descenso del 4,3%, mostró una retracción relativamente más moderada respecto del resto de los distritos relevados.

    A nivel sectorial, Maquinaria Agrícola (-1,4%) y Carrocerías y Remolques (-4,0%), que habían liderado el repunte durante 2025, continuaron perdiendo dinamismo. El resto del entramado metalúrgico aceleró su contracción: Fundición encabezó la caída con un desplome del 15%, seguida por Bienes de Capital (-14,6%), Autopartes (-12%), Equipamiento Médico (-11,6%), Equipo Eléctrico (-10,2%) y Otros Productos de Metal (-9,7%).

    El deterioro también se verificó al analizar el desempeño por cadena de valor. Las empresas ligadas al sector automotriz acumularon una baja del 12,8%, seguidas por las vinculadas a alimentos y bebidas (-12,4%), consumo final (-10,1%) y construcción (-9,5%). Los segmentos asociados a petróleo y gas (-9,3%), minería (-8,2%), energía eléctrica (-6,5%) y el eslabón agrícola (-5,8%) también cerraron el mes en terreno negativo.

  • Alarma en la industria: la metalurgia se derrumba 10,3%, opera al 40% y crece la presión sobre el empleo

    Alarma en la industria: la metalurgia se derrumba 10,3%, opera al 40% y crece la presión sobre el empleo

    La crisis industrial sumó en febrero una nueva señal de deterioro. La actividad metalúrgica registró una caída interanual del 10,3% y una baja de 1,9% frente a enero, según el informe mensual de ADIMRA. Con este resultado, el sector acumula un retroceso de 8,2% en el primer bimestre de 2026 y confirma que sigue operando muy por debajo de sus niveles recientes más altos.

    Pero el dato que más preocupa no es solo la caída de la actividad. El informe muestra que la utilización de la capacidad instalada bajó al 40,2%, un nivel que se convirtió en el más bajo de los últimos cuatro años. Eso significa que una parte enorme del aparato productivo está parada o trabajando muy por debajo de su potencial, una postal que refleja con crudeza el freno de la economía real. ADIMRA además remarcó que ese indicador cayó 8 puntos porcentuales frente al mismo período del año pasado.

    producción de la industria metalúrgica febrero 2026.

    El retroceso atraviesa prácticamente a todo el entramado metalúrgico. Incluso sectores que habían mostrado algo de dinamismo en 2025 empezaron a perder fuerza.

    Maquinaria Agrícola cayó 1,4% y Carrocerías y Remolques retrocedió 4%.

    El resto del mapa sectorial siguió directamente en rojo:

    – Fundición se desplomó 15%,

    – Bienes de Capital cayó 14,6%,

    – Autopartes bajó 12%,

    – Equipamiento Médico cedió 11,6%,

    – Equipo Eléctrico recortó 10,2% y

    – Otros Productos de Metal cayó 9,7%.

    Fábricas con menos producción, menos demanda y más capacidad ociosa

    La caída no solo afecta a los rubros metalúrgicos puros, sino también a las cadenas de valor que dependen de ellos.

    – Las empresas vinculadas a la industria automotriz mostraron una baja de 12,8%,

    – las ligadas a alimentos y bebidas retrocedieron 12,4%,

    – las asociadas a consumo final cayeron 10,1% y las de construcción un 9,5%.

    También hubo números negativos en Petróleo y Gas (-9,3%), Minería (-8,2%), Energía Eléctrica (-6,5%) y Agrícola (-5,8%).

    Metalúrgicos adimra industriales20250617

    Detrás de esos números aparece una explicación que el propio sector resume sin rodeos: falta demanda. El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la actividad metalúrgica “profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”. Y fue más allá al señalar que “la fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector”, en un contexto en el que la demanda interna, según describió, sigue en “caída libre”.

    Ese diagnóstico se vuelve todavía más delicado cuando se observa lo que esperan las empresas hacia adelante. El informe señala que 6 de cada 10 compañías no esperan mejoras en la producción durante los próximos tres meses, un dato que refleja el pesimismo empresario y la ausencia, por ahora, de señales concretas de rebote. En paralelo, el empleo metalúrgico ya muestra desgaste: registró una caída interanual del 1,8%, aunque se mantuvo sin cambios frente al mes previo.

    El golpe se siente en todo el país y Buenos Aires lidera las caídas

    La contracción también tiene un fuerte correlato territorial. Todas las provincias relevadas mostraron bajas interanuales, lo que confirma que no se trata de un problema aislado, sino de una caída extendida.

    Buenos Aires fue el distrito con peor desempeño, con una baja de 12,9%, y volvió a ser el principal aporte negativo al promedio general del sector. También se registraron retrocesos importantes en:

    – Córdoba (-11,9%),

    – Mendoza (-10,2%) y

    – Entre Ríos (-9,8%)

    – Santa Fe mostró un descenso más moderado, de 4,3%.

    El informe de ADIMRA vuelve así a poner el foco sobre una tensión cada vez más visible: mientras algunos indicadores macroeconómicos intentan estabilizarse, la industria todavía no encuentra piso. Y en un sector como la metalurgia —clave para medir inversión, empleo y movimiento fabril— la caída adquiere un peso especial.

    Con producción en baja, fábricas trabajando a media máquina, expectativas deterioradas y presión creciente sobre el empleo, la metalurgia dejó en febrero una de las fotos más nítidas del freno que atraviesa la economía real argentina.

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  • La actividad metalúrgica cayó 10% interanual en febrero y usa el 40% de su capacidad instalada

    La actividad metalúrgica cayó 10% interanual en febrero y usa el 40% de su capacidad instalada

    Producción metalúrgica con retroceso en

    El sector metalúrgico en Argentina experimentó en febrero una situación crítica, marcada por una caída interanual del 10,3% en la producción y un uso de la capacidad instalada que descendió hasta el 40,2%. Estos valores reflejan niveles mínimos en los últimos cuatro años y dan cuenta de un escenario de fuerte contracción en la industria, según información de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

    La evolución mensual mostró que la actividad también retrocedió frente a enero, con una disminución del 1,9%. En el acumulado de los primeros dos meses de 2026, el sector registró una baja de 8,2%. Los datos muestran que la caída no se limitó a un segmento específico, sino que alcanzó a todos los subsectores estratégicos de la cadena productiva.

    El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”. Añadió que la “fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico, en un contexto donde el mercado interno enfrenta una demanda en caída libre”.

    La información difundida por ADIMRA consignó que la utilización de la capacidad instalada cayó 8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. El registro de 40,2% representa el menor nivel para el sector desde 2022. El descenso se observó en todas las ramas que componen la industria metalúrgica, aunque con distinta intensidad.

    El gráfico presenta el índice

    Entre los subsectores más afectados, la Fundición sufrió una baja interanual del 15,0%, mientras que los Bienes de Capital retrocedieron 14,6%. El segmento de Autopartes marcó una caída del 12,0%. El Equipamiento Médico disminuyó 11,6%, el Equipo Eléctrico descendió 10,2% y el rubro de Otros Productos de Metal registró una baja de 9,7%. Los sectores de Carrocerías y Remolques y Maquinaria Agrícola presentaron descensos de 4,0% y 1,4%, respectivamente.

    La distribución geográfica de la caída también mostró un impacto generalizado. Buenos Aires reportó una contracción del 12,9%, Córdoba descendió 11,9%, Mendoza bajó 10,2%, Entre Ríos registró un retroceso de 9,8% y Santa Fe tuvo una disminución de 4,3%. Según los registros de ADIMRA, ninguna de las principales provincias metalúrgicas mostró señales de recuperación durante el período analizado.

    En cuanto al empleo, el informe de la cámara destacó una disminución interanual del 1,8%. La comparación con enero no mostró variaciones, lo que sugiere que el ajuste en el empleo acompaña de manera rezagada la contracción de la actividad.

    El análisis interno de la producción metalúrgica arrojó que la caída interanual de 10,3% en febrero estuvo acompañada por una baja mensual del 1,9% respecto a enero. El acumulado del año arrojó una contracción del 8,2%, mostrando que la tendencia a la baja se sostuvo desde el inicio de 2026.

    La producción metalúrgica argentina experimenta

    Los datos relevados por el Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA indicaron que la utilización de la capacidad instalada, situada en 40,2%, constituyó el valor más bajo desde 2022. Esta cifra implicó una reducción de 8 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior y evidenció una menor utilización de los recursos productivos en toda la cadena metalúrgica.

    El informe detalló que el sector de Fundición encabezó el ranking de caídas con un descenso del 15,0%. Los Bienes de Capital registraron una baja del 14,6%, seguidos por las Autopartes con un retroceso del 12,0%. El rubro de Equipamiento Médico marcó una caída de 11,6% y el de Equipo Eléctrico descendió 10,2%. La categoría de Otros Productos de Metal se redujo 9,7%, Carrocerías y Remolques bajaron 4,0% y la Maquinaria Agrícola cayó 1,4%.

    La comparación provincial mostró que el descenso fue transversal. Buenos Aires experimentó una baja del 12,9%. En Córdoba, la caída fue de 11,9%. Mendoza registró una disminución de 10,2%, Entre Ríos tuvo un retroceso del 9,8% y Santa Fe descendió 4,3%. Ninguna de las jurisdicciones industriales de peso logró evitar la tendencia negativa.

    El análisis de la cámara empresarial subrayó la persistencia de la contracción en la utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en 40,2% durante febrero, el menor registro en cuatro años. El descenso de 8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 mostró la profundidad de la crisis sectorial.

    El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la “fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector”. En su visión, el actual contexto “pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico, en un contexto donde el mercado interno enfrenta una demanda en caída libre”.

    La información relevada por la entidad mostró que el empleo metalúrgico disminuyó 1,8% en la comparación interanual, sin variaciones respecto a enero. El reporte de ADIMRA no identificó señales de recuperación en el corto plazo para los niveles de ocupación en el sector.

    El informe del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA consignó que la variación acumulada de la producción metalúrgica hasta febrero fue de -8,2%. El registro interanual de -10,3% y la variación mensual de -1,9% completaron el cuadro de un sector que enfrenta dificultades en todos los frentes.

    Los gráficos elaborados por la entidad dieron cuenta de la profundidad y persistencia de la contracción. El índice de producción industrial metalúrgica mostró una tendencia descendente que se acentuó en los primeros meses de 2026.

    La cámara detalló que el descenso afectó a todos los subsectores estratégicos. El impacto en la Fundición y en los Bienes de Capital resultó especialmente severo, con retrocesos por encima del 14%. Las Autopartes y el Equipamiento Médico se ubicaron cerca del 12% de caída. El Equipo Eléctrico y los Otros Productos de Metal también reportaron bajas de dos dígitos. Los rubros de Carrocerías y Remolques y Maquinaria Agrícola, aunque menos afectados, no escaparon a la tendencia general.

    El informe de ADIMRA remarcó que la utilización de la capacidad instalada se mantuvo en niveles históricamente bajos. La entidad subrayó que la caída de 8 puntos porcentuales respecto a febrero del año anterior puso en evidencia la magnitud de la crisis productiva.

    El relevamiento de la cámara mostró que la contracción de la producción y de la utilización de la capacidad instalada impactó de forma directa en el empleo. Si bien la reducción interanual de 1,8% no fue tan pronunciada como la baja en la actividad, el informe advirtió que el “sostenimiento del empleo metalúrgico” enfrenta presiones crecientes por la falta de demanda y la rentabilidad deteriorada de las empresas.

    La caída generalizada en todos los subsectores y provincias confirma que la crisis afecta a la totalidad de la cadena productiva metalúrgica. El escenario descripto por ADIMRA se caracterizó por la ausencia de señales de recuperación y la persistencia de los factores que impulsan la contracción. La demanda interna en retroceso y el contexto de baja utilización de la capacidad instalada configuran un panorama de alta incertidumbre para el sector.

    El reporte de la cámara empresarial no incluyó proyecciones sobre el desempeño futuro de la industria, aunque sí advirtió que los niveles actuales de actividad y utilización de la capacidad productiva se mantienen en mínimos históricos y no existen indicios claros de un cambio de tendencia en el corto plazo.

  • Paro universitario nacional: docentes reclaman financiamiento y la UBA evalúa una huelga “por tiempo indeterminado”

    Paro universitario nacional: docentes reclaman financiamiento y la UBA evalúa una huelga “por tiempo indeterminado”

    El sistema universitario público argentino atraviesa una nueva etapa de conflicto gremial: este lunes comienza un paro nacional convocado por las federaciones docentes CONADU y CONADU Histórica, en reclamo de una recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades. La medida se organizó en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30 de marzo, con suspensión de clases y actividades en casas de estudio del país.

    El foco de la tensión se concentra en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde los docentes votaron profundizar el conflicto con un paro por tiempo indeterminado si no hay respuestas del Gobierno nacional. El reclamo principal es la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, que contempla una recomposición salarial acumulada del 55,4% para el sector y una actualización urgente del presupuesto educativo nacional.

    Sin embargo, la protesta no se limita al área metropolitana. Diversas universidades públicas confirmaron su adhesión, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional del Chaco Austral, con una medida de 24 horas.

    También participará la Universidad Tecnológica Nacional, que reúne más de 30 facultades regionales en todo el país, además de instituciones como la Universidad Nacional de José C. Paz.

    El eje del conflicto, según los gremios, es el atraso salarial frente a la inflación y la falta de presupuesto para garantizar el funcionamiento básico de las universidades. Además, un informe elaborado por docentes de la UBA sostiene que el salario real del sector atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas: “El sueldo real se encuentra en su mínimo histórico: está un 35,6% por debajo de los niveles de noviembre de 2023”, señala el documento.

    Sostiene además que el poder adquisitivo es un 2,7% inferior al registrado durante la crisis salarial universitaria de 2004.

    Paro docente La Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) evalúa extender la huelga por tiempo indeterminado desde el 16 de marzo

    Ante ese contexto, Laura Carboni, secretaria general de Asociación Gremial Docente de la UBA, describió el impacto de la inflación sobre los ingresos del sector: “Desde noviembre de 2023 perdimos el equivalente a 11,5 salarios. Es como si, de cada tres meses trabajados, solo nos hubieran pagado dos”.

    La dirigente gremial también sostuvo que las medidas de fuerza escalonadas adoptadas en los últimos años no lograron revertir el deterioro salarial. Según los datos presentados por los sindicatos docentes, entre octubre y febrero la inflación acumulada fue del 14,2%, mientras que los aumentos salariales para el sector universitario fueron nulos durante enero y febrero, en un contexto marcado por subas en transporte, alquileres y alimentos.

    El Gobierno presentó un nuevo proyecto de financiamiento universitario y busca modificar la ley vigente

    El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, una iniciativa que busca modificar la normativa aprobada en 2025 con impulso de la oposición. Aquella propuesta establece un esquema de aumentos salariales escalonados del 4,1% distribuidos en tres tramos, y elimina la recomposición salarial correspondiente al período 2023-2024 prevista en la ley vigente.

    Sumado a eso, el texto quita la cláusula que garantizaba la actualización automática de los salarios docentes según la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

    Ahora, el proyecto se presenta en un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno y las universidades públicas. De hecho, sería la tercera vez durante la actual gestión que el Congreso debate una iniciativa.

    Todo comenzó en 2024 cuando el Parlamento aprobó una ley de financiamiento que posteriormente fue vetada por el presidente. La segunda se registró en 2025: en esa ocasión el Congreso volvió a sancionar la norma y, tras un nuevo veto presidencial, logró reunir los votos necesarios para revertirlo y convertirla en ley.

    080326_milei_congreso_prensa_senado_g Milei argumenta que la ley no especifica fuentes de financiamiento claras

    En este sentido, a pesar de que esa legislación continúa formalmente vigente, las universidades denuncian que no se está aplicando en la práctica. Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —organismo que reúne a más de 60 universidades públicas del país— presentó en diciembre pasado una acción de amparo respaldada por más de 40 instituciones académicas, con el objetivo de exigir el cumplimiento efectivo de la norma.

    Sin embargo, la disputa también se trasladó al ámbito judicial. En diciembre de 2025, el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que suspendió un decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley pero postergaba su aplicación hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento.

    Allí, en su resolución, el magistrado sostuvo que la decisión del Gobierno configuraba una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, ya que en la práctica impedía que la norma sancionada por el Parlamento entrara en vigencia.

    El conflicto continuó en febrero, cuando el Ejecutivo apeló esa medida judicial y presentó el nuevo proyecto.

    MV/ML