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  • Fuerte operativo en el subte: despliegan 1.000 policías en estaciones y vagones

    Fuerte operativo en el subte: despliegan 1.000 policías en estaciones y vagones

    Esto es más presencia, más control y foco en las horas clave cuando más gente viaja. Estas acciones se dan en un contexto de baja del delito cercana al 30% en 2025, con mínimos históricos en robos y homicidios en la Ciudad desde que se cuenta con cifras oficiales.

    Jorge Macri agregó: “No vamos a retroceder un centímetro porque ésta es y seguirá siendo la Ciudad más ordenada para vivir en libertad. Queremos que la gente viaje cada vez más segura y con mayor tranquilidad. Para eso estamos reforzando la seguridad en el subte y también renovando las estaciones y cambiando los coches”

    Mejoras en 18 estaciones

    Mientras tanto, en el plano de las mejoras, ya se pusieron en valor 18 estaciones: Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (de la Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Uruguay (B); San Martín (C); Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (D), y Jujuy (E), junto con paradores del Premetro.

    Tres siguen cerradas por obras: Piedras (A), Malabia (B) y Tribunales (D). El plan continuará en las estaciones Medrano y Gallardo (B), Lavalle e Independencia (C), y General Urquiza y Entre Ríos (E). También se encuentra en licitación la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).

    Y están en proceso de fabricación 174 coches para la renovación completa de la Línea B y 50 que se van a agregar para las líneas A y C. Y en licitación la obra de la Línea F.

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    El trabajo contra la inseguridad en la Ciudad es una prioridad en la gestión, con foco en el orden y la tranquilidad de los vecinos. En este sentido este año se destinará a la seguridad, eje central de la gestión, el 15,4% del presupuesto porteño 2026: son $2,6 billones.

    “Con decisión política y con el trabajo comprometido bajamos todos los delitos en la Ciudad y además ya recuperamos más de 600 propiedades que estaban usurpadas. Vamos a luchar sin descanso, siempre estaremos defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien. La época del vale todo se terminó”, agregó Jorge Macri.


  • Expensas: ya superan los $300.000 y casi el 20% de los departamentos tiene deuda

    Expensas: ya superan los $300.000 y casi el 20% de los departamentos tiene deuda

    El costo de las expensas continúa en niveles elevados y ya supera a la inflación en términos interanuales. Al mismo tiempo, aumenta la morosidad en los consorcios, donde casi 2 de cada 10 departamentos tienen deuda.

    Según un relevamiento de ConsorcioAbierto, la expensa promedio en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los $318.650 en febrero, lo que representa una baja del 1,8% respecto a enero. Sin embargo, en términos interanuales el aumento fue del 38,4%, por encima del 33,1% que registró la inflación en el mismo período.

    Las expensas crecen por encima de la inflación

    A pesar de la leve caída mensual, el costo de mantener un edificio sigue en alza. La diferencia con el índice de precios responde a la dinámica propia de los consorcios, donde los gastos no evolucionan de manera lineal. “Las expensas no se mueven exactamente igual que la inflación porque dependen mucho del calendario del edificio”, explicó Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

    En ese sentido, detalló que en meses como enero suelen concentrarse ajustes de contratos, servicios y costos vinculados al aguinaldo, lo que genera picos que luego se reacomodan.

    Aumenta la morosidad en los consorcios

    Uno de los datos más relevantes es el crecimiento de la morosidad. En febrero, el nivel de deuda pasó del 17% al 19%, consolidando una tendencia al alza. Esto implica que, de cada 100 departamentos, 19 tienen expensas impagas, una situación que comienza a generar tensiones en la administración de los edificios.

    “No es un salto abrupto, pero sí es un cambio que conviene observar con atención”, advirtió Laiuppa. Además, explicó que cuando crece la mora, el consorcio funciona como un sistema de financiamiento interno: quienes pagan en término sostienen el funcionamiento mientras otros regularizan su situación.

    Cómo se componen los gastos de un consorcio

    El principal componente de las expensas en la Ciudad de Buenos Aires es el costo del personal, que representa alrededor del 33% del total. Le siguen los gastos de mantenimiento y operación, con un 28%, impulsados por servicios como limpieza y seguridad.

    Más atrás aparecen los servicios públicos (entre 13% y 15%), los gastos administrativos e impositivos (14%) y las obras y mantenimiento extraordinario, que pueden alcanzar hasta el 11%.

    Subas en todo el país

    El aumento de las expensas no es exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia, el incremento interanual fue del 45,8%, con un promedio de $155.508 en febrero. En Córdoba, las expensas subieron un 37,8%, mientras que en Santa Fe lo hicieron un 41,7%. En Entre Ríos, el alza fue aún mayor, con un 72,7% interanual.

    Según los especialistas, aunque los valores siguen siendo altos, comienza a observarse cierta previsibilidad en la evolución de los costos, lo que permite una mejor planificación en los consorcios. “Empieza a aparecer un poco más de previsibilidad en cómo evolucionan las expensas, lo que es clave para administrar en un sistema con gastos fijos y decisiones colectivas”, concluyó Laiuppa.

  • El hundimiento de la industria metalúrgica no se detiene: retrocedió 10,3% en febrero

    El hundimiento de la industria metalúrgica no se detiene: retrocedió 10,3% en febrero

    El hundimiento de la industria metalúrgica no se detiene: retrocedió 10,3% en febrero

    El derrumbe de la producción metalúrgica no se detiene y en febrero registró una caída del 10,3% contra el mismo mes de 2025 y del 1,9% con relación a enero, informó la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

    En el bimestre, el sector acumuló una contracción del 8,2% interanual. A su vez, el uso de la capacidad instalada se ubicó en un 40,2%, el registro más bajo de los últimos cuatro años. Esta cifra representa una contracción de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año 2025.



    Según los datos de Adimra, el sector ya acumula siete meses de caídas en la producción cuando se compara con la actividad del mes inmediato anterior.

    Adimra indicó que la tendencia negativa se profundizó en el inicio del año debido a la falta de señales de recuperación en el corto plazo, lo que inhibe las inversiones, y la profundización de la retracción del mercado interno.

    El rubro con mayor retroceso interanual fue el de la fundición (los altos hornos siderúrgicos), con un descenso del 15%. Siguieron bienes de capital (-14,6%); autopartes (-12%); equipamiento médico (-11,6%) y equipo eléctrico (-10,2%).

    En términos geográficos, las principales provincias metalúrgicas presentaron variaciones negativas. Buenos Aires lideró las bajas con un -12,9%, seguida por Córdoba (-11,9%), Mendoza (-10,2%), Entre Ríos (-9,8%) y Santa Fe (-4,3%).

    El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió sobre la gravedad del escenario actual: “La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”.

    Del Re agregó que la baja en el consumo local afecta directamente la rentabilidad: “La fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico”.

    Respecto de las importaciones, el informe dijo que a pesar de que cayeron un 14% interanual en enero, “el volumen sigue siendo elevado. Esto, sumado al desplome de la industria nacional y al bajo uso de la capacidad instalada, sugiere una fuerte reducción del mercado total por falta de demanda”.

    En cuanto al personal empleado, el sector registró una disminución interanual del 1,8%, aunque en la comparación con el mes de enero, la plantilla de trabajadores no presentó variaciones.

    En este escenario, Adimra señaló que 6 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos tres meses y predomina la cautela.

  • Las expensas aumentaron por encima de la inflación y casi 2 de cada 10 departamentos tienen deuda

    Las expensas aumentaron por encima de la inflación y casi 2 de cada 10 departamentos tienen deuda

    Las expensas superan los $300.000

    Con un valor promedio de $318.650 en febrero, el valor de las expensas registró una baja del 1,8% respecto a la expensa promedio de enero que fue de $324.404, según relevó el portal ConsorcioAbierto entre 13.000 consorcios que utilizan su plataforma. En paralelo, creció la cantidad de deudores: la mora pasó del 17% al 19% en el último mes.

    Más allá de la baja temporal de febrero, un relevamiento del sitio web que centraliza más de 1.700 administraciones, detalló que el incremento interanual en el precio de las expensas fue del 38,4%, ya que la expensa promedio en enero de 2025 en CABA fue de 230.186 pesos.

    Esto es casi cinco puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada para el mismo periodo que mide el Indec. El IPC de febrero fue del 2,9%, con una variación interanual del 33,1%. La entidad develó que división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un ajuste del 6,8 por ciento.

    “Las expensas no se mueven exactamente igual que la inflación porque dependen mucho del calendario del edificio. Enero suele concentrar varios ajustes al mismo tiempo: actualización de contratos de servicios, reorganización de presupuestos y, en algunos casos, todavía el impacto del aguinaldo liquidado en diciembre. Eso hace que haya meses con mayor carga de gastos y otros donde el presupuesto se reacomoda”, detalló Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

    Según el relevamiento, en un edificio, el 19% de las unidades funcionales posee deuda. Es decir, de cada 100 departamentos, 19 deben. Este número, que se repite tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la Provincia, es una tendencia que se sostuvo a lo largo de 2025, pero que empezó a crecer en los últimos dos meses.

    “Durante mucho tiempo vimos niveles de morosidad cercanos al 17%, que se habían vuelto relativamente estructurales dentro del sistema. Hoy ese número aparece más cerca del 19%, lo que significa que casi dos de cada diez unidades funcionales tienen deuda. No es un salto abrupto, pero sí es un cambio que conviene observar con atención”, analizó Laiuppa.

    En este sentido, el especialista explicó que “cuando la mora crece, el consorcio empieza a funcionar en la práctica como un sistema de financiamiento interno: quienes pagan en término terminan sosteniendo temporalmente el funcionamiento del edificio mientras otros regularizan su situación. Por eso la morosidad no depende únicamente del contexto económico. También refleja cómo se gestiona el consorcio y qué herramientas existen para ordenar los pagos”, agregó.

    Casi 2 de cada 10

    En cuanto a la estructura de costos de los edificios, el principal gasto de los consorcios en CABA es el personal y los sueldos, que representan el 33% del total. En edificios chicos, ese peso puede escalar hasta el 35%, mientras que en los más grandes baja al 16% por efecto de escala.

    Le siguen los costos operativos y de mantenimiento, con un 28%, aunque con una lógica inversa: arrancan en 26% en consorcios pequeños y trepan hasta el 53% en los grandes, impulsados por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento. Más atrás aparecen los servicios públicos, con un peso relativamente estable de entre 13% y 15%, los gastos administrativos, bancarios e impositivos, con el 14%, y el mantenimiento extraordinario y obras, que se ubica entre el 6% y el 11 por ciento.

    De acuerdo con el relevamiento, en la Provincia de Buenos Aires, las expensas aumentaron un 45,8% interanual, alcanzando un promedio de $155.508 en febrero, lo que totalizó un 0,6% más que en enero.

    En Córdoba, las expensas subieron un 37,8% interanual, con un promedio de $142.960 en febrero. Esto fue un 1,6% más que en enero. En tanto, en Santa Fe, estas se ajustaron en un 41,7% interanual, con un promedio de $128.097 en febrero (un 2,4% más que en enero). Entre Ríos, por su parte, tuvo un alza del 72,7% interanual, con un promedio de $72.654 en febrero, lo que significó un 5,5% más que en enero.

    “Después de varios años en los que los costos cambiaban de forma muy brusca, hoy empieza a aparecer un poco más de previsibilidad en cómo evolucionan las expensas. Eso no significa que los valores estén bajando, pero sí que los consorcios pueden empezar a visualizar mejor cómo se comporta su estructura de gastos. En un sistema como el de los edificios, donde hay contratos, servicios permanentes y decisiones colectivas, la previsibilidad es clave para poder administrar”, dijo Laiuppa.

  • "No podemos permitir otra Botnia". Frigerio pidió frenar una refinería en Uruguay

    "No podemos permitir otra Botnia". Frigerio pidió frenar una refinería en Uruguay

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió a la instalación de una refinería de combustibles sintéticos frente a Colón, sobre el río Uruguay, y a su intención de recurrir a la Justicia para frenar su colocación. “No podemos permitir una nueva Botnia, no podemos, después de ese tremendo mal paso que dio la Argentina, repetirlo”, consideró.

    El mandatario aludió así al conflicto bilateral entre la Argentina y Uruguay entre 2005 y 2010, a raíz de la instalación de plantas de celulosa en la margen oriental del río, cerca de Fray Bentos y Gualeguaychú.

    “En 2002 se confirma la inversión de Botnia, en 2005 arranca la obra y en 2007 se termina. La primera reunión bilateral del Gobierno, del Presidente, fue el 11 de marzo del 2005; del gobernador, el 29 de marzo del 2005; y del canciller de aquel entonces, el 5 de mayo del 2005″, repasó Frigerio en una conferencia en Colón y diferenció: “Las reuniones, que yo ya mantuve tres y el canciller me acompañó en dos, estamos haciéndolas justamente para evitar que esto prospere, para evitar los errores que cometió la Argentina hace no mucho tiempo“.

    La refinería se proyecta sobre la ribera de Paysandú y reavivó las tensiones por su posible impacto ambiental. La iniciativa está a cargo de la compañía HIF Global, que impulsa un desarrollo vinculado al hidrógeno verde del lado uruguayo del río.

    “Estamos analizando el estudio de impacto ambiental para ir con todas las de la ley y evitar que esto prospere. Es el compromiso que yo di: trabajemos en conjunto, depongamos los intereses berretas de la política y trabajemos codo a codo para lograr el objetivo de preservar la identidad, la cultura y los puestos de trabajo en la región”, pidió.

    Además, sostuvo que aún hay margen para intervenir. “Estamos a tiempo, haciendo lo que no se hizo entonces y que derivó en el conflicto con el pueblo uruguayo. Si tenemos que ir a la Corte Internacional de Justicia, vamos; si es necesario recurrir a otros tribunales internacionales, también lo haremos”, afirmó.

    En una publicación en la red social X, donde difundió un video de su exposición, indicó que mantuvo encuentros en los que planteó la necesidad de relocalizar la planta. “Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos”, escribió.

    Ante algunos cuestionamientos sobre que la obra implica una “inversión” para la provincia, Frigerio contestó: “A diferencia del kirchnerismo, creemos en el sector privado, en la inversión y en la generación de empleo. Queremos más empresas produciendo y creciendo en la región, tanto en Argentina, en Entre Ríos, como en Uruguay”.

    “Nuestro planteo no es contra la planta ni contra la inversión: es en defensa del desarrollo turístico y productivo de la costa del río Uruguay. Por eso exigimos su relocalización”, diferenció en respuesta a uno de los usuarios que lo increpó.


  • Frigerio pidió la relocalización de la refinería en Paysandú

    Frigerio pidió la relocalización de la refinería en Paysandú

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, afirmó que la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú “tiene que relocalizarse” y advirtió: “No podemos permitir otra Botnia”.

    Frigerio señaló que mantuvo varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar “clara la posición” respecto del proyecto.

    En ese marco, indicó que se logró que “el estudio de impacto ambiental incluya a Colón” y que el Gobierno provincial seguirá “muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

    “Ayer en Colón volví a dejar algo muy claro, no podemos permitir otra Botnia”, sostuvo el mandatario entrerriano.

    Además, remarcó: “El compromiso que asumimos desde el primer día es defender los intereses de nuestra provincia y en eso estamos trabajando”.

  • No podemos permitir otra Botnia

    No podemos permitir otra Botnia


    El gobernador Rogelio Frigerio salió este martes a marcar posición en la escalada contra la planta de hidrógeno verde que los uruguayos construirán en Paysandú, a la altura de la turística localidad entrerriana de Colón. “Ayer en Colón volví a dejar algo muy claro, no podemos permitir otra Botnia”, sentenció y recordó que se había reunido con las autoridades uruguayas para pedirle su relocalización.

    Ocurre que mientras la empresa HIF Global avanza con su proyecto de construcción de una planta de Hidrógeno verde para producir combustibles sintéticos en Paysandú, frente la zona de Colón, el rechazo al proyecto crece en Entre Ríos, bajo la sombra del conflicto por las pasteras que enfrentó duramente a uruguayos y argentinos a mediados de los 2000.

    El lunes, el gobernador estuvo en Colón y habló con las autoridades municipales y legisladores del ese municipio. Allí sentó parte de su posición: “Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”.

    Y agregó: “Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos. El compromiso que asumimos desde el primer día es defender los intereses de nuestra provincia y en eso estamos trabajando”.

    El gobernador, además, sostuvo. “A diferencia del kirchnerismo, creemos en el sector privado, en la inversión y en la generación de empleo. Queremos más empresas produciendo y creciendo en la región, tanto en Argentina, en Entre Ríos como en Uruguay”.

    Y agregó: “Nuestro planteo no es contra la planta ni contra la inversión: es en defensa del desarrollo turístico y productivo de la costa del río Uruguay. Por eso proponemos su relocalización”.

    A la par de que la empresa presentó los papeles ante el Ministerio de Ambiente oriental para dar el último paso necesario y empezar a construir la planta, un grupo de legisladores del PJ, enfrentados con Frigerio, presentaron una acción judicial preventiva contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA -la que construirá la planta– para, afirman, evitar un eventual daño ambiental derivado de la instalación de una planta de combustibles sintéticos en la ciudad de Paysandú, frente a la costa entrerriana del río Uruguay. Lo hicieron los legisladores nacionales del PJ Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay

    Si bien Michel acusó al gobierno entrerriano de una supuesta inacción frente al proyecto, desde el entorno del gobernador Rogelio Frigerio sostienen que el mandatario exigió la relocalización de la planta argumentando que el proyecto pone en riesgo el turismo, el ambiente y las economías regionales. Frigerio exigió que se instale al menos a unos 30 kilómetros de la costa.

    Hoy, los legisladores reclaman al gobierno uruguayo de Yamandú Orsi que los uruguayos no cumplieron presuntamente con los artículos de consulta bilateral que están previstos en el Estatuto del Tratado sobre el Río Uruguay que se administra bajo la Comisión conocida como CARU.

    La demanda, presentada por Michel, Adán y Bahl figura bajo el expediente 3276/2026, y solicita medidas de prevención de daños y perjuicios ante lo que los legisladores consideran un posible impacto ambiental “irreparable”. En la presentación sostienen que el proyecto avanza sin cumplir con las obligaciones establecidas en el Estatuto del Río Uruguay ni con la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de las plantas de celulosa conocido como “Botnia-UPM”.

    En ese sentido, solicitaron que “se adopten las medidas necesarias y razonables para que no se produzca o se intente, en todo caso, disminuir su magnitud”, en base a lo previsto en los artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo 319 del Código Procesal Civil y Comercial.

    Días atrás, con la presentación de la empresa, que promete una inversión de más de U$S 5300 millones y un empleo durante la construcción de 1.400 personas,se informó que había hecho ajustes internos como la reducción de la superficie de la planta en un 35%, además de una reducción de la altura de las antorchas de seguridad.

    Una vez construida, prometen 400 empleos para fabricar combustibles sintéticos o “e-combustibles”, que sustituyen los combustibles derivados del petróleo.

  • Deuda histórica: Corrientes y Nación buscan un acuerdo por las regalías de Yacyretá

    Deuda histórica: Corrientes y Nación buscan un acuerdo por las regalías de Yacyretá

    En un paso clave para el federalismo y los recursos provinciales, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó este lunes de la audiencia inicial convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    El encuentro marca el avance de la demanda contra el Estado nacional por el pago de las regalías de Yacyretá y Salto Grande, un conflicto que atraviesa décadas de incumplimientos normativos.

    La comitiva oficial, integrada por el fiscal de Estado, Horacio Ortega; el procurador José Roa; y el titular de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Pablo Cuenca, logró establecer una mesa de diálogo con las autoridades nacionales y representantes de la administradora mayorista eléctrica.

    “Vamos a seguir trabajando en defensa de lo que le corresponde a los correntinos, ni más ni menos”, sentenció el mandatario al finalizar la reunión en la Ciudad de Buenos Aires.

    El eje del conflicto: el precio de la energía

    La demanda judicial busca que la Nación cumpla con la Ley 15.336 y el decreto 287/93, que regulan las regalías en especie. El punto de conflicto radica en el valor que se le asigna a esa energía: Corrientes exige que se le reconozca un precio equivalente al “precio medio monómico del Mercado Eléctrico Mayorista”, en lugar de los valores depreciados que se venían aplicando.

    El reclamo tiene un fuerte antecedente político. Ya durante la gestión anterior de Gustavo Valdés, la provincia denunció que durante más de 25 años la Nación generó energía desde la represa sin abonar lo estipulado legalmente.

    “Lo único que se olvidaron es de pagar las regalías”, había cuestionado el entonces gobernador.

    Próxima instancia judicial

    El “diálogo positivo” logrado en esta primera audiencia permitió agendar un segundo encuentro para el 22 de abril de 2026. En esa instancia se espera profundizar en los aspectos técnicos del reconocimiento de deuda y el esquema de pagos futuros.

    Para el Gobierno provincial, la resolución de este litigio no solo representa un alivio financiero, sino un acto de justicia ante el impacto ambiental y social que generan las represas hidroeléctricas en el territorio correntino sin recibir la contraprestación legal correspondiente.

  • CABA se suma a Nación y ordena que los comercios detallen en el ticket cuánto se paga de Ingresos Brutos

    CABA se suma a Nación y ordena que los comercios detallen en el ticket cuánto se paga de Ingresos Brutos

    Por decreto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ordenó modificar la manera en que se discriminan los precios en los comprobantes de venta al consumidor para incluir cuánto corresponde al pago de Ingresos Brutos. La administración porteña acompaña los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la ley nacional 27.743. Se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos.

    En el paquete fiscal aprobado en julio del 2024, el gobierno de Javier Milei creó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. En el artículo 99, establece que quienes realicen ventas a consumidores finales “deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios” junto con la leyenda “Precio sin impuestos”. También deberán efectuar la correspondiente “discriminación impositiva” en tickets.

    En la misma normativa, se convoca a las provincias y a la Ciudad “a dictar las normas pertinentes” a fin de asegurar que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia de IIBB y de los tributos municipales en los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios que se realizan en cada jurisdicción.

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    Transparencia fiscal en CABA con el costo de Ingresos Brutos

    Con ese objetivo, Macri decretó a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) que instrumente los mecanismos normativos locales que permitan operativizar dicha discriminación. El objetivo es, según explicó el jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny, que los contribuyentes “discriminen en cada operación cuánto del precio corresponde a este tributo”.

    “De esta manera, el consumidor va a saber cuánto paga realmente en impuestos en cada compra que realiza“, agregó el funcionario porteño en una publicación realizada en “X” en la que aseguró que se apunta hacia “una mayor transparencia fiscal para los consumidores” para que los porteños tengan “mayor claridad en los precios”.

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    Una vez implementada, los impuestos provinciales deberían discriminarse por debajo del detalle de los impuestos nacionales y por encima de las tasas municipales.

    ONG Lógica

    En los argumentos, el decreto marca que la modificación le permitirá al porteño “conocer el componente impositivo que integra el costo final de los bienes y servicios que adquieren”, lo cual fortalecerá “la conciencia fiscal” del consumidor.

    Además, resaltan que la desagregación detallada del precio final “contribuye a fortalecer la transparencia en la relación de consumo, lo que permite reducir las asimetrías de información existentes entre proveedores y consumidores, distinguir con claridad el valor propio del bien o servicio y la incidencia de la carga tributaria, y evitar una distorsión informativa”.

    Cuándo comenzará a regir el cambio en Ingresos Brutos

    En ese marco, el jefe de Gobierno, a través del decreto 107/26 encomienda a la AGIP a que “adopte las medidas que estime pertinentes a fin de revisar y adecuar la normativa vigente, con el objetivo de establecer la obligación, para los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen operaciones con consumidores finales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de discriminar en el monto total de cada operación la incidencia del referido tributo local”.

    Asimismo, determina que AGIP, organismo a cargo de Germán Krivocapich, será la encargada de disponer “los mecanismos técnicos, el cronograma de implementación y la fiscalización que resulte pertinente a fin de dar cumplimiento” a los cambios. Por el momento no hay fecha estimada de implementación.

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    Depositphotos

    Baja adhesión de las provincias al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

    De esta manera, CABA se suma a otras jurisdicciones como Chubut, Neuquén y Entre Ríos que decidieron adherirse a los cambios propuestos en el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, aunque hasta el momento ninguna de las tres provincias instrumentaron su implementación. En Salta, una medida similar obtuvo media sanción en la Legislatura.

    Desde el 1 de enero del 2025, las grandes empresas vienen mostrando en los tickets el IVA, impuestos internos y a los combustibles. Y desde el 1 de abril se extendió a todos los demás comercios que vendan a los consumidores. Así, por ambas normas, se sabe cuánto pesan los impuestos en el precio tanto antes de la compra (publicidades y exhibición) y después (tickets).

    Pero por el momento, más allá de la adhesión de las 4 mencionadas, aún restan que adhieran las otras 21 y que todas lo implementen. El titular de la ONG Lógica, Matías Olivero Vila, precisó que “la reticencia general de las provincias a adherirse no es admisible”. “Ingresos brutos y tasas municipales son los tributos más ocultos, los consumidores no tienen idea que los están soportando. Esta no es como la invitación del RIGI o blanqueo, donde las provincias ponen en juego su recaudación, por lo que bien pueden rechazarla”, declaró.

  • En medio de la pelea por las tasas municipales, los comercios porteños deberán incluir el detalle de Ingresos Brutos en los tickets

    En medio de la pelea por las tasas municipales, los comercios porteños deberán incluir el detalle de Ingresos Brutos en los tickets

    En medio de la pelea del Gobierno Nacional con intendentes K bonaerenses por la suba reciente de las tasas municipales, los comercios porteños deberán incluir el detalle de Ingresos Brutos en los tickets que entregan a sus clientes.

    Es por la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de sumarse al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial de la jurisdicción. De esa manera, ya son cuatro las provincias adheridas: Chubut, Mendoza, Entre Ríos y, ahora, la Ciudad de Buenos Aires.

    Sin embargo, en la práctica, ninguna incorporó todavía el detalle de Ingresos Brutos ni tasas en sus comprobantes de venta. Aunque aprobaron su adhesión al régimen, aún no avanzaron con la inclusión para que efectivamente aparezcan.

    La ley 27.743 obliga a grandes cadenas y negocios chicos a detallar los impuestos nacionales en los tickets de compra. Se muestran de forma extensiva en todo el país desde que se implementó la norma hace un año.

    Son el IVA, los Impuestos Internos en el caso de bebidas alcohólicas y tabaco, y el Impuesto a los Combustibles y al Dióxido de Carbono, que rige sobre la venta de nafta y gasoil en estaciones de servicio. Quedaron afuera otros nacionales como el Impuesto al Cheque y los Derechos de Importación (aranceles).

    Aunque en el caso de las provincias la adhesión es facultad de cada distrito, la ONG Lógica, que impulsó la iniciativa, la entiende como una obligación. “El artículo 42 de la Constitución afirma que los consumidores tienen derecho a información adecuada y veraz. Así como lo son los octógonos, comunicar el peso de impuestos en alimentos y bebidas es esencial”, consideró el titular de la entidad, Matías Olivero Vila.

    Al respecto, recordó que el 15 de abril se cumplirá un año de la adhesión al régimen de Chubut, mientras que Mendoza incumplió el plazo del 1° de enero que fijó su normativa local para la puesta en marcha. En tanto, Entre Ríos incumplió los 90 días que se autoimpuso. Es decir, en las tres todavía no hubo una reglamentación.

    Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires prometió que el detalle figurará pronto en los tickets, pero no hay una fecha prevista. La medida, que es la primera que sale por decreto, tiene lugar luego de que se eliminó el artículo de Transparencia Fiscal del mismo Código horas antes de la votación en noviembre pasado. Según Lógica, la oficialización de este lunes estaba prevista para enero pasado.

    La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) es la autoridad de aplicación y la encargada de su reglamentación. Germán Krivocapich, titular de AGIP, destacó que “la Constitución de la Ciudad protege los derechos de los usuarios y garantiza el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna, así como la transparencia y la eficacia en la gestión son objetivos esenciales”.

    De esa manera, quedan por adherir 17 provincias. Algunas de ellas lanzaron propuestas. En Salta, el proyecto obtuvo media sanción, mientras que, tras la conformidad de las cámaras empresarias locales, Córdoba publicó una resolución que anticipa su envío a la legislatura. La ONG y otras entidades les enviaron sucesivas cartas a los gobernadores exhortando a sumarse.

    “Confiamos en la pronta implementación porque es inaceptable la foto general de las provincias: las adheridas no reglamentan, las que están en proceso avanzan lento y los otros gobernadores guardan un inaceptable silencio, con una asimetría con los impuestos nacionales, que, en menos de seis meses de reglamentada la ley, se empezaron a ver en tickets de todo el país, sin mayores inconvenientes”.

    Y apuntó que “los gobernadores no solo le están diciendo que ‘no’ al Gobierno Nacional, sino también a 94% de ciudadanos que quieren saber cuánto del precio final corresponde a impuestos, según Poliarquía”.