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Tras la aprobación de la reforma laboral, el Gobierno puso en marcha el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), una plataforma digital que permitirá a los contribuyentes registrar sus proyectos de inversión y gestionar los beneficios tributarios asociados, en particular los previstos por el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Se trata de un esquema destinado a las pymes que contempla ventajas fiscales para proyectos productivos de entre USD 150.000 y USD 9 millones.

Así fue establecido mediante la Resolución General 5889/2026 de ARCA, publicada este martes en el Boletín Oficial, que apunta a agilizar y simplificar la gestión mediante un sistema sin papeles, con una carga de información más sencilla.

La herramienta permitirá, además, interactuar con las bases de datos y sistemas del organismo y realizar un control temprano de la información ingresada, con el objetivo de reducir los costos de cumplimiento y administración.

Los dos beneficios que ofrece el RIMI para quienes realicen inversiones productivas en bienes muebles amortizables y obras en el país son la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales en el IVA.

El tributarista Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, destacó que el SGI es un servicio web disponible a través del sitio de ARCA, al que los contribuyentes pueden ingresar con Clave Fiscal. La plataforma permite registrar proyectos de inversión, asociar comprobantes, seleccionar los beneficios fiscales que se busca utilizar y realizar el seguimiento de las inversiones declaradas.

Según la normativa, el sistema reemplazará de manera gradual los procedimientos vigentes para la gestión de inversiones productivas y, a futuro, podrá ampliarse para incorporar otros regímenes de beneficios e incentivos tributarios.

Para operar en el sistema, los contribuyentes deben cumplir condiciones formales básicas: CUIT activo, alta en los impuestos correspondientes, domicilio fiscal declarado, actualizado y sin inconsistencias, actividad económica actualizada según el clasificador CLAE y Domicilio Fiscal Electrónico constituido.

Las inversiones productivas deberán haber comenzado a partir del 6 de marzo de 2026, mientras que los comprobantes que las respalden podrán tener fecha de emisión hasta el 19 de mayo de 2028, inclusive.

Dentro del SGI, cada proyecto se clasifica según el tipo de inversión: bienes de capital; bienes de informática y telecomunicaciones; obras; equipos de riego agrícola; equipos de alta eficiencia energética; bienes semovientes; malla antigranizo; y minas, canteras y bosques. A su vez, el sistema asigna un código único de identificación a cada bien, obra o explotación registrada.

“Una precisión importante para quienes tengan obras en curso: el Decreto 242/2026 dispone que solo califican como ‘obras’ en los términos del RIMI aquellas que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley (6 de marzo de 2026), tuvieran un grado de avance inferior al 30% del monto total de inversión de la obra. Las obras con mayor avance a esa fecha quedan fuera del régimen”, remarcó Domínguez.

“La Resolución General Conjunta 5849 admite acreditar ese porcentaje mediante facturas o documentos equivalentes, informe técnico de profesional idóneo, certificado de avance de obra, contrato de locación de obra, o cualquier otro medio fehaciente, con firma certificada por el consejo profesional correspondiente”, agregó.

Cómo funciona la amortización acelerada en Ganancias

Para acceder al beneficio, el contribuyente deberá seleccionarlo al momento de registrar el proyecto de inversión en el SGI e informar los datos correspondientes antes del vencimiento de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias en la que se incluya la amortización.

La normativa establece que los bienes declarados y la amortización computada deberán coincidir con la información registrada en el sistema. De este modo, la correspondencia entre los datos cargados en el SGI y los consignados ante ARCA se convierte en un requisito clave al momento de presentar la declaración jurada.

Cómo funciona la devolución del IVA

La devolución del IVA constituye uno de los beneficios más relevantes para las empresas que realizan inversiones. El impuesto abonado por la adquisición de bienes muebles amortizables y obras destinados a proyectos de inversión productiva que permanezca como saldo a favor luego de transcurridos tres meses desde que resulte computable podrá ser recuperado. Esto permite mejorar el flujo de fondos y reducir el costo financiero asociado a la inversión.

Sin embargo, el beneficio está sujeto a un límite: alcanza hasta el 50% del cupo anual establecido para el régimen general de devolución del IVA por inversiones en bienes de uso, cuyo monto se determina en la Ley de Presupuesto. La asignación se realiza entre los beneficiarios según el orden de antigüedad de las solicitudes.

Según Domínguez, el procedimiento opera en etapas. Primero, el contribuyente debe presentar una presolicitud a través del SGI, en la opción “Presentación de presolicitud SIR”. Esta instancia está habilitada cuatro veces al año, durante los primeros diez días de febrero, mayo, agosto y noviembre.

Entre el 11 y el 15 de esos mismos meses, el sistema informa el cupo fiscal asignado, que puede consultarse en la sección “Consulta de Comprobantes con Suficiencia de Cupo Fiscal”.

Una vez asignado el cupo, el contribuyente deberá esperar tres períodos fiscales mensuales, contados desde aquel en que resulte procedente el cómputo del crédito fiscal en la declaración jurada de IVA. Cumplido ese plazo, los comprobantes quedarán disponibles en el Sistema Integral de Recupero (SIR) para formalizar la solicitud de devolución, de acuerdo con lo establecido por la Resolución General 5173.

“Este mecanismo es una mejora relevante respecto al régimen general de devolución de saldos a favor por inversiones en bienes de uso implementado por la Ley 27.430 ya que por la reglamentación solo puede solicitarse en diciembre de cada año”, resaltó Domínguez.

El SGI entró en vigencia este martes y se espera que esté disponible próximamente para los contribuyentes que ingresen con Clave Fiscal. En este marco, las empresas que estén evaluando o ya hayan iniciado inversiones productivas podrán:

• Verificar que la CUIT esté activa y que el domicilio fiscal actualizado sin inconsistencias.
• Confirmar el alta en Ganancias e IVA y que el código de actividad CLAE esté actualizado.
• Confirmar tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico si aún no está habilitado.
• Relevar las inversiones realizadas desde el 6 de marzo de 2026 y reunir los comprobantes de respaldo.
• Clasificar cada inversión según los tipos previstos en el Anexo I de la RG 5889/2026.
• Identificar la primera ventana de presolicitud de devolución de IVA (febrero, mayo, agosto o noviembre) en la cual pueden presentarse para recuperas el IVA de las inversiones.

Para Domínguez, “tanto la amortización acelerada en Ganancias como la devolución de créditos fiscales en IVA son beneficios relevantes, pero debe tenerse presente que no aplican a cualquier inversión: el artículo 181 de la Ley 27.802 exige alcanzar un monto mínimo de inversión, que varía según la categoría de la empresa: USD 150.000 para Micro empresas, USD 600.000 para Pequeñas, USD 3.500.000 para Medianas Tramo 1 y USD 9.000.000 para Medianas Tramo 2″.

“Por debajo de esos umbrales, la inversión no queda comprendida en el RIMI (con la excepción de los bienes de riego, alta eficiencia energética, mallas antigranizo y semovientes, que pueden acceder al régimen sin sujeción a un monto mínimo). Por eso, antes de planificar el uso de estos beneficios, es clave dimensionar la inversión proyectada contra el umbral que corresponde a la categoría de la empresa”, explicó el especialista.

El proyecto contempla medidas excepcionales que permitirían restringir libertades como la personal, de reunión y de comunicación por períodos de hasta 240 días, sin requerir una consulta previa al Congreso.

El Gobierno nacional continúa las negociaciones con las provincias a fin de garantizar votos claves en el Congreso. El objetivo es avanzar con su agenda de reformas, entre ellas la modificación del sistema electoral. En este contexto y tras reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck fue contundente al afirmar que apoyará al gobierno con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Durante una entrevista con Infobae en Vivo, Weretilneck fue categórico: “Estoy de acuerdo con la suspensión. No con la suspensión, eliminación. Creo que no hay por qué obligar a todos los argentinos a elegir por un candidato a presidente, a senador, a diputado nacional”.

En este sentido indicó que “cada uno de los partidos políticos tiene que tener su propio esquema de elección y cada uno tiene que resolver cómo elige entre sus afiliados la propuesta que le hace a los argentinos”. Para el mandatario rionegrino, la obligatoriedad de las PASO resulta innecesaria y la definición de candidaturas debe quedar en manos de los partidos.

El contexto federal y la negociación con las provincias

La definición pública de Weretilneck llega en medio de una serie de acuerdos entre el Gobierno nacional y provincias dialoguistas. Estos acuerdos incluyen la transferencia de la gestión de rutas nacionales y servicios como el Tren del Valle a jurisdicciones provinciales, bajo un esquema que busca fortalecer el vínculo político y evitar grandes erogaciones presupuestarias.

En este escenario, la Casa Rosada intenta consolidar mayorías parlamentarias necesarias para avanzar con su agenda legislativa.

El gobernador insistió en que “no tiene nada que ver someter a todos los argentinos a tener que opinar sobre qué candidato tiene un partido político u otro. Eso es para elecciones generales”. Weretilneck sostuvo que la selección de candidatos debe resolverse dentro de cada fuerza política y no a través de una instancia obligatoria para toda la ciudadanía.

El acercamiento también se tradujo en hechos concretos. La provincia asumió recientemente la administración de la Ruta Nacional 22 y la Ruta Nacional 151. Según Weretilneck, la falta de inversión y mantenimiento por parte de la Nación forzó a la provincia a aceptar el desafío. “El hecho de resolver por nosotros mismos nuestros temas como es la infraestructura, y no depender más de Buenos Aires es ganar en autonomía”, explicó el gobernador.

Diagnóstico sobre infraestructura y gestión local

El gobernador describió una situación crítica en materia de rutas. “Tenemos hoy un tema que es urgente, que es poner las rutas en condiciones. Están todas abulladas por la falta de control de peso de camiones. Hay rutas como es Bariloche-Catriel sobre la 151, que son directamente cráteres”, dijo. Y aseguró que la transferencia de la gestión no incluyó fondos nacionales y que el financiamiento recaerá sobre la provincia y los usuarios de las rutas.

La Ruta 22 es el principal corredor productivo del norte provincial y, según el gobernador, sostiene el movimiento del 90% de la producción regional, incluido el transporte de arena hacia Vaca Muerta. El mandatario advirtió sobre el impacto de la falta de mantenimiento: entre 2017 y 2026, 209 personas fallecieron en siniestros viales en estos corredores.

Planificación de financiamiento y visión a futuro

Weretilneck anticipó que el futuro sistema vial provincial combinará fondos públicos y privados. “Hay parte que saldrá del presupuesto público y parte que será financiado por los propios usuarios de las rutas”, sostuvo. Consideró lógico avanzar en concesiones y peajes para asegurar los recursos necesarios, con transparencia y control estatal. “No tiene por qué un contribuyente que paga sus impuestos de Bariloche pagar el mantenimiento de una ruta que no usa”, dijo.

En este marco, el gobernador señaló la colaboración del Consejo Federal de Inversiones y la posibilidad de sumar financiamiento de organismos multilaterales. El objetivo es diseñar un sistema eficiente y seguro, adaptado a las necesidades productivas y sociales de la región.

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En las últimas semanas, el Gobierno flexibilizó los créditos en dólares para las empresas y ahora los bancos podrán prestar hasta un 15% de sus depósitos en moneda extranjera. Si bien el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sostuvo que no hay que esperar un “boom” con está medida, en el transcurso del mandato de Javier Milei, los préstamos en moneda extranjera al sector privado aumentó cerca de un 600 por ciento, mientras que los depósitos en billete norteamericano crecieron diez veces más que en pesos.

El Informe Monetario Diario del BCRA muestra que el financiamiento en dólares tuvieron un salto sin precedentes desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026. El stock de créditos otorgados por el sistema financiero en moneda extranjera se ubicó en USD 3.482 millones en diciembre de 2023. Para julio de 2026, la cifra llegaba a 24.227 millones dólares. La evolución no fue lineal, sino que se registraron incrementos relevantes en distintos momentos del período.

Entre diciembre de 2023 y junio de 2024, los préstamos en dólares pasaron de USD 3.482 millones a 6.404 millones de dólares. En septiembre de 2024, el stock superó los USD 7.200 millones y al cierre de ese año mostró otro salto, con USD 10.023 millones en diciembre de 2024. Durante la primera mitad de 2025, el crecimiento continuó y los créditos superaron los USD 15.000 millones en junio. El impulso más fuerte se observó en 2026: en enero los préstamos alcanzaron los USD 19.175 millones y en julio tocaron los 24.227 millones de dólares.

Más allá del considerable crecimiento en los últimos dos años y medio, Bausili matizó las expectativas en torno a la flexibilización de los créditos en dólares para empresas que no generan divisas. En tal sentido, remarcó que no espera un “boom” en el corto plazo. No obstante, se espera que continúe el alza en los próximos meses.

“Hoy nos parece que es el timing apropiado porque por un lado, las tasas en pesos todavía son altas, y esas tasas altas para muchos de los negocios hacen que sea más dificultoso hacerlo rentable y también es importante por el lado de la Ley de Inocencia Fiscal. El objetivo es que haya un mayor crédito”, sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa.

“Creemos que es una medida que beneficia a todos, que va a generar mayor crédito, una baja en el nivel de tasas, mayor empleo y que va ayudar a reactivar la economía”, sumó Caputo.

La iniciativa que permite a los bancos prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares. Según explicó el titular del Palacio de Hacienda, fue una respuesta a la demanda de sectores productivos, principalmente la construcción y la industria automotriz, que operan en dólares y tienen un impacto relevante en el empleo. La medida se apoyó en el contexto de tasas en pesos elevadas, que restringen la rentabilidad de muchos negocios si optan por financiarse en moneda local.

La ayuda de Inocencia Fiscal

El crecimiento de los préstamos en dólares estuvo acompañado por un fuerte aumento de los depósitos en esa moneda dentro del sistema financiero argentino. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, el stock saltó de USD 14.115 millones a 40.656 millones de dólares. El salto fue de USD 26.541 millones, mientras que los depósitos en pesos, convertidos a dólares para comparación, pasaron de USD 76.561 millones a USD 79.226 millones, un aumento de apenas 2.665 millones de dólares.

Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), los depósitos en dólares crecieron diez veces más que los depósitos en pesos en el mismo lapso. Esto evidenció dos tendencias: la preferencia de los ahorristas argentinos por el dólar y una mayor disposición a bancarizar esos fondos. A diferencia de otras etapas, una parte significativa de los dólares quedó en bancos argentinos y no se fugó al exterior ni permaneció fuera del circuito financiero bajo la modalidad de “colchón”.

Ahora el Gobierno espera que el nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal complemente el proceso de flexibilización del crédito en dólares. Este miércoles, el oficialismo buscará avanzar en la Cámara de Diputados con la media sanción de la iniciativa, que apunta a corregir los puntos débiles de la legislación vigente y a brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan formalizar sus ahorros en dólares. Si la ley se aprueba y más personas ingresan sus dólares al sistema, los bancos tendrán una mayor capacidad para ofrecer financiamiento en moneda extranjera.

El stock de préstamos en dólares registró subas especialmente marcadas en los tramos finales de cada año y en el primer semestre de 2026. La bancarización de los ahorros en dólares y la expansión de los depósitos en moneda extranjera permitieron a los bancos ampliar la oferta de crédito dentro de los límites regulatorios. Y ahora se buscan que continúe con la flexibilización de los requisitos e Inocencia Fiscal II.

La eficacia de esta medida todavía es una incógnita. “Cuando fue el blanqueo que dio una garantía y seguridad jurídica total si se cumplen todas las condiciones, la gente depositó USD 20.000 millones durante este Gobierno. Con Mauricio Macri fueron menos, pero el blanqueo total fue de USD 116.000 millones. La utilización de dólares se da en el marco de la seguridad jurídica y la expectativa de lo que va a pasar a futuro”, sostuvo el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

El Gobierno estima que los argentinos poseen USD 170.000 millones fuera del sistema financiero. Con la aprobación del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, las autoridades prevén que los contribuyentes, al eliminar riesgos, incorporen parte de esos ahorros al circuito formal. No obstante, el equipo económico evita dar cifras sobre el volumen de dólares que esperan captar.

La cantidad de conductores de aplicaciones de transporte en la Argentina creció un 900% en los últimos seis años. Según estimaciones del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), en 2020 había alrededor de 100.000 choferes activos en plataformas de transporte y delivery; hoy esa cifra supera el millón.

Si se toma únicamente el segmento de conductores de aplicación, las ganancias semanales pueden ir de los $500.000 a los $1.500.000, aunque depende de la cantidad de horas trabajadas y los costos fijos propios de la actividad.

La forma más precisa de medir cuánto gana un chofer de plataforma no es por semana ni por mes, sino por hora. “Un piso de $12.000 la hora es un día tranquilo de trabajo, como puede ser un martes o un miércoles. Un buen día —un fin de semana— ronda los $18.000 y hasta $20.000 la hora”, explicó Don Uberto, conductor con años de experiencia en el rubro y creador de contenido sobre el sector en YouTube e Instagram.

La métrica horaria es la que realmente permite comparar: nivela al chofer que trabaja dos horas con el que trabaja 12, porque el promedio por hora se mantiene relativamente estable sin importar la duración de la jornada.

El conductor lo explicó con un ejemplo: si alguien trabaja 10 horas a $15.000 la hora, genera $150.000 en el día. Multiplicado por seis o siete días, el número llega a rondar el millón de pesos semanal. “Pero eso es lo bruto que uno puede llegar a generar, no lo que le queda en el bolsillo”, advirtió.

Los números de una de las plataformas, la última que ingresó al mercado local, ilustran la magnitud del fenómeno. En el último año, más de medio millón de argentinos eligieron generar ingresos a través del ese sistema y, actualmente, cada dos minutos una persona realiza su primer viaje como conductor en la aplicación que tiene presencia en 23 provincias.

En promedio, según la compañía, sus conductores generan el equivalente a seis salarios mínimos, y algunos llegan a duplicarlo. El perfil de quienes eligen esta actividad es amplio: el 27% tiene más de 45 años, los mayores de 60 realizan en promedio 2,5 veces más viajes que el resto, y el 10% son menores de 25 que complementan sus estudios. Más del 70% valora la flexibilidad horaria por encima de cualquier otra variable: la posibilidad de conectarse un solo día a la semana, unas pocas horas o a tiempo completo es lo que, según la plataforma, explica gran parte del crecimiento.

Los costos fijos

El gasto operativo de un conductor representa hoy cerca del 50% de sus ingresos brutos, una proporción que hace pocos años rondaba el 15% o el 20%. Combustible, cubiertas, frenos, embrague y depreciación del vehículo forman una estructura de costos que creció muy por encima de los aumentos de tarifas que aplicaron las plataformas.

“Se achicó la brecha entre lo que uno genera y lo que realmente le queda en el bolsillo”, señaló Don Uberto. Quienes no tienen vehículo propio no escapan a esa lógica: el alquiler de un auto reemplaza los gastos de mantenimiento, pero los valores finales tienden a equipararse.

Cuál es la comisión que cobra la plataforma

Uno de los conceptos más extendidos y más inexactos del sector es que las plataformas retienen el 40% de lo que genera cada conductor. “Eso es falso”, afirmó Don Uberto. La tasa de intermediación promedio es del 24% y la paga el pasajero, no el chofer. El mecanismo es directo: al conductor le llega una oferta con el monto que va a percibir. Si acepta un viaje por $10.000, esos $10.000 son suyos. Lo que el pasajero pague por encima —$13.000, $15.000— es la comisión de la plataforma.

Las diferencias entre aplicaciones son, en la práctica, mínimas. Si bien cada una tiene distintos precios base, en el global —por volumen y tipo de viajes— los ingresos tienden a equipararse.

El crecimiento del sector, según el SiTraRepA, responde en parte a la pérdida de empleo formal y a la necesidad de sumar ingresos. Ese fenómeno, sostiene la organización, explica también por qué la desocupación no creció de forma pronunciada pese a la caída de la actividad económica.