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El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, defendió este domingo el endurecimiento de las políticas de seguridad y orden urbano del Gobierno de Jorge Macri, reivindicó la baja de los piquetes en la Ciudad y así rechazó la disputa con La Libertad Avanza por el mérito de esas medidas.

En diálogo con Romina Manguel, en el programa A Confesión de Parte, el funcionario porteño primero señaló que “el objetivo que tenemos desde la gestión de Jorge es ordenar la ciudad y respetar la ley”. Y sumó: “Eso te va llevando desde el ejecutivo a ir planteando soluciones o acciones para que en cada cosa diaria se empiece a notar”.

“Antes era imposible determinar cuánto ibas a tardar en llegar, desde que entrabas a la 9 de Julio hasta que la pasabas por los piquetes. Hoy no hay más piquetes y sin afectar el derecho constitucional a manifestarse. Lo hicimos conjuntamente con autoridades nacionales”, continuó.

Y agregó: “No me corresponde hablar de quién se lleva el rédito político de algo que beneficia a la gente. ¿Fue Patricia Bullrich? Sí. ¿Fue Jorge Macri? También. Hay decisión política”.

Sobre ese punto, Tapia descartó cualquier disputa por el mérito: “No importa quién se lleva el crédito. Esto era en beneficio del porteño y de aquel que entra a la ciudad y sale todos los días, que son tres millones de personas”, dijo.

El contexto político en el que se producen estas declaraciones no es menor. A poco más de un año de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y con las negociaciones entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en marcha, la legisladora libertaria Pilar Ramírez apuntó contra el giro en las políticas de Jorge Macri.

La semana pasada, en declaraciones a Splendid 990, la titular de LLA en la Ciudad cuestionó si el jefe de Gobierno actúa por convicción o por cálculo electoral: “Jorge Macri no sé si tiene el orden como prioridad, no sé si es una convicción o es un focus groups o es una foto, porque el orden tiene que primar en todos los aspectos de la ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

Ramírez también reclamó reconocimiento por el origen de esas políticas. “A veces le falta reconocernos el copyright”, sostuvo, y subrayó que fue La Libertad Avanza el espacio que decidió terminar con los piquetes y los acampes a nivel nacional. “El PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires hace veinte años. Y si no hubiera sido porque este presidente o porque este espacio político decidió terminar con esos desórdenes, nada de eso hubiera pasado”, añadió la legisladora, de acuerdo con el mismo medio. Aun así, aclaró que no son “celosos” del asunto, siempre que la adhesión a esas políticas sea genuina.

Desde el Gobierno de la Ciudad, Tapia sostuvo que actuó por convicción. El ministro repasó una serie de medidas para ilustrar el cambio de rumbo, y señaló que muchos de esos problemas habían sido “naturalizados” durante años, incluso dentro de administraciones anteriores del PRO. Uno de los ejemplos que mencionó fue el de los manteros en los barrios de Once y Flores, donde la venta ambulante ilegal había colapsado el espacio público durante años.

Tapia precisó que cuando se desempeñaba como jefe de gabinete de Macri —en aquel entonces ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta—, el problema de los manteros ya estaba sobre la mesa, pero no se tomaban decisiones. “Había una decisión política para tomar y los manteros se sacaron y, ¿sabés qué? En un año y medio no volvieron”, remarcó. El funcionario también advirtió que detrás de la organización de esos vendedores operan estructuras mafiosas que los coordinan y desplazan, y que la gestión actual realiza un seguimiento activo para evitar que se reinstalen en otros puntos del distrito.

El siguiente eje que abordó fue el de los trapitos, otro fenómeno que, según Tapia, la sociedad porteña había terminado por aceptar como parte del paisaje urbano. “Llegábamos a un espectáculo deportivo o cultural y venían y te extorsionaban para darle plata, y generalmente ya lo habíamos aceptado: le negociabas el precio al trapito”, describió. La respuesta del Gobierno de la Ciudad fue una modificación en el Código Contravencional que incorporó la pena de arresto para quienes ejerzan esa práctica. “Si sos trapito, sabé que podés ir en cana en la ciudad”, sentenció el ministro, y explicó que la medida apunta tanto a quienes actúan en la vía pública como a las redes que los organizan desde atrás.

El tercer bloque de acción que describió Tapia fue el de la recuperación de propiedades privadas usurpadas. Según informó el funcionario, el Gobierno porteño colaboró con la Justicia en más de 900 operativos de desalojo. En el 80% o 90% de los casos, existe una orden judicial previa producto de un proceso civil iniciado por el propietario del inmueble. El problema, explicó, era que esas órdenes no se ejecutaban: el oficial de justicia llegaba al domicilio, tocaba el timbre o aplaudía en la puerta, y el operativo fracasaba.

Para revertir esa dinámica, la Ciudad desplegó una respuesta coordinada entre tres áreas. El Ministerio de Seguridad aporta la fuerza necesaria para materializar la orden; el Ministerio de Espacio Público interviene para que el proceso no afecte el entorno ni el barrio; y el Ministerio de Desarrollo Humano realiza un seguimiento de las personas desalojadas para garantizar que tengan adónde ir, independientemente de si ocupaban el lugar por necesidad o por otra razón. “Hay una trazabilidad por detrás que por ahí no se muestra en el momento”, subrayó el ministro.

Al cerrar el reportaje, Tapia amplió el alcance de la filosofía que guía a la gestión más allá del área de seguridad y justicia. Mencionó la educación, la salud y el tránsito como otros ámbitos donde se aplica la misma lógica: “La forma de ir cambiando el comportamiento social es volver al orden y volver al respeto de la ley en esta ciudad. Aquel que no cumpla la norma, que tenga sus consecuencias”, concluyó.

(Desde Washington, Estados Unidos) Impsa fue la primera empresa que privatizó Javier Milei y la primera compañía que cerró un acuerdo comercial con Delcy Rodríguez, que se hizo cargo de la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Donald Trump.

Impsa está liderada por Jorge Salcedo y Juan Manuel Domínguez, que supieron articular un vínculo fluido con el gobierno argentino y una relación de confianza con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

La empresa que privatizó Milei estaba en ruinas y designada por la OFAC, un organismo que aplica sanciones económicas contra países que ponen en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.

Impsa tenía un contrato con el régimen venezolano por dos centrales hidroeléctricas –Tocoma y Macagua-, y la OFAC había prohibido que empresas con capitales americanos operaran bajo las decisiones políticas de Nicolás Maduro.

En abril de 2025, Salcedo y Domínguez presentaron un recurso ante la OFAC para anular las sanciones en contra de Impsa. Y seis meses más tarde, los dos viajaron a Washington para tratar de encontrar una salida al laberinto.

“Maduro tiene mucho que pensar”, fue la respuesta en clave que recibieron Salcedo y Domínguez en el Departamento de Estado.

Para esa fecha, Donald Trump ya había ordenado un despliegue militar inédito frente a las costas de Venezuela. El presidente republicano le cerraba su cerco al dictador y aguardaba paciente para ejecutar su agenda geopolítica en América Latina.

El 3 de enero de 2026, Trump cumplió su amenaza: capturó a Maduro y lo puso a disposición de los tribunales federal de New York.

La captura de Maduro aceleró los tiempos.

Salcedo y Domínguez pidieron un pronto despacho a la OFAC, que actuó en consecuencia. La Casa Blanca apoyaba a Delcy Rodriguez, que se olvidó de Maduro y se plegó a las decisiones políticas que ordenaba Trump desde el Salón Oval.

En marzo de 2026, durante un viaje relámpago a Caracas, Salcedo y Domínguez fueron recibidos por Rodríguez en su despacho de La Estancia. El clima era distendido y no había un solo retrato de Maduro.

Fue una reunión de negocios: las autoridades de Impsa explicaron a la sucesora de Maduro que la mejor opción era que su compañía se hiciera cargo de las centrales de Tocoma y Macagua “sin intermediarios”.

Delcy Rodríguez aceptó. Tiene línea directa con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría del Tesoro, y sabía con quienes estaban negociando.

Venezuela aprobó una adenda al contrato formal de 2014 -por eso no era necesaria una nueva licitación-, y la sucesora de Maduro ordenó que todo fluyera para que Impsa pudiera cumplir con sus obligaciones contractuales.

Esas obligaciones implican, en una primera fase, poner en servicio un total de 672 MW entre Tocoma y Macagua, con los primeros 160 MW en línea dentro de los próximos 90 días hasta alcanzar 2.640 MW en servicio entre las dos Centrales hidroeléctricas.

Impsa avanza en su hoja de ruta y hay satisfacción en Caracas y Washington. Delcy Rodríguez recibió dos veces más a Salcedo y Domínguez, y como ya hay confianza, los encuentros fueron en el Palacio de Miraflores.

Hace unos días, Jarrod Agen – asesor de Trump- recibió al directorio de Impsa en su despacho de la National Energy Dominance Council (NEDC), que está a pocos metros del Salón Oval.

Durante el cónclave, Salcedo y Domínguez aseguraron a Agen que Impsa “estaba cumpliendo sus obligaciones en Venezuela”.

Agen se comprometió a transmitir el mensaje al presidente de Estados Unidos. Trump sostiene a Delcy Rodríguez, y necesita que todos los días haya luz Venezuela.

El Gobierno nacional puso en marcha un esquema para reactivar el acceso al crédito hipotecario en la Argentina, con el objetivo de facilitar la compra de una vivienda propia y, de paso, darle impulso al sector de la construcción. Detrás del anuncio aparece un actor que no suele estar en el centro de la escena económica: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), más conocido como FGS. Se trata de un fondo que administra el organismo previsional y que ahora pasará a cumplir un rol activo en el financiamiento de la vivienda.

El FGS fue creado en julio de 2007 y nació con un propósito puntual: preservar los recursos que respaldan el pago de las jubilaciones y pensiones del sistema previsional argentino. Su función es la de un resguardo financiero, pensado para que el Estado cuente con una reserva a la que recurrir en caso de que el sistema previsional atraviese dificultades para cubrir sus obligaciones.

Ese patrimonio está compuesto por distintos tipos de inversiones. Entre ellas figuran títulos públicos, acciones de empresas, plazos fijos, obligaciones negociables y préstamos, tanto a provincias como a jubilados y beneficiarios de asignaciones.

La idea que guía la administración del fondo es que esos recursos generen rentabilidad, de manera que el patrimonio se mantenga y, de ser necesario, pueda usarse para sostener el pago de haberes. Con los años, el FGS también fue destinando parte de sus fondos a financiar proyectos productivos y de infraestructura, una función que ahora se amplía con la incorporación del crédito hipotecario.

Un fondeo de dos billones de pesos para los bancos

El esquema que presentó el Gobierno se llama “Programa de licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario” y prevé un monto total de $2 billones provenientes del FGS. La lógica de funcionamiento es la siguiente: el fondo constituye depósitos a plazo fijo en pesos, ajustables por UVA más un interés adicional, y son los bancos los que compiten entre sí para hacerse de esos depósitos. Los fondos que consiguen cada entidad deben destinarse, de manera exclusiva, a otorgar créditos hipotecarios a personas para la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

El programa contempla dos tramos de depósitos. Uno a un año, con una tasa mínima de UVA más 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa mínima de UVA más 4,50 por ciento. Cada licitación pone en juego $200.000 millones, y ninguna entidad financiera puede quedarse con más del 20% del monto convocado. Una vez que el banco recibe el depósito, tiene 90 días corridos para transformarlo en créditos hipotecarios. La primera licitación bajo este esquema estaba prevista para la semana siguiente al anuncio.

Las condiciones para acceder a los créditos

El programa no solo ordena de dónde sale el dinero, también fija reglas para los préstamos que los bancos otorguen con esos fondos. La tasa que se le puede cobrar a quien pide el crédito tiene un techo de UVA más 7,50%. En cuanto a los plazos, los créditos deben tener una duración mínima de 15 años, sin un tope máximo establecido. También se definió un límite para el monto de cada préstamo, que no puede superar el equivalente a 150.000 UVA, una cifra cercana a los USD 200.000 al tipo de cambio actual, aunque en la práctica el monto promedio de los créditos hipotecarios históricamente se ubica alrededor de los 80.000 dólares.

Para dimensionar el alcance de la medida, el Ministerio de Economía difundió un ejemplo concreto. Se trata de un crédito equivalente a USD 80.000 para financiar una propiedad valuada en 106.667 dólares, con el préstamo cubriendo el 75% del valor del inmueble. Bajo un plazo de 25 años y una tasa de UVA más 7%, medio punto por debajo del techo del programa, la cuota inicial de ese crédito asciende a 865.098 pesos. Al tratarse de un préstamo ajustado por UVA, el valor de las cuotas no permanece fijo en pesos, sino que se actualiza con la inflación. El cálculo oficial tampoco incluye otros gastos de la operación, como los de escritura o trámites bancarios.

El Ministerio también precisó el ingreso familiar necesario para acceder a ese crédito. Con una relación entre cuota e ingreso del 25%, el cálculo arroja un ingreso neto mensual de $3.460.391 para el grupo familiar, lo que equivale a que cada integrante de una pareja perciba un ingreso de bolsillo cercano a 1,7 millones de pesos.