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Transener es la principal empresa de transporte de electricidad del país. Hasta hace pocos meses, los dueños de la mitad de la eléctrica eran Pampa Energía, el gigante energético que comanda Marcelo Mindlin, y Estado nacional, por medio de Enarsa. La empresa fue uno de los activos que el gobierno de Javier Milei decidió privatizar y la porción estatal fue vendida al mejor postor en un proceso licitatorio que culminó en mayo pasado.

Así, por unos USD 356 millones, ingresó como nueva socia de Citelec, la controlante dueña de la mitad de Transener, Transmisión Argentina, una firma nueva compuesta por Genneia y Edison Transmisión. El resto de las acciones está en manos de Anses y cotiza en la bolsa.

En las últimas horas trascendieron documentos públicos, presentados ante la Comisión Nacional de Valores, que mostraron que hubo una rápida distribución de dividendos de Transener a pocos días de la adjudicación. Son, según confirmaron desde la empresa, unos 170 millones de dólares.

En medio de las críticas, los accionistas se defendieron diciendo que no hubo irregularidades en ese proceso y que es algo habitual. “No hay nada raro: lo que se cobró es poco con respecto a la inversión. El año pasado, con la composición accionaria anterior, se distribuyeron USD 100 millones”, explicó una fuente de Edison.

“Nosotros licitamos según activos, deuda, la caja y la proyección de ingresos. Y en base a un plan de negocios que trazamos. La caja estaba incluída y por eso se ofreció lo que se ofreció. Lo raro hubiese sido que entregaran una empresa distinta a la que se licitó. Es como comprar un campo sembrado y que nos critiquen por levantar la cosecha. Además, esos fondos dentro de la empresa generan impacto porque pagan Ganancia. Fue rápido, pero es absolutamente normal y legal. Somos muchos socios y hasta Anses quería los dividendos, por eso votó a favor”, explicaron desde la empresa.

¿Qué pasó?

El 30 de abril de este año, la Asamblea de Accionistas de Transener autorizó una distribución de dividendos por $522.590 millones, unos USD 373 millones. Los actuales socios aclararon rápido que “de ese monto autorizado, solo distribuyeron efectivamente USD 170 millones”.

De esa cifra, una mitad va a la oferta pública (Anses e inversores) y la otra se divide en partes iguales, de unos USD 44 millones, entre Pampa y Edison/Genneia, que a su vez distribuye USD 22 millones para cada una de las partes (la distribución accionaria de Edison no es pública).

“Esa decisión —tanto la autorización como el monto a distribuir— fue aprobada y programada con anterioridad al ingreso de Edison/Genneia como accionistas. La distribución fue votada en una Asamblea en la que también participó el resto de los accionistas de la compañía”, agregaron.

Como se dijo, las críticas surgieron por el carácter express del retiro de dividendos, sobre todo en un contexto en el que uno de los grandes cuellos de botella del sector es la falta de inversiones, sobre todo en transporte eléctrico. Allegados a los socios aseguraron que la distribución de dividendos no se hizo antes porque el Gobierno usó esos fondos para que sean parte del valor de la privatización. “No hubiese sido la misma cifra con esos fondos adentro o afuera. Pagamos USD 356 millones en total y esto representa unos USD 44 millones, o USD 22 millones para cada uno de los socios que son los nuevos accionistas”, aseguraron.

En Transener aclaran, por otro lado, que su contrato incluye sólo inversiones en obsolescencia de los equipos y que solo tiene que mantener y operar la red. “No hacemos por tarifa las ampliaciones de la red, kilómetros de línea o más transformadores. Eso lo debe hacer un tercero beneficiario, un generador o una mina, por ejemplo, previa licitación de líneas de alta tensión. Ahora está próximo el Amba 1 para ampliar estaciones transformadoras y una nueva estación que mejorará el abastecimiento en el GBA, que está en proceso de licitación. Nada de eso es responsabilidad de Transener”, dijeron en la transportadora. O sea, la mejora del sistema, que está saturado, se debe resolver con licitaciones e inversiones nuevas, no con lo que haga Transener, aunque la empresa sí podría participar de los procesos y construir las líneas.

Quién es quién

Genneia, la principal empresa de energías renovables del país, es presidida por Jorge Brito y entre sus accionistas están Delfín Carballo, Darío Lizzano y David Martínez.

Edison, en tanto, es uno de los “nuevos” del sector: en poco tiempo se quedaron con varias empresas de distribución y transmisión del interior y con dos de las hidroeléctricas del Comahue que se volvieron a licitar: Cerros Colorados y Alicurá. Sus accionistas son los hermanos Juan y Patricio Neuss, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli (dueño y presidente de Newsan) y los socios de Inverlat, el diversificado grupo inversor (dueño de Havanna y otros negocios) que integran los ex Citibank Guillermo Stanley, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Federico Salvai, ex funcionario de Cambiemos y yerno de Stanley.

Los hermanos Neuss entraron al negocio eléctrico en 2011, cuando le compraron a Inverlat su participación en Edersa, la empresa de energía de Río Negro. El año pasado buscaron a Inverlat para volver a hacer negocios, esta vez como socios, y crecer con las distribuidoras del interior –que había sido de un fondo perteneciente a la familia Frávega– y un plan para sumar más negocios.

Valer recordar que en el proceso de privatización de Transener hubo tres ofertas: Edenor, de los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti; con USD 230 millones; la generadora Central Puerto, con USD 301 millones; y el consorcio Edison/Genneia que ofreció USD 356 millones, resultó ganador y se quedó con el 26% de las acciones de Citelec. “La operación implicó una prima del 27% sobre el valor de mercado de la compañía a la fecha de pago (USD 1.061 millones), sobre una valuación del 100% de la compañía de USD 1.348 millones”, dijeron en su momento.

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó el debate por los proyectos de morosidad en una nueva edición de la intención de la oposición de avanzar rápidamente y la del oficialismo y sus socios de dilatarlo.

A solo una semana en la que La Libertad Avanza rechazó el tratamiento en el recinto, el bloque abrió la comisión de Finanzas que encabeza el libertario Santiago Pauli, quien recibió a los diputados con un cronograma. Pauli estableció dos reuniones informativas adicionales. La primera el martes 8/9 por la tarde, es decir un día antes de la sesión que pidió la oposición, la segunda el miércoles 16/9. Una vez concluida esta, el oficialismo dispuso dos reuniones: el 23 de septiembre y el 30 de septiembre como fecha para dictamen. Pauli señaló que se compromete a trabajar para la unificación de giros.

Este cronograma fue rechazado por la oposición que, desde diferentes bloques, ratificó la sesión del jueves que viene y volvieron a acusar a La Libertad Avanza y sus socios de dilatar el tratamiento.

“Aprendieron los peores vicios de lo que denominan casta política. Esto es una maniobra para ganar tiempo”, disparó Cecilia Moreau. “Esta cámara tiene que legislar para dar una respuesta sobre una emergencia que afecta a millones de argentinos y el gobierno lo niega sistemáticamente”, agregó.

La primera respuesta llegó de la diputada ex PRO hoy LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló como necesario sumar a la jornada de oradores “a los sindicalistas y las financieras”. Esto generó el primer griterío en la sala donde se destacaron las acusaciones de “seguir dilatando” el debate.

La diputada Myriam Bregman siguió en la lista de oradores y señaló que les llamaba la atención “que arranque la comisión con un cronograma que es más largo que la Copa Libertadores. Ratificamos la sesión del 9 de septiembre y que vengan con un cronograma que llega hasta Navidad es una tomada de pelo. Pedimos suspender los pagos, es urgente declarar la emergencia y suspender los cobros”.

Por el tercer sector de la oposición que empuja la sesión del 9 de septiembre, Unidos, tomó la palabra el diputado Pablo Juliano, quien también calificó el llamado a esta comisión informativa y el cronograma como una “tomada de pelo. Hace una semana pedí tratar el tema y el oficialismo y sus socios se negaron. Y en esta discusión hay un gran ausente que es la Comisión de Defensa del Consumidor. Es un tema que no tiene una sola salida pero que es transversal”.

El diputado radical reiteró que irán al recinto. “No somos estúpidos, tenemos más de 40 proyectos. Lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción, no en una tomada de pelo”.

El Poder Ejecutivo arma una orgía de frases: “que nadie les puso un arma en la cabeza a los deudores”, “que compraron televisores para el Mundial”, “que hace falta educación financiera”, “que hay una operación de los 133 diputados que mocionamos la semana pasada”. ¡Que el Ejecutivo diga lo que quiera! Pero hay argentinos recontra empeñados. No se empeñaron por diversión, sino porque no llegan a fin de mes, porque pagan hoy el plato de fideos que compraron en abril.

Luego de estos primeros planteos comenzaron los oradores invitados por LLA, la UCR y el PRO que hicieron un repaso de la problemática pero no así de posibles soluciones.

Banco Macro lanzó nuevas líneas de financiamiento en dólares para desarrolladores inmobiliarios y las presentó como parte de la política oficial que permite a los bancos destinar hasta 15% de sus depósitos en moneda extranjera a empresas que no generan divisas, con el objetivo de ampliar la oferta de viviendas, acompañar la recuperación de la construcción y sostener la actividad.

La entidad vinculó la iniciativa con el nuevo margen regulatorio anunciado por el Gobierno Nacional y con una estrategia más amplia para impulsar sectores productivos con peso en el empleo y en la economía, aunque sin ingresos en dólares. Dentro de ese esquema, ubicó al desarrollo inmobiliario como una actividad con efecto multiplicador sobre la demanda de trabajo y sobre la actividad general.

La presentación se realizó en Torre Macro durante un encuentro de trabajo con representantes del sector destinado a relevar necesidades operativas y ajustar los instrumentos financieros a los proyectos en curso. Allí, el banco expuso productos para desarrolladores con esquemas de amortización estructurados según el flujo de obra de cada emprendimiento.

Créditos atados al ritmo de cada obra

Según la entidad, la nueva oferta busca adaptarse a la dinámica propia de los desarrollos privados. El esquema contempla que la devolución del financiamiento se ordene de acuerdo con el avance de cada proyecto, en un intento por acompañar el repunte de la construcción con herramientas a medida.

El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, explicó por qué el banco enfocó la propuesta en moneda extranjera: “El crédito en moneda extranjera es lo que se utiliza naturalmente para los desarrolladores de obra privada, que generalmente venden un producto en dólares, esto les permite tener cobertura y no descalzarse en moneda. Esta herramienta permitirá mejorar y aumentar la oferta de viviendas generando empleo. Por otro lado, estamos creando líneas de largo plazo, a 20 años, en pesos, para financiar la demanda”.

Ese planteo combina dos tramos del negocio inmobiliario: por un lado, el fondeo para quienes construyen; por otro, préstamos hipotecarios en moneda local para quienes compran. La entidad sostuvo que esa combinación apunta a sostener la recuperación del mercado.

Juan Parma, CEO de Macro, definió el enfoque operativo de la propuesta en estos términos: “El contacto directo con los desarrolladores nos permite cubrir el ciclo completo del negocio, desde el fondeo del proyecto hasta la escrituración de las unidades. Con esta combinación de financiamiento a desarrolladores y crédito hipotecario más accesible, Banco Macro se suma a los lineamientos anunciados por el Gobierno y trabaja junto a las cámaras para acercar el acceso a la vivienda en la Argentina”.

Financiamiento de largo plazo

En el encuentro participaron también directivos de cámaras empresarias y desarrolladoras. Estuvieron Mali Vázquez y Damián Tabakman, de CEDU; Carlos Spina, de Argencons; Andrés Brody, de BRODYFRIEDMAN; Sergio Kompel, de Folken; Edgardo Wierzba, de Wiza Desarrollos; Alejandro Furst, de Miyagi; Juan Martín Santagada, de Anchezar-Santagada; Germán Franchino, de Vizora; y Florencia Miconi, de Imasa.

Mali Vázquez, directora ejecutiva de CEDU+AEV, sostuvo que la nueva herramienta puede modificar el escenario del sector: “El crédito en dólares puede ser un punto de inflexión para el desarrollo inmobiliario. Argentina tiene proyectos, demanda y capacidad para construir; lo que falta es financiamiento de largo plazo. Si logramos canalizar los dólares disponibles hacia nuevos desarrollos, podemos convertir ahorro en inversión, inversión en viviendas y viviendas en empleo y actividad económica”.

El eje central de la iniciativa es habilitar préstamos en dólares para empresas constructoras y desarrolladoras que venden unidades en esa moneda, en un contexto en el que el Gobierno autorizó a las entidades financieras a aplicar hasta 15% de sus depósitos en dólares a compañías sin generación de divisas.

El gobernador de la provincia de Chaco, Leandro Zdero, se anticipó al resto de los mandatarios provinciales y consiguió que se suspendan las elecciones PASO en los comicios chaqueños del 2027. En esa elección, el mandatario de extracción radical y aliado de la Casa Rosada buscará su reelección.

En la Legislatura unicameral chaqueña hay paridad entre el oficialismo y la oposición. Tanto Chaco Puede (donde confluyen la UCR, LLA y el Pro) como el PJ y los demás partidos opositores tienen 16 bancas.

El número mágico es el 17. Habilita el quórum para sesionar y, llegado el caso, la mayoría simple que permite aprobar normas. El bloque oficialista lo consiguió con Katia Blanc. La legisladora tiene el monobloque Frente Renovador y respondía a Sergio Massa.

Sin embargo, en el entorno del ex ministro de Economía tomaron distancia de Blanc. “La decisión de la diputada es personal sin el aval de la conducción nacional del Frente Renovador”, indicó una alta fuente del massismo a Infobae. El voto de la legisladora se dio “en el marco de una pelea por los medicamentos e insumos de hospitales de Chaco”, agregaron.

El peronismo y el resto de los bloques que se oponían a la iniciativa contaban con que no se sentaría en su banca. De allí la sorpresa cuando la vieron tomar su lugar y habilitar el comienzo de la sesión especial convocada por Chaco Puede.

“La prioridad son los niños”

“Estoy sentada acá porque pude entender que, por una mala gestión de un gobierno, necesita (atender) prioridades de la gente. A mí no me hace bien redireccionar plata. Pero sé cuáles son las prioridades de los chaqueños”, sostuvo Blanc al exponer durante el debate.

Rodeada de bancas vacías, agregó: “Estoy totalmente convencida de que nos debemos una reforma electoral integral. La sociedad pide oxigenar la política hace mucho tiempo”.

“Quiero distinguir la cuestión nacional de la provincial. En Nación se está pidiendo la eliminación de la primaria. En Chaco las suspendemos por un año. Quiero dejar el mensaje: entendí dónde tienen que ir las prioridades de la gente”, remarcó.

Consciente de que su presencia en la sesión generaría ruido, afirmó: “No voy a ser más o menos peronista por estar sentada acá. La prioridad son los niños, la salud, que la gente no puede pagar la luz ni llega a mitad de mes. Que no me corran con el ‘peronómetro’. Acá estoy porque no me alejo de la agenda de la gente”.

Tras manifestarse en contra de las candidaturas testimoniales, reivindicó las internas partidarias. “Purifica a los partidos internamente”, consignó. Además, calificó de “sano” que quien pierda en la competencia dentro de un partido no tenga la posibilidad de presentar candidaturas con otro sello.

Luego, propuso que el ahorro que significará para la provincia la no realización de la interna abierta, estimado en $5 mil millones, se destine al Hospital Pediátrico de Resistencia.

La reacción

“Hasta las 8:55 no iba a dar quorum y menos votar el proyecto del oficialismo. Pero luego apareció en el recinto”, dijo a Infobae un legislador justicialista con visible enfado con Blanc. Más adelante, agregó: “Durante toda la semana hablamos con ella. Y esa era su postura. Algo cambió”.

Horas después de la votación, el Frente Chaqueño (donde convive el panperonismo) emitió un comunicado en el que expuso que, tras la determinación, Blanc se fue del interbloque.

“Manifestamos nuestro absoluto desacuerdo con la decisión individual de la diputada Katia Blanc de acompañar al oficialismo en la eliminación de las PASO. Su voto contradice la posición política sostenida por nuestro espacio”, expresó el escrito. “A partir de esta decisión, entendemos que la diputada tomó la determinación de irse del Interbloque”.

Más adelante, sentenció: “Nuestra prioridad seguirá siendo trabajar para dar respuestas a los chaqueños, no resolver las conveniencias electorales del Gobernador. Las decisiones individuales que se apartan de ese compromiso no representan al Interbloque Frente Chaqueño”.

“Zdero podrá cambiar las reglas y buscar aliados circunstanciales, pero no puede esconder una realidad: su gobierno no resuelve los problemas que hoy vive la provincia y sabe que así pierde las elecciones”, remató.

El texto y las razones

Al plenario llegaron dos dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El de mayoría tenía las firmas del oficialismo y recomendaba la sanción. El de minoría llevaba las rúbricas del PJ y aconsejaba que continúe el debate en comisión.

Se aprobó el primero. En los fundamentos, estableció: “La organización de un proceso electoral adicional implica un despliegue logístico, operativo y económico de gran magnitud”, se estableció en los fundamentos.

En ese marco, la suspensión se presenta como “una medida orientada a optimizar la utilización de los recursos públicos”. Esto permitirá “su reasignación a áreas prioritarias de gestión” y contribuirá “al ordenamiento de las cuentas provinciales”, evaluó.

Asimismo, consideró que la participación electoral “ha evidenciado una menor convocatoria con el paso del tiempo. En este sentido, la presente medida también tiende a simplificar el calendario electoral, evitando la reiteración de convocatorias a las urnas y facilitando la participación ciudadana”.

“La suspensión que se propicia tiene carácter excepcional y temporal”, remarcó. Por eso “no afecta el normal desarrollo del proceso electoral general ni el funcionamiento del sistema democrático”, estimó. Por el contrario, garantiza que la selección de candidaturas continúe realizándose en el ámbito de las fuerzas políticas. Esto debe hacerse conforme a sus respectivas normativas internas, completó.