La deuda pública subió en marzo por nuevas colocaciones, bonos ajustables y diferencias cambiariasLa Administración Central registró operaciones por USD 31.986 millones, aumentó USD 2.618 millones respecto de febrero en términos reales. En la comparación con el PBI se elevó en un punto porcentual, a 57,9%. Las principales variaciones en el mesPor Daniel Sticco
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Juez de Concordia, propuesto por Milei como Defensor de Víctimas de Entre Ríos – Noticias
Juan Ignacio Lazzáneo, actual juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Concordia, fue propuesto por el presidente Javier Milei como nuevo Defensor Público de las Víctimas en Entre Ríos.La Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, sancionada en Argentina en 2017, creó un marco legal para proteger, asistir y asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos. En ese marco, la función del Defensor Público de la Víctima apunta a la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a la especial gravedad. Hasta el momento, esa figura no estaba cubierta en la Provincia.
La novedad se conoció en el Boletín Oficial de Entre Ríos de este miércoles, que publica que la Secretaría Parlamentaria del Senado de la Nación comunicó el ingreso del mensaje del Poder Ejecutivo Nacional en el que solicita prestar acuerdo para la designación de Lazzáneo como Defensor Público de Víctimas en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.
La audiencia pública se llevará a cabo el 14 de mayo, a las 11, en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación, y el plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méritos será desde el 17 hasta el 23 de abril.
“En el marco del concurso N° 212 convocado por el Ministerio Público de la Defensa para cubrir el cargo de Defensor Público de la Víctima en Entre Ríos, el orden de mérito quedó así: 1) María de las Mercedes Esquivel; 2) Juan Ignacio Lazzáneo; 3) Walkyria Magalí Bértoli; y 4) Eugenio Nicolás Bolotner”, indica el pedido.
El Ministerio Público de la Defensa elevó en noviembre de 2025 al Poder Ejecutivo Nacional la terna conformada por María de las Mercedes Esquivel, quien lideró el orden de mérito, seguida por Juan Ignacio Lazaneo y Walkyria Magalí Bértoli.
Lazzáneo había sido designado juez de Ejecución de Penas de Concordia en 2021, cuando Martín Cabonell -padre de su esposa, Mariana Carbonell, funcionaria judicial en el ámbito del Ministerio de la Defensa- presidía el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La elección del nombre de Lazzaneo fue a propuesta de la Sala Penal del STJ. Al momento de su designación como juez tenía 36 años. Obtuvo el título de abogado en 2012 en la Universidad Nacional del Litoral. Ingresó al Poder Judicial como escribiente en la Defensoría General desde 2010 a 2014; luego, fue designado como defensor público interino de Paraná, desde 2014 a 2018; más adelante, ocupó el mismo cargo de defensor público interino en Concordia, de 2018 a 2020. Ejerció la defensoría pública en materia de Ejecución Penal ante la Cámara de Casación de Concordia. El 17 de marzo de 2020 fue designado defensor en Gualeguaychú en materia de Ejecución de Penas.
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Karina Milei acelera el plan 2027: promesas a gobernadores aliados, boleta única y calendario unificado
Reforma política
Plata para las provincias
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Protestas frente a PAMI en Córdoba: la disputa política por el control y el ajuste agrava la parálisis del sistema
La crisis que atraviesa el PAMI en Córdoba dejó de ser un conflicto sectorial para convertirse en un problema político de alcance nacional, con repercusiones en la interna del oficialismo y en las relaciones con las provincias. La protesta de jubilados, médicos y farmacéuticos frente a la sede de avenida General Paz, que provocó un corte total del tránsito, puso en evidencia una parálisis que tiene su raíz en la conducción y en el esquema de toma de decisiones del organismo.
En lo local, la conducción formal recae en el director de la delegación, Eduardo Frayre, un perfil técnico con escaso respaldo político propio. Su margen de maniobra está acotado por una estructura vertical donde las decisiones estratégicas se concentran en Buenos Aires. Esa dinámica limita la capacidad de respuesta ante problemas operativos urgentes, como la suspensión de cirugías por falta de insumos o el deterioro de la red de prestadores.
La presencia de Frayre responde además a una ingeniería política articulada con dirigentes del espacio libertario en Córdoba. En ese entramado, el diputado nacional Gabriel Bornoroni surge como el referente político más visible del oficialismo en la provincia, mientras que el ex titular regional Marcos Patiño Brizuela conserva influencia en la estructura interna. La superposición de roles y niveles de decisión termina generando un vacío operativo en la gestión cotidiana.
La centralización se profundizó después del cambio institucional que ubicó al PAMI bajo la órbita del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, lo que reordenó las prioridades del organismo. El control presupuestario asumió una lógica de ajuste fiscal que tensiona la capacidad prestacional. En ese escenario, el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, quedó con menor margen para intervenir directamente en la administración de recursos.
El resultado de esa reconfiguración es un sistema con dificultades para sostener su funcionamiento básico. La deuda con prestadores, que en algunos casos supera los seis meses, derivó en la interrupción de servicios críticos. Clínicas y proveedores dejaron de proveer insumos, lo que afecta cirugías programadas y tratamientos de alta complejidad. La fragmentación de la cadena de pagos, con adelantos parciales y saldos demorados, profundiza el conflicto.
En paralelo, el Gobierno nacional despliega una estrategia discursiva destinada a señalar irregularidades en el sistema de prestadores, con énfasis en auditorías y controles sobre médicos de cabecera. Esa narrativa busca legitimar cambios en el esquema de financiamiento y la revisión de convenios, aunque en la práctica no logra frenar el deterioro de la prestación.
La crisis también tiene una dimensión territorial política. En Córdoba, el recorte afecta al sistema público provincial y municipal, lo que genera presión sobre la gestión del gobernador Martín Llaryora. La derivación de pacientes desde PAMI hacia hospitales públicos eleva la demanda y tensiona la relación entre Nación y Provincia.
Ese efecto colateral tiene consecuencias electorales. Mientras el oficialismo nacional intenta convertir el conflicto en un argumento contra el sistema precedente, en lo local el desgaste puede redistribuirse según la percepción ciudadana sobre quién es responsable de la falta de atención. La disputa política se proyecta hacia el mediano plazo, con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027.
Adentro de la institución, la situación alimenta además un conflicto laboral en crecimiento. La postergación de paritarias, la pérdida del poder adquisitivo y la exposición de empleados a episodios de violencia en la atención al público agravan el malestar. La suspensión de medidas como los retiros voluntarios, en medio del escándalo por falta de pagos, revela la fragilidad de la gestión.
Con más de cinco millones de afiliados en todo el país y un financiamiento que combina aportes de trabajadores activos y jubilados, el PAMI constituye una de las cajas más relevantes del sistema estatal. La tensión entre su condición autárquica y el control centralizado de sus recursos se sitúa hoy en el centro de la crisis.
El conflicto en Córdoba, lejos de ser un episodio aislado, pone en evidencia las limitaciones de un modelo de gestión que prioriza el ajuste fiscal y la conducción política centralizada por encima de la capacidad operativa del organismo. En ese equilibrio inestable, los afiliados quedan atrapados en un sistema que no logra garantizar prestaciones básicas.
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Este viernes cierra la convocatoria pública vigente para adopción
Este viernes 17 de abril vence el plazo para inscribirse en la convocatoria pública del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER), dirigida a adultos/as residentes en la provincia. Quienes deseen postularse deben completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkEZCOaWMKcKClR_Xy7Dy93OMw7c2El_gBz4bHIEiCvgS3SQ/viewform?usp=publish-editor.
El RUAER busca, mediante este llamado, personas que se sientan en condiciones de ahijar y de ofrecer tiempo y afecto a un niño de 3 años, para que pueda crecer y vivir en un entorno familiar.
Sobre el niño
El menor necesita una familia con disponibilidad de tiempo y una red de apoyo sostenida para asumir su crianza, debido a que presenta una discapacidad que condiciona algunos aspectos de la vida cotidiana. Requiere acompañamientos y apoyos para desarrollar sus actividades diarias. Actualmente recibe abordajes de salud interdisciplinarios, asiste a espacios terapéuticos de estimulación y concurre al jardín en horarios reducidos; es importante que quienes se postulen garanticen y acompañen la continuidad de estos dispositivos. Desde hace tiempo vive con una Familia de Abrigo que le brinda cuidados amorosos, responsables y significativos; sin embargo, tiene el derecho de ser integrado por una familia que lo elija como hijo.Contactos
Para más información las personas interesadas pueden comunicarse con el RUAER (Santa Fe 278, Paraná) a los teléfonos 0343 4209575/576, de lunes a viernes de 7 a 13; por WhatsApp al 3435329475; o por correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar. -
“Es un robo”: advierten que el gobierno de Insfrán encareció un 450% el costo para vender vacas
La decisión del gobierno de Formosa de actualizar los valores fiscales de la hacienda desató una fuerte polémica en el sector agropecuario, con críticas que apuntan al importante incremento de la carga impositiva. Tras la publicación de la Resolución General 17/2026 por parte de la Administración Tributaria Provincial (ATP), que comenzó a regir el 13 de abril, el senador nacional por Formosa, productor agropecuario y consignatario, Francisco Paoltroni, cuestionó con dureza al gobernador Gildo Insfrán y advirtió sobre el impacto en toda la cadena ganadera.
Según se desprende de la normativa, la actualización implicó un fuerte aumento de los valores fiscales mínimos de referencia, con incrementos que, en algunos casos, superan en el conjunto el 700%.
Del cruce entre la planilla anterior y la actual surge que las subas fueron generalizadas en casi todas las categorías bovinas. En muchos casos, los aumentos se ubican entre el 200% y el 450%, especialmente en los conceptos relacionados con el traslado de animales fuera de la provincia y el impuesto aplicado al productor primario.
La planilla anterior muesta como por ejemplo el valor de base de un novillo era de cerca de $380.000 y el traslado de animales fuera de la provincia era de $9500 por animal Para Paoltroni, se trata de un cambio estructural que impacta de lleno en el negocio ganadero. “Es un cambio profundo en la carga impositiva sobre la hacienda, con incrementos generalizados que, según la categoría y el concepto aplicado, escalan en muchos casos muy por encima del 100% y, en situaciones puntuales, se acercan al 400% o más”, sostuvo a LA NACION.
El legislador remarcó que el ajuste no solo se refleja en los montos finales, sino también en la base de cálculo. “El ajuste no solo impacta en los valores finales a pagar, sino también en la estructura misma del cálculo, ya que se actualizaron de manera significativa los valores fiscales mínimos sobre los que se aplican las alícuotas”, explicó.
En la planilla actual, el valor fiscal de un novillo es de $1,150 millones y el traslado de ese animal fuera de la provincia pasó a $23.000 En las principales categorías bovinas, el impacto es evidente. En novillitos y toritos, los valores vinculados al productor primario pasaron de niveles cercanos a los $6800 a más de $19.000, lo que implica subas superiores al 180%. En novillos, los montos prácticamente se duplicaron, mientras que en terneros y terneras los incrementos también fueron significativos, con alzas de entre el 80% y el 100%.
La Resolución General 17/2026 por parte de la Administración Tributaria Provincial (ATP) comenzó a regir el 13 de abril El efecto se replica en otras categorías. En vaquillonas, los valores más que se duplicaron, mientras que en toros y vacas de cría, si bien los aumentos directos son más moderados, el impacto combinado de los distintos ítems impositivos termina elevando considerablemente la carga total.
Uno de los aspectos más sensibles del nuevo esquema es el fuerte aumento en el costo del traslado de hacienda fuera de la provincia. Este componente, clave para la comercialización, muestra en varios casos duplicaciones e incluso triplicaciones respecto del esquema anterior, lo que encarece el envío de animales hacia frigoríficos o centros de consumo en otras jurisdicciones.
Paoltroni e Insfrán A este escenario se suma un cambio estructural que potencia el efecto final: la suba del valor fiscal mínimo en cada categoría. Al incrementarse la base imponible, cualquier alícuota aplicada genera montos más elevados, lo que multiplica la presión fiscal sobre el productor.
El esquema también alcanza a otras producciones. En bubalinos y equinos se registran incrementos importantes en los costos por faena, trabajo y traslado. En este último caso, los valores por trabajo pasaron de $32.000 a $56.000, mientras que en faena las subas rondan el 75%.
En este marco, Paoltroni vinculó la medida con la situación fiscal de la provincia. “La administración de Insfrán está mal de plata por la caída de la recaudación. Formosa depende en un 95% de la coparticipación federal, entonces tratan de recaudar de cualquier lado”, afirmó.
El senador explicó el mecanismo detrás del incremento. “En la provincia existe un aforo donde hay una evaluación fiscal de la hacienda y cada ganadero paga porcentajes en diferentes impuestos sobre ese aforo. Ahora, hasta triplicaron el valor del aforo”, señaló.
En ese sentido, detalló cómo impacta en la práctica. “El aforo es un valor fiscal de la hacienda, donde la provincia dice ahora que el novillito vale más de un millón de pesos cuando antes era de $300.000. Es decir, triplicaron el valor fiscal de esa hacienda y sobre esa hacienda el ganadero paga impuestos”, indicó.
El efecto se traslada directamente a los costos operativos. “Automáticamente, si uno quiere trasladar hacienda cuando se va a hacer la guía paga un 2% sobre el valor de la hacienda que el gobierno de Insfrán la triplicó”, explicó.
Según el legislador, el impacto es directo en la rentabilidad del productor. “Se triplicó todo el costo que tenía un productor para vender su hacienda”, sostuvo, y ejemplificó: “Una guía de una tropa de 300 novillos le costaba al ganadero unos 2 millones de pesos y ahora le cuesta $7 millones”.
En ese contexto, advirtió sobre las consecuencias en la actividad. “Escandalosamente, hay algunas categorías que aumentaron hasta el 700%, aparte de todas las trabas burocráticas que el sector tiene. Hay muchos pequeños y medianos productores en Formosa que esto los liquida directamente, como al resto de la cadena cárnica”, afirmó.
Para Paoltroni, la medida golpea a uno de los pocos sectores activos de la economía provincial. “La única actividad económica que está funcionando en Formosa es la ganadería, entonces van a buscar la plata ahí”, cuestionó.
El senador también apuntó a la falta de canales institucionales para cuestionar la medida. “Es un robo, es un impuestazo de Insfrán y no tiene sentido hacer alguna presentación al respecto porque está blindado en la Justicia, en la provincia toda la Justicia responde al gobernador”, expresó.
En ese sentido, agregó: “Nadie quiere denunciar porque le sacan la personería jurídica o porque tienen algún crédito con la provincia. Es un pueblo rehén de Insfrán”.
Finalmente, el legislador fue más allá y planteó una salida institucional. “Formosa no tiene otra salida que la intervención, si no vamos a perder 30 años más”, sostuvo, y concluyó: “Ya nos robaron tres décadas en el pasado, no pueden robarnos el presente y el futuro”.
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Créditos y morosidad. La oposición activó una agenda incómoda para el Gobierno y Diputados TV no transmitió el debate
La oposición en la Cámara de Diputados intenta activar una agenda propia enfocada en la situación económica y pone el foco en el problema del sobreendeudamiento familiar. Este miércoles comenzó a debatirse una batería de proyectos en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, presidida por el diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria), donde se acumulan al menos 18 iniciativas vinculadas al crédito, la morosidad y la protección de los consumidores.
Según un estudio del Instituto Argentina Grande basado en datos del Banco Central, en febrero de 2026 había 4.818.440 personas con deudas impagas por más de tres meses, un aumento del 45% respecto de dos años atrás, cuando los morosos sumaban 3.314.998.
El debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, con especialistas invitados que expusieron sobre el incremento de las personas con deuda “Nos va a servir para continuar con el debate de un tema que ahora es necesario retomar porque la situación se va tornando acuciante”, dijo Yasky al introducir a los invitados a exponer en la Comisión.
El canal oficial de la Cámara -Diputados TV- definió no transmitir la Comisión en vivo. En su lugar, pasó una programación repetida. “Se prioriza la reunión conjunta entre Relaciones Exteriores y Legislación Penal”, respondió a LA NACION uno de los responsables del canal, cercanos a Martín Menem. Ese plenario fue conducido por la oficialista Juliana Santillán.
El informe económico también muestra un cambio en la composición del endeudamiento. Disminuye la proporción de personas que deben únicamente a bancos (577.809) y crece con fuerza el número de quienes acumulan deudas con entidades no financieras y también con prestamistas no financieros (2,2 millones). El informe atribuye esta situación a un agotamiento del crédito formal: ante la mayor morosidad, los bancos restringen préstamos y los consumidores migran hacia formas alternativas de financiamiento.
Los datos evidencian además un impacto particularmente fuerte en los jóvenes. Entre las personas de 15 a 24 años, cerca del 33% del crédito está en situación de mora, lo que equivale a que uno de cada tres pesos adeudados por ese grupo etario se encuentra impago.
La morosidad crediticia entre jóvenes de 15 a 24 años llega al 33%, según datos del Instituto Argentina Grande en base a datos de enero del BCRA La agenda parlamentaria se activa luego de que el Indec informara que la inflación de marzo fue del 3,4%, la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre acumuló 9,4%, casi el mismo nivel que el proyectado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para todo el año en el presupuesto. El incremento interanual llegó al 32,6%.
El dato generó incluso una reacción poco habitual del presidente Javier Milei, quien reconoció ayer en redes sociales y en su discurso en Amcham que “el dato es malo” aunque sostuvo que existen factores que permitirían retomar la desaceleración inflacionaria.
La agenda legislativa
Frente a ese escenario, la Comisión comenzó a ordenar una agenda que abarca distintos enfoques para abordar el problema del endeudamiento.
Un primer grupo de proyectos apunta a fortalecer las reglas del crédito responsable. Entre ellos figura una iniciativa de la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) que propone establecer un marco federal para el otorgamiento de préstamos y fijar un límite máximo de endeudamiento equivalente al 35% de los ingresos netos del solicitante. Otros proyectos impulsan evaluaciones más estrictas de solvencia por parte de las entidades antes de conceder financiamiento, con especial foco en sectores considerados más vulnerables, como jóvenes y adultos mayores.
Otra línea de trabajo se centra en los costos financieros asociados a tarjetas de crédito y medios de pago. Algunas propuestas, una de Fabiola Aubone (UP) y otra que agrupa a los peronistas Kelly Olmos, Guillermo Michel, Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz, buscan establecer topes a las comisiones que pagan los comercios por las operaciones con tarjeta y limitar la tasa de interés que pueden cobrar las entidades emisoras.
Kelly Olmos, exministra de Trabajo de Alberto Fernández, presentó una propuesta junto a Guillermo Michel y Victoria Tolosa PazHernán Zenteno “Las tasas no pueden tener que ver con tasas de mercado sino que tienen que estar fijadas en relación a los ingresos y al costo de vida”, señaló la socióloga Lucía Cavallero como especialista invitada a la Comisión.
También aparece una iniciativa del diputado mandato cumplido Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) orientada a mejorar la transparencia de los resúmenes de cuenta, para que los consumidores puedan identificar con claridad el origen de cada cargo.
Germán Martínez, jefe de bloque de UP La batería legislativa incluye además proyectos destinados a aliviar la situación de quienes ya se encuentran sobreendeudados. Entre las alternativas se analizan programas de refinanciación obligatoria, esquemas de reestructuración de pasivos y la prohibición de ciertas prácticas que agravan el peso de la deuda, como la capitalización automática de intereses. Algunas iniciativas incluso plantean condonaciones parciales de punitorios o regímenes especiales de reorganización judicial para consumidores insolventes.
Alejandra Fernández Scarano, directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explicó que el ratio de irregularidad en el crédito al sector privado alcanzó su máximo histórico en enero de 2026, con 6,4%. En noviembre de 2023 estaba en 2,7%. Es decir: hoy hay más del doble de préstamos con atrasos o problemas de pago que hace dos años.
La protección frente a prácticas abusivas de cobranza también aparece en la agenda. Un proyecto de la fueguina Carolina Yutrovic (UP), diputada mandato cumplido, propone regular las gestiones extrajudiciales para evitar situaciones de hostigamiento, como llamadas reiteradas, contactos con terceros o comunicaciones en horarios inapropiados.
“Los bancos venden las deudas a los estudios que se dedican a las cobranzas y eso se hace de una forma muy irregular. Cuando la persona quiere pagar no sabe a quién le está pagando y cómo certificar que pagó y no tiene garantías de que la deuda en el banco desaparecerá”, dijo Arturo Pozzali, defensor adjunto de la Defensoría del Público de la Ciudad. La morosidad está pasando del 7% al 22%, señaló Pozzali, que es doctor en economía. “Después vamos a tener que generar un salvataje para las entidades financieras, cosa que ya sucedió en este país y no debería volver a pasar”, cerró.
Finalmente, varios proyectos buscan actualizar la regulación frente al crecimiento del crédito digital, en particular los préstamos rápidos ofrecidos por billeteras virtuales y plataformas fintech. Las iniciativas apuntan a que estas operaciones queden registradas en la Central de Deudores del Banco Central y a reforzar la supervisión sobre los proveedores de servicios de pago, ante el riesgo de que el acceso inmediato al crédito favorezca un endeudamiento difícil de detectar.
Scarano señaló que la morosidad en entidades financieras es del 11,2% mientras que aquella en entidades no financieras es del 29,9%.
Desde el oficialismo, el diputado Marcos Patiño Brizuela (LLA) sostuvo que el debate debería abordarse de manera más integral. Recordó que el Código Civil incorporó la defensa del consumidor en 2015 y que desde 2019 hay en la Cámara un proyecto de Código de Defensa del Consumidor que nunca se trató y que contempla, entre otros puntos, un proceso de saneamiento para deudas de consumo. A su entender, el Congreso debería “afinar el lápiz” para dar soluciones duraderas y no solo respuestas para los próximos meses.
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Caputo celebró el nuevo acuerdo con el FMI: “Es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad”
Caputo celebró el nuevo acuerdo con el FMI: “Es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad”El Ministro de Economía valoró el entendimiento a nivel técnico respecto a la segunda revisión que comenzó en febrero. Cómo sigue el proceso y cuándo van a impactar los Derechos Especiales de Giro al Banco CentralPor Lucrecia Eterovich
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Morosidad: Diputados avanza con proyectos para refinanciar deudas familiares
Durante la reunión informativa en la Comisión de Defensa del Consumidor se expuso un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en el que se detalló que, a febrero de este año, la morosidad en entidades financieras alcanzó el 11,2% y morosidad en entidades no financieras el 29,9%, con tasas anuales (en torno al 70% para préstamos personales bancarios) muy por encima de la inflación proyectada. En ese marco, se detalló que hay 4,8 millones de personas en la Argentina con mora superior a los 3 meses, lo que representa un 45% más (cerca de 1,5 millones) con respecto a febrero del 2024.
Los expositores coincidieron en que los endeudamientos familiares se destinan a cubrir gastos corrientes, explicando que, con un IPC porteño de 209% entre noviembre del 2023 y marzo del 2026, los aumentos en necesidades cotidianas fueron muy superiores a la inflación promedio: 423% en alquileres, 539% en servicios y 447% en transporte en el mismo período. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, definió a este proceso como “un tsunami en formación” en el que existe “imposibilidad de cubrir necesidades elementales de millones de personas”.
El diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria), presidente de la Comisión, anticipó que habrá una segunda reunión informativa ampliando la lista de participantes a otros bloques. “Se están buscando los consensos aún no hay nada definido”, sintetizaron desde ese bloque para Ámbito. Según pudo conocer este medio, las conversaciones trascienden las bancadas y se dan intercámaras, entre senadores y diputados.
Morosidad en tarjeta y préstamos CEPA
Morosidad en hogares: la posición de los especialistas
Uno de los primeros oradores de la jornada fue Arturo Pozzali, funcionario de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Buenos Aires, quien remarcó que existe “un permanente aumento de reclamos”, dado que “empieza a crecer la morosidad, llegando casi al 22%”. “Después vamos a tener que generar un salvataje para las entidades financieras”, vaticinó y, tras detallar un escenario de multiendeudamiento (deuda con tarjeta crédito en simultáneo al crédito personal y crédito hipotecario) planteó que “lo que les están complicando muchos a las familias es el concepto de mora automáticas“.
En esa línea, Ariadna Ciammarriello, funcionaria de la Oficina Municipal del Consumidor en Rosario, subrayó que la principal problemática es que existe “falta de información total de las entidades al momento de vender un producto o de refinanciar”. Luego de describir las posibilidades de refinanciamiento que se le ofrecen a los consumidor -con plazos de 90 días de mora para solicitar un plan de pagos-, apuntó que existe un esquema de “endeudamiento circular”: “Licitan deuda para pagar deuda, en donde no están cancelando ni siquiera una deuda, sino una rotación de pasivos”.
Otras de las expositoras fue la académica Alejandra Fernández Scarano, directora del CEPA y secretaria de Hacienda de Hurlingham, expresó que “no está mal que la gente acceda a los créditos, pero si un Gobierno va a tener una política para que las personas puedan acceder a los créditos, también tiene que tener una política sobre los ingresos para que la gente pueda pagar los créditos y que estos puedan ser sustentables”. “La gente tiene voluntad de pago, pero no tiene ingresos para hacerlo”, definió.
Salarios Registrados
Morosidad familiar: qué proyectos existen
En la Cámara de Diputados se registraron seis proyectos que contemplan distintas estrategias para abordar la misma urgencia. La primera iniciativa interbloques en Diputados fue la encabezada por el entrerriano Guillermo Michel (Unión por la Patria), en conjunto con miembros de Encuentro Federal y Natalia De la Sota (del unibloque Defendamos Córdoba). Su proyecto apunta a la creación de un “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas” que implica una “línea de crédito directa del ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales” cuyo objetivo es que se cancelen sus deudas “en condiciones menos desfavorables”. El monto máximo del crédito es de $1.500.000 y en “condiciones normales de mercado” dispuesta en torno a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales.
Desde el mismo bloque, la bonaerense Natalia Zaracho y el porteño Itaí Hagman solicitaron la declaración de emergencia por dos años en materia crediticia de los hogares, impulsando que se adopten “medidas que contribuyan a aliviar la situación de sobreendeudamiento de las familias mediante auditorías, adquisición y reestructuración de deudas”. En ese marco se crearía un Régimen Esencial de Desendeudamiento, que auditaría deudas y permitiría a las personas iniciar un plan de pagos cuya cuota no podrá superar el 30% de sus ingresos.
Tres diputados del espacio acompañaron también el texto del porteño Santiago Roberto, que busca condonación de la deuda para personas con bajos ingresos, refinanciamiento del saldo y suspensión por 90 días de los procesos judiciales a deudores.
Guillermo Michel
Otros 15 miembros de Unión por la Patria, encabezados por la bonaerense Roxana Monzón, elevaron una redacción para constituir el Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar, que se propone “facilitar la cancelación de pasivos de personas humanas y sus familias en situación de morosidad o riesgo de insolvencia” cuando se traten de artículos o servicios de consumo esencial. La propuesta pretende que las entidades y sociedades prestamistas deban “ofrecer a simple solicitud del titular la reprogramación de las deudas originadas”.
Desde Provincias Unidas, los santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías se abocaron a la necesidad de modificar la Ley de Concursos y Quiebras, incluyendo a los deudores de créditos de consumo como sujetos “pasibles de protección especial” y limitando la posibilidad de embargar los ingresos de aquellas personas que recayeron en morosidad en un monto que deje sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
Finalmente, la bonaerense Marcela Pagano (Coherencia) presentó un proyecto integral de Ley Federal de Crédito Responsable y Desendeudamiento, que limita la posibilidad de endeudamiento, regula la publicidad crediticia, crea un sistema de alerta temprana con la infraestructura de finanzas abiertas y constituye un régimen transitorio y extraordinario de desendeudamiento.
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Licitación de la Hidrovía. La empresa Deme denuncia participación china en la propuesta de su principal competidora
Con la licitación para la explotación y dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay entrando en la recta final, el consorcio belga Deme, en conjunto con empresas de Estados Unidos, decidió blanquear lo que decía en privado.
Para representantes de esa compañía, su competidora Jan de Nul, que maneja la Hidrovía desde 1995, “esconde” la participación de capitales y socios chinos, en su intento por retener por otros 25 años el control de la vía troncal, de 1300 kilómetros de extensión, por la que pasa el 80 por ciento de las exportaciones argentinas, entre ellos soja, granos y minerales raros, codiciados por Washington.
La cuestión no quedó sólo en la retórica: según pudo saber LA NACION, el jueves pasado, representantes de la dragadora Deme estuvieron en la embajada de Estados Unidos con el embajador Peter Lamelas para transmitirle su preocupación. La licitación de la Hidrovía está bajo la órbita controlada por el asesor presidencial Santiago Caputo, a través de su director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que maneja su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor.
“Jan De Nul se asoció con Servimagnus SA, desde hace 20 años el conducto de China en Argentina. Servimagnus SA es el principal subcontratista de dragado de Jan de Nul. A través de las relaciones de Servimagnus con Agrofina, aparecen varias empresas estatales chinas vinculadas al PCCh (Partido Comunista) y entidades señaladas, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Argentina, así como para todos los demás países que utilizan el Hidrovía”, denunció Arthur Van Desande, experto en esquemas offshore, lavado de dinero y delitos ambientales y asesor de Deme, en declaraciones que la compañía hizo llegar a LA NACION.
“El riesgo que representa China es demasiado alto como para permitirle un control absoluto sobre la Vía Navegable Troncal durante 25 años: la seguridad nacional de Estados Unidos y Argentina está en juego.”, agregó el experto, en línea con la política de competencia con China que emana desde la administración Trump.
Antes de su llegada a Buenos Aires, Lamelas afirmó en la defensa de su pliego ante el Senado norteamericano, que “hablaría con los gobernadores” para que limiten la influencia “maligna” del gigante asiático y sus proyectos regionales. Aunque el alineamiento con Washington es total, algunos proyectos previos- como la represa Jorge Cepernic en Santa Cruz, paralizada durante años- siguen adelante, en este caso con promesa de pronto financiamiento de la banca china.
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos, se involucró en el proceso de licitación de la HidrovíaFabián Marelli A través del decreto 5/2026, el Gobierno limitó en enero pasado la participación de empresas sancionadas por organismos multilaterales por distintos incumplimientos, otra manera de limitar el acceso de China –la mayoría de sus empresas tienen participación estatal- a las obras de infraestructura en el país. La empresa estatal CCCC Shanghai Dredging quedó fuera de la licitación por la Hidrovía en sus fases premilinares. Para Deme, China busca intervenir, ahora de manera indirecta.
El gigante asiático gobernado por Xi Jinping se sostiene, sin embargo, como uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas, con la soja como producto principal, y está vigente el swap de monedas, que maneja el Banco Central, por unos U$S 5000 millones.
Un paso más dio Esteban Bovo, ex diputado por el Estado de Florida, vinculado al consorcio que lidera Deme y cuya esposa Vivian, es asesora del secretario de Estado, Marco Rubio. “La presencia de importantes inversionistas estadounidenses asumiendo un riesgo de 25 años en la Vía Navegable Troncal sin garantía estatal es una clara muestra de confianza en la economía argentina y en la visión de Milei”, dijo Bovo, y agregó: “Milei debe enviar un mensaje contundente: más allá de la retórica, los inversionistas estadounidenses son bienvenidos en Argentina”, sostuvo.
Luego de meses de demora, el Gobierno inició la licitación de la vía troncal. El primer paso fue la selección de los candidatos, en la quedó en el camino el consorcio brasileño DTA. Deme (asociada por la dragadora norteamericana Great Lakes, de las más importantes del mundoi) y Jan de Nul están en carrera para el segundo paso, con el análisis que desde el Gobierno están haciendo de su propuesta técnica y metodológica. En una tercera instancia, se evaluará la propuesta financiera de cada empresa, incluido el cobro de peaje, que deja ganancias por unos U$S 200 millones por año. “Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave”, destacó Arreseygor cuando quedaron en pie las dos empresas belgas.
Sorpresa en el Gobierno
Desde el Gobierno se mostraron sorprendidos por las denuncias de Deme. “Hay que ir y ganar por precio y calidad de oferta. Si ganan, ganan y si pierden, pierden”, afirmaron funcionarios cercanos a la dirección de Puertos. Agregaron que se trató de una licitación internacional, con pliegos aprobados por ONU, y destacaron que “no hay mucho más que inventar”. Una manera de rechazar las quejas de la competidora belga, a quien el propio Arreseygor vinculó el año pasado con el expresidente Mauricio Macri y su ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.
El año pasado, el funcionario los acusó a ambos en el Congreso de “boicotear” una licitación que fue anulada, luego de que Deme se presentara en soledad para los trabajos de dragado de la Hidrovía. En aquel momento, Dietrich desmintió las acusaciones y le pidió a Arreseygor que “recapacite, tome en cuenta las sugerencias y haga un próximo llamado de licitación competitiva”. Un año después, la licitación está en marcha, pero la polémica aún no cesa.
