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En Infobae a la Tarde, la economista Lara López Calvo analizó el fenómeno de los llamados “préstamos fantasmas”, una maniobra que comenzó a multiplicarse tras el Hot Sale y que aprovecha un vacío operativo en las plataformas de e-commerce para obtener financiamiento informal a tasa cero.

“Es un rulo que se está haciendo en Mercado Libre y empezó a aparecer desde el Hot Sale”, explicó la especialista. El mecanismo es sencillo: una persona compra un producto de alto valor en cuotas, inicia la devolución una vez recibido y solicita que el reintegro se acredite en su cuenta de Mercado Pago. Así obtiene el monto completo de forma inmediata, aunque la compra haya sido realizada con tarjeta de crédito, mientras continúa pagando las cuotas pactadas originalmente.

“Les devuelven el monto completo en Mercado Pago, aunque la operación haya sido con tarjeta bancaria, y después devuelven ese dinero en cuotas, pero sin interés”, detalló López Calvo.

En la práctica, el sistema funciona como un crédito no formal que permite acceder a liquidez inmediata sin afrontar las elevadas tasas que hoy predominan en el mercado financiero.

El fenómeno fue advertido también por comerciantes que operan dentro de la plataforma. Emmanuel Fernández, dueño de una reconocida marca de zapatillas, relató que detectó un incremento de estas operaciones durante las últimas semanas. “Me compran en doce cuotas, cancelan. Es como un préstamo. Tuve un montón de ventas con eso. La gente no está llegando a fin de mes y se está financiando hasta con estas cosas”, contó.

Más allá de la discusión sobre la legalidad o la ética de la maniobra, López Calvo sostuvo que su popularización refleja un problema económico más profundo. “No es tan simple, son ambas cosas. Por un lado, no es ético, pero por otro habla de un síntoma social. Hay un alto nivel de morosidad y mucha iliquidez en la economía. Mora en niveles récord, tasas de préstamos altísimas y caída del poder de compra”, afirmó.

Durante el intercambio, Maia Jastreblansky señaló que se trata de una posibilidad que no existe en el comercio tradicional. Mientras que en un negocio físico una devolución suele reintegrarse a la misma tarjeta utilizada para la compra, en este caso el dinero puede acreditarse directamente en una cuenta digital, generando un descalce que habilita la operatoria.

Para López Calvo, este tipo de situaciones suele aparecer cuando las plataformas crecen más rápido que sus propios mecanismos de control. “Muchas veces son fallas de las plataformas. Crecen tanto que surgen estos descalces entre la tarjeta del banco y la devolución en cuenta”, explicó.

La economista consideró que la empresa probablemente implemente correcciones en el corto plazo para cerrar esa brecha. Entre las medidas posibles mencionó restricciones sobre las cuentas que repitan este comportamiento de manera sistemática.

Sin embargo, para el equipo de Infobae a la Tarde el interés del fenómeno excede la cuestión técnica. La viralización de los “préstamos fantasmas” aparece como una señal de las dificultades de acceso al crédito y de la necesidad de liquidez que atraviesan muchos consumidores. “Cuando uno ve los niveles de morosidad y el nivel de necesidad, hay un elemento del orden de las necesidades, evidentemente”, resumió Manu Jove.

Entre la avivada financiera y la búsqueda de dinero rápido para afrontar gastos corrientes, los “préstamos fantasmas” exponen una realidad económica que va mucho más allá de una simple falla en una plataforma de comercio electrónico.

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La investigación también tiene como imputada a su secretaria, Iara Guinsel Acosta. Ambos se negaron a declarar.

“Necesitamos negociar y, en su gran mayoría, son todas reformas de fondo”, explicó ante Infobae un integrante de la mesa política comprometido en la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo por la agenda de proyectos enviada al Congreso. La afirmación resume el escenario actual: los proyectos más ambiciosos del oficialismo requieren consensos amplios y suponen negociaciones complejas.

Desde el inicio formal del año legislativo, el Gobierno giró al Congreso alrededor de veinte iniciativas para contrarrestar semanas complejas marcadas por la interna y la investigación abierta contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuento enriquecimiento ilícito. Al menos quince de ellas aún permanecen pendientes, a la espera de un cronograma de tratamiento que deberá definir el reducido círculo designado por el presidente Javier Milei.

“No creo que haya demoras sino una sobreexpectativa en función de la cantidad de proyectos enviados”, sintetizó una fuente legislativa a este medio.

En las filas oficialistas aseguran que los tiempos de negociación responden más a la complejidad de los proyectos que a una falta de voluntad política. “Viene todo lento, pero va a salir”, aseguró con optimismo un senador violeta.

Lo cierto es que en las planillas de Balcarce 50 figuran en el casillero rojo la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO y la incorporación de Ficha Limpia; el proyecto de Financiamiento Universitario; la iniciativa sobre Fraude por Discapacidad; y la Ley de Ludopatía

“No los definiría como complicados. Para mí, requieren una negociación más extensa por los actores o los intereses en juego”, sostuvo un funcionario que participa de las negociaciones.

En el caso de los cambios en el sistema de votación, ante la negativa de varios aliados como el PRO, hay quienes deslizan la posibilidad de habilitar el debate por la suspensión de las PASO, como ocurrió en las legislativas de 2025, o avanzar en la supresión de la obligatoriedad, lo que implicaría hablar de una PAS. Con la mente en este objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó una serie de reuniones con gobernadores en Casa Rosada.

Esta semana, la mesa política podría volver a reunirse el jueves para encausar la estrategia legislativa. A la espera de que Bullrich confirme la convocatoria, la plana de integrantes podría reeditar sus encuentros para aceitar la agenda. En línea con eso, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el pasado lunes una comida junto al bloque de diputados de La Libertad Avanza.

La sucesión de encuentros llega tras la determinación de postergar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que debe tratarse en la Cámara de Senadores y que abrió una nueva disputa interna en torno al rol de la senadora Patricia Bullrich durante la sesión del jueves pasado. Desde la bancada violeta aseguran contar con los números para su aprobación y se esperanzan con sesionar este miércoles.

Tras el inicio del Mundial 2026, el oficialismo -que promete mantener activo el Congreso- aún tiene pendiente la definición de los plazos para el tratamiento de la Ley de Etiquetado Frontal, que cuenta con media sanción en Diputados, y los dos proyectos que rotulan como prioritarios: la Ley de Lobby y el Super RIGI.

Asimismo, el miércoles 24 de junio, la titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habilitaría el debate para tratar el Súper RIGI, ideado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que contempla mayores beneficios que el régimen original, pero también la normativa que busca regular la práctica en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Legislativo que configura un escenario más complejo. Los dos proyectos se discutirán mañana en comisiones.

En las filas oficialistas hay planes de incluir también la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), aunque hay quienes aseguran que primero debería tratarse el acuerdo con dos holdouts por 171 millones de dólares que cuenta con el visto bueno de Diputados.

Pese a la media sanción en la Cámara baja, la ley de Hojarasca, con la que el Ejecutivo apuesta a eliminar más de 70 normas; el recorte de subsidios al gas natural en Zonas Frías; y los intentos por derogar el Etiquetado Frontal suponen un nuevo desafío para el bloque liberario en el Senado. Por tanto, aún no hay designada fecha para su tratamiento, según reveló un miembro de la mesa política.

Con esta agenda sobre la mesa, que incluye además la voluntad por modificar la Ley de Salud Mental, la senadora se reúne con legisladores aliados para intentar avanzar en los proyectos centrales para la Casa Rosada. Esta mañana, la Comisión de Acuerdos celebró una nueva reunión pública en la que expusieron seis candidatos a las Cámaras de Apelación del Trabajo.

Más allá de los tiempos parlamentarios, en la mesa política justifican las demoras en los plazos al contenido de las refomas impulsadas. Sin embargo, el tiempo corre y el oficialismo se enfrenta al complejo desafío de concretar la abultada ambición legislativa antes de que el calendario electoral comience a condicionar la agenda.

El Ministerio de Economía avanzó con un nuevo canje de bonos junto al Banco Central de la República Argentina (BCRA), en una maniobra que generó expectativa en el mercado financiero por su posible vinculación con la negociación de un préstamo “repo” con bancos internacionales que ayudaría a hacer frente a los próximos vencimientos de deda. Por medio de la Resolución 31/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, se formalizó la conversión de títulos en pesos por instrumentos en dólares, un movimiento que distintos analistas interpretaron como el paso previo para garantizar la próxima operación de financiamiento externo.

El texto oficial detalló que el Ministerio de Economía ofreció al BCRA la conversión de sus tenencias de los bonos del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustados por CER, identificados como BONCER TZX28 (con vencimiento en junio de 2028) y BONCER TZXD7 (con vencimiento en diciembre de 2027). Estos instrumentos, emitidos durante 2024, se canjearon por una canasta compuesta en un 66% por BONAR AL35 (bonos en dólares con vencimiento en 2035) y en un 34% por BONAR AE38 (bonos en dólares con vencimiento en 2038).

En el mercado, la noticia generó interpretaciones sobre la dirección de la estrategia oficial. Salvador Vitelli, head of research de Romano Gruop, afirmó: “Pareciera que van en la dirección del repo. Así como también se hizo el canje a fines de 2025. En diciembre pasado canjearon al Banco Central sus tenencia de ZX28, TZXD7 y S16E6 por AL35, AE38, S30A6 y S29Y6. Y a su vez, pareciera que viene por el lado de rolleo hacia después de 2027”. La referencia a operaciones previas de canje refuerza la idea de que el objetivo es facilitar el acceso a financiamiento externo, utilizando bonos en dólares como respaldo para nuevas líneas de crédito.

Desde Facimex Valores, Andrián Yade Buller se refirió a los alcances del canje instrumentado por el Ministerio de Economía. “Lo que sabemos del Boletín Oficial es que el Tesoro canjeó al BCRA parte de sus tenencias de TZXD7 y TZX28 por una canasta de AL35 y AE38. Presumiblemente, esos bonos hard dollar que recibe el BCRA podrían usarse para garantizar el nuevo repo que se está negociando con bancos privados, reemplazando los actuales garantizados con Bopreal, ya que el bono vencería durante la vida del repo”, destacó.

En este contexto, las expectativas del mercado se centran en la posibilidad de un inminente acuerdo de repo, un tipo de financiamiento que permitiría al Estado acceder a dólares frescos utilizando títulos públicos como garantía. El vencimiento por USD 4.200 millones que enfrenta la Argentina en julio acentúa la necesidad de asegurar recursos adicionales, y la operación de canje entre el Tesoro y el BCRA se interpreta como un paso relevante hacia ese objetivo. La estrategia de utilizar bonos en dólares como garantía no es nueva y encuentra antecedentes inmediatos en el cierre de 2025 y en el inicio de 2026.

Consultadas por Infobae, fuentes oficiales del Banco Central evitaron confirmar si el canje representa el paso previo para el repo con bancos internacionales. Indicaron que no manejan información al respecto y subrayaron que la operación responde a antecedentes previos, como el canje realizado en diciembre antes del acuerdo de repo de enero.

En el plano técnico, la conversión de bonos ajustados por CER en títulos en dólares otorga al BCRA instrumentos aptos para ser utilizados como garantías en operaciones de repo con bancos privados, desplazando a los Bopreal como respaldo de las líneas de crédito. Esta opción permitiría a la autoridad monetaria contar con herramientas más aceptadas internacionalmente al momento de negociar condiciones y tasas con entidades financieras del exterior.

Garantías con organismos internacionales

El canje entre el Tesoro y el Banco Central planteó una nueva posibilidad de cómo el Gobierno enfrentaría el pago del vencimiento por USD 4.200 millones de julio. Es que todas las expectativas estaban puestas en las garantías con organismos internacionales. En una entrevista reciente, el viceministro de Economía, José Luis Daza, fue quien confirmó que las estaban negociando con el objetivo de concretar préstamos a tasas más favorables.

“Acabamos, hoy de hecho va a directorio, la segunda revisión del programa con el FMI. Esa segunda revisión tiene una serie de metas en términos de compra de reservas y, de forma necesaria, llevaba asociada el cierre del programa financiero para el 2026. El programa financiero para el 2026 está absolutamente cerrado, las fuentes están identificadas, la última parte que terminó de cerrarse fueron las garantías: vamos a emitir préstamos con garantías del BID, Banco Mundial, Agencia de Garantías del Banco Mundial y muy posiblemente con el CAF. MIGA y el Banco Mundial nos van a dar una garantía por USD 2.000 millones”, explicó Daza.

La expectativa por la llegada de nuevos fondos internacionales se refuerza por el inminente vencimiento por USD 4.200 millones en julio. Para el cual, el Tesoro cuenta con USD 2.930 millones y $ 12,5 billones que podría utilizar para comprar más dólares al BCRA. A su vez, esta semana la Secretaría de Finanzas llevará a cabo una nueva licitación del Bonar 2028 (AO28) con el que busca USD 300 millones y aún cuenta con un margen de USD 666 millones -incluida esta colocación- para seguir sumando. En ese escenario, es que se explica una menor dependencia de Economía a la garantías con organismos internacionales para el inmediato.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado publicó el martes un informe que documenta ejecuciones sumarias, disparos en las rodillas, fracturas de huesos con tubos metálicos y palizas sistemáticas perpetradas por fuerzas vinculadas a Hamas y unidades policiales en Gaza. Los investigadores concluyeron que esos actos constituyen crímenes de guerra y que fueron deliberadamente difundidos para infundir terror en la población civil.

El organismo, presidido desde este año por el jurista indio Srinivasan Muralidhar, identificó 249 casos de violencia física grave entre agosto de 2024 y enero de 2026, que dejaron 108 muertos y 384 heridos. Fuerzas afiliadas a Hamas participaron en al menos 60 de esos incidentes, entre ellos dos ejecuciones públicas en las que once hombres fueron abatidos a tiros ante multitudes. Los perpetradores justificaron los castigos alegando colaboración con Israel, saqueo de ayuda humanitaria o vínculos con grupos rivales, sin intervención de tribunales ni procedimiento legal alguno.

El informe describe con detalle al menos dos de esas ejecuciones filmadas. En septiembre de 2025, tres hombres con los ojos vendados fueron fusilados por hombres enmascarados frente al Hospital Shifa ante una muchedumbre de civiles. Un mes después, ocho personas fueron arrastradas a una plaza pública en Ciudad de Gaza y ejecutadas de igual forma. La comisión señala que a ambos grupos se los acusó públicamente de espionaje y traición antes de ser asesinados, sin proceso alguno que respaldara esas acusaciones.

Muralidhar subrayó que las fuerzas de Hamas “han explotado el vacío creado por los incesantes ataques israelíes y la destrucción generalizada de Gaza” para consolidar un gobierno basado en el miedo. El informe aclara que el uso de instalaciones hospitalarias donde también se documentaron castigos no hace que esos recintos pierdan su protección bajo el derecho internacional humanitario.

Hamas gobierna Gaza desde 2007, cuando desplazó por la fuerza a la Autoridad Palestina. Desde que un alto el fuego detuvo en octubre de 2025 más de dos años de guerra a gran escala con Israel, el movimiento consolidó su control sobre las zonas que aún administra. Casi 73.000 palestinos murieron durante el conflicto, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El informe no limita sus conclusiones a Hamas. En Cisjordania, la comisión denuncia una escalada de ataques de colonos israelíes: al menos siete palestinos murieron y 832 resultaron heridos en 2025, más del doble que el año anterior. Los investigadores señalan que esa violencia “funciona como un medio para aplicar la política del Estado israelí”, ya que colonos y fuerzas gubernamentales “trabajan hacia los mismos objetivos estratégicos”, incluidos el afianzamiento de asentamientos ilegales y el desplazamiento de palestinos. Desde el inicio del conflicto, 1.098 palestinos —incluidos al menos 240 niños— han sido asesinados por tropas israelíes o colonos en Cisjordania, según cifras de la ONU.

Israel rechazó las conclusiones. La misión israelí ante la ONU en Ginebra sostuvo que el informe “busca establecer una falsa equivalencia moral entre los terroristas de Hamas y los civiles israelíes”. El informe será debatido en el 62.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, con los palestinos de Gaza atrapados, según el propio documento, entre fuerzas israelíes y el gobierno de Hamás.

El AH-64 Apache combatió en Panamá, en la guerra del Golfo, en Irak y en Afganistán. En más de tres meses de guerra con Irán, ninguno había caído. En la noche del lunes, uno se precipitó cerca de las costas de Omán mientras patrullaba el estrecho de Ormuz; sus dos tripulantes fueron rescatados con vida en menos de dos horas. Trump atribuyó la caída a fuego iraní y prometió una respuesta. El Comando Central (CENTCOM) confirmó el accidente y señaló que las causas permanecen bajo investigación.

Cuando el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de ataques contra instalaciones militares iraníes, las bajas aéreas comenzaron a acumularse desde el principio. Las fuerzas iraníes derribaron unos 30 drones no tripulados MQ-9 Reaper. En marzo, tres cazas F-15E Strike Eagle fueron derribados por el fuego de sus propios aliados: las defensas antiaéreas de Kuwait. En abril, otro F-15E fue derribado sobre territorio iraní; uno de sus pilotos fue rescatado en una operación que movilizó centenares de efectivos y docenas de aeronaves. El Apache sobre Ormuz sería la primera aeronave de ese tipo perdida en el conflicto.

El AH-64 es un producto directo de la Guerra Fría. A principios de los años setenta, el Ejército estadounidense buscaba un sustituto del AH-1 Cobra capaz de detener un hipotético avance masivo de carros de combate soviéticos de blindados en Europa central. Hughes Helicopters desarrolló el prototipo, que voló por primera vez el 30 de septiembre de 1975. La producción pasó a McDonnell Douglas, más tarde absorbida por Boeing, que entregó la primera unidad al Ejército en 1984. A lo largo de cinco variantes principales se fabricaron más de 2.875 unidades, hoy operadas por más de doce países, entre ellos Reino Unido, Israel, India y Arabia Saudita.

Boeing diseñó el Apache para operar en entornos donde el fuego de armas ligeras, los misiles tierra-aire portátiles y la artillería antiaérea representan una amenaza constante. El fuselaje incorpora blindaje contra proyectiles de hasta 23 mm; los sistemas de vuelo y propulsión cuentan con respaldos que permiten seguir operando aunque la aeronave reciba impactos. Los dos miembros de la tripulación —piloto en el asiento trasero, artillero y copiloto en el delantero— disponen de visores montados en el casco vinculados al cañón y a los sensores, lo que permite apuntar girando la cabeza.

La pieza central del armamento es el cañón automático M230 de 30 mm, montado bajo el fuselaje en una torreta giratoria, capaz de disparar munición perforante o explosiva contra infantería, vehículos ligeros y posiciones enemigas. En los cuatro puntos de anclaje de sus alas cortas, el Apache transporta hasta 16 misiles antitanque AGM-114 Hellfire, guiados por láser o radar milimétrico, con capacidad para perforar el blindaje de los carros de combate modernos. Complementan el arsenal cohetes Hydra de 70 mm, que pueden adaptarse para convertirse en munición de precisión, y misiles Stinger para amenazas aéreas.

La versión en producción activa es el AH-64E Guardian. Introducido en el Ejército en 2011, monta motores General Electric T700-701D de mayor potencia e incorpora aviónica digital que le permite controlar vehículos no tripulados como el MQ-1C Gray Eagle, multiplicando el alcance de sus sensores sin exponer el helicóptero. Alcanza una velocidad máxima de 300 km/h y un radio de combate de cerca de 476 km. Hasta noviembre de 2025, Boeing había entregado más de 891 unidades del modelo E.

La Operación Tormenta del Desierto empezó con los AH-64. En la madrugada del 17 de enero de 1991, ocho AH-64 destruyeron dos instalaciones de radar iraquíes al norte de Arabia Saudita, minutos antes de que se iniciaran los bombardeos aéreos aliados. A lo largo de esa guerra y de las siguientes operaciones en Irak y Afganistán, los Apaches destruyeron centenares de vehículos blindados y proporcionaron apoyo aéreo cercano a las tropas de tierra.

El uso intensivo del Apache también expuso sus límites. En marzo de 2003, el V Cuerpo del Ejército envió 32 AH-64 del 11.º Regimiento de Aviación en un ataque contra la División Medina de la Guardia Republicana iraquí, cerca de Nayaf. El fuego de armas ligeras e infantería iraquí derribó uno de los aparatos, cuya tripulación fue capturada, y dañó gravemente a varios más. La misión se abortó y abrió un debate sobre el empleo de helicópteros de ataque ante fuerzas irregulares armadas.

El Apache fue diseñado para destruir blindados en campo abierto, con apoyo de fuerzas terrestres. Sobre el estrecho de Ormuz operó en las condiciones opuestas: sin respaldo terrestre, sobre agua, frente a un dispositivo de defensa antiaérea que Irán sostiene con misiles tierra-aire, artillería costera y drones.