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El régimen de Irán respondió este martes a la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump sobre una eventual represalia militar por el derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz y dejó en claro que está dispuesto a reaccionar si considera amenazada su seguridad. Aunque Teherán insistió en que privilegia la vía diplomática, el mensaje emitido por su canciller, Abbas Araghchi, incluyó una amenaza a las fuerzas extranjeras desplegadas cerca de sus fronteras.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Araghchi evitó referirse de manera explícita a una posible acción militar iraní, pero dejó abierta esa posibilidad.

“Irán prefiere el lenguaje de la diplomacia”, escribió. Sin embargo, agregó una frase que fue interpretada como una señal de advertencia hacia Washington: “Nuestros valientes guerreros han demostrado al mundo que también sabemos hablar otros lenguajes”.

Además de responder a la Casa Blanca, el ministro iraní cuestionó la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico y en particular en el estrecho de Ormuz. Araghchi sostuvo que esa vía marítima no puede ser considerada un espacio ajeno a la soberanía regional.

“El estrecho de Ormuz NO son aguas internacionales, sino una zona compartida entre Irán y Omán”, afirmó. También destacó que se encuentra “a miles de kilómetros de las costas estadounidenses” y aseguró que los límites marítimos en esa región están claramente establecidos.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que las Fuerzas Armadas de su país permanecen en estado de vigilancia permanente para responder ante cualquier incursión en el espacio aéreo, marítimo o terrestre iraní.

Según explicó, la presencia de unidades extranjeras cerca del territorio iraní implica riesgos constantes.

“Las fuerzas extranjeras que operan cerca de nuestro territorio están expuestas de forma permanente a errores humanos, accidentes o incluso a quedar atrapadas en un fuego cruzado”, señaló.

A partir de esa premisa, Araghchi planteó cuál considera la solución para evitar nuevos incidentes. “La mejor forma de reducir el riesgo es que esas fuerzas abandonen la zona lo antes posible”, sostuvo.

La declaración de Donald Trump

La tensión entre Washington y Teherán se disparó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país responderá al derribo de un helicóptero militar estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El mandatario aseguró que las fuerzas iraníes abatieron un helicóptero de ataque AH-64 Apache mientras realizaba una misión de patrullaje en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

A través de Truth Social, Trump afirmó: “Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz”.

Aunque los dos tripulantes sobrevivieron al incidente, el presidente estadounidense dejó en claro que Washington considera el hecho una agresión que no quedará sin consecuencias.

“Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, escribió.

Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había informado que la aeronave cayó cerca de la costa de Omán y que ambos militares fueron rescatados en una operación desplegada en la zona. Según el organismo, los soldados fueron recuperados alrededor de dos horas después del incidente y permanecen en condición estable.

La crisis también coincide con una nueva escalada regional. En los últimos días, Irán e Israel intercambiaron ataques que pusieron en riesgo los esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto. Tras esos enfrentamientos, Trump reclamó públicamente el cese inmediato de las operaciones militares y aseguró que todavía existe una posibilidad de alcanzar un entendimiento con la República Islámica.

(Con información de EFE y AFP)

Representantes de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa expusieron este martes en la comisión de Industria de la Cámara de Diputados y alertaron sobre la situación crítica que atraviesa el sector.

La directora ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez, destacó que si bien la actividad económica registró una leve recuperación en el último mes, la industria quedó rezagada. “Hoy estamos un 10% abajo del año 2022 o 2023”, explicó. Y agregó: “La caída de la actividad tiene correlato en la caída del empleo formal. Desde agosto de 2023 hemos perdido 75 mil puestos de trabajo directos”.

En esa línea, explicó que la industria es un sector transable que por su naturaleza enfrenta competencia directa del resto del mundo. “La UIA hizo un informe que muestra que la presión tributaria sobre el sector formal es del 56% del PBI. Tenemos una mochila de piedra en la espalda. Además, nosotros arrastramos una cadena de impuestos, por tasas municipales, impuestos provinciales (como Ingresos Brutos) y nacionales. Por ser productos transables competimos con productos de Brasil o China, que no tienen la carga tributaria que tenemos nosotros”, detalló.

En ese contexto, desde la UIA reclamaron una profunda reforma tributaria, un aumento del crédito y, en relación a los proyectos que actualmente se están tratando en el Congreso, pidieron una articulación más profunda con el Super RIGI.

“Desde la UIA estamos a favor y acompañamos estos regímenes que promuevan las inversiones. Pero al otorgar estos beneficios se reconoce que las condiciones en las que nosotros competimos son desfavorables. Es importante que sirvan para traccionar al entramado productivo local”, dijo la directora ejecutiva de la central industrial.

En concreto, desde la UIA propusieron replicar el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20% del RIGI con aplicación obligatoria para bienes con valor agregado local; que el cupo tenga ampliación gradual a lo largo de la inversión y operación, en vistas que son actividades nuevas y se espera que se desarrollen localmente; y que la Autoridad de Aplicación establezca reglas claras con sector privado para controlar que la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad y se otorguen medidas a las empresas locales para poder competir.

“No existe ningún país en el mundo que teniendo el entramado industrial que tiene Argentina no lo defienda”, concluyó María Laura Bermúdez.

Luego fue el turno de los representantes de CAME. La secretaria genera de la entidad, Beatriz Tourn, destacó como coincidencia con el Gobierno nacional la idea de romper el aislamiento respecto al mundo, pero le reclamó medidas compensatorias para las pequeñas industrias cada vez que se tomen medidas que beneficien el ingreso de productos importados.

“Que tengamos el tiempo necesario para reconvertirnos y no quedarnos afuera del sistema”, apuntó.

En tanto, Juan Carlos Uboldi, director de Industria de CAME, comenzó su presentación anunciando que recientemente se vio obligado a cerrar su fábrica de ladrillos.

“Hoy la situación es gravísima. Muchas empresas están cerrando y se están perdiendo puestos de trabajo. Por eso, entre las medidas urgentes pedimos la declaración de emergencia productiva, fiscal, tarifaria y financiera”, sintetizó.

Estas medidas incluyen “pausar” los aumentos de las tarifas energéticas, abrir líneas de crédito con tasas blandas para el sector Pyme, una moratoria “para toda la cadena que está en un proceso de cesación de pagos”, y que el Estado fomente los proveedores locales para que ganen protagonismo en el RIGI y el Super RIGI.

“Sin industria no hay posibilidades de desarrollo para la Argentina”, concluyó.

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, el RIGI incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Este miércoles se llevará adelante el segundo plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. El oficialismo se muestra confiado de que podrá dictaminar la semana que viene para llevar el proyecto al recinto el 24 de junio, en pleno Mundial, junto con el pago a los holdouts y otros proyectos.

En Infobae a la Tarde, la economista Lara López Calvo analizó el fenómeno de los llamados “préstamos fantasmas”, una maniobra que comenzó a multiplicarse tras el Hot Sale y que aprovecha un vacío operativo en las plataformas de e-commerce para obtener financiamiento informal a tasa cero.

“Es un rulo que se está haciendo en Mercado Libre y empezó a aparecer desde el Hot Sale”, explicó la especialista. El mecanismo es sencillo: una persona compra un producto de alto valor en cuotas, inicia la devolución una vez recibido y solicita que el reintegro se acredite en su cuenta de Mercado Pago. Así obtiene el monto completo de forma inmediata, aunque la compra haya sido realizada con tarjeta de crédito, mientras continúa pagando las cuotas pactadas originalmente.

“Les devuelven el monto completo en Mercado Pago, aunque la operación haya sido con tarjeta bancaria, y después devuelven ese dinero en cuotas, pero sin interés”, detalló López Calvo.

En la práctica, el sistema funciona como un crédito no formal que permite acceder a liquidez inmediata sin afrontar las elevadas tasas que hoy predominan en el mercado financiero.

El fenómeno fue advertido también por comerciantes que operan dentro de la plataforma. Emmanuel Fernández, dueño de una reconocida marca de zapatillas, relató que detectó un incremento de estas operaciones durante las últimas semanas. “Me compran en doce cuotas, cancelan. Es como un préstamo. Tuve un montón de ventas con eso. La gente no está llegando a fin de mes y se está financiando hasta con estas cosas”, contó.

Más allá de la discusión sobre la legalidad o la ética de la maniobra, López Calvo sostuvo que su popularización refleja un problema económico más profundo. “No es tan simple, son ambas cosas. Por un lado, no es ético, pero por otro habla de un síntoma social. Hay un alto nivel de morosidad y mucha iliquidez en la economía. Mora en niveles récord, tasas de préstamos altísimas y caída del poder de compra”, afirmó.

Durante el intercambio, Maia Jastreblansky señaló que se trata de una posibilidad que no existe en el comercio tradicional. Mientras que en un negocio físico una devolución suele reintegrarse a la misma tarjeta utilizada para la compra, en este caso el dinero puede acreditarse directamente en una cuenta digital, generando un descalce que habilita la operatoria.

Para López Calvo, este tipo de situaciones suele aparecer cuando las plataformas crecen más rápido que sus propios mecanismos de control. “Muchas veces son fallas de las plataformas. Crecen tanto que surgen estos descalces entre la tarjeta del banco y la devolución en cuenta”, explicó.

La economista consideró que la empresa probablemente implemente correcciones en el corto plazo para cerrar esa brecha. Entre las medidas posibles mencionó restricciones sobre las cuentas que repitan este comportamiento de manera sistemática.

Sin embargo, para el equipo de Infobae a la Tarde el interés del fenómeno excede la cuestión técnica. La viralización de los “préstamos fantasmas” aparece como una señal de las dificultades de acceso al crédito y de la necesidad de liquidez que atraviesan muchos consumidores. “Cuando uno ve los niveles de morosidad y el nivel de necesidad, hay un elemento del orden de las necesidades, evidentemente”, resumió Manu Jove.

Entre la avivada financiera y la búsqueda de dinero rápido para afrontar gastos corrientes, los “préstamos fantasmas” exponen una realidad económica que va mucho más allá de una simple falla en una plataforma de comercio electrónico.

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La investigación también tiene como imputada a su secretaria, Iara Guinsel Acosta. Ambos se negaron a declarar.

“Necesitamos negociar y, en su gran mayoría, son todas reformas de fondo”, explicó ante Infobae un integrante de la mesa política comprometido en la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo por la agenda de proyectos enviada al Congreso. La afirmación resume el escenario actual: los proyectos más ambiciosos del oficialismo requieren consensos amplios y suponen negociaciones complejas.

Desde el inicio formal del año legislativo, el Gobierno giró al Congreso alrededor de veinte iniciativas para contrarrestar semanas complejas marcadas por la interna y la investigación abierta contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuento enriquecimiento ilícito. Al menos quince de ellas aún permanecen pendientes, a la espera de un cronograma de tratamiento que deberá definir el reducido círculo designado por el presidente Javier Milei.

“No creo que haya demoras sino una sobreexpectativa en función de la cantidad de proyectos enviados”, sintetizó una fuente legislativa a este medio.

En las filas oficialistas aseguran que los tiempos de negociación responden más a la complejidad de los proyectos que a una falta de voluntad política. “Viene todo lento, pero va a salir”, aseguró con optimismo un senador violeta.

Lo cierto es que en las planillas de Balcarce 50 figuran en el casillero rojo la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO y la incorporación de Ficha Limpia; el proyecto de Financiamiento Universitario; la iniciativa sobre Fraude por Discapacidad; y la Ley de Ludopatía

“No los definiría como complicados. Para mí, requieren una negociación más extensa por los actores o los intereses en juego”, sostuvo un funcionario que participa de las negociaciones.

En el caso de los cambios en el sistema de votación, ante la negativa de varios aliados como el PRO, hay quienes deslizan la posibilidad de habilitar el debate por la suspensión de las PASO, como ocurrió en las legislativas de 2025, o avanzar en la supresión de la obligatoriedad, lo que implicaría hablar de una PAS. Con la mente en este objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó una serie de reuniones con gobernadores en Casa Rosada.

Esta semana, la mesa política podría volver a reunirse el jueves para encausar la estrategia legislativa. A la espera de que Bullrich confirme la convocatoria, la plana de integrantes podría reeditar sus encuentros para aceitar la agenda. En línea con eso, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el pasado lunes una comida junto al bloque de diputados de La Libertad Avanza.

La sucesión de encuentros llega tras la determinación de postergar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que debe tratarse en la Cámara de Senadores y que abrió una nueva disputa interna en torno al rol de la senadora Patricia Bullrich durante la sesión del jueves pasado. Desde la bancada violeta aseguran contar con los números para su aprobación y se esperanzan con sesionar este miércoles.

Tras el inicio del Mundial 2026, el oficialismo -que promete mantener activo el Congreso- aún tiene pendiente la definición de los plazos para el tratamiento de la Ley de Etiquetado Frontal, que cuenta con media sanción en Diputados, y los dos proyectos que rotulan como prioritarios: la Ley de Lobby y el Super RIGI.

Asimismo, el miércoles 24 de junio, la titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habilitaría el debate para tratar el Súper RIGI, ideado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que contempla mayores beneficios que el régimen original, pero también la normativa que busca regular la práctica en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Legislativo que configura un escenario más complejo. Los dos proyectos se discutirán mañana en comisiones.

En las filas oficialistas hay planes de incluir también la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), aunque hay quienes aseguran que primero debería tratarse el acuerdo con dos holdouts por 171 millones de dólares que cuenta con el visto bueno de Diputados.

Pese a la media sanción en la Cámara baja, la ley de Hojarasca, con la que el Ejecutivo apuesta a eliminar más de 70 normas; el recorte de subsidios al gas natural en Zonas Frías; y los intentos por derogar el Etiquetado Frontal suponen un nuevo desafío para el bloque liberario en el Senado. Por tanto, aún no hay designada fecha para su tratamiento, según reveló un miembro de la mesa política.

Con esta agenda sobre la mesa, que incluye además la voluntad por modificar la Ley de Salud Mental, la senadora se reúne con legisladores aliados para intentar avanzar en los proyectos centrales para la Casa Rosada. Esta mañana, la Comisión de Acuerdos celebró una nueva reunión pública en la que expusieron seis candidatos a las Cámaras de Apelación del Trabajo.

Más allá de los tiempos parlamentarios, en la mesa política justifican las demoras en los plazos al contenido de las refomas impulsadas. Sin embargo, el tiempo corre y el oficialismo se enfrenta al complejo desafío de concretar la abultada ambición legislativa antes de que el calendario electoral comience a condicionar la agenda.

El Ministerio de Economía avanzó con un nuevo canje de bonos junto al Banco Central de la República Argentina (BCRA), en una maniobra que generó expectativa en el mercado financiero por su posible vinculación con la negociación de un préstamo “repo” con bancos internacionales que ayudaría a hacer frente a los próximos vencimientos de deda. Por medio de la Resolución 31/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, se formalizó la conversión de títulos en pesos por instrumentos en dólares, un movimiento que distintos analistas interpretaron como el paso previo para garantizar la próxima operación de financiamiento externo.

El texto oficial detalló que el Ministerio de Economía ofreció al BCRA la conversión de sus tenencias de los bonos del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustados por CER, identificados como BONCER TZX28 (con vencimiento en junio de 2028) y BONCER TZXD7 (con vencimiento en diciembre de 2027). Estos instrumentos, emitidos durante 2024, se canjearon por una canasta compuesta en un 66% por BONAR AL35 (bonos en dólares con vencimiento en 2035) y en un 34% por BONAR AE38 (bonos en dólares con vencimiento en 2038).

En el mercado, la noticia generó interpretaciones sobre la dirección de la estrategia oficial. Salvador Vitelli, head of research de Romano Gruop, afirmó: “Pareciera que van en la dirección del repo. Así como también se hizo el canje a fines de 2025. En diciembre pasado canjearon al Banco Central sus tenencia de ZX28, TZXD7 y S16E6 por AL35, AE38, S30A6 y S29Y6. Y a su vez, pareciera que viene por el lado de rolleo hacia después de 2027”. La referencia a operaciones previas de canje refuerza la idea de que el objetivo es facilitar el acceso a financiamiento externo, utilizando bonos en dólares como respaldo para nuevas líneas de crédito.

Desde Facimex Valores, Andrián Yade Buller se refirió a los alcances del canje instrumentado por el Ministerio de Economía. “Lo que sabemos del Boletín Oficial es que el Tesoro canjeó al BCRA parte de sus tenencias de TZXD7 y TZX28 por una canasta de AL35 y AE38. Presumiblemente, esos bonos hard dollar que recibe el BCRA podrían usarse para garantizar el nuevo repo que se está negociando con bancos privados, reemplazando los actuales garantizados con Bopreal, ya que el bono vencería durante la vida del repo”, destacó.

En este contexto, las expectativas del mercado se centran en la posibilidad de un inminente acuerdo de repo, un tipo de financiamiento que permitiría al Estado acceder a dólares frescos utilizando títulos públicos como garantía. El vencimiento por USD 4.200 millones que enfrenta la Argentina en julio acentúa la necesidad de asegurar recursos adicionales, y la operación de canje entre el Tesoro y el BCRA se interpreta como un paso relevante hacia ese objetivo. La estrategia de utilizar bonos en dólares como garantía no es nueva y encuentra antecedentes inmediatos en el cierre de 2025 y en el inicio de 2026.

Consultadas por Infobae, fuentes oficiales del Banco Central evitaron confirmar si el canje representa el paso previo para el repo con bancos internacionales. Indicaron que no manejan información al respecto y subrayaron que la operación responde a antecedentes previos, como el canje realizado en diciembre antes del acuerdo de repo de enero.

En el plano técnico, la conversión de bonos ajustados por CER en títulos en dólares otorga al BCRA instrumentos aptos para ser utilizados como garantías en operaciones de repo con bancos privados, desplazando a los Bopreal como respaldo de las líneas de crédito. Esta opción permitiría a la autoridad monetaria contar con herramientas más aceptadas internacionalmente al momento de negociar condiciones y tasas con entidades financieras del exterior.

Garantías con organismos internacionales

El canje entre el Tesoro y el Banco Central planteó una nueva posibilidad de cómo el Gobierno enfrentaría el pago del vencimiento por USD 4.200 millones de julio. Es que todas las expectativas estaban puestas en las garantías con organismos internacionales. En una entrevista reciente, el viceministro de Economía, José Luis Daza, fue quien confirmó que las estaban negociando con el objetivo de concretar préstamos a tasas más favorables.

“Acabamos, hoy de hecho va a directorio, la segunda revisión del programa con el FMI. Esa segunda revisión tiene una serie de metas en términos de compra de reservas y, de forma necesaria, llevaba asociada el cierre del programa financiero para el 2026. El programa financiero para el 2026 está absolutamente cerrado, las fuentes están identificadas, la última parte que terminó de cerrarse fueron las garantías: vamos a emitir préstamos con garantías del BID, Banco Mundial, Agencia de Garantías del Banco Mundial y muy posiblemente con el CAF. MIGA y el Banco Mundial nos van a dar una garantía por USD 2.000 millones”, explicó Daza.

La expectativa por la llegada de nuevos fondos internacionales se refuerza por el inminente vencimiento por USD 4.200 millones en julio. Para el cual, el Tesoro cuenta con USD 2.930 millones y $ 12,5 billones que podría utilizar para comprar más dólares al BCRA. A su vez, esta semana la Secretaría de Finanzas llevará a cabo una nueva licitación del Bonar 2028 (AO28) con el que busca USD 300 millones y aún cuenta con un margen de USD 666 millones -incluida esta colocación- para seguir sumando. En ese escenario, es que se explica una menor dependencia de Economía a la garantías con organismos internacionales para el inmediato.