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La industria argentina atraviesa un escenario dispar: mientras algunos sectores vinculados a la energía, la minería y el petróleo muestran mayor dinamismo, otras ramas dependen de un mercado interno que todavía presenta dificultades. En ese contexto, Oliver Maltz, presidente del Movimiento Industrial, sostuvo que uno de los principales problemas para las empresas es la combinación de costos crecientes, menor consumo y pérdida de rentabilidad.

Su análisis se conoció luego de un relevamiento de la Fundación Encuentro que comparó los primeros semestres de 2023 y 2026 y registró retrocesos en distintos indicadores de actividad, además de una pérdida de 274.600 empleos privados registrados. El informe señaló también que la industria utiliza actualmente el 57,6% de su capacidad instalada, nueve puntos menos que en 2023, y que la producción manufacturera cayó 12%.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, Maltz puso el foco en lo que ocurre dentro de las empresas y diferenció entre las actividades con mayor tracción y aquellas más expuestas al consumo interno. “Tenés sectores como energía, minería que están reaccionando y sectores más castigados que dependen más del consumo interno como el textil, el calzado, los metalúrgicos”, explicó.

Para el empresario, la desaceleración de la inflación no eliminó las dificultades de las compañías. “Seguimos teniendo inflación en pesos todos los meses, que por suerte está bajando muchísimo y no tiene nada que ver a lo que era antes”, señaló. Sin embargo, advirtió que, con los precios internos todavía en aumento, los costos de las empresas también suben medidos en dólares.

El problema se profundiza porque la menor demanda limita la posibilidad de trasladar esos incrementos a los precios. “Dado que el consumo no está en su mejor momento, es muy difícil trasladar la suba de costos a precios. Por ende, las empresas, los comercios, cada mes van perdiendo rentabilidad”, sostuvo.

Maltz vinculó esa pérdida de rentabilidad con el empleo. Según indicó, entre abril de 2025 y abril de 2026 la industria perdió 52.000 puestos de trabajo formales. Para explicar cómo una contracción puede extenderse por toda la economía, describió el efecto que tiene cuando una compañía comienza a recortar gastos: reduce compras y servicios, sus proveedores venden menos y el impacto termina alcanzando a otros trabajadores y empresas. “Es como un círculo vicioso que hace que se pierdan puestos de trabajo”, afirmó.

Por eso, consideró que no se puede analizar por separado la situación de los consumidores y la de las empresas. “No se puede disociar al consumidor del trabajador. Todos queremos comprar productos al precio que valen en todo el mundo, pero para poder comprar productos tenemos que tener trabajo”, planteó. Y resumió su diagnóstico: “Sin consumo no hay trabajo y sin trabajo no hay consumo”.

El orden macroeconómico y el desafío de recuperar la actividad

Maltz valoró la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y el ordenamiento macroeconómico impulsado por el Gobierno de Javier Milei, aunque consideró que esas condiciones deben complementarse con una recuperación de la actividad. “Estar en un proceso de baja inflación creo que está bueno. El tema del déficit fiscal, el orden macroeconómico, creo que está bueno”, reconoció.

Sin embargo, marcó un límite: “Solo eso no alcanza. Se necesita trabajo y se necesita consumo”.

Otro de los factores que, según el empresario, condicionan a las compañías es la presión impositiva. Consideró que una reforma tributaria puede mejorar las condiciones para producir, pero aclaró que tampoco resolvería por sí sola la falta de demanda. “Si vos hoy me bajás todos los impuestos, pero nadie consume, yo igual sigo sin vender”, afirmó.

La cuestión adquiere especial relevancia para la industria porque sus productos deben competir con bienes fabricados en otros países. “Nosotros vendemos productos transables. Competimos con las reglas de juego de Argentina contra otros países, con las reglas de juego de otros países”, explicó.

Previsibilidad para invertir y generar empleo

Maltz también señaló la necesidad de contar con reglas estables para que las empresas puedan tomar decisiones de inversión de largo plazo. “Me encantaría algún día que pase lo que pasa en un país como Chile o como Uruguay o como Brasil: que no te jugás el péndulo de tu empresa en una elección legislativa”, sostuvo.

En ese sentido, valoró el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta para otorgar previsibilidad a proyectos de gran escala. “Para una inversión de 30 mil millones de dólares, en un país que viene de los últimos 40 años, donde no se confía mucho, le tenés que dar previsibilidad, no te queda otra”, afirmó.

A su vez, planteó que esas inversiones deberían generar un efecto sobre las economías regionales y los proveedores locales. “Está bueno que se incentive y que eso derrame en el desarrollo de las regiones y de las provincias, generando trabajo en otros sectores”, concluyó.

El diagnóstico de Maltz combina una valoración del proceso de estabilización con un reclamo por las condiciones que enfrentan las empresas para producir y competir. Para el empresario, el desafío de la industria en esta etapa es que el orden macroeconómico pueda traducirse en mayor consumo, inversión, producción y empleo.

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Javier Timerman, asesor financiero con cuatro décadas de experiencia en el mercado estadounidense, sostuvo que los inversores siguen principalmente la evolución del programa económico y su capacidad para mantenerse en el tiempo. En ese análisis, distinguió entre los problemas que afectan a la economía doméstica y las variables que concentran la atención de Wall Street.

En diálogo con Infobae al Regreso, se refirió a la afirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien tras participar del G20 de Finanzas aseguró en Estados Unidos nadie pregunta por los créditos en mora. Para Timerman, el dato refleja el tipo de cuestiones que quedan fuera del radar de los grandes actores financieros.

“No hay un foco específico en un tema tan puntual como es el de la mora. Lo que se pregunta es más general, sobre un rumbo económico, sobre el proceso político, el proceso económico. No se meten en los detalles”, explicó.

El especialista recordó una conversación con un inversor durante una caída de los bonos argentinos. “¿Qué está pasando en Argentina que están cayendo los bonos?”, le preguntó. Timerman le explicó que la Corte Suprema había ratificado la Ley de Medios y recibió una respuesta que, según contó, evidenció el escaso conocimiento sobre la coyuntura local: “Ah, bueno, sí, debe ser una ley”.

La continuidad del programa económico

Para Timerman, una de las claves de la percepción favorable que existe entre algunos inversores está en el ajuste fiscal realizado por el Gobierno. “Vieron también que por primera vez Argentina hizo un ajuste fiscal que ningún político se animó a hacerlo en su momento. Es una realidad”, afirmó.

A partir de allí, ubicó el principal interrogante en la continuidad del proceso. “Confían en el equipo económico, confían en que esta política se va a mantener”, sostuvo.

El calendario electoral aparece como una variable relevante en esa evaluación. “Preocupa que este proceso no continúe. ¿Qué puede hacer que este proceso no continúe? Que Milei pierda las elecciones”, planteó.

Timerman también describió la discusión entre preservar el equilibrio fiscal y acelerar la recuperación económica. A su juicio, muchos inversores aceptarían cierta flexibilización del ajuste si eso contribuyera a fortalecer la actividad.

“Mi opinión es que la mayoría de los inversores te dirían: ‘Sí, preferimos eso’”, señaló. El Gobierno, sin embargo, sostiene una estrategia diferente. “El Gobierno o el presidente Milei dice: ‘No, si yo me mantengo así, genero la confianza porque no me muevo de esto’. Bueno, son dos opiniones. Veremos”, resumió.

La mora y el riesgo de una crisis financiera

Aunque no sea una prioridad para Wall Street, Timerman consideró que la morosidad puede convertirse en un problema relevante si alcanza una dimensión capaz de afectar al sistema financiero.

“El hecho de que haya mora es un tema, primero, porque la gente, para no pagar una deuda, es porque la está pasando mal”, señaló.

En ese contexto, introdujo el concepto de moral hazard, que describe el incentivo a asumir riesgos cuando existe la expectativa de que otro actor absorberá las consecuencias.

“Vos tomás un crédito y decís: ‘Bueno, si no lo pago, no pasa nada, entonces no lo pago’”, explicó. Por eso, cuestionó una eventual asistencia indiscriminada a quienes no pueden cumplir con sus obligaciones.

Pero también marcó que el Estado debe intervenir cuando el problema puede extenderse al conjunto de la economía. “Si ocho millones de personas dejan de pagar y eso implica que las empresas financieras dejen de prestar porque dicen: ‘No, che, hay una situación de mora, yo mejor soy conservador, no presto’, nos jodemos todos los demás”, advirtió.

La referencia para Timerman es la crisis financiera estadounidense de 2008, que utilizó para ilustrar las consecuencias de subestimar un riesgo sistémico. “Si la erran, como la erraron los políticos en Estados Unidos en el 2008, puede ser una catástrofe que va a generar que todos nosotros tengamos que pagar por eso que pasó”, sostuvo.

El ejemplo de Israel

Timerman recurrió también a su experiencia en Israel para explicar por qué considera que las reformas económicas necesitan acuerdos políticos duraderos.

“Yo llegué a Israel en el 77 a estudiar. Era chico, tenía 16 años”, recordó. Según relató, el país atravesaba un escenario marcado por la inflación, las huelgas y el peso de los sindicatos. La salida requirió, en su interpretación, un acuerdo entre distintos sectores políticos.

“Todo esto requirió un proceso de cambio que se logró porque hubo un gobierno de unidad nacional que coincidió en ciertos puntos básicos”, señaló.

Ese antecedente le sirve para plantear un desafío para la Argentina: sostener las reformas sin desconocer los costos que generan durante la transición. “La Argentina necesita una transformación”, afirmó.

En ese proceso, advirtió sobre las dificultades que enfrentan quienes deben adaptarse de manera inmediata a las nuevas reglas. “Vos no podés decirle a un tipo que no tiene laburo: ‘Mirá, no vas a tener laburo porque estamos transformando la Argentina. En diez años vas a tener laburo cuando se desarrolle’. El tipo dice: ‘No, che, yo necesito mi laburo ahora’”.

El mismo razonamiento aplicó a las pequeñas y medianas empresas frente a los cambios regulatorios. Para evitar que las reformas queden sujetas a cada ciclo electoral, planteó la necesidad de construir consensos.

“Estos procesos de cambio es muy importante que tengan consenso para que duren diez años, no dos”, afirmó.

Timerman rechazó, en cambio, la idea de eliminar las elecciones legislativas intermedias para reducir la conflictividad. “No me gusta ese tipo de soluciones”, sostuvo.

En lugar de modificar las reglas electorales, propuso un cambio en la cultura política. “Yo lo que me gustaría ver es un cambio en la sociedad argentina que facilite a los políticos, que pondere la unión nacional”, planteó. Y cerró con una definición sobre el clima político del país: “Vivimos en los extremos, de alguna manera. Vivimos en los extremos, no tenemos causas que nos unen”.

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El Gobierno intimó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a garantizar el 75% de los servicios tras el anuncio del paro en aeropuertos de todo el país que está previsto para este jueves y viernes. La medida de fuerza involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y se esperaba que afectara a más de 27 terminales de todo el territorio nacional.

De acuerdo con lo que informó el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le solicitó a la agrupación gremial que garanticen las prestaciones mínimas de los servicios correspondientes al ámbito de la ANAC.

La intimación se sustenta en un conjunto de normas vigentes. El Ministerio citó el artículo 1° de la Ley N° 27.161 y el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y sus modificatorias como base de la exigencia. A eso se suma lo establecido por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, que fija un umbral específico para los casos en que el conflicto afecta servicios esenciales: la cobertura mínima no puede ser inferior al 75% de la prestación normal. La navegación aérea nacional está encuadrada dentro de esa categoría.

La medida oficial se adoptó a partir de las presentaciones efectuadas tanto por ATE como por la ANAC y tuvo como objetivo declarado preservar la continuidad del sistema de transporte aéreo, que el Gobierno calificó como indispensable para la conectividad, la seguridad y el funcionamiento del tráfico aéreo en el país.

La jornada de protesta, convocada por ATE bajo el nombre de Jornada Nacional de Lucha, se extenderá durante 48 horas el jueves 3 y viernes 4 de septiembre. Los trabajadores de la ANAC llevarán adelante paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias cada día: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos, solo quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y los de carácter oficial. El impacto alcanzará a más de 27 terminales de todo el país, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, dijo: “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, declaró. El dirigente también apuntó al deterioro de las condiciones en el sector: “Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, sostuvo.

Aguiar precisó que el incumplimiento tiene fecha de inicio concreta: “Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, señaló. Y cerró con una advertencia directa: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.

El trasfondo del conflicto excede a los empleados de la ANAC. Según el gremio, los trabajadores de la Administración Pública Nacional acumulan una pérdida del poder adquisitivo superior al 40% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En ese contexto, los empleados del organismo de aviación civil consideran que su situación es particularmente crítica, dadas las funciones que desempeñan.

A ese cuadro general se suma una tensión específica en torno a Ezeiza. ATE alertó que el proyecto de refacción y ampliación de esa terminal avanza sin la actualización de las partidas presupuestarias del área correspondiente. A criterio del sindicato, esa situación compromete tanto la seguridad de los trabajadores como la de los pasajeros, al no contarse con las herramientas y los recursos necesarios para ejecutar los trabajos.

Ante la ausencia de respuesta oficial, ATE formalizó tres reclamos concretos: el pago de los salarios con los aumentos correspondientes a los ítems extra paritarios ya acordados; la apertura de la paritaria sectorial; y el financiamiento de las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización en los aeropuertos del país. El gremio advirtió que, si el Gobierno no da respuesta a esas demandas antes del inicio de la medida de fuerza, el conflicto podría extenderse más allá de los dos días previstos.