POSADAS, Misiones.- En una decisión de alto impacto político en la provincia, el gobernador Hugo Passalacqua, impulsará la modificación de la ley que prohíbe la utilización del herbicida glifosato en la provincia. El texto de la ley, que probablemente sea aprobada sin mayores obstáculos, establece en su artículo 2° que “se deroga el artículo 7° de la Ley VIII-103″.
La Ley de Bioinsumos, sancionada en junio del 2023 por orden de Carlos Rovira y sin ninguna consulta con el sector productivo, estableció en ese artículo 7° la prohibición expresa del uso del glifosato a partir del 4 de julio del 2025, lo que generó el rechazo casi unánime de todo el arco productivo provincial. Incluso dos meses después de la sanción, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, viajó a Posadas para respaldar a los productores en su reclamo y prometió una acción de amparo de la entidad ante la Corte Suprema. Desde hace tres años, tealeros, yerbateros, forestales, tabacaleros y cualquier otro productor, reclaman al Gobierno local que no les complique la actividad aplicando una ley que generaría una caída significativa en la producción, ya que no existen sustitutos probados y certificados al popular Roundup, de Monsanto/Bayer.
El nuevo texto que impulsa el bloque de 18 diputados que responden a Passalacqua, establece que el glifosato recién estará prohibido cuando agencias como el Senasa o su equivalente en mercados de exportación de Misiones -como los Estados Unidos, principal comprador del té-, certifiquen que existen bioinsumos capaces de sustituirlo de manera eficaz.
“Se establece que la utilización de bioinsumos será exigible en el territorio provincial, en la medida que los distintos organismos competentes en el orden nacional y/o los que corresponden a los países de destino de las exportaciones de los productos de origen de la Provincia de Misiones, hayan autorizado la utilización de fitosanitarios amigables con el ambiente”, indica el segundo y último párrafo de la Ley. También se establece que el gobierno provincial queda facultado a establecer “la transición progresiva” en los plazos que considere adecuados.
Trasfondo político
De esta forma, la Ley que ya ingresó y se tratará la semana que viene en Comisión, probablemente esté sancionada en unas semanas más y libere a los productores, que siguen utilizando el glifosato, de cualquier incertidumbre jurídica o administrativa.
Hoy, en los hechos, el glifosato se puede seguir utilizando previa inscripción en un registro que abrió el Ministerio del Agro, donde había que justificar el uso y generar una serie de burocracia cuyo incumplimiento siempre generaba el riesgo de sanciones.
La prohibición del glifosato generó un gran revuelo en Misiones porque su sanción dejó al desnudo el mecanismo que rigió la política de la provincia durante más de 20 años: una sola persona -Carlos Rovira-, aún en contra de los intereses de muchos, podía imponer su voluntad y todo el arco político oficialista lo iba a seguir sin ningún tipo de cuestionamiento. Ahora Misiones atraviesa un punto de inflexión histórico en la política, tras una pulseada en la que Passalacqua terminó como el nuevo líder del oficialismo, marcando el fin del rovirismo que duró más de 20 años.
La medida también fue polémica porque, en paralelo a la prohibición, Carlos Rovira impulsó la radicación de la empresa Agrosustentable, con fuertes incentivos fiscales para establecer una planta de producción de bioinsumos en el Parque Industrial Posadas. Esa planta se inauguró con Rovira, Passalacqua, Oscar Herrera Ahuad (el entonces gobernador) y toda la plana mayor del oficialismo, días antes de las elecciones a gobernador del 7 de mayo de 2023, que le garantizaron a la Renovación extender su hegemonía por otros cuatro años en el poder.
Hasta el año pasado, el gobierno provincial a través del Ministerio del Agro y el IMAC le compró la casi totalidad de la producción a Agrosustentable, distribuyendo gratis tres productos entre pequeños chacareros (aquí llamados colonos). Incluso llegaron a utilizar recursos del Fondo Especial del Tabaco para una de estas compras. Agrosustentable producía: bioherb, que buscaba reemplazar al herbicida, pero no estaba certificado por el Senasa; bioinsect y biofert (un fertilizante).
Cuando un diputado opositor, Miguel Núñez, reveló que el insumo que iba a reemplazar al glifosato (el bioherb) no estaba certificado, estalló una nueva polémica que se acrecentó cuando se conoció que Ramiro Rovira, hijo del caudillo, tenía vínculos comerciales con el dueño de Agrosustentable, Joaquín Basanta (aunque no en ese emprendimiento). Tras esa polémica, hoy Agrosustentable bajó el perfil, el Gobierno distribuye solo unos pocos de sus productos (le compra mucho menos) en mucha menor escala y ya no los publicita. Pero la empresa sigue apostando a promover los bioinsumos, incluso en la pampa húmeda y poder exportar a Paraguay y Brasil, aunque sin la expansión desmedida que mostraban hace tres años.
