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Nancy Guerrero Castillo entró a Médicos Sin Fronteras (MSF) en 2004 respondiendo a un aviso publicado en un diario de Ocaña, su ciudad natal en el departamento colombiano de Norte de Santander. Era administradora de empresas y buscaba trabajo. Veintidós años después, dirige la sección sudamericana de habla hispana de la organización fundada en París en los años setenta, con base en Buenos Aires y oficinas en Bogotá y Montevideo.

Su recorrido incluye misiones en América Latina, África y el sur de Asia, y la responsabilidad de la oficina institucional de MSF en Colombia desde 2023. Asumió la dirección regional en 2024, en un momento en que MSF —presente en más de 75 países y con 516 proyectos activos— atraviesa un escenario humanitario global marcado por los ataques deliberados a estructuras médicas, el desmantelamiento de la ayuda exterior estadounidense y la persistencia de crisis prolongadas en Haití, Gaza, Sudán y la propia región.

“En América Latina la principal epidemia es la violencia, crónica, de años. Y hay que seguir visibilizándola para que no se normalice, para que no se vuelva parte del paisaje”, sostiene Guerrero en esta entrevista con Infobae realizada en las oficinas de MSF en Buenos Aires. La conversación recorre los frentes abiertos de la organización en el continente —desde el Catatumbo colombiano hasta los campamentos de desplazados en Puerto Príncipe— y se detiene en una pregunta de fondo: ¿cuánto resiste el sistema humanitario internacional cuando los principios fundacionales son sistemáticamente vulnerados? “Médicos Sin Fronteras, además de la asistencia médico-humanitaria, tiene el pilar de levantar la voz. Y lo hacemos con datos médicos, con testimonios, con lo que vemos directamente sobre el terreno”, afirma.

—A diez años de la resolución 2286 de la ONU, que prohíbe los ataques contra infraestructuras médicas y personal humanitario, MSF publicó un informe con 255 incidentes documentados en la última década, con pico en 2024 y 2025. ¿Qué pasó con esa resolución?

—La resolución 2286 cumplió diez años a principios de mayo. Diez años en los que Médicos Sin Fronteras tuvo mucho que ver en que se expidiera, porque fue tras el ataque al hospital de Kunduz, en Afganistán. La resolución es clara: prohíbe estas cosas. Prohíbe los ataques a infraestructura médica, al personal médico, al personal humanitario, a la población civil. Pero lo que vemos en la realidad es que sigue pasando y se sigue acrecentando. Muy cerca, aquí en el Caribe. Médicos Sin Fronteras está en más de 75 países. Podemos hablar de muchísimas crisis, pero a veces la crisis está en nuestro propio continente.

—Haití es probablemente el ejemplo más claro de eso. ¿Cómo es operar allí hoy?

—Haití sigue en medio de una gran violencia armada y una degradación institucional, un colapso como país. A finales de 2024, una ambulancia nuestra fue atacada. Llevaba heridos y los heridos fueron ejecutados. Es una violación a la acción médico-humanitaria. Suspendimos actividades de inmediato y tuvimos que cerrar puntos de atención porque no teníamos garantías mínimas de seguridad. Siempre operamos bajo nuestro principio de neutralidad: no somos parte de ningún bando, estamos con la población civil. La seguridad del personal es prioridad número uno, porque si el personal de Médicos Sin Fronteras no puede trabajar, la población no recibe la atención que necesita.

—Naciones Unidas calcula que 6,4 millones de haitianos necesitarán ayuda humanitaria en 2026, la mitad del país. ¿Qué encuentran sus equipos en el día a día?

—Es una crisis en parte olvidada, con un colapso institucional sostenido desde que mataron al presidente hace unos años, con bandas criminales controlando territorios. Lo que estamos viendo: un incremento de la violencia sexual como arma de guerra, heridos de guerra —apoyamos el hospital de traumatología, uno de los pocos hospitales funcionales que le quedan al país—, salud mental, salud sexual y reproductiva. El año pasado atendimos a más de tres mil sobrevivientes de violencia sexual. Hay muchos campamentos de desplazados. Hacemos clínicas móviles, porque muchos de esos espacios están controlados por grupos armados y la única posibilidad de acceso a atención primaria es a través nuestro. Alrededor de una cuarta parte de la población en esos campamentos ha presentado sarna y afecciones en la piel, y muchos niños tienen enfermedades respiratorias.

—El gobierno de Donald Trump busca revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y deportar a más de 350.000 haitianos con el argumento de que Haití es lo suficientemente seguro. ¿Lo es, según lo que MSF ve desde el terreno?

—Haití no es un lugar seguro. Hay extrema pobreza, crisis institucional, violencia extrema. Y todo eso tiene un impacto directo en la salud: física, sin duda, pero también mental. Es una crisis por donde la mires. Y Haití ha sido doblemente castigado: además de todo esto, por su posición geográfica sufre huracanes, terremotos. Médicos Sin Fronteras ha estado allí siempre, acompañando a las comunidades más vulnerables.

—La política migratoria estadounidense también transformó la ruta. El cruce del Darién pasó de 1,2 millones de personas entre 2021 y 2024 a unas tres mil el año pasado. Para varios gobiernos de la región y para Washington es un éxito. ¿Cómo lo lee MSF?

—La crisis migratoria en América Latina sigue siendo grave, muy marcada por políticas restrictivas, tácticas de disuasión de los estados y los cambios en la política migratoria de Estados Unidos. La reducción del Darién fue brutal, pero eso no significa que el problema esté solucionado. La población está más dispersa, usando otras rutas. Mucha gente quedó varada, particularmente en México: en el norte, en el sur, en la frontera con Guatemala, en Ciudad de México. Tuvimos que reducir varios proyectos dedicados a migración porque ya no hay flujo, pero seguimos atendiendo. Los migrantes siguen siendo víctimas de extorsión, tortura, violencia sexual, violencia extrema. Y con las políticas de estigmatización y criminalización, la gente tiene miedo y no se acerca. En salud mental vemos cada vez más personas que necesitan medicación para acompañar el estrés postraumático.

—MSF trabaja en Venezuela y al mismo tiempo atiende a venezolanos a lo largo de la ruta migratoria. ¿Qué situación encuentran sus equipos hoy dentro del país, y cómo se preparan ante un escenario regional en tensión?

—En un contexto de crisis política y socioeconómica que continúa en Venezuela, Médicos Sin Fronteras trabaja para reducir las brechas en el acceso a la salud mediante la prestación de servicios esenciales y el fortalecimiento de centros de salud locales. Estamos presentes en Venezuela desde 2015. Actualmente, mantenemos proyectos activos en los estados de Anzoátegui y Delta Amacuro, donde brinda atención médica y apoyo a la red pública de salud. En ambas localidades, los equipos trabajan en atención médica general, salud sexual y reproductiva, salud materna y neonatal y control de infecciones, además de rehabilitación de infraestructura, mantenimiento de equipos, capacitación de personal local y donación de medicamentos e insumos. En Anzoátegui, las actividades incluyen también consultas de planificación familiar y atención integral para víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, mientras que en Delta Amacuro los equipos continúan llegando a comunidades remotas, principalmente indígenas, para ampliar el acceso a servicios de salud y tratamiento de enfermedades como tuberculosis, VIH y desnutrición, pese a las dificultades logísticas de la región. Durante 2025, el equipo llevó adelante una exhaustiva preparación y planificación ante posibles escenarios de emergencia derivados de la inestabilidad política y de las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Nuestra prioridad hoy es preservar la aceptación y el espacio humanitario para seguir ofreciendo atención.

—A la par del descenso del flujo hacia el norte aparece otro fenómeno, mucho menos cubierto: el flujo migratorio inverso. Gente que regresa hacia el sur. ¿Qué está viendo MSF?

—Lo vimos desde el año pasado: en lugar de ir hacia el norte, empezamos a ver gente moviéndose hacia el sur. Algunos se quedaron en México tratando de regularizar su situación, pero en esa espera son objeto de atrocidades. Otros están buscando destinos como Colombia o Chile. A principios de este año iniciamos un proyecto en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde atendemos a personas migrantes y a desplazados internos. Estamos monitoreando los flujos hacia el sur ante políticas más restrictivas en Chile, Colombia y otros países. Parece que como dejó de hablarse, se solucionó. No es así. Vemos cada vez más personas con vocación de permanencia que intentan quedarse en algún lugar para sobrevivir, pero se encuentran con políticas restrictivas y sin acceso a servicios básicos.

—¿Cuál sería una política migratoria humanitaria?

—Migrar no es un delito. Los seres humanos hemos migrado desde los orígenes de nuestra humanidad. El llamado es a garantizar el acceso al asilo, a la atención médica digna, y a proteger a las personas migrantes de la violencia, la explotación y los abusos institucionales. Son seres humanos. Muchos no migran porque quieren: vienen de países azotados por la violencia, la pobreza extrema, el colapso institucional, buscando algo mejor para ellos y su familia. ¿No haríamos todos lo mismo en esas condiciones?

—Los recortes de la administración Trump a la ayuda exterior, ¿impactaron a MSF, que se financia en un 98% con fondos privados?

—Directamente, no sentimos el impacto. Pero en los territorios donde trabajamos —especialmente en migración— muchos programas de otras organizaciones cerraron por falta de financiamiento. Eso genera vacíos más grandes que Médicos Sin Fronteras encuentra al llegar. Tuvimos que repriorizar hacia actividades vitales, de emergencia. Y en muchos lugares, la reducción de fondos para vacunas o medicamentos para el VIH afectó directamente a las comunidades. Nos cuesta más mantener las mismas actividades que teníamos antes.

—Usted es colombiana, de Norte de Santander, y empezó en MSF en zonas rurales de su país. ¿Qué Colombia se encuentra hoy como directora regional?

—Las actividades han cambiado mucho. Hace veinte años, la presencia de Médicos Sin Fronteras era principalmente en zonas rurales alejadas, donde el acceso a servicios básicos de salud era imposible por el conflicto armado. Nuestros equipos caminaban horas o viajaban en mula para llegar a comunidades que tenían miedo de bajar a las zonas urbanas. Con el tiempo pasamos a intervenciones también en zonas urbanas, cuando surgieron otras formas de violencia. Hemos atendido tuberculosis, familiares de desaparecidos, sobrevivientes de violencia sexual, y la salud mental ha sido siempre muy fuerte en Colombia. Hoy, con tantas crisis en el mundo, MSF a veces tiene que priorizar. Se han priorizado las crisis más acuciantes en África y Oriente Medio, y de algún modo se han reducido actividades en la región.

—MSF sigue trabajando en el Catatumbo, su región natal, donde la violencia se recrudeció a comienzos de 2025 tras la ruptura de las negociaciones entre el ELN y disidencias de las FARC. ¿Qué significa, en lo personal, ver a su región natal de vuelta en los titulares por las mismas razones que hace veinte años?

—Era zona de conflicto hace veinte años y en los últimos tiempos se recrudeció nuevamente, con disputas entre diferentes grupos armados. Desde principios de 2025, Médicos Sin Fronteras volvió a la zona. Hacemos atención primaria en salud. Vemos muchas comunidades confinadas: no pueden salir de sus casas ni de su territorio por el control que ejercen los grupos armados. Y la salud mental sigue siendo muy profunda. Es una crisis de más de cincuenta años. Es un círculo vicioso. Por cuenta del narcotráfico y el control territorial, se vuelve siempre al mismo ciclo de violencia y afectación para las poblaciones civiles. Nosotros lo vemos desde lo humano: las poblaciones civiles siguen siendo desplazadas, retornan cuando el contexto mejora un poco, y vuelven a ser desplazadas. Un sufrimiento constante.

—¿Qué balance hace MSF del plan de “paz total” del presidente Gustavo Petro, que prometía negociar a la vez con todos los actores armados y que hoy enfrenta cuestionamientos serios?

—Nosotros hablamos de lo que vemos en el territorio. Seguimos viendo comunidades afectadas por el conflicto, sin acceso a servicios de salud porque tampoco los servicios del Estado pueden llegar. Hay poblaciones en Colombia que siguen con restricciones de acceso a salud física y mental, salud sexual y reproductiva. Más que un análisis político, nosotros hablamos de lo que encontramos sobre el terreno.

—Antes mencionó el principio de neutralidad. En un conflicto como el de Gaza, donde MSF ha hecho múltiples denuncias sobre las acciones de Israel, ¿es posible sostenerlo?

—Nosotros hablamos desde lo que vemos en nuestros pacientes, desde los datos médicos, desde los testimonios. Con eso denunciamos. Los patrones que estamos viendo son acciones deliberadas contra servicios vitales para la población, incluyendo la salud. Médicos Sin Fronteras siempre informa la ubicación donde trabaja, a veces con coordenadas exactas, como mecanismo de seguridad. Aun así, hemos tenido ataques deliberados a infraestructuras de salud. Hoy lo que estamos viendo es el uso del agua como arma de guerra. En 2025 hemos distribuido setecientos millones de litros de agua. Vemos la destrucción deliberada de plantas desalinizadoras, la restricción de suministros básicos —alimentos, agua potable, saneamiento, insumos médicos—. Eso es deliberado. Y la restricción de los registros legales para Médicos Sin Fronteras y otras 37 organizaciones para operar en Gaza también lo es. Son acciones deliberadas para restringir el acceso a una población con necesidades extremas. La neutralidad no es indiferencia. Nosotros siempre estamos disponibles para la población civil de todas las partes. En su momento ofrecimos nuestros servicios también del lado israelí, pero ellos tienen una capacidad sanitaria muy sólida y dijeron que no necesitaban apoyo. Del otro lado hay un sistema de salud colapsado y una población con necesidades extremas. Allí es donde la ayuda es necesaria.

—En Argentina la presencia de MSF es básicamente institucional. ¿Hay condiciones para abrir algún proyecto operativo?

—Médicos Sin Fronteras interviene cuando hay un contexto que lo amerita —conflicto, epidemias, desastres—, cuando ese contexto tiene implicaciones en la salud de la población, y cuando la respuesta existente no es suficiente. No pretendemos suplir ni reemplazar los mecanismos que funcionan. El año pasado hubo inundaciones en Brasil y Uruguay. Del lado de Brasil había comunidades sin respuesta; del lado de Uruguay la afectación era similar, pero había una respuesta adecuada. MSF no fue a Uruguay. En Argentina seguimos de cerca todos los contextos, pero en muchos países hay sistemas de salud que funcionan.

—Con Gaza, Ucrania, Sudán y la República Democrática del Congo ocupando la agenda global, ¿hay alguna crisis latinoamericana que esté quedando fuera del radar internacional?

—Haití, sin duda. Se normaliza la crisis, se vuelve parte del paisaje y dejamos de hablar. También las comunidades indígenas en varios países. Hemos trabajado con comunidades indígenas en Brasil, en Colombia, y seguimos monitoreando. Son las poblaciones más vulnerables, las que a veces no son mediáticas. Y la migración: dejó de estar en el foco mediático, pero sigue siendo una problemática grave. Hay personas sufriendo, estigmatizadas, criminalizadas, sin acceso a nada básico.

—MSF nació en París en los años setenta, fundada por médicos franceses, y durante décadas su conducción fue mayoritariamente europea y masculina. Hoy usted dirige una sección regional desde Buenos Aires, siendo mujer y latinoamericana. ¿Qué cambia cuando ese liderazgo deja de ser europeo y deja de ser masculino?

—Lo que cambia responde a algo que buscamos como organización: Médicos Sin Fronteras es global, y queremos ser coherentes con eso. Tenemos un sistema de gobernanza muy autocrítico, siempre en proceso de transformación, buscando que las decisiones se tomen más cerca de los territorios y de las comunidades vulnerables. Tener liderazgos desde el sur global —desde Latinoamérica, desde África, desde el sur de Asia— enriquece la labor médico-humanitaria y le da un sentido más genuino: de la población civil del mundo para la población civil del mundo. América Latina no es solo receptora de ayuda humanitaria. La primera intervención de esta organización fue en Centroamérica, hace más de cincuenta años. Y desde aquí hay mucho que aportar: la resiliencia de las comunidades, las formas de organización comunitaria. Los modelos de intervención en salud mental que se desarrollaron aquí se exportaron después a otros contextos, incluso a Palestina. En América Latina la principal epidemia es la violencia, crónica, de años. Y hay que seguir visibilizándola para que no se normalice.

Quién es Nancy Guerrero

• Nancy Guerrero Castillo (Ocaña, Colombia, 1983). Administradora de empresas con posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo.
• En MSF desde 2004. Misiones en América Latina, África y el sur de Asia.
• 2023-2024: oficina de representación institucional de MSF en Colombia.
• Desde 2024: directora general de MSF Sudamérica de habla hispana, con sede en Buenos Aires.

Médicos Sin Fronteras

• Fundada en París, 1971.
• Presente en más de 75 países con 516 proyectos activos.
• 98% de financiamiento privado.
• En América Latina opera en 13 países, incluida Venezuela desde 2015.
• En Haití, su mayor operación regional: 48,3 millones de euros invertidos en 2024.

A más de un año de que se desataran las fricciones partidarias entre el Partido Justicialista (PJ) nacional, bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, y los dirigentes que representaban al espacio en Salta, la Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió la intervención judicial del Partido Justicialista (PJ) Distrito Salta.

En línea con esto, las autoridades electorales designaron como interventor judicial a José Luis Napoleón Gambetta. De esta manera, su tarea principal será normalizar el partido a través de elecciones internas, tras haber pasado más de un año bajo intervención partidaria ejercida por el PJ nacional.

La intervención original en el distrito Salta fue dispuesta el 24 de febrero de 2025 y ratificada por el Congreso Nacional del PJ el 20 de mayo del mismo año. En aquella instancia, la presidenta del PJ nacional designó como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso.

Posteriormente, el 20 de febrero, se nombró a dos referentes locales, Pablo Kosiner y Nora Cannuni, quienes habían convocado a celebrar elecciones internas para el 25 de octubre de 2026, es decir, varios meses después del vencimiento del plazo original de intervención. No obstante, la propuesta estaba pendiente de ser tratada en el Congreso Nacional programado para este martes 19 de mayo.

A pesar de esto, en el fallo emitido por la CNE, se consideró que los distintos interventores designados no realizaron actos concretos ni convocatorias verificables durante el periodo de intervención. Según la información obtenida por El Tribuno, las autoridades electorales lo interpretaron como un vaciamiento institucional que afectó de forma directa los derechos de los afiliados del PJ en Salta.

Según la resolución, la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 es una herramienta excepcional, destinada a restablecer la normalidad solo en contextos de acefalia de órganos, renuncias masivas o incumplimiento de elecciones internas.

De la misma manera, el tribunal remarcó que el uso reiterado y prolongado de la intervención por parte del PJ nacional se transformó en un “mecanismo abusivo”, que no logró resolver los conflictos internos del distrito y comprometió tanto la autonomía como la democracia interna del partido.

En línea con esto, la Cámara Nacional Electoral señaló que la convocatoria a internas para el 25 de octubre de 2026 resultaba “tardía” en relación con el vencimiento de la intervención y carecería de garantía de concreción de actos electorales verificables.

Por este motivo, plantearon que la única vía para asegurar la normalización institucional era la intervención judicial. Por ello, Gambetta tendrá la obligación de presentar informes quincenales sobre sus acciones y mantener informado al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta. Además, deberá garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, estableciendo fechas y procedimientos claros para la elección interna de autoridades.

Mientras que desde el PJ Nacional no hubo una respuesta al fallo, el ex interventor Kosiner repudió la decisión de las autoridades electorales. Por medio de un comunicado, denunció que “la decisión de la Justicia Federal de intervenir el Partido Justicialista de Salta vulnera gravemente la autonomía y la vida interna de un partido político”.

“Cuando existían mecanismos institucionales en marcha para normalizar y ordenar el proceso interno, se optó por una intervención que altera la voluntad partidaria y debilita la autonomía política garantizada por la Constitución”, reiteró el dirigente salteño al hacer referencia a que el cronograma electoral iba a ser aprobado formalmente el próximo martes.

Por otro lado, el ex titular del espacio consideró que “la resolución se inscribe en un preocupante clima de época en la Argentina”. Asimismo, apuntó que “se naturaliza y se avala desde sectores funcionales, la vulneración de instituciones, la afectación de autonomías y el avance sobre ámbitos que deberían resolverse dentro de las reglas democráticas y del respeto a la voluntad de las organizaciones políticas”.

“La autonomía de los partidos políticos es una garantía democrática”, sostuvo Kosiner. Finalmente, concluyó el comunicado con una reflexión: “Cuando se desconoce la voluntad de sus órganos y se interviene judicialmente aun existiendo mecanismos institucionales en marcha, lo que se debilita no es solo a un partido: es a la calidad democrática de la Argentina”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo una emergencia de salud pública internacional, el segundo nivel más alto de alerta, ante el brote de una rara cepa de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

El organismo informó desde Ginebra que “la enfermedad del ébola causada por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)”.

La OMS aclaró que el brote “no cumple con los criterios” para ser calificado como pandemia. Según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la ESPII era el nivel de alerta más elevado para una epidemia, aunque las enmiendas adoptadas en junio de 2024 introdujeron una categoría superior: la “emergencia debida a una pandemia”.

La RDC enfrenta un fuerte impacto por la variante Bundibugyo del ébola, para la que no existe vacuna. Hasta el 16 de mayo, la OMS había confirmado ocho casos en laboratorio y 246 casos sospechosos, además de 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en el este del país.

También se confirmó un caso en Kinshasa y una muerte en Uganda correspondientes a viajeros que regresaron recientemente de Ituri. La agencia sanitaria de la Unión Africana reportó 88 muertes relacionadas con el virus, sobre un total de 336 casos sospechosos, según las cifras más recientes.

“Ya hemos reportado 336 casos sospechosos y notificado 87 fallecimientos (en la RDC), más uno en Uganda. Eso supone un total de 88 muertes reportadas”, afirmó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), Jean Kaseya, en una rueda de prensa virtual de urgencia.

El foco del brote de ébola se ubica en una zona de difícil acceso, lo que limitó el análisis de muestras en laboratorio y obliga a que los balances se basen principalmente en casos sospechosos.

“Esta cifra que estamos compartiendo con ustedes no es la exacta, tenemos que asumirlo así. Este brote comenzó en abril y, hasta el momento, desconocemos el caso índice. Esto significa que no sabemos cuál es la verdadera magnitud de este brote”, añadió Kaseya.

Las autoridades advirtieron que el número real de contagios por ébola podría ser superior al reportado, debido a casos como el del paciente de 59 años que viajó desde la República Democrática del Congo (RDC) hasta Kampala, Uganda, sin ningún tipo de aislamiento ni medida sanitaria, falleciendo poco después en un hospital de la capital ugandesa.

Según los África CDC, el epicentro del brote se mantiene en la zona sanitaria de Mongwalu, en la provincia nororiental de Ituri. Esta área es considerada de extremo peligro epidemiológico por el “enorme movimiento de población” derivado de la inseguridad, las actividades mineras y el intenso comercio con Uganda y Sudán del Sur.

Tras la detección de la enfermedad en Uganda, los África CDC asumieron la coordinación de la respuesta y activaron el Equipo de Apoyo a la Gestión de Incidentes (IMST) a nivel continental, bajo la dirección de la doctora Ngashi Ngongo, responsable anteriormente de la emergencia por mpox.

El avance de la epidemia se ve agravado por el conflicto armado en el este de la RDC entre el Ejército y milicias locales. Kaseya explicó que el organismo dialoga con los actores en conflicto para explicar la neutralidad médica y garantizar corredores humanitarios, ante la huida del personal sanitario comunitario por los combates.

La RDC ya enfrentó un brote de ébola entre agosto y diciembre de 2025, con al menos 34 muertos, y el episodio más letal provocó cerca de 2.300 muertes entre 3.500 enfermos entre 2018 y 2020.

El ébola causa una fiebre hemorrágica altamente contagiosa y sigue representando una amenaza, pese a los avances en vacunas y tratamientos, que solo resultan eficaces contra la cepa Zaire, responsable de las epidemias más extensas. La transmisión entre humanos ocurre mediante fluidos corporales o el contacto con sangre de una persona infectada, ya sea viva o fallecida.

Las personas infectadas únicamente pueden contagiar después de la aparición de síntomas, y el período de incubación puede extenderse hasta 21 días. En los últimos 50 años, el virus causó más de 15.000 muertes en África. Este brote constituye el decimoséptimo registrado en la RDC desde el primer caso de ébola en 1976. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad presenta una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%.

(Con información de AFP y EFE)

Un proceso de “emocionalidad importante” como el que describió Patricia Bullrich sobre el ánimo presidencial empieza a dominar no solo al gobierno de Javier Milei si no al PRO y al peronismo. El jueves, lo que debía ser la clase inaugural de un curso de formación política del PJ bonaerense se transformó en un campo de disputa por la situación judicial de Cristina Kirchner cuando militantes le reclamaron a Axel Kicillof que se pronunciara por la libertad de la ex presidenta mientras se desplegaba una bandera con la consigna “Cristina Libre” y desde otras ubicaciones empezaba a cantarse “Axel Presidente”.

El viernes, en Vicente López, muy cerca de la quinta de Olivos y recién regresado al país, Mauricio Macri volvió a encabezar un acto partidario, se refirió otra vez al “próximo paso”, marcó diferencias con el Gobierno y dirigentes del PRO entonaron un cántico que le fascina al ex mandatario: “¡Presidente, Mauricio Presidente…!“. La noche anterior, de gira por dos streamings partidarios, un Milei particularmente cansado dedicó una batería de exabruptos para explicar esta etapa del programa económico y financiero y repetir, una vez más, que no está dispuesto a correrse de ese plan. El Presidente se recluyó toda la semana en Olivos, dedicó horas y horas a las redes sociales y apenas salió para festejar la caída en el índice de precios de abril (2,6%), que cortó una inercia alcista de diez meses consecutivos, un gol celebrado por una administración que hace más de dos meses perdió la agenda pública, con el agravante de la incontrolable tormenta judicial que azota a Manuel Adorni.

“Estamos dentro de un partido libertario, con una conducción soviética y una metodología estalinista: si no te adaptás, te ejecutan o te mandan a Siberia”, sintetizó una altísima fuente oficial que participó, el pasado martes, de la reunión de la mesa política en la que se definió, contrario a lo conversado en el Senado con los aliados, enviar en paquete el proyecto de reforma política y avanzar, aún sin los votos asegurados, en la eliminación de las PASO. Arduo trabajo para Diego Santilli, sin mayores recursos que sus encantos personales: “A pura sonrisa, si no paran de ajustarle a los gobernadores”, expresaron sus colaboradores.

La exacerbación de las emociones se transformó en un patrón común a la hora de dirimir las disputas dentro el gobierno. Las internas son cada vez más feroces, hay cada vez más intereses cruzados y parece haberse perdido un sentido de pertenencia que funcionó durante buena parte del primer tramo de la gestión para aglutinar a la tropa. Ya no hay saltos en el gabinete: en la última reunión, de hace dos viernes, no hubo foto oficial. Tampoco en el encuentro del martes de la mesa política, del que Bullrich se retiró antes y Santiago Caputo ni siquiera participó por el viaje fugaz que realizó por Estados Unidos en compañía de uno de sus colaboradores.

Ese estado de situación es el que empujó a Macri a posicionarse con un discurso mucho más agresivo contra el programa de gobierno de Milei quien, según el jefe del PRO, solo le dedicó gestos descorteses en los últimos tiempos. El ex presidente escuchó en los últimos meses, en reuniones privadas, reiteradas críticas del establishment a la administración libertaria y algunos pedidos personales de cara al 2027 que le endulzaron los oídos. “El círculo rojo es como los mercados: se sobregira para bien, y se sobregira para mal. Ese es el círculo rojo que consume Mauricio”, admitió un histórico dirigente del PRO que en una ronda reciente con inversores sobre el rumbo del país recibió dos inquietudes: qué va a pasar con Milei en el 2027 y qué chances reales tiene el peronismo de volver al poder.

Macri entiende, como Bullrich, que buena parte de la sociedad comparte el rumbo del Gobierno pero que es imprescindible realizar una serie de retoques en el programa económico para que lleguen a la mayoría de los argentinos. La ex ministra de Seguridad está convencida de que muchos de sus votantes empezaron a hacer un “clic” respecto del gobierno, y que por eso apuró públicamente a Adorni a que presentara su declaración jurada, a contramano del libreto oficial. En privado, recibió adhesiones de colegas hartos del ministro coordinador. Es más: la senadora podría presentar cuanto antes su propia rendición de bienes para marcar aún más diferencias.

El problema, dicen voces del Ejecutivo, es que Milei no está dispuesto a introducir modificaciones. Incluso, una versión insistente dentro del Ejecutivo da cuenta de que Luis Caputo, “Toto”, habría expresado en alguna conversación privada la necesidad de analizar algún retoque, más allá del pedido expreso del ministro para cortar de cuajo las internas palaciegas y blindar políticamente el programa económico.

Lo cierto es que “Toto” Caputo se erigió dentro del gobierno como un ministro plenipotenciario: cualquier negociación o acuerdo político debe estar supeditado al equilibrio de las cuentas públicas y, para peor, el funcionario avanzó el último mes con un recorte adicional en los ministerios. “Es un vivo: si no paga nada, así cualquiera tiene superávit”, lo describió un colega del gabinete. La motosierra no registra categorías: ya se publicó en esta sección que el equipo económico casi deja sin comida al propio Milei cuando, con la política del recorte permanente, se suprimieron los pagos a los proveedores del comedor presidencial.

Por fuera de ese universo fiscal, en la cúspide de las emocionalidades junto a su hermano, Karina Milei mantiene un destacadísimo lugar como dama de hierro, concentrada con todas sus energías en cercar lo más posible al consultor estrella del presidente. Ayer, en redes sociales, un revuelo fenomenal tensó al extremo la batalla entre el asesor predilecto del mandatario y los Menem, Martín y Eduardo, “Lule”. El último capítulo público de esa novela había sido la designación de Sebastián Pareja como presidente de la comisión bicameral del Congreso que debe controlar los gastos y el funcionamiento de la SIDE, un área administrada por Caputo. Una jugada a dos bandas de la hermanísima: un mensaje a su rival interno, y una movida contra Macri. Por esa maniobra, Cristian Ritondo -según él, tenía asegurado de palabra ese sillón- lanzó el reproche público más notorio desde que los Milei asumieron el poder: “Cuando uno le miente a otro, pierde la confianza”. El jefe del bloque del PRO en Diputados es un aliado de Santiago Caputo.

La Secretaria General ya había ejecutado su primera demostración de poder con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, con la que obturó el intento de Las Fuerzas del Cielo por arrimar a Guillermo Montenegro, un movimiento que hizo implosionar al Poder Judicial. Desde entonces, el ministro se ocupó casi con dedicación exclusiva al envío de pliegos al Senado, que no mostró resistencia por parte de Bullrich, la jefa del bloque de legisladores libertarios que, por el contrario, sí rechazó más de una docena de pliegos de embajadores remitidos por el Ejecutivo. La última semana, Mahiques consiguió, además, una mayoría holgadísima por encima de los dos tercios para aprobar la continuidad de su padre, Carlos Mahiques, “Coco”, en la Cámara Federal de Casación Penal. Un incentivo para el funcionario, que quiere ser procurador. El peronismo votó dividido: otro aliciente para el Gobierno. Perspicaz, Eduardo de Pedro, “Wado”, votó en contra, a pesar de su cercanía con esa familia judicial y sus fluidas relaciones que le trajeron, más de una vez, airadas críticas internas.

Existen, de todos modos, algunas jugadas más subterráneas de Karina Milei en el armado político que alteraron el humor interno en las filas del oficialismo. Un ejemplo es el de Luis Petri, al que enviaron del Gabinete a Diputados con la promesa de ser el próximo candidato a gobernador en Mendoza de LLA. El dispositivo karinista empezó a coquetear últimamente con Alfredo Cornejo, principal rival del ex ministro, al que le asignan el plan de volver a recurrir al ex gobernador y senador Rodolfo Suárez para asegurarse la continuidad de su proyecto. Petri, como Santilli, es, a diferencia de Bullrich, más proclive a esconder sus resentimientos. A propósito del ministro del Interior, al que tras las elecciones de octubre pasado los hermanos Milei le dieron vía libre para la gobernación bonaerense, se realizó en estos días una reunión virtual con cientos de dirigentes libertarios de PBA en la que se proclamó a Pareja como candidato a gobernador.

Pero aún más por debajo de esas recientes maniobras políticas empezó a trascender el interés de la hermana presidencial por otra área controlada por Caputo: el PAMI. Por ahora, esa dependencia que administra una caja millonaria se mantiene bajo el dominio absoluto de colaboradores del consultor, bajo el paraguas del ministro Mario Lugones. Aunque surgieron versiones de la atención que la Secretaria General y, en particular, los primos Menem, habrían puesto sobre algunos proveedores de un rubro puntual de la obra social regenteados por viejos y conocidos operadores del sector. Lo cierto es que, hasta ahora, el último movimiento lo realizó Francisco Caputo, hermano del asesor estrella, en las segundas líneas de la administración de la entidad.

El nombre de Francisco Caputo, con muchísima influencia en Economía, apareció en el PAMI en medio de tironeos muy comentados entre viejos y nuevos socios de su hermano, también con la emocionalidad a flor de piel por el rumbo de la gestión. El otro Caputo mantiene una injerencia notable en procesos muy sensibles como la licitación de la hidrovía o la demoradísima privatización del Belgrano Cargas. En el caso de la hidrovía, cuyo segundo sobre se confirmó en las últimas horas -se espera por la oferta económica para la próxima semana-, en pasillos oficiales se mencionó ese proceso licitatorio como parte de las reuniones que el consultor preferido del Presidente mantuvo durante la semana en Washington: un mes atrás, una comitiva de lobistas republicanos ya había visitado de manera fugaz el país para alertar por la posible participación de consorcios chinos con una de las dos empresas oferentes.

Más allá del contenido de esas reuniones en la Casa Blanca y el Departamento de Estado, la visita de Caputo a Estados Unidos le sirvió al asesor para volver a revalorizarse dentro del esquema de toma de decisiones del Gobierno en momentos en que la hermana del Presidente no hace más que gestiones para aislarlo. Caputo controla una buena botonera y varios resortes de poder, y no tiene pensado desprenderse de ellos. Para colmo, en Las Fuerzas del Cielo insisten, con cada vez mayor contundencia, en que el vínculo de LLA con la administración norteamericana se apalanca, en buena medida, por las gestiones y las relaciones del consultor.

De CABA a PBA. Por fuera de todas esas disputas a cielo abierto se dirimen, en la confluencia de la capital y de la Provincia, el futuro del PRO y del proyecto presidencial de Kicillof, en alerta por la guerra declarada del cristinismo y La Cámpora que le pidieron mayor contundencia, en La Plata, en torno a la situación judicial de la ex presidenta. La semana anterior, en una durísima reunión en el Senado, legisladores del gobernador ya se habían trenzado con el kirchnerismo por el reparto de comisiones, una negociación insólita que mantiene paralizada la tarea legislativa, de manera inédita, en esa cámara.

Pero las rencillas internas son, para Kicillof, tanto o menos preocupantes que la situación económica en ese distrito, en particular en el Gran Buenos Aires, el mayor perjudicado por el plan del gobierno. “El conurbano es el primero en sentir la crisis, y el último en recuperarse”, aseguró un ex gobernador provincial.

Una interesante encuesta de Sentimientos Públicos, del consultor Hernán Vanoli, registró, en ese sentido, una caída en la adhesión a Milei en esa región, con un rechazo en el AMBA en torno al 76%. Según el estudio, un 50% de los votantes de Bullrich del 2023 respondieron que no votarían por el Gobierno en el 2027. En contraposición, el Presidente creció en popularidad en las zonas del país vinculadas con el agro y la minería, y entre las clases más acomodadas.

De acuerdo a los registros oficiales, la desocupación en territorio bonaerense creció al 9,5% en el cuarto trimestre del 2025, 2 puntos por encima de la media nacional, y se perdieron 96.243 puestos de trabajo formales. Según el informe de abril del Observatorio Económico PBA del CEPA, los salarios de los trabajadores registrados privados del GBA son los que más poder adquisitivos perdieron detrás de Tucumán y Tierra del Fuego: el salario real cayó 8% desde noviembre del 2023. Los aumentos en el transporte público inciden además de manera directa en el bolsillo de los bonaerenses: en dos años y medio, el boleto de colectivo de 3 a 6 kilómetros pasó de $59 a $1.089, un aumento de más de 17 veces. Según el CEPA, el gasto mensual estimado en transporte en ese período pasó de $6.656,8 a $108.208,3.

Ese paisaje socioeconómico de Buenos Aires es una bomba de tiempo para Kicillof, que debe proyectar hacia el resto del país una gestión asfixiada. Pero es también una luz de alerta para Jorge Macri, decidido a diferenciarse de Milei y del gobernador con un posicionamiento público de “ley y orden”, a la espera de que el Presidente llegue lo menos competitivo al 2027 para encarar una negociación mano a mano con La Libertad Avanza.

En la capital se reparten subsidios habitacionales para 12.000 porteños, hay 5.000 personas en paradores nocturnos -más de la mitad, provenientes de la Provincia-, y 1.500 en situación de calle. Cifras altísimas que son contenidas por el Ministerio de Desarrollo Humano. Pero detrás de esos números fríos se esconde una modalidad que crece: según los censos, entre esas 1.500 personas en calle prevalece un buen número de bonaerenses con trabajos informales que duerme a la intemperie entre los días martes y jueves porque no les alcanza para costear el transporte público. ¿Qué será de la emocionalidad de esas personas que, tres noches por semana, dejan familias y pertenencias para sobrevivir en la calle?

El martes, en la habitual reunión del gabinete porteño, el ministro Gustavo Arengo, de Hacienda, que viene de efectuar una colocación de un bono por USD500 millones a 10 años con una tasa récord del 7,3%, hizo un repaso por los números de la recaudación. Se registró una caída interanual del 9%, con bajas pronunciadas en la coparticipación y en Ingresos Brutos, aunque se percibió una mejora en abril y pronostican un aumento en mayo por los vencimientos anuales de ganancias, un mes en el que siempre se embolsa más que en el resto del año.

Lo paradójico fue que, mientras se repasaban esos números, el jefe de Gobierno recibió un llamado de “Toto” Caputo. Los asistentes hicieron silencio. El ministro quería saber si Macri podía aceptar una oferta menor para saldar parte de los $800.000 que Nación le debe a la Ciudad desde el 2025 en concepto de coparticipación. Todo sea por recortar.