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El economista y exministro peronista Matías Kulfas aseguró que la Argentina no está en condiciones de atravesar otra reestructuración de deuda.

“Ya me parece que hemos tenido demasiadas en lo que va del siglo 21”, afirmó el exministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández en el podcast “La Argentina en el Fondo”, conducido por Alejandro Werner, exdirector de Hemisferio del FMI, y el periodista Martín Kanenguiser.

La advertencia llegó acompañada de un llamado directo al espacio peronista: el próximo gobierno que surja de ese sector deberá construir confianza —con la sociedad y con los actores del sistema económico— antes que asumir cualquier postura de confrontación con los mercados.

La declaración adquiere peso propio por el momento en que se produce. El peronismo llega al tramo final del mandato de Javier Milei sin candidato definido y con una fractura interna que sus propios dirigentes no logran disimular. La disputa entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner tensiona al espacio en un momento en que la oposición necesita proyectar unidad.

En ese contexto, la voz de Kulfas apunta a trazar un programa económico alternativo alejado de los extremos y que, según él, es lo que la sociedad demandará en 2027.

El exfuncionario diferenció entre una reestructuración de deuda y las operaciones que considera válidas: refinanciación de vencimientos, mejora de perfiles de pasivos y reducción del riesgo país. Esas herramientas, dijo, son parte del funcionamiento normal de cualquier país en su vínculo con el mercado de capitales. Lo que descartó es cualquier movimiento que implique una ruptura formal con los acreedores. “Lo que la Argentina necesita hoy es fortalecer la confianza”, sostuvo y aclaró que esa confianza debe alcanzar tanto a los actores financieros y productivos, como al mundo del trabajo.

La posición de Kulfas choca con la línea que sostienen otros referentes del mismo espacio. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, había advertido en una entrevista anterior que un eventual gobierno peronista revisará todas las medidas del actual presidente. “Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”, afirmó el mandatario riojano. Quintela busca posicionarse como articulador de la unidad del espacio de cara a las elecciones de 2027, aunque ese proyecto choca con las mismas divisiones internas que pretende resolver.

A contramano

Sobre la economía del gobierno libertario, Kulfas trazó una lectura que va a contramano del relato oficial. Describió una Argentina con dos economías que se mueven en sentidos opuestos: el sector de los recursos naturales —energía, minería, campo y finanzas— creció 30% desde que Milei asumió, mientras que el resto de la actividad cayó 2,5%. El dato más relevante de esa brecha es el empleo: el sector que avanza genera menos del 8% de los puestos de trabajo del país, en tanto el que retrocede explica más del 90% del empleo urbano. “Son dos economías completamente distintas”, afirmó el economista autor de “Los tres kirchnerismos: Una historia de la economía argentina”.

En materia cambiaria, Kulfas rechazó tanto la posición del gobierno —un tipo de cambio que, dijo, “no refleja en absoluto la productividad de la Argentina”— como las propuestas de devaluación abrupta que circulan en algunos sectores. Su propuesta apunta a un tipo de cambio real entre 25% y 30% más alto que el vigente, con estabilidad en ese nivel como condición de sostenibilidad.

Sobre los controles de capital, trazó una distinción entre los cepos cambiarios —que calificó como herramientas “solo aceptables en crisis muy profundas”— y la regulación financiera que aplican la mayoría de los países. “Entrar es fácil y después tomar la decisión de salir cuesta muchísimo”, advirtió a partir de su experiencia como ministro durante el cepo del gobierno de Fernández.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), impulsada por Milei, también fue objeto de análisis. Kulfas dijo estar a favor de limitar las facultades del BCRA para financiar al Tesoro, pero reclamó que esa restricción vaya acompañada de límites al endeudamiento externo excesivo, práctica que atribuyó tanto a administraciones peronistas como a las de Mauricio Macri y el propio Milei. “Las leyes no blindan nada en Argentina”, sentenció, y apuntó que legisladores del país han votado en sentidos opuestos sobre las mismas cuestiones en distintos momentos históricos.

Mientras el peronismo comienza a discutir su estrategia para volver al poder en 2027, Jorge Capitanich planteó una fuerte autocrítica sobre el presente del espacio y cuestionó la dinámica interna que, a su entender, dificulta la construcción de una alternativa competitiva frente a Javier Milei.

“Creo que a veces en el peronismo tenemos una estrategia equivocada. Ponemos el carro delante del caballo”, afirmó el exgobernador chaqueño en Infobae en Vivo, al analizar el proceso de reorganización partidaria.

Para Capitanich, “el error recurrente del PJ es intentar resolver primero la discusión sobre liderazgos antes de acordar una representación política común y un programa de gobierno”. Según explicó, el camino debería ser exactamente el inverso: consolidar una propuesta, definir objetivos y luego elegir a los dirigentes que la encarnen.

“Primero tenemos que unir la representación. Segundo, tenemos que tener un programa”, sostuvo. Entre los ejes que considera indispensables mencionó una política industrial, generación de empleo, fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, desarrollo de economías regionales y reglas macroeconómicas estables.

Capitanich también cuestionó el nivel de confrontación interna y externa que atraviesa la política argentina. “Profundizamos ciertas diferencias que verdaderamente podríamos matizarlas y ordenar perfectamente un crecimiento sostenible”, señaló al advertir que la polarización permanente termina debilitando la posibilidad de construir acuerdos duraderos.

El senador consideró que la sociedad demanda previsibilidad y consensos básicos sobre cuestiones centrales como la estabilidad económica, la inversión, la infraestructura y el empleo.

En esa línea, rechazó tanto las posiciones extremas dentro del peronismo como la idea de construir una oposición basada únicamente en el enfrentamiento con el oficialismo. “Ni el Gobierno con su prédica va a poder hacer algo, ni nosotros pretendiendo ser opositores acérrimos vamos a construir la cohesión en el voto que se necesita como forma imprescindible para validar en democracia políticas públicas de consenso”, expresó.

La definición deja entrever una estrategia orientada a ampliar la base electoral del peronismo y captar sectores moderados que hoy no se identifican plenamente con ninguna de las principales fuerzas políticas.

El debate sobre las PASO y la organización opositora

Respecto de la discusión electoral que se avecina, Capitanich consideró que el Gobierno hará un fuerte esfuerzo para avanzar con la suspensión de las PASO antes de las elecciones de 2027.

Aunque se manifestó a favor de mantener las primarias como herramienta de selección de candidatos, abrió la puerta a discutir modificaciones que permitan reducir costos sin afectar la participación democrática. Entre las alternativas mencionó “la posibilidad de convertirlas en optativas o fortalecer las internas partidarias bajo supervisión de la Justicia Electoral”.

La derrota del Gobierno por la ley de tierras

Más allá de la discusión electoral, Capitanich analizó uno de los reveses legislativos más importantes que sufrió el oficialismo en las últimas semanas: la eliminación de capítulos clave vinculados a la flexibilización de la ley de tierras, el manejo del fuego y aspectos sociourbanos.

Según explicó, el Gobierno no logró sostener la mayoría que había alcanzado en otros proyectos debido a la diversidad de intereses provinciales presentes en el Congreso.

“Fue una derrota estrepitosa del proyecto político”, aseguró el senador. A su juicio, el resultado fue consecuencia de una combinación de errores estratégicos del Ejecutivo y de sus propios legisladores.

Capitanich sostuvo que la iniciativa tocó cuestiones sensibles para muchas provincias y terminó generando resistencias incluso entre sectores que habitualmente acompañan al oficialismo.

El dirigente chaqueño afirmó que el debate excede la discusión sobre la propiedad de la tierra y se vincula con una agenda global cada vez más relevante.

En ese marco, mencionó temas como el acceso a recursos naturales, el agua dulce, los minerales estratégicos, la energía y las cadenas de suministro internacionales. Según planteó, “la defensa del territorio forma parte de una discusión más amplia sobre soberanía política y autonomía nacional”.

Para Capitanich, la reacción de varios gobernadores y legisladores frente a la iniciativa oficialista mostró que existe un límite político cuando las provincias perciben que están en juego intereses estratégicos vinculados a sus recursos y a su identidad territorial.

Con la mirada puesta en 2027, el senador considera que el desafío del peronismo será construir una propuesta que combine desarrollo productivo, estabilidad económica y consensos amplios. Una tarea que, según su diagnóstico, requerirá “menos disputas internas y más capacidad de representación”.

Un ex diputado tailandés mató este lunes al presidente de un organismo provincial en Nonthaburi, al norte de Bangkok, después de abrir fuego en el estacionamiento de un edificio gubernamental. El ataque dejó además a otra persona herida y ocurrió tres días después de otro tiroteo en la misma provincia que reabrió el debate sobre las armas en Tailandia.

La víctima fue Thongchai Yenprasert, presidente de la Organización Administrativa Provincial de Nonthaburi. Recibió disparos en el cuello y el pecho, fue trasladado en estado crítico a un hospital y murió por una hemorragia que los médicos no lograron controlar, según el director del hospital Phra Nang Klao, Sakon Sukprom.

El episodio se produjo en una provincia que ya estaba bajo presión por la violencia armada. El viernes, un adolescente de 14 años mató a sus abuelos y a otras seis personas en su casa y en su escuela, también en Nonthaburi, antes de suicidarse. Ese caso fue el tiroteo más mortífero en casi un lustro y el segundo en una escuela en lo que va del año.

El atacante se entregó tras disparar a corta distancia

El agresor fue identificado como Chalong Riewrang, de 71 años, quien ocupó tres veces una banca como diputado por Nonthaburi. Tras el ataque, se entregó a las autoridades.

En una rueda de prensa improvisada en una comisaría, rodeado de policías, Chalong dijo que siguió a Thongchai hasta su auto, golpeó la ventanilla y le pidió hablar. Según su versión, sacó el arma después de que la víctima se negara y de que el conductor le apuntara.

El comandante policial regional, Wattana Yeechin, confirmó que Chalong fue el único que disparó. También dijo que ambas partes tenían armas, aunque el arma hallada en el vehículo de Thongchai no había sido utilizada y las cámaras de seguridad mostraron que solo el ex diputado abrió fuego.

Chalong disparó a corta distancia contra el vehículo de Thongchai. La consecuencia inmediata fue la muerte del jefe del organismo provincial y una nueva sacudida política y de seguridad en Nonthaburi, en medio de una discusión nacional por la circulación de armas.

La disputa giró en torno a USD 330.000

Según Wattana, el motivo del ataque fue una deuda privada de varios millones de baht. El ex diputado sostuvo que la víctima le debía unos 11 millones de baht, equivalentes a más de USD 330.000, y que le había pedido la devolución en repetidas ocasiones durante años.

El gobernador de Nonthaburi, Chestha Mosikarat, dijo que el sospechoso y la víctima eran amigos desde hacía mucho tiempo. También señaló que el incidente probablemente se originó en un malentendido.

El conductor de Thongchai también resultó baleado, con una herida en el brazo derecho. Fue operado con éxito y se recupera favorablemente.

La nueva agresión volvió a instalar una discusión ya abierta en el país. Tailandia tiene una de las tasas de posesión de armas más altas de la región, con unos 10 millones de armas en circulación, cerca de una por cada siete habitantes.

La discusión salarial en la Argentina atraviesa una etapa distinta a la de los últimos años. Durante el período de inflación muy alta, las paritarias giraban casi exclusivamente en torno a un objetivo: evitar que el salario perdiera demasiado poder adquisitivo. Hoy, la negociación salarial y las decisiones de contratación combinan variables que antes quedaban en un segundo plano, como la rentabilidad de cada empresa, el costo laboral, la productividad y la evolución del consumo.

En ese marco, la inflación sigue siendo la referencia central, pero ya no es la única. “Hoy empiezan a pesar más la situación particular de cada empresa, su rentabilidad, la evolución de las ventas, el costo laboral y los salarios que paga el mercado”, explicó Paula Pía Ariet, economista especializada en Recursos Humanos y CEO de Gestión Capital Humano.

Los números respaldan ese cambio de enfoque. Según el informe TISA (Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina), elaborado por Mercer, consultora global de recursos humanos y negocio de Marsh, las empresas proyectan otorgar un incremento salarial nominal del 27% en todo 2026. Sin embargo, las expectativas inflacionarias continúan por encima de ese número: de acuerdo con las proyecciones privadas relevadas por Latin Focus Consensus, la inflación esperada para 2026 es del 29,8%.

Ese desfasaje entre lo que las empresas proyectan aumentar y lo que esperan que suba el costo de vida obliga a las compañías a revisar permanentemente sus políticas salariales. “Los resultados reflejan que las organizaciones continúan revisando y ajustando sus presupuestos salariales, ya que de momento la expectativa de inflación anual se mantiene por encima del incremento total previsto”, señaló Inés García Toscano, gerente de Career y Rewards de Mercer Argentina. Y agregó que esto “lleva a las compañías a seguir sosteniendo una gestión dinámica y estratégica que combine la planificación de corto plazo con la capacidad de adaptarse frente a los cambios que se van presentando en el contexto económico”.

Sumas no remunerativas y el rol de la productividad

A ese esquema se suma otro factor: la pauta informal de incrementos mensuales que impulsa el Gobierno y que funciona como referencia para las homologaciones de las paritarias. Frente a ese límite, algunas empresas optaron por incorporar sumas no remunerativas o compensaciones extraordinarias para completar la recomposición salarial sin trasladar de manera inmediata todo el aumento al salario básico, según describió Ariet.

En paralelo, la productividad empieza a ganar terreno como criterio de referencia, aunque principalmente en los componentes variables de la remuneración. Las empresas buscan atar bonos e incentivos a resultados, eficiencia o cumplimiento de objetivos. Para Ariet, esto requiere una condición: “que el trabajador pueda influir realmente sobre los indicadores utilizados y que no se le trasladen riesgos empresarios que están fuera de su control”. La economista resumió el momento actual de las negociaciones salariales de esta manera: la inflación sigue siendo el punto de partida, mientras que la productividad, la rentabilidad y la capacidad financiera de cada empresa determinan hasta dónde puede llegar el acuerdo final.

El reconocimiento por mérito también forma parte de la ecuación, aunque con un peso más acotado. Según Mercer, las empresas proyectan una mediana anual del 4% destinada a incrementos por mérito sobre la masa salarial.

Contratación selectiva, no una ola generalizada

El otro costado de la ecuación es la contratación de personal, y ahí el panorama es más cauteloso que en el plano salarial. Las encuestas empresarias muestran expectativas positivas, pero los datos efectivos todavía no confirman una recuperación generalizada del empleo. Ariet citó dos fuentes que ilustran esa brecha: para el tercer trimestre, ManpowerGroup registró una expectativa neta de empleo de +6%, mientras que la Encuesta de Indicadores Laborales mostró en mayo una caída mensual del empleo privado registrado del 0,1% y una disminución interanual del 1,1%.

De esta manera, lo que se observa es una recuperación sectorizada. Algunas actividades incorporan personal para acompañar una mayor demanda, pero en buena parte del mercado prevalece la cobertura de posiciones esenciales o de perfiles con relación directa con las ventas, la tecnología, la productividad o la eficiencia. “Antes de ampliar la dotación permanente, muchas compañías intentan absorber el crecimiento con la estructura existente, reorganizar funciones o automatizar procesos”, detalló Ariet, quien definió el momento actual como más cercano a “un escenario de expansión selectiva que de una ola generalizada de contrataciones”.

Un mercado laboral desigual

Los indicadores del mercado de trabajo confirman ese diagnóstico. La desocupación se ubicó en 7,8% durante el primer trimestre de 2026, prácticamente sin cambios respecto del mismo período del año anterior. La tasa de actividad fue del 48,6% y la de empleo, del 44,8%. Se trata, según Ariet, de un mercado laboral que no atraviesa una destrucción masiva de puestos, pero que tampoco logra consolidar una expansión del empleo formal.

Ahora bien, el segundo cambio se da en la calidad del trabajo. La subocupación aumentó y la informalidad alcanzó al 44,2% de las personas ocupadas. El problema no se refleja solamente en cuántas personas trabajan, sino en las condiciones en las que lo hacen: mayor informalidad, cuentapropismo de subsistencia y personas que, aun teniendo empleo, necesitan trabajar más horas.

Del lado de las empresas, Ariet observó búsquedas que atraviesan más instancias de aprobación, reemplazos que se revisan antes de autorizarse y una rotación más baja. Muchas personas postergan un cambio laboral porque perciben mayor incertidumbre, mientras que muchas empresas priorizan conservar la estructura actual antes que ampliarla. “El mercado laboral está cambiando de una manera desigual: conviven empresas que no consiguen determinados perfiles con trabajadores que buscan empleo o necesitan trabajar más”, planteó la especialista, para quien el desafío no pasa solamente por crear puestos, sino por lograr que las capacidades disponibles coincidan con las que hoy demanda el sistema productivo.

Un ataque con drones ucranianos contra objetivos industriales y civiles en Nizhnekamsk, en la región rusa de Tartaristán, causó al menos entre 12 y 13 muertos y 39 heridos el lunes, según autoridades locales rusas y medios locales. La ofensiva también afectó a la refinería TANECO, una importante instalación petrolera situada a más de 1.000 kilómetros al este de Moscú.

El ataque encaja en la estrategia ucraniana de golpear infraestructura energética dentro de Rusia con drones de largo alcance. En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques contra refinerías y otras instalaciones energéticas, en una campaña que provocó escasez de combustible en varias zonas del país, aunque las autoridades sostienen que la mayoría de esos problemas iniciales ya se resolvieron.

Radmir Beliáyev, alcalde de Nizhnekamsk, informó de al menos 12 muertos y 39 heridos. Otra de las versiones eleva el balance a al menos 13 fallecidos y sitúa el ataque como el más mortífero dentro de Rusia en más de dos años.

El Comité de Investigación ruso señaló que entre los fallecidos hay un menor. Beliáyev también dijo que el presidente de Tartaristán, Rustam Minnijánov, declaró un período de luto tras el ataque.

Daños en la refinería TANECO y relevancia de la instalación

La refinería resultó afectada, según diversos medios rusos. En redes sociales circularon videos no verificados en los que se ve humo sobre lo que parecía ser una instalación petrolera, sin comprobación independiente de las imágenes.

La instalación pertenece a Tatneft y figura entre las refinerías más avanzadas tecnológicamente de Rusia. Ya había sido atacada por Ucrania a principios de junio.

En 2024, TANECO procesó 17 millones de toneladas de crudo. De esa actividad salieron 2,7 millones de toneladas de gasolina y 8,5 millones de toneladas de gasóleo.

La campaña ucraniana contra la infraestructura energética rusa

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra refinerías rusas. La mejora de sus drones de largo alcance amplió su capacidad para golpear infraestructuras situadas en el interior de Rusia.

Entre los objetivos citados figuran refinerías, buques cisterna, subestaciones eléctricas, otras instalaciones energéticas y almacenes de Wildberries. Hasta el ataque del lunes en Nizhnekamsk, los golpes contra esos almacenes el mes pasado, con al menos ocho muertos en un solo día, eran el ataque ucraniano más mortífero dentro de Rusia.

Alcance y límites de los ataques de represalia de Kiev

Pese a esos golpes en profundidad, los ataques aéreos diarios de Rusia sobre Ucrania siguen muy por encima de las acciones de represalia de Kiev. A comienzos de este mes, misiles rusos mataron al menos a 17 personas e hirieron a decenas más en la región de Kiev en una sola noche.

Fuera de Nizhnekamsk, el gobernador interino de Bélgorod, Alexandr Shuvayev, dijo el lunes que otras cuatro personas murieron en las últimas 24 horas en esa región fronteriza con Ucrania. Esas muertes corresponden a un episodio distinto y no forman parte del balance del ataque en Tartaristán.

La evolución de esta campaña muestra que Ucrania ya no limita sus ataques a zonas cercanas a la frontera. Sus drones alcanzan con más frecuencia instalaciones energéticas y logísticas situadas en puntos cada vez más profundos del territorio ruso.

El lunes 10 de agosto de 2026 inicia una nueva semana de pagos para millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En esta jornada, se acreditan distintas prestaciones sociales, cuyos montos presentan un incremento del 1,89 % respecto al mes anterior. Este ajuste responde a la fórmula de movilidad que utiliza la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, según lo establecido por la normativa vigente y el INDEC.

Además, el esquema de pagos contempla la aplicación de un bono extraordinario para reforzar los ingresos de quienes perciben haberes mínimos, en un contexto de inflación y asistencia focalizada.

Quiénes cobran hoy, 10 de agosto de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Este lunes cobran quienes tienen DNI terminados en 0. El pago corresponde tanto a jubilados como a pensionados cuyos haberes no superan el mínimo establecido tras el reciente ajuste. El monto se acredita en la cuenta bancaria o entidad de pago habitual de cada beneficiario, siguiendo el esquema que ANSES mantiene vigente durante todo el mes.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con documento finalizado en 0 perciben hoy su prestación. Este beneficio, que busca garantizar el acceso a recursos básicos para niñas, niños y adolescentes, se abona en la misma fecha para ambos tipos de asignación cuando la terminación de DNI es la misma.

Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo también corresponde hoy a quienes tienen documento terminado en 0. Esta prestación acompaña económicamente a mujeres gestantes sin cobertura contributiva y se liquida conforme al mismo calendario que la AUH. El acceso a la prestación en la fecha indicada garantiza la continuidad del acompañamiento estatal durante el embarazo.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, que alcanzan a quienes no cumplen los requisitos para el sistema contributivo pero se encuentran en situación de vulnerabilidad, se abonan hoy a titulares cuyos DNI finalizan en 0 y 1. Este grupo incluye beneficiarios que acceden tanto por motivos de discapacidad como por edad avanzada.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todos los titulares de Asignaciones Familiares de PNC pueden cobrar desde hoy, ya que el período de pago para esta prestación se extiende desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre, sin distinción por terminación de documento. Esto amplía la ventana de cobro y facilita la disponibilidad de fondos para quienes están comprendidos en este beneficio.

De cuánto son las jubilaciones en agosto 2026

En agosto de 2026, el monto que perciben los jubilados y pensionados se ve impactado tanto por el incremento de la fórmula de movilidad como por el pago del bono extraordinario. El haber mínimo mensual se ubica en $489.775,93, suma que resulta de adicionar $419.775,93 correspondientes al haber actualizado y el bono de $70.000 otorgado por ANSES.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total llega a $405.820,74, compuesto por $335.820,74 del haber actualizado más $70.000 del bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedan en $363.843,15, al combinar $293.843,15 del haber con el bono extraordinario. La Pensión Madre de 7 Hijos corresponde a $419.775,93, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar es de $489.775,93.

La jubilación máxima es de $2.824.694,50, considerando los ajustes y descuentos previstos por la normativa vigente. Todos estos valores se revisarán periódicamente conforme avance la inflación y según lo que disponga la normativa, de acuerdo con el mecanismo del Decreto 274/2024, que ajusta los haberes con base en el IPC de dos meses previos.

De cuánto son las asignaciones en agosto 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben en agosto un reajuste conforme a la movilidad y la inflación registrada. El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $150.848 por cada menor, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $491.173. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanza este mes los $75.433.

El pago de las asignaciones se realiza conforme al calendario habitual de acreditaciones, sin modificaciones en las fechas de cobro respecto a meses anteriores. Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro accediendo a los canales oficiales del organismo e ingresando su número de beneficio o CUIL en el sistema de consulta habilitado.

Al menos 196 grupos indígenas viven con contacto mínimo o muy reducido con el resto del mundo, según un artículo publicado por la revista Live Science sobre las comunidades más aisladas del planeta. La mayor concentración de estos pueblos se encuentra en una decena de países de América del Sur, Asia y el Pacífico, entre ellos Brasil, India, Indonesia y Perú.

Según el informe, no existe una definición única para describir a estas comunidades. Algunas fuentes usan el término “no contactados” y otras prefieren “pueblos en aislamiento voluntario”. En ambos casos, la referencia apunta a grupos que limitan el vínculo estable con personas ajenas a su entorno y preservan esa distancia como parte de su forma de vida.

Qué significa el aislamiento en estos pueblos

La publicación de Live Science plantea que identificar a las personas menos contactadas del mundo no resulta sencillo. El aislamiento no funciona como una categoría absoluta, sino como una escala con distintos grados, desde contactos esporádicos con comunidades vecinas hasta una ausencia casi total de relaciones permanentes con el exterior.

El investigador Hal Russell, responsable de incidencia para Asia y el Pacífico en Survival International —organización dedicada a la defensa de los derechos de pueblos indígenas y tribales—, explicó a la revista que la organización considera “no contactados” a los pueblos indígenas que suelen evitar el trato con foráneos y no sostienen una relación continua con ellos, aunque conocen la existencia del mundo exterior. Esa definición busca evitar una mirada simplificada sobre realidades muy diversas.

De acuerdo con el reporte, el rasgo común entre estos grupos no pasa por una desconexión idéntica, sino por la decisión de restringir el contacto con otras culturas. Esa conducta también puede incluir distancia respecto de otros pueblos indígenas, con el fin de proteger su autonomía, su territorio y sus prácticas cotidianas.

Los sentinelenses, entre los casos más extremos

Uno de los casos más citados es el de los sentinelenses, habitantes de la isla Sentinel del Norte, situada en el archipiélago de Andamán y Nicobar, en la bahía de Bengala. Live Science detalló que se sabe tan poco sobre esta comunidad que los antropólogos ni siquiera conocen el nombre que usa para sí misma. La denominación actual deriva de la isla donde reside, con una superficie de 60 kilómetros cuadrados.

Survival International estima que los sentinelenses podrían descender de los primeros humanos que salieron de África y que vivirían en esa región desde hace hasta 55.000 años. La organización calcula una población de entre 50 y 150 personas, aunque la falta de acceso impide una verificación precisa y el Estado indio no intentó incorporarlos al censo.

La comunidad rechaza el acercamiento de visitantes. Simron Singh, profesor de la Universidad de Waterloo en Canadá y especialista en pueblos de Andamán y Nicobar, dijo al medio que cuando los isleños disparan flechas contra botes o helicópteros expresan con claridad que no quieren interferencias. La India prohíbe el ingreso en un radio de 5 kilómetros alrededor de la isla para reducir riesgos sanitarios y evitar hechos violentos.

Live Science recordó que los sentinelenses mataron al menos a tres personas, entre ellas al misionero John Allen Chau, quien llegó de manera ilegal a la isla en 2018. También señaló que en el siglo XIX algunos integrantes del grupo fueron secuestrados por colonizadores británicos, contrajeron enfermedades y murieron, un antecedente que ayuda a explicar la firme oposición al ingreso de extraños.

La Amazonía reúne la mayoría de los pueblos aislados

Según datos citados por la revista, el 95% de los pueblos aislados o con contacto muy limitado vive en la cuenca amazónica. En esa región, varios especialistas optan por la expresión “aislamiento voluntario”, ya que pone el acento en una elección colectiva y no en una idea de encierro absoluto.

Beatriz Huertas, antropóloga y asesora sobre políticas de aislamiento de la organización ambiental Rainforest Foundation Norway, señaló al pueblo Kakataibo, asentado en la cuenca del Aguaytía, en el centro de Perú, como uno de los casos más difíciles de rastrear. Según explicó a Live Science, este grupo casi no aparece siquiera ante otros pueblos indígenas y borra sus huellas con tierra para no ser localizado.

Huertas sostuvo que esa conducta responde a una estrategia de protección frente a experiencias previas con actores externos. La misma lógica aparece en otros sectores de la selva. El informe mencionó a los Kawahiva, un pueblo nómada identificado a partir de encuentros fortuitos y de un registro en video, reconocido como grupo diferenciado recién en 1999.

Russell agregó que incluso en Brasil, donde existen políticas de documentación más desarrolladas que en otros países, todavía aparecen comunidades casi desconocidas. Una de ellas fue registrada por primera vez en 2021, después de años sin contacto con las autoridades. Sobre ese grupo, incluso el nombre permanece sin confirmar.

Otro caso relevante es el de los Mashco Piro, también en Perú, que serían el grupo de pueblos no contactados más numeroso del mundo, con unas 750 personas. El artículo indica que parte de sus antepasados escapó de redes de explotación del caucho en el siglo XIX y se internó en zonas remotas del bosque, donde la comunidad mantuvo su distancia con el exterior.

El debate sobre el contacto y el derecho a decidir

La publicación también cuestiona la idea de que estos pueblos vivan detenidos en una etapa antigua de la historia. Huertas afirmó que, desde las ciencias sociales, no se considera que una comunidad permanezca por completo ajena a lo que ocurre a su alrededor. A su vez, señaló que la etiqueta “no contactado” puede alimentar interpretaciones erróneas.

Singh rechazó además la noción de que estas comunidades buscarían integrarse si conocieran mejor las ventajas del mundo exterior. A partir de su trabajo con los nicobareses, vecinos de los sentinelenses, indicó que esas poblaciones conocen noticias sobre guerras y conflictos fuera de las islas y, desde esa percepción, pueden considerar al exterior como un espacio peligroso.

La nota añade que algunos investigadores plantearon la posibilidad de establecer contacto para mejorar la protección frente a amenazas actuales y futuras. Frente a esa postura, Survival International sostiene que la historia de acercamientos forzados dejó daños más profundos que beneficios, tanto para la seguridad como para la continuidad de estas comunidades.

Sobre el final, el informe remarca que los pueblos indígenas cuentan con derecho a la autodeterminación, un principio reconocido por las Naciones Unidas.

La expansión global de Huawei como punta de lanza de la estrategia tecnológica y militar del régimen chino ha modificado el tablero geopolítico y de seguridad internacional. La empresa, fundada en 1987 por Ren Zhengfei, se erige hoy como símbolo de la simbiosis entre el desarrollo tecnológico, el poder estatal y la influencia del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Esta relación excede lo meramente comercial y plantea interrogantes de fondo sobre la seguridad, la soberanía y la autonomía de los países que adoptan los servicios y productos de la compañía.

Las advertencias surgen desde los países desarrollados que temen que Beijing interfiera en sus comunicaciones y sus servicios: Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Francia, Alemania, Rumania, Japón y Taiwán. En las últimas horas, fue el Departamento de Estado norteamericano el que advirtió a la empresa Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por un contrato con Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica, y analiza revocarles las visas a las autoridades de la compañía encargada de la distribución de energía en la provincia patagónica. Fuentes confiables fueron más allá en conversación telefónica con Infobae: esas sanciones o restricciones de visa podrían ampliarse a otras corporaciones y miembros de sus directorios que multipliquen su colaboración o contratos con el gigante tecnomilitar chino.

El vínculo entre Huawei y el aparato estatal de China nunca fue secreto. Las leyes chinas exigen que las grandes compañías incorporen a miembros del Partido Comunista Chino (PCC) en sus directorios. Esta obligación transforma a cada empresa relevante en un eslabón de la estructura de poder del Estado. La penetración de Huawei en la red 5G global —un sistema que permitirá la transmisión inmediata de datos en todo el planeta— representa mucho más que un salto tecnológico: implica la posibilidad de que el régimen comandado por Xi Jinping acceda a información estratégica de usuarios, empresas y gobiernos de decenas de países. Un desembarco encriptado. Estados Unidos y los países europeos más relevantes toman nota de aquellas naciones que se entregan sin restricciones a Huawei.

La protección que otorga el Estado chino a Huawei es visible tanto en la diplomacia como en la economía. Xi Jinping utiliza a la firma como un activo central en su política exterior, defendiendo sus intereses en organismos multilaterales y enfrentando a potencias como Estados Unidos cuando la empresa se ve amenazada.

La estrategia china no se limita a la defensa retórica o a la presión diplomática. El modelo de préstamos y financiación que despliega en América Latina, África y Asia tiene como contrapartida la cesión de recursos naturales y la autorización para instalar infraestructuras críticas, como bases militares y redes de telecomunicaciones. En países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, los créditos chinos abrieron la puerta a la influencia tecnológica de Huawei, que busca controlar el despliegue de la red 5G en mercados emergentes. Y mantenerlos bajo su paraguas financiero y tecnológico.

Ejecutivos e ingenieros de Huawei colaboraron durante años con órganos del EPL en proyectos de investigación avanzados. Las áreas varían desde la inteligencia artificial hasta el procesamiento de imágenes satelitales y la clasificación de emociones en videos publicados en línea. La empresa tecnomilitar niega la existencia de un vínculo institucional permanente, pero las coincidencias en los perfiles de los participantes y la naturaleza de las investigaciones refuerzan las sospechas de una colaboración estructural.

El avance de la red 5G ha encendido las alarmas en varias democracias, especialmente en India, Japón, Australia, Estados Unidos y países europeos. Las autoridades de India bloquearon la entrada de Huawei y ZTE al sector tras un incidente fronterizo con China y la revelación de que aplicaciones chinas transmitían datos sensibles a Beijing. El gobierno de Australia también prohibió el acceso de la compañía a sus redes, citando riesgos para la seguridad nacional y la confidencialidad de las comunicaciones.

En este contexto de control y vigilancia sobre personas y empresas chinas, el régimen promulgó recientemente tres normas que refuerzan de manera explícita la subordinación de todas las entidades y ciudadanos al diseño estratégico del Estado. Huawei podría actuar como una herramienta de seguimiento y control esencial para ese objetivo de represión transnacional. La llamada Ley de Unidad Nacional tiene como objetivo integrar y condicionar ideológicamente a la sociedad, mientras el Decreto 835 responde a la extraterritorialidad y permite incluso desconocer las leyes de otros países cuando afecten intereses chinos. El Decreto 837 establece un marco integral para controlar y orientar las inversiones chinas en el exterior bajo el pretexto de la “seguridad nacional”. Todas las inversiones fuera de China deben alinearse con lo que el régimen denomina “seguridad del régimen” y someterse a revisiones estatales. El concepto de seguridad nacional, lejos de limitarse a la defensa o el terrorismo, abarca tecnología, datos, finanzas, cadenas de suministro, cultura, energía y estabilidad política. ¿Qué mejor que tener una corporación que controle a las otras empresas chinas -y extranjeras- en sus comunicaciones para ejercer esa autoridad fuera del territorio chino?

Uno de los aspectos más polémicos de estas normas es la discrecionalidad del Consejo de Estado y los ministerios competentes para permitir, restringir o incluso obligar a desinvertir en operaciones en el extranjero. El Decreto 837 prohíbe exportar o utilizar en el exterior determinados bienes, tecnologías y datos sin autorización, e impone un sistema de revisión de seguridad para toda inversión externa. Las empresas chinas, incluyendo Huawei, y sus empleados están obligados a colaborar plenamente, incluso cuando deban responder ante autoridades extranjeras, y deben dar prioridad a la protección de los intereses del Estado chino por encima de legislaciones locales.

La política de “diplomacia del Wolf Warrior”, impulsada desde Beijing, acompaña estas disputas tecnológicas con campañas mediáticas y presiones económicas. Medios oficiales advierten sobre supuestas represalias para los países que rechacen a Huawei, mientras se presenta al régimen como víctima de una tendencia “anti-China”.

Empresa tecnomilitar

La dimensión militar del fenómeno se acentúa al analizar el perfil de Ren Zhengfei, fundador de la empresa y ex miembro del Ejército Popular de Liberación. Su experiencia en innovación y ciencia militar marcó la orientación de Huawei desde los inicios. El crecimiento de la empresa se apoyó en la transferencia de conocimiento y tecnología lograda a través de la colaboración —y en ocasiones el espionaje industrial— con actores estatales. Las denuncias de robo de información confidencial a competidores internacionales forman parte del historial de la compañía. Este modelo de articulación entre tecnología, Estado y fuerzas armadas no solo responde a una lógica interna china. La exportación de este esquema a otras regiones, mediante préstamos, inversiones y convenios de cooperación, amplía la presencia de Huawei mucho más allá de los límites del mercado. América Latina es uno de los escenarios donde la influencia se despliega con mayor claridad.

El deterioro económico de varias naciones de la región facilita el avance de la empresa. Gobiernos latinoamericanos utilizan al yuan como moneda de intercambio y la cesión de contratos estratégicos a Huawei como parte de un acuerdo más amplio con China. Sus bancos centrales también reciben ayudas temprarias, cuyos contratos no conocen ni los miembros de los congresos locales. Este tipo de pactos coloca a la empresa en el centro de la agenda política, económica y de defensa de los Estados involucrados.

La obligatoriedad de incorporar miembros del Partido Comunista Chino en las empresas y la colaboración documentada con el ejército convierten a Huawei en un actor híbrido, a medio camino entre la corporación y el brazo extendido del Estado y sus fuerzas armadas. Esta característica la diferencia de otras multinacionales tecnológicas y alimenta la desconfianza de gobiernos y agencias de inteligencia en todo el mundo.

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