El Gobierno reunió a representantes de las entidades de la Mesa de Enlace, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) para intentar acercar posiciones sobre el derecho de uso propio y el futuro marco regulatorio de la actividad de semillas. Hubo coincidencias en discutir excepciones al pago de regalías, aunque continúan las diferencias sobre el alcance de la protección intelectual y la futura adhesión de la Argentina a la Unión de la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV-91), un convenio internacional de variedades de semillas. Según las diferentes fuentes consultadas tras el encuentro de hoy en la Secretaría de Agricultura, que conduce Sergio Iraeta, hubo “acercamiento” entre las partes. Además de Iraeta, por el lado oficial estuvieron Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), y Eugenio Marí, subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El Gobierno mantiene su decisión de impulsar la adhesión de la Argentina al convenio UPOV-91, tras el compromiso asumido en el acuerdo con Estados Unidos, aunque procura llegar al Congreso con algunos consensos previos entre productores y empresas. La Argentina integra la UPOV, pero bajo el Acta de 1978, considerada más flexible respecto de los derechos de los productores sobre el uso propio de las semillas. El uso propio está permitido por ley, sin restricciones.
Uno de los principales ejes de la discusión fue el alcance de las excepciones al pago de regalías por el uso propio de semillas que se discute en el marco de una eventual modificación de la ley actual. La presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, explicó que la propuesta consensuada por las entidades rurales apunta a excluir del pago a la mayoría de los productores.
“En soja, es el tema más tenso. El 80% de los productores producen el 20% de la producción total de la Argentina. Y el 80% de la producción está en manos del 20% de los productores. Nosotros lo que queremos es que ese 80% de productores quede exento del pago de regalías, que significa simplemente el 20% de la producción argentina, y que el 20% de los productores pague el uso propio por tres años; o sea, multiplicaciones por tres años. Esa es la propuesta que tenemos nosotros, consensuada dentro del sector productivo”, señaló.
Según indicó, ASA presentó una alternativa diferente, aunque destacó un primer punto de coincidencia. “Trae otra propuesta en la que las excepciones son distintas, pero lo positivo de este punto fue que los dos entendimos que tiene que haber productores exceptuados. No consensuamos nada, tenemos que seguir conversándolo. Se convirtió el diálogo a eso, a fijarnos sobre las excepciones, de alguna manera, consensuado que tiene que haber excepciones al pago de la regalía”, afirmó.
La propuesta de las entidades rurales contempla que queden exceptuados quienes produzcan hasta 500 hectáreas considerando el conjunto de los cultivos. También se analizó cómo instrumentar ese criterio utilizando herramientas ya disponibles, como el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y el registro de Grandes Usuarios de Semillas (GUS) del Inase.
Sarnari también marcó las diferencias con la iniciativa presentada por ASA. “Ellos hablan de un alcance de excepcionalidad para aproximadamente el 24% de la producción. Y si eso alcanzara no llegan al 50% de productores; estamos hablando de productores de 47 hectáreas, aproximadamente, por el cálculo que hacemos. Y nosotros estamos hablando de 500”, sostuvo.
Gustavo Gaich, participó en representación de Coninagro, y señaló que durante el encuentro surgió el compromiso de organizar dos encuentros: uno con profesionales del INTA para tratar el tema de las variedades esencialmente derivadas (VED) y otro con directivos de UPOV sobre patentamiento, VED y el alcance sobre el producto de la cosecha.
“ASA presentó su propuesta sobre uso propio para soja, trigo y arroz, con un criterio en el que finalmente coincidimos: usar datos del SISA y establecer la diferenciación del tamaño de los productores en función de deciles. En una próxima reunión se intentará acordar qué deciles quedarían exentos de pagar el uso propio. El Gobierno reiteró su intención de que la nueva ley surja del consenso de las partes, aunque también aclaró que no dispone de mucho tiempo y que, llegado el caso, se verá en la obligación de definir“, precisó.
LA NACION intentó tener la opinión de ASA, pero hasta el momento no tuvo respuestas.
Más allá del uso propio, el otro tema central fue la futura adhesión de la Argentina al convenio Upov-91. “Nos manifestaron la voluntad de mandar UPOV-91 al Congreso. Nos hemos manifestado en contra de UPOV-91; venimos con una propuesta de mejora de las condiciones de cobrabilidad o de resguardo de la protección intelectual, pero siempre dentro del marco de UPOV-78”, precisó Sarnari.
En el Gobierno les transmitieron que, en caso de avanzar con la iniciativa legislativa, exista previamente algún grado de consenso entre los distintos sectores. “Si se manda la propuesta, quieren que al menos en algunos temas haya consensos”, indicó.
Entre las principales objeciones de Federación Agraria figura el alcance que Upov-91 otorga al derecho del obtentor. “UPOV-91 dice que el derecho del obtentor alcanza a la semilla, a la multiplicación y hasta el producto final. O sea, los granos”, explicó Sarnari, quien remarcó que ese es uno de los motivos centrales de la oposición de la entidad.
ASA y semilleros quieren UPOV-91, con reglamentación, mientras que los ruralistas buscan la reglamentación de la ley dentro del marco de Upov-78. “Es la gran diferencia que tenemos”, precisó la ruralista.
Las entidades rurales también plantearon que la discusión sobre un nuevo esquema de regalías no puede desvincularse de la situación económica que enfrenta el sector. “No podemos discutir una Ley de Semillas, un nuevo régimen de pago del derecho de uso de la semilla en el marco general que tenemos los productores. Siguen existiendo las retenciones, sigue habiendo una alta carga impositiva, porque los productores tenemos rentabilidades muy chiquititas”, expresó.
Una alta fuente oficial consultada tras el encuentro dijo que la reunión permitió acercar posiciones y que ambas partes aceptaron revisar sus propuestas. “Las dos partes [ruralistas y semilleros] se comprometieron a mejorar sus propuestas zanjado todo el resto”, indicó. En una próxima reunión productores y semilleros trabajarán con números concretos para intentar alcanzar un acuerdo.
La fuente advirtió que el Gobierno mantiene un plazo para resolver el tema. “Si no se ponen de acuerdo, el Gobierno tiene que avanzar. Tenemos que tenerlo resuelto; la adhesión a UPOV podría hacerse en 2027”, afirmó.
El régimen vigente resulta insuficiente para garantizar la protección de la propiedad intelectual, dijeron. “La ley actual es impracticable, hay que cambiarla”, precisó la fuente.
En el Gobierno existe la convicción de que el proceso de negociación no será indefinido. Las fuentes oficiales recordaron que una situación similar ocurrió durante la discusión sobre el nuevo esquema de control presentado oportunamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: tras la creación de una mesa de trabajo para recibir aportes del sector, finalmente no hubo modificaciones sustanciales y el Ejecutivo avanzó con la propuesta original.
