Polonia convocó este viernes al embajador ruso y le entregó una nota de protesta formal tras la caída de un misil en su territorio, mientras Rusia ejecutaba ataques masivos contra la región ucraniana de Leópolis.
La detonación ocurrió en la madrugada del jueves en Tarnawa-Kolonia, una localidad de la región oriental de Lublin, a unos 80 kilómetros de la frontera con Ucrania. No hubo heridos, pero el impacto dejó un cráter de 10 metros de diámetro y 5 de profundidad.
El primer ministro Donald Tusk anunció la citación en X. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maciej Wewior, precisó que Polonia transmitió al diplomático una “condena inequívoca a las acciones hostiles dirigidas contra la seguridad de un Estado soberano” y exigió el cese de conductas que representan un riesgo de “desastre aéreo”. La embajada rusa en Varsovia no respondió a la solicitud de comentarios.
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Las autoridades confirmaron que se trató de un misil de crucero Kh-101 de origen ruso, fabricado en el segundo trimestre de 2026 en una planta cercana a Moscú, según precisó el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Un experto ucraniano que inspeccionó el lugar afirmó no tener “la más mínima duda” sobre su origen ni su modelo, de acuerdo con el portavoz de la fiscalía de Lublin, Marcin Kozak.
“Esto significa que Rusia está utilizando misiles de reciente fabricación para atacar Ucrania”, escribió Kosiniak-Kamysz en X. “Confirma los informes de que las reservas bélicas rusas se han agotado”.
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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó el incidente de “imprudente” y de “peligrosa consecuencia” del conflicto. Indicó haber abordado el asunto con Tusk y reafirmó el compromiso de la organización de reforzar su capacidad defensiva, además de su respaldo a Kiev.
El episodio se suma a una serie de incursiones que se registran desde 2022. En noviembre de ese año, un misil de defensa aérea ucraniano cayó en la localidad polaca de Przewodow y mató a dos personas. En septiembre de 2025, cerca de 20 drones rusos que penetraron en espacio aéreo polaco fueron derribados o se estrellaron. Rumania y Moldavia figuran entre los otros países europeos alcanzados por proyectiles en ese período.
Los movimientos sociales que integran la UTEP, la CGT, las dos CTA y grupos piqueteros y agrupaciones que conforman Territorios en Lucha, como Libres del Sur, ultiman los detalles de la peregrinación de San Cayetano, prevista para el viernes 7 de agosto con partida desde la basílica del barrio porteño de Liniers y destino a Plaza de Mayo. Los organizadores aseguran que será “la marcha más grande de la década”. La consigna, que apunta a las políticas sociales y de ajuste del gobierno de Javier Milei, fue acuñada por el entonces papa Francisco: “Tierra, Techo y Trabajo”.
La movilización abrirá la temporada alta de protestas sindicales y sociales que concentrará paros, marchas y actos de fuerza de distintos sectores. Es la continuación de un plan de lucha trazado desde julio que ya generó cortes y piquetes en puentes y accesos en todo el país, acompañamiento a los reclamos que los miércoles realizan los jubilados frente al Congreso y rechazo público a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que encubre la modificación a la conocida ley de Tierras— que el oficialismo busca aprobar en el Senado.
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La comisión organizadora, integrada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se reunió esta semana para definir la logística del acto. Según anticipó a Infobae el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, la peregrinación arrancará por la mañana con una bendición de herramientas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy, como es tradición cada año. Desde la organización auguran que será “la marcha más convocante de la década”.
Al recorrido desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo se irán sumando agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres y profesionales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, confirmó la participación de su organización y señaló que se evalúa concentrar en el Obelisco junto a Territorios en Lucha para luego ingresar a la plaza junto a las dos CTA. “Todas las organizaciones vamos a participar este 7 de agosto. Nos parece muy importante articular todas las luchas”, afirmó Saravia en diálogo con Infobae.
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La dirigente también denunció el cierre del programa Volver al Trabajo y el cese de la transferencia de $78.000 mensuales a casi un millón de personas. “Esto no solo impactaría en la economía de esas familias, sino también en las economías locales. Lo que hay de fondo es un problema de modelo de país. El gobierno está destruyendo la industria nacional, quitando derechos con la reforma laboral y entregando nuestro patrimonio con el RIGI y con la ley de extranjerización de tierras”, advirtió Saravia, quien agregó que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas”.
Rechazo a la Ley de Propiedad Privada
En paralelo a los preparativos del 7 de agosto, la CGT suma su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo intentará aprobar en el Senado el 6 de agosto. La central obrera evalúa sumarse a la movilización convocada frente al Congreso un día antes, junto a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones que ya habían confirmado su presencia.
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La norma propuesta por el Gobierno elimina los límites vigentes para la venta de tierras rurales a extranjeros, establecidos por la ley de 2011, que fija que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y establece un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Si se aprueba la modificación, la compra en zonas de frontera podría ocurrir con la doble aprobación de la Nación y de las provincias.
Este jueves, desde las 17, sindicatos, agrupaciones gremiales, movimientos populares y el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) realizarán un encuentro en defensa de la función social de la propiedad y en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tramita en el Senado, “ante la evidencia de sus graves implicancias en materia de expropiaciones y desalojos, acceso a la vivienda, propiedad comunitaria de tierras indígenas, extranjerización del suelo rural, deterioro del ambiente y perjuicio de la soberanía nacional”.
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La marcha del 6 de agosto está precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, junto con recolección de firmas y otras actividades. Este sábado 1° de agosto habrá un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó pronunciamientos de otros sectores: una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.
Una fecha con historia
La movilización del 7 de agosto cumple este año una década desde su primera edición. Esteban “Gringo” Castro, extitular de la UTEP, recordó en diálogo con Infobae los orígenes de aquella primera peregrinación. “El 7 de agosto del 2016, en realidad empezó como una idea que surge a partir del Movimiento Misionero Francisco. Teníamos una reunión para ver que siempre que había alguna fecha que expresara la religiosidad popular, como puede ser el 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María), el 7 de agosto, nosotros hacíamos actividades, y ahí a un compañero se le ocurre plantear por qué no vamos desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo a reclamar lo que después fue el salario social complementario”, relató Castro.
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El referente del Movimiento Misioneros de Francisco recordó que hubo resistencias internas antes de la primera marcha —entre ellas, la preocupación por si la fecha podía representar a sectores evangélicos o no creyentes— y que la convocatoria se realizó un domingo, lo que dificultaba la movilización. Aun así, la respuesta fue masiva. Fue, además, el puntapié inicial del reclamo al gobierno de Mauricio Macri para que se aprobara la Ley de Emergencia Social. Castro también evocó el hilo histórico que conecta esa gesta con la marcha de la CGT a San Cayetano durante la dictadura, encabezada por Saúl Ubaldini, que fue reprimida con dureza, y con las luchas de anarquistas, socialistas y comunistas de principios del siglo pasado.
“El 18 de noviembre del 2016, acompañados por la CGT, las dos CTA y todos los movimientos populares, logramos una movilización al Congreso de más de 200.000 personas. Y a los dos o tres días firmamos casi por unanimidad la ley de emergencia social”, subrayó Castro. Esa conquista —el salario social complementario— es precisamente la que hoy el Gobierno busca desmantelar: según Castro, para agosto muchos beneficiarios dejarán de percibir ese ingreso que el Estado abonaba a través del Programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo.
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El extitular de la UTEP señaló que el 45% de los trabajadores de la Argentina se encuentra en condiciones de precariedad laboral. “Es una enormidad, es una barbaridad”, afirmó, y resaltó que el 7 de agosto debe seguir siendo “un día de movilización y de construcción de comunidad, de lucha por la producción y el trabajo”, con la consigna surgida en el Vaticano bajo el papa Francisco: “techo, tierra y trabajo”.
Castro recorre a diario los barrios más vulnerables. Durante la semana, por ejemplo, visitó junto al sacerdote ruandés nacionalizado argentino Juan Bosco el barrio 17 de noviembre, ubicado en Villa Celina, en La Matanza. El religioso tiene un comedor comunitario y un club de fútbol para los niños más carenciados de ese distrito bonaerense.
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Un agosto cargado de protestas
La marcha de San Cayetano es solo el primer hito de un mes de agosto con agenda sindical y social intensa. El lunes 3 de agosto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra los despidos en el sector público. También en agosto se prevén protestas de sindicatos educativos agrupados en la CGT, junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y gremios universitarios, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo permanece en $500.000 desde hace un año.
La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no poder afrontar sus deudas. Desde la UTEP, el secretario general Alejandro Gramajo advirtió que en los barrios populares ese endeudamiento aparece en muchos casos ligado al narcomenudeo y al crimen organizado.
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El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en coincidencia con el Día de la Industria para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo. Luego, entre el 4 y el 6 de septiembre, los líderes sindicales y sociales participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba.
Para un productor que alquila un campo, una hectárea de soja deja apenas US$42,77 de margen. En tanto, el Estado recauda US$745,16 por hectárea entre retenciones e impuestos por esa misma superficie, un monto 17 veces superior al margen que obtiene el productor. Esa es la conclusión central de un informe elaborado por el productor y exsecretario de Agregado de Valor de la Nación, Néstor Roulet, quien sostiene que el principal factor que deteriora la rentabilidad del cultivo no son los alquileres rurales, como plantean algunos expertos, sino la presión tributaria que soporta la actividad.
El trabajo, titulado “Son las retenciones, estúpido”, surgió como respuesta a discusiones que se generaron en las últimas semanas sobre el impacto de los alquileres en la rentabilidad de la soja. “Yo quise demostrar que el problema no son los alquileres, sino las retenciones”, explicó Roulet a LA NACION. Para hacer la simulación, Roulet partió de un rendimiento de 3,8 toneladas de soja por hectárea y un valor FOB de US$460 por tonelada, lo que arroja un ingreso bruto de US$1748 por hectárea. Sobre ese monto aplicó la actual alícuota del 24% de derechos de exportación, equivalente a US$419,52 por hectárea.
A partir de allí incorporó los costos directos e indirectos de producción, la carga impositiva y un alquiler equivalente a 16 quintales por hectárea, uno de los valores que hoy son habituales en muchas zonas agrícolas de la región núcleo. El resultado final fue un margen de apenas US$42,77 por hectárea para el productor que arrienda el campo.
Según el informe, entre retenciones y otros impuestos el Estado capta el 43% del ingreso generado por una hectárea de sojamarcelo-manera-7533
En paralelo, calculó cuál es el ingreso del propietario de la tierra. Según su simulación, quien alquila el campo recibe US$544 por hectárea, pero luego de descontar infraestructura, gastos administrativos e impuestos obtiene una renta neta de US$208,41, equivalente al 1,2% anual sobre un valor de la tierra estimado en US$18.000 por hectárea. “Si vos sacás el alquiler que paga un productor, el dueño del campo obtiene apenas un 1,2% de rentabilidad sobre el capital tierra. Para el productor el alquiler es muchísimo y para el dueño del campo tampoco representa una renta extraordinaria”, sostuvo.
De acuerdo con el informe, el mayor beneficiario de esa hectárea es el Estado, que se queda con un total de US$745,16 por hectárea, equivalente al 43% de lo que genera la producción. Esa cifra surge de sumar dos cargas tributarias distintas: por un lado, unos US$490 que resigna directamente el productor que arrienda el campo, entre retenciones, Ingresos Brutos y el impuesto al cheque; por otro, unos US$255 adicionales que paga el dueño del campo por el solo hecho de cobrar el alquiler, en concepto de Ganancias, Inmobiliario Rural, Sellos e Ingresos Brutos. Es decir: cada eslabón de la cadena —el que produce y el que alquila la tierra— es alcanzado por su propia batería de impuestos, y ambas terminan sumando ese 43% en manos del Estado. Vale recordar que las retenciones son una suerte de impuesto al precio que se restan al valor de exportación.
Con esos números, el exfuncionario rechazó que el debate deba centrarse en los arrendamientos. “El alquiler lo fija la oferta y la demanda. Hay pocos campos disponibles y mucha competencia por acceder a ellos. El problema es otro”, afirmó.
Para reforzar esa idea, el trabajo incorporó un segundo escenario hipotético en el que se eliminan completamente los derechos de exportación. Allí el productor pasaría de ganar US$42,77 a US$89,97 por hectárea, más del doble. El propietario del campo elevaría su rentabilidad del 1,2% al 1,7%, mientras que el Estado seguiría recaudando US$587,6 por hectárea, aunque su participación sobre el ingreso total bajaría del 43% al 33%.
Roulet sostiene que eliminar las retenciones mejoraría el margen del productor y elevaría la rentabilidad de la actividad, sin eliminar la recaudación tributariaUnplash/ Daniela Paola Alchapar
“Si sacamos las retenciones, el productor ya tiene una rentabilidad del 7% u 8%; el dueño del campo mejora su ecuación y el Estado sigue quedándose con el 33% de la producción [con otros tributos]”, explicó.
Además, Roulet cuestionó el esquema de reducción gradual de las retenciones dispuesto por el Gobierno desde enero próximo. A su entender, un cronograma de bajas mensuales hasta 2028 puede generar distorsiones en el mercado porque muchos productores necesitan vender antes de que se concreten las reducciones y no cuentan con financiamiento suficiente para esperar. También señaló que el acceso al crédito, especialmente para pequeños y medianos productores, continúa siendo limitado. En el documento también sostuvo que una presión tributaria de esa magnitud tiene un efecto confiscatorio y citó antecedentes de la Corte Suprema para respaldar esa postura. A manera de conclusión, Roulet afirmó: “El problema en el cultivo de la soja no es que los alquileres sean altos; el problema son las retenciones”.
Los trabajos permitirán mejorar las condiciones edilicias del establecimiento y fortalecer el servicio de salud.
A través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, se licitarán intervenciones edilicias para el establecimiento sanitario crespense. El proyecto contempla el cambio de cubiertas, mejoras en el sistema de desagües pluviales y la incorporación de una nueva infraestructura para la reserva de agua, con un plazo de ejecución de 180 días corridos.
La apertura de sobres de la licitación pública Nº 06/2026 se realizará el lunes 3 de agosto, a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno. Se prevé el reemplazo de 930 metros cuadrados de cubiertas de chapa en los sectores de consultorios, guardia y pabellones de internación, además de la colocación de nueva zinguería y la adecuación del sistema de escurrimiento pluvial para prevenir filtraciones.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que la obra forma parte de una planificación estratégica que se lleva adelante en articulación con el Ministerio de Salud y se orienta a fortalecer la infraestructura sanitaria en el territorio provincial. “Estas intervenciones permitirán mejorar el funcionamiento del hospital y brindar mayor seguridad a pacientes y trabajadores. Además, adecuarán los espacios frente a las demandas actuales del sistema de salud, ampliando la capacidad de respuesta y la calidad de las prestaciones en su zona de influencia”, expresó. Su par de Salud, Daniel Blanzaco, precisó: “Dicho establecimiento, además, cumple un rol estratégico para toda esta región. No sólo brinda respuesta a los vecinos de Crespo, sino también de localidades cercanas como General Racedo y las aldeas María Luisa, San Rafael, Santa Rosa, entre otros puntos del departamento Paraná. Su ubicación, muy próxima a la Ruta Nacional 12, lo convierte en un efector clave para la atención de emergencias y para garantizar el acceso oportuno a la salud”.
Además, las refacciones contemplan la demolición de estructuras deterioradas, el reemplazo de canaletas y la ejecución de un nuevo sistema de desagües con caída libre. También se repararán y serán reemplazadas las veredas perimetrales mediante un sistema de drenaje y recolección de aguas pluviales; serán retirados y reubicados los tanques existentes, al tiempo que se construirá un nuevo tanque cisterna con sistema de bombeo y se procederá a pintar el exterior de los sectores intervenidos.
Con importante volumen operado en el segmento de contado de USD 686,2 millones, el dólar mayorista restó tres pesos a 1.485 pesos. Después de tres bajas consecutivas, el tipo de cambio redujo la ganancia del mes de julio a solo tres pesos o 0,2%, para volver a perder contra la inflación, estimada por las consultoras levemente debajo de 2 por ciento.
“En la semana finalizada hoy el tipo de cambio mayorista bajó 12 pesos, muy lejos de la suba de 19 pesos registrada en la semana anterior”, indicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambios.
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El dólar mayorista terminó el mes a 359,87 o 24,2% de la banda superior del esquema cambiario, en 1.844,87 pesos. En base a una inflación minorista de 1,9% en junio, el techo de las bandas se ampliará a fin de agosto a $1.879,92, esto es 364,92 pesos más que el contrato de dólar futuro para el cierre del mes próximo en 1.515 pesos.
Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, expresó que “superando el ‘efecto Lelink’, el dólar mayorista transita otra rueda de mayor calma y así es que sigue en los $1.490, aflojando algo también por el repunte de las tasas cortas que podría ir abriendo espacio a apuestas en pesos de aquellos operadores más tácticos. El debate continúa focalizado en el ‘mix’ de políticas necesario para esta etapa. Esto es en busca de que continúe la desaceleración de la inflación pero aquellas actividades más rezagadas -y el consumo- puedan ir recuperando mayor dinamismo, clave frente a los tiempos electorales que se avecinan”.
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El dólar al público finalizó sin variantes este viernes a $1.510 para la venta en el Banco Nación. En julio avanzó diez pesos o 0,7 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.511,12 para la venta y $1.460,14 para la compra.
El dólar blue cayó cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.560, para redondear una ganancia en julio de 45 pesos o 3 por ciento.
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“Si bien seguimos considerando que el Banco Central favorece una mayor flexibilidad cambiaria, preservar el proceso de desinflación continúa siendo la prioridad, lo que sugiere que las herramientas de intervención podrían volver a cobrar relevancia si la volatilidad externa se intensifica”, comentó Adcap Grupo Financiero en un reporte. “Los datos de actividad de mayo confirmaron que la recuperación doméstica sigue siendo desigual, aunque la fortaleza sostenida del superávit comercial continúa reforzando la mejora de las cuentas externas de Argentina”, resaltó.
“El crecimiento de las exportaciones energéticas y el fuerte superávit comercial representan uno de los cambios estructurales más importantes de la economía argentina. En el primer semestre, la balanza comercial acumuló un superávit de USD 13.923 millones, superando incluso el resultado de todo 2025 (USD 11.320 millones)”, consignó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.
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“Más allá del monto, lo relevante es que el ingreso de divisas empieza a depender cada vez menos exclusivamente del agro y se diversifica hacia sectores como energía y minería, que presentan una menor estacionalidad y no dependen del clima. Esto reduce la volatilidad histórica del ciclo de generación de dólares y fortalece la estabilidad cambiaria de mediano plazo”, agregó Botto.
Fuerte ingreso de dólares por ON
“Con el cepo cambiario activo y las tasas en pesos en baja, el primer semestre de 2026 cerró con la mayor cantidad de emisiones de los últimos tres semestres. Las emisiones hard-dollar consolidaron su rol como el motor del financiamiento corporativo, mientras que el instrumento dollar-linked perdió atractivo, las emisiones PyME ganaron protagonismo y el fideicomiso volvió a crecer”, evaluó Francisco Vignati, analista de Financiamiento de Cohen Aliados Financieros.
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“El hard-dollar -las Obligaciones Negociables emitidas y pagaderas en dólares- fue el verdadero motor del financiamiento. Sumó USD 8.285 millones en el primer semestre de 2026 a lo largo de 94 series, un 13,3% más que un año atrás, aunque apenas por debajo del pico del segundo semestre de 2025 (USD 8.690 millones), que se había beneficiado por un rebote postelectoral”, añadió Francisco Vignati.
En este aspecto, Adcap Grupo Financiero aportó que “gran parte del mercado de bonos corporativos argentinos ya cotiza con spreads ajustados, pero el sector de utilities sigue siendo una de las pocas excepciones. Continúa ofreciendo algunos de los rendimientos más atractivos, respaldado por la mejora de los fundamentos operativos, la normalización tarifaria y un contexto macroeconómico más favorable”.
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Además Cocos Capital destacó que “las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires están emitiendo deuda en los mercados internacionales al ritmo más alto desde 2017, mientras el Gobierno nacional se mantiene al margen de nuevas colocaciones de bonos soberanos. Desde noviembre de 2025 -tras las elecciones legislativas- hasta julio de 2026, seis jurisdicciones colocaron deuda externa por un total cercano a los USD 4.900 millones, en siete operaciones distintas (CABA salió dos veces”).
La Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea expresaron su satisfacción por el acuerdo que establece el desarme de Hamas en Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio, confirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció que la confirmación del pacto constituye la única señal alentadora en una región marcada por la guerra. “El acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos para que Hamas entregue sus armas y para que Israel retire sus fuerzas de Gaza es la única buena noticia en días recientes”, aseguró.
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“Lo que había comenzado como un conflicto regional hace seis meses se convirtió en un motivo de inestabilidad global”, agregó. Además, el máximo responsable de Naciones Unidas remarcó ante la prensa que los combates deben terminar “en todos los frentes” de la región.
El acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos prevé que Hamas entregue sus armas en Gaza y que, una vez completado ese desarme, las fuerzas israelíes se retiren del territorio, mientras una Fuerza Internacional de Estabilización y una nueva fuerza policial palestina asumen tareas de seguridad, con el almacenamiento de armamento bajo supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza.
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Desde la Unión Europea, la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, destacó el plan para desarmar a Hamas en Gaza como “un paso constructivo hacia la paz” si se ejecuta en su totalidad. “Queda mucho por encajar para que esto funcione. El éxito depende del compromiso total de todas las partes”, advirtió la diplomática.
Kallas afirmó que verificar el cumplimiento “será un reto importante” y que Israel deberá retirarse de Gaza “con el tiempo”. Además, aseguró que el bloque europeo está “preparado para apoyar los próximos pasos”, incluyendo la entrada del Comité Nacional, el futuro gobierno tecnocrático palestino y la Fuerza Internacional de Estabilización.
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La funcionaria recordó: “La Unión Europea es el mayor donante humanitario de Gaza”, y que en julio destinó 900 millones de euros para la recuperación del territorio.
La noticia del acuerdo se conoció después de que el presidente Donald Trump anunciara que la Junta de Paz alcanzó un pacto para el “desarme total” de Hamas y otros grupos armados palestinos en Gaza. Trump calificó el entendimiento como un paso “histórico” hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave y precisó: “El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas”.
“Tenemos un entendimiento con Israel. Israel está muy contento con esto. Israel nos ayudó y se ha portado muy bien”, aseguró Trump a los periodistas en la residencia presidencial de Camp David.
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El acuerdo fue mediado por Estados Unidos, con el apoyo de Egipto, Qatar y Turquía, además del responsable de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov. El texto establece que, tras el desarme, la administración de Gaza pasará a un nuevo gobierno palestino, mientras una fuerza internacional acompañará el proceso de transición y estabilización.
La implementación del acuerdo requiere la coordinación de las partes y una verificación constante para evitar incumplimientos.
La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este entendimiento, al que la ONU considera el único avance positivo en una región marcada por la violencia y la inestabilidad.
ExxonMobil y Chevron registran ganancias récord por la guerra entre Estados Unidos e Irán mientras los consumidores estadounidenses enfrentan gasolina por encima de USD 4 por galón y legisladores demócratas impulsan un impuesto a las ganancias extraordinarias del sector petrolero.
Las dos compañías sumaron USD 26.500 millones en beneficios durante el segundo trimestre de 2026. ExxonMobil más que duplicó sus ganancias hasta USD 14.530 millones, con ingresos de USD 116.020 millones —un alza del 42%—, mientras que Chevron casi cuadruplicó los suyos hasta USD 12.070 millones, con ingresos de USD 70.060 millones, un incremento del 56%. Ambas cifras superan con amplitud los resultados del mismo período del año anterior.
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El detonante común fue el cierre del Estrecho de Ormuz, que antes del conflicto canalizaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. Desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero, el crudo Brent escaló de aproximadamente USD 70 hasta superar los USD 100 por barril durante gran parte de marzo, abril y mayo, y llegó a tocar USD 126 en su punto más alto, según los datos del cable de The Washington Post.
Márgenes de refinación en niveles sin precedentes
El componente más lucrativo del trimestre no fue el precio del crudo en sí, sino el margen de refinación: la diferencia entre el costo del petróleo crudo y el precio de venta de sus derivados. ExxonMobil señaló en un comunicado que esos márgenes “alcanzaron niveles récord en el trimestre”, respaldados por una caída de casi el 9% en la capacidad global de refinación a causa de las disrupciones bélicas.
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El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, identificó tres factores que contrajeron esa capacidad: el bloqueo del Estrecho de Ormuz, la reducción de exportaciones de combustible de China y los daños a instalaciones rusas de refinación por ataques ucranianos. El diesel, por ejemplo, se cotiza en Estados Unidos un 41% por encima de los niveles previos al bloqueo, de acuerdo con uno de los cables.
Tom Seng, profesor asistente de finanzas energéticas en la Universidad Cristiana de Texas, resumió la situación ante The Washington Post: “El retorno de la refinación, en términos porcentuales, se ha disparado”. Las refinerías estadounidenses operan cerca de su capacidad máxima y se benefician de que instalaciones en Oriente Medio y Rusia sufrieron daños, mientras que Asia no logra obtener el volumen de crudo del Golfo Pérsico que necesita.
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Perspectivas de precios y el Estrecho de Ormuz
El precio promedio de un galón de gasolina regular en Estados Unidos llegó a USD 4,11 el viernes, aproximadamente USD 1 más que en el mismo período del año anterior y por encima del umbral psicológico de USD 4, nivel que no se registraba antes del inicio del conflicto. Woods descartó una baja inmediata en una entrevista con CNBC: “No contendría el aliento en el corto plazo”, y advirtió que los precios se mantendrán elevados “por un buen tiempo”.
El ejecutivo explicó que, incluso una vez que el Estrecho se reabra, los transportistas tardarán en confiar en que el tránsito es seguro, lo que prolongará la tensión en los mercados. Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, anticipó en una conferencia con analistas “presión alcista sobre los precios de los productos hacia el tercer trimestre y posiblemente más allá”, en un contexto de escasez que abarca gasolina, combustible de aviación y diésel.
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Rob Thummel, gestor de cartera sénior en Tortoise Capital, señaló que el mercado global de refinación está desabastecido y que, con Rusia y China fuera del circuito exportador, compañías como ExxonMobil y Chevron deben cubrir ese déficit: “El mundo va a tener escasez de combustible de aviación, diésel y gasolina, así que probablemente seguiremos viendo mayores ganancias”.
Impuesto a las ganancias extraordinarias: el debate en el Congreso
Las ganancias récord desataron una ofensiva política. El senador demócrata Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, y la representante Ro Khanna, de California, introdujeron proyectos de ley para modificar el código tributario e imponer un gravamen por barril a las empresas que produjeron o importaron al menos 300.000 barriles diarios en 2025. “Es justo aplicar un impuesto a las ganancias extraordinarias en lugar de recortar los programas alimentarios para niños”, declaró Whitehouse.
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El representante Brad Sherman, demócrata de California, propuso una variante que mantendría el impuesto vigente hasta que la guerra concluya, el Estrecho se reabra y el crudo de referencia estadounidense caiga por debajo de USD 75 por barril. Señaló que los conductores “necesitan pagar un precio menor hoy, o en su defecto recibir un cheque de reembolso del gobierno”.
La propuesta enfrenta resistencia en un Congreso controlado por los republicanos. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, desvió la atención hacia Irán y aseguró que los precios del petróleo y la gasolina “se desplomarán a niveles previos al conflicto” una vez que las fuerzas militares estadounidenses neutralicen la capacidad iraní de interrumpir el flujo de crudo.
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La industria acumula ganancias pero no reinvierte en producción
La firma de análisis Wood MacKenzie calculó que la industria petrolera en su conjunto podría acumular una ganancia extraordinaria anual de USD 425.000 millones si el barril de crudo promedia USD 90 durante el año, proyección que varios analistas consideran probable. No obstante, las compañías son reacias a reinvertir esos fondos en nueva perforación: temen que un cese abrupto del conflicto deprima los precios antes de que puedan recuperar la inversión en nuevos pozos, que tardan meses o años en entrar en operación.
Woods defendió la postura de ExxonMobil ante los inversores y recordó que la compañía canceló inversiones planificadas en Europa tras la última ronda de impuestos a ganancias extraordinarias, calificando esas medidas de “cortas de miras”. Dustin Meyer, vicepresidente sénior de política y asuntos regulatorios del American Petroleum Institute (API), rechazó las acusaciones de abuso de mercado: “Estos mercados son transparentes. No solo no hay especulación abusiva, sino que es imposible en un mercado de este tamaño”.
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Antecedentes de impuestos similares y el panorama electoral
El último impuesto a las ganancias extraordinarias del sector energético en Estados Unidos se aplicó en 1980, tras las crisis petroleras de los años 70. Generó ingresos muy por debajo de lo proyectado y fue derogado después de que economistas concluyeran que desincentivó parte de la producción doméstica, según Tyler Priest, profesor asociado de historia en la Universidad de Iowa.
Shon Hiatt, investigador de energía en la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California, advirtió que un gravamen similar aplicado en Reino Unido en 2022 fue seguido de una marcada caída en la producción. Los demócratas estructuraron sus propuestas actuales de forma diferente, enfocando el tributo únicamente en las ganancias que superen un umbral histórico y destinando los fondos recaudados directamente a los consumidores, aunque los expertos difieren sobre su eficacia potencial.
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El contexto político agudiza la presión: el próximo período de resultados trimestrales, en el que los analistas proyectan una nueva ronda de ganancias extraordinarias, coincide con los días previos a las elecciones de mitad de mandato que definirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado.
El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ya ingresó al Congreso de la Nación. Lo hizo por Diputados, lo que ya marca algunos puntos respecto de la estrategia parlamentaria.
El primero es que Martín Menem, presidente de la Cámara, estará a la cabeza de la misión de conseguir los votos para que avance. Por eso ya citó a los presidentes de los bloques para el próximo martes a una reunión destinada a establecer un cronograma de tratamiento.
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La reunión será el martes porque el lunes se le dará giro a las comisiones que deberán debatir el texto de la norma. Lo más probable es que se establezca un cronograma de reuniones en plenario, con la participación de todas las comisiones que tengan que discutirlo.
El segundo punto es que ya comenzaron a surgir expresiones de parte de referentes de los bloques parlamentarios respecto de lo que dijo Javier Milei en su cadena nacional y al texto de la norma.
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Uno de los primeros en celebrar la decisión presidencial fue el radical Lisandro Nieri. “Celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA”, escribió el legislador en la red social X.
El dato no es menor: Nieri es coprovinciano de Pamela Verasay, presidenta del bloque de la UCR, quien retuiteó el mensaje. Eso plantea el primer alineamiento de uno de los bloques denominados “dialoguistas” que, salvo en lo referido al recorte universitario, viene acompañando al oficialismo en casi todas las votaciones.
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Por el lado del PRO, por ahora el único que opinó públicamente fue el exministro de Economía Hernán Lacunza, quien en las últimas horas anunció que le gustaría competir por la presidencia de la Nación. Con cierto tono irónico, señaló que el proyecto “es muy razonable”. Luego apuntó a las inconsistencias entre las promesas y los hechos del libertario: “no había que cerrar el Banco Central —como prometía Milei—, sino preservarlo de políticos insaciables. No había que dolarizar, sino construir una moneda propia creíble”. Y le apuntó a una de las críticas que suele recibir de parte de Milei: “En 2019 el reperfilamiento fue la mejor opción!: como dice su proyecto, prohibir darle a la maquinita para financiar al Gobierno! Porque es inflación que pagan los pobres y la clase media! O híper! El desafío será nunca volver a ese dilema”.
Aunque las espadas parlamentarias del PRO se mantienen en silencio —el jefe del bloque está de vacaciones—, se espera que los amarillos también acompañen.
Hay otros sectores más fluctuantes en la relación con el oficialismo que adelantaron cierto acompañamiento o, visto desde otro ángulo, que adelantaron pedidos de modificaciones.
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Este es el caso del MID, bloque formado mediante una escisión de LLA. “Me parece muy bien que exista independencia del BCRA y que no se lo use y menos abuse para financiar déficits del Tesoro, ni como comparsa de políticas populistas de quienes circunstancialmente estén a cargo del PEN”, dijo el diputado Eduardo Falcone. Sin embargo, señaló que los objetivos del BCRA deberían ser más amplios: “la FED tiene como misión fundamental mantener agregados monetarios y crediticios compatibles con el potencial económico del país en el largo plazo”.
Las críticas de los sectores del “medio” responden a la intención de blindar al presidente y al directorio de la entidad financiera sin establecer ninguna restricción sobre su nombramiento, que puede realizarse mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia sin necesidad de obtener el acuerdo del Senado, como establece la ley. Que se restrinjan además ciertas herramientas con las que hoy cuenta el BCRA —como plantea el MID— podría significar algún cambio en el proyecto, si LLA está dispuesto a ceder en el camino.
El supuesto secuestro de una adolescente de 16 años ocurrido durante la noche del miércoles en Paraná, continúa bajo una intensa investigación judicial que, por el momento, mantiene abiertas todas las hipótesis.
Mientras se incorporan pruebas y se realizan pericias, la fiscal de Género y Abuso Sexual, Constanza Bessa, dialogó con Elonce y remarcó que el caso recién comienza. Al mismo tiempo, pidió evitar especulaciones y sostuvo que todavía no existen certezas sobre lo sucedido ni sobre la eventual comisión de un delito contra la integridad sexual.
La causa se inició luego del desesperado pedido de auxilio de la adolescente, quien llegó desorientada hasta una vivienda de la zona de Virrey Vértiz y Luis Vernet durante la madrugada del miércoles. Según denunció, momentos antes había despertado en un descampado sin recordar con claridad cómo había llegado hasta allí, tras haber sido interceptada, presuntamente, por dos hombres cuando caminaba por avenida Almafuerte y Caputo.
A partir de esa denuncia, la Fiscalía de Género y Abuso Sexual tomó intervención inmediata y puso en marcha un amplio operativo investigativo que involucra a distintas áreas especializadas de la Policía y del Ministerio Público Fiscal.
Una investigación que recién comienza
“Acabamos de iniciar esta investigación y no solamente debemos trabajar con tranquilidad, sino brindarle tranquilidad a la víctima en resguardo de su intimidad“, afirmó Bessa en diálogo con Elonce, al describir el delicado momento procesal de la causa.
La fiscal precisó que la adolescente fue atendida durante la madrugada. “A la 1:20 de la madrugada fue atendida en la fiscalía una joven que aducía haber sido captada en la vía pública por estas dos personas. Se le recibió la denuncia en esta fiscalía. En esa misma madrugada fue atendida por la médica forense en turno y horas después, derivada al Hospital San Martín para la atención de su salud integral“, explicó.
Desde el primer momento, la prioridad fue garantizar la asistencia médica y psicológica de la menor antes de profundizar la investigación penal, un procedimiento previsto en este tipo de intervenciones para preservar tanto la salud como la eventual evidencia.
Pericias, cámaras y análisis de pruebas
Mientras la joven recibía atención médica, comenzaron las diligencias destinadas a reconstruir el recorrido previo y posterior al hecho denunciado. “Desde esta fiscalía estamos trabajando de manera directa con la segunda jefa de la División Trata de Personas y, a través de ella, con colaboración de Comisaría 15, Comisaría Novena, Policía Científica, División 911 y Técnicas Especiales“, detalló la funcionaria judicial.
Fiscal Constanza Bessa.
La investigación incluye pedidos de informes sobre la tarjeta SUBE utilizada por la adolescente, requerimientos a las compañías telefónicas, la intervención del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal y entrevistas a familiares, allegados y personas que puedan aportar información. “Ya se han solicitado informes sobre la tarjeta SUBE, informes a las telefónicas por la línea de la joven. Tomó intervención el Gabinete de Informática Forense y ya se realizaron algunas entrevistas testimoniales de allegados a la joven y están programadas otras entrevistas“, enumeró.
Un relato fragmentado que obliga a ser prudentes
Uno de los principales desafíos de la investigación es reconstruir la secuencia de hechos a partir de un relato que, según explicó la fiscal, presenta importantes vacíos de memoria. “Hasta ahora, del registro de cámaras del 911 no hemos podido localizar a la joven cuando ella manifiesta en su relato, tener ciertas pérdidas de memoria de algunos momentos y eso, hace que sea un relato fragmentado, por ahora, y que tengamos que resguardar la información con la que contamos para que no perjudique el avance“, sostuvo al dialogar con Elonce.
Precisamente, esa falta de recuerdos completos obliga a los investigadores a avanzar mediante evidencia objetiva y pericias técnicas antes de arribar a conclusiones. La fiscal insistió en que el resguardo de la información resulta indispensable para evitar que datos parciales o hipótesis sin corroborar afecten el desarrollo de la investigación.
No hay certezas sobre un abuso sexual
Uno de los puntos sobre los que Bessa hizo especial hincapié fue la necesidad de evitar conclusiones anticipadas respecto de una eventual agresión sexual. “Si bien ha trascendido en las noticias que ella podría haber sido víctima de un delito, es una joven que tiene un recuerdo fragmentado y hasta ahora, nosotros no tenemos certeza de que haya sido víctima de un delito contra su integridad sexual“, aclaró.
No obstante, explicó que el protocolo vigente obliga a actuar con la máxima diligencia. “En mi obligación de actuar con debida diligencia, se investiga el hecho como si hubiera una victimización sexual, pero eso es algo que no parte del relato de la joven, justamente porque ella no recuerda esa circunstancia particular. Sin perjuicio de ello, es sabido que por aplicación de los protocolos, debemos actuar como si estuviéramos ante una situación de violencia, en este caso sexual“, enfatizó.
La aclaración busca diferenciar la línea de investigación adoptada por la Fiscalía del estado actual de la evidencia disponible.
Estado de salud y estudios toxicológicos
Consultada sobre las condiciones físicas en que fue hallada la adolescente, la fiscal indicó que, al momento de ser examinada, no presentaba lesiones visibles. “En principio no, ella estaba bien de salud y al menos sin marcas visibles“, respondió ante la consulta de Elonce.
Sin embargo, una de las hipótesis bajo análisis es la posible administración de alguna sustancia que pudiera explicar la pérdida de conocimiento y las lagunas de memoria relatadas por la joven. “Lo primero que se hace en las primeras horas de investigación, luego de la atención de salud, es el resguardo de muestras para análisis posteriores, en este caso análisis toxicológicos, respecto de los cuales todavía no tenemos resultados. Pero se resguardó la evidencia para poder indagar en ese sentido“, señaló.
Avanza la investigación por la adolescente secuestrada en Paraná
Y añadió: “Según el relato de la joven, sí podría haber alguna sustancia que le hubiera producido esta falta de memoria que refiere“.
Los resultados de esos estudios serán una de las piezas clave para determinar si existió algún elemento externo que alterara el estado de conciencia de la adolescente.
El rol de los vecinos y la recomendación para casos similares
La investigación también puso en valor la rápida reacción de un matrimonio que asistió a la adolescente cuando pidió ayuda. “El proceder de la joven fue justamente muy atinado. Ella se acercó a vecinos de la zona y les solicitó ayuda. Interviene un matrimonio que vive allí y el matrimonio inmediatamente dio aviso al 911“, destacó Bessa.
La funcionaria explicó que esa actuación permitió activar rápidamente el protocolo de emergencia y, además, generó evidencia útil para la investigación. “Ante una situación similar, por supuesto, pedir ayuda inmediatamente, a cualquier persona en la zona y dar aviso al personal del 911, porque eso también, genera evidencia que luego nos sirve a los investigadores. Hay registro de las llamadas, de las modulaciones y de las intervenciones de todas las personas“, remarcó.
El matrimonio que atendió a la joven.
La escucha de la adolescente será determinante
De cara a los próximos días, la fiscal consideró que el paso más importante será concretar una entrevista formal con la adolescente, en un ámbito especializado y con intervención de los equipos técnicos correspondientes. “Lo más importante es la escucha a la joven. Por lo tanto, está interviniendo personal de las guardias que colaboran en estas urgencias y también se instó por parte de la fiscalía una escucha formal ante el equipo técnico del Ministerio Público de la Defensa“, indicó a Elonce.
Bessa sostuvo que esa instancia será determinante para definir los próximos pasos de la causa. “Hasta tanto no escuchar a la joven directamente, es difícil brindar más información por parte de la fiscalía. O bien, por supuesto, si avanzáramos en la identificación de estas posibles personas que la habían interceptado o alguna cuestión en el avance“, expresó.
Finalmente, concluyó: “Hasta que yo no pueda escuchar a la joven directamente, que es el eje más importante de cualquiera de estas investigaciones, posiblemente no pudiéramos dar más noticias al respecto. Ya se ha solicitado la intervención del equipo técnico de la Defensoría y también ya está en conocimiento de esta situación el Ministerio Pupilar, que actúa en resguardo de los derechos de la menor“.
La decisión del Gobierno de derogar tres resoluciones que durante más de tres décadas regularon el ingreso de bananas a las principales zonas productoras del país abrió un conflicto entre la Nación, las provincias de Salta y Jujuy y el sector bananero. Mientras la administración de Javier Milei sostiene que los controles fitosanitarios continúan vigentes bajo un sistema más moderno basado en análisis de riesgo y fiscalización del Senasa, productores y gobiernos provinciales advierten que la medida elimina una barrera sanitaria histórica y eleva el riesgo de ingreso de enfermedades capaces de afectar la producción nacional.
El origen de la controversia fue la publicación de la resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, firmada por Sergio Iraeta, mediante la cual se derogaron ocho resoluciones fitosanitarias dictadas entre 1992 y 2013. Entre ellas quedaron sin efecto la Resolución 99/1994, la Resolución 823/2006 y la Resolución 262/2013, que conformaban el esquema sanitario para el ingreso de bananas importadas.
La primera de esas normas, la resolución 99/1994, fue dictada hace más de 30 años para preservar el estatus fitosanitario del noroeste argentino (NOA). Prohibía el ingreso de bananas provenientes de países con determinadas plagas cuarentenarias hacia esa región del país. Más tarde, la resolución 823/2006 extendió ese esquema de protección a Formosa y Misiones, mientras que la resolución 262/2013 redefinió su alcance y concentró la restricción únicamente en Salta y Jujuy, donde se ubica el principal polo productor de banana del país.
Al justificar la derogación, Agricultura señaló que aquellas normas habían perdido vigencia práctica porque fueron reemplazadas por mecanismos más modernos de evaluación, trazabilidad, digitalización y fiscalización. Según explicó la cartera, los controles fitosanitarios actualmente se realizan mediante análisis de riesgo de plagas, inspecciones documentales y físicas, certificaciones internacionales y procedimientos armonizados con los estándares internacionales y del Mercosur, por lo que las resoluciones derogadas habían quedado obsoletas. Asimismo, sostuvo que la eliminación de esas normas no implica dejar de controlar el ingreso de bananas, sino actualizar el marco regulatorio vigente.
La Argentina lleva ingresadas 177.759 toneladas certificadas desde Ecuardor en lo que va del año AP news
En un informe técnico al que tuvo acceso LA NACION se destaca que los requisitos fitosanitarios para la importación de bananas se determinan mediante el Análisis de Riesgo de Plagas previsto por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO y que las verificaciones continúan siendo realizadas por inspectores del Senasa en los puntos de ingreso al país. También señala que los requisitos se actualizan de manera periódica conforme cambia la situación sanitaria de los países exportadores y que el Mercosur armonizó los requisitos fitosanitarios para el comercio de banana mediante resoluciones específicas.
La decisión generó una inmediata reacción en las provincias productoras. Jujuy respondió mediante un decreto firmado por el gobernador Carlos Sadir que restablece controles provinciales para el ingreso, tránsito, almacenamiento y comercialización de banana fresca importada.
En los fundamentos del último decreto provincial, cuestiona que Nación afirme que los antiguos requisitos fueron reemplazados por mecanismos modernos “sin mencionar tales”. Según el gobierno jujeño, la derogación incrementa objetivamente el riesgo de ingreso y dispersión de plagas cuarentenarias que podrían afectar el patrimonio fitosanitario provincial. El decreto provincial menciona entre las principales amenazas sanitarias a la Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis), Ralstonia solanacearum, Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (TR4), Palleucothrips musae y Colaspis hypoclora, y advierte que algunas de esas enfermedades pueden destruir plantaciones y dejar los suelos improductivos durante más de treinta años. Por ese motivo, Jujuy volvió a exigir certificado fitosanitario de origen, Autorización Fitosanitaria de Importación (Afidi) y demás inspecciones.
El gobierno de Jujuy decidió restablecer controles propios mediante un decreto provincial para el ingreso, tránsito, almacenamiento y comercialización de banana fresca importada (Foto ilustrativa:PIXABAY)
Salvador Muñoz, presidente de Salvita, consideró que el Gobierno interpretó la normativa como una regulación comercial cuando, a su entender, su verdadero objetivo era sanitario. Según explicó, la implementación de esa barrera demandó varios años de trabajo y buscó proteger a la producción argentina frente a enfermedades capaces de comprometer seriamente el cultivo. Muñoz sostuvo, además, que la eliminación de la restricción difícilmente tenga impacto en los precios al consumidor porque el mercado de Salta y Jujuy representa apenas alrededor del 1,2% del consumo nacional. “Es un hecho consumado para el gobierno, de nuestra parte dimos vuelta a la página. Se hacen pensando que son decisiones regulatorias en términos comerciales, pero en definitiva esto es sanitario”, dijo.
Fernando Ortiz, productor de Salta, también cuestionó la medida y aseguró que las provincias no fueron consultadas antes de la derogación. Sostuvo que Salta y Jujuy permanecen libres de enfermedades como la Sigatoka Negra y el Fusarium Raza 4 Tropical, conocido como Mal de Panamá, y advirtió que el ingreso de fruta contaminada con restos vegetales podría favorecer la propagación de esas plagas.
En este contexto, en un posteo en su cuenta de X, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, indicó: “Ante la decisión inconsulta del gobierno nacional de modificar el régimen fitosanitario para el ingreso de bananas importadas, poniendo en riesgo a nuestra economía regional, con el gobernador de Jujuy, @carlossadirjuy, tomamos la decisión de mantener los controles necesarios en ambas provincias para cuidar la producción y minimizar los riesgos sanitarios que echen por tierra años de trabajo, esfuerzo y dedicación”. Agregó: “La defensa de la producción y las economías regionales de ambas provincias son acciones indelegables de quienes las gobernamos. Defender nuestra producción es ejercer el federalismo en el Norte profundo, postergado. Los productores y la cadena de valor tienen que estar tranquilos porque estableceremos barreras sanitarias y tomaremos todas las medidas necesarias en defensa del sector”.
Ante los cuestionamientos, autoridades del Senasa mantuvieron una reunión con productores y representantes de Salta y Jujuy para explicar los alcances de la medida. Según indicaron fuentes del organismo, “la derogación de las resoluciones no modifica los controles aplicados a la banana importada, ya que continúan las inspecciones documentales, físicas y los monitoreos en frontera”.Asimismo, señalaron que, de acuerdo con la evidencia científica disponible, el riesgo de introducir enfermedades como la Sigatoka Negra mediante fruta comercial limpia y libre de restos vegetales es muy bajo y que esas plagas se regulan principalmente en el comercio de plantas y material de propagación.
Fernando Ortiz, productor de Salta
En lo que va del año la Argentina importó 285.531 toneladas de banana, principalmente desde Ecuador, que concentra alrededor del 70% del abastecimiento externo, seguido por Bolivia y Paraguay.
Desde la Cámara Argentina de Banana y Afines (Camabana) dijeron que el mercado se encuentra actualmente abastecido y rechazaron que existieran restricciones que impidieran el ingreso de fruta importada de los mercados relevantes. Según explicaron, “hoy lo que se está importando es lo que se está demandando”. En la entidad agregaron que “el volumen importado resulta suficiente para abastecer ampliamente el consumo interno”.
