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Los ministros de Exteriores de la OTAN debatirán este jueves y viernes en la ciudad sueca de Helsingborg cómo acelerar las inversiones en defensa de la Alianza, en una reunión marcada por la presión de Estados Unidos para que los aliados europeos asuman una mayor carga en materia de seguridad y por los planes de Washington de reducir su despliegue militar en Europa.

La cita también servirá para preparar la próxima cumbre de la OTAN prevista para julio en Ankara, donde los aliados buscarán consolidar los compromisos de gasto militar, revisar el respaldo a Ucrania y analizar las consecuencias estratégicas y económicas del conflicto en Medio Oriente, en particular tras el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, explicó que el encuentro en Helsingborg, el primero que Suecia organiza desde su ingreso en la Alianza en 2024, estará centrado en la implementación de los acuerdos alcanzados en materia de inversión militar y en el fortalecimiento de la producción industrial de defensa en ambos lados del Atlántico.

“Cumplir no significa solo ajustar el presupuesto, sino garantizar que las inversiones generen capacidades, para que nuestras Fuerzas Armadas tengan lo que necesitan para disuadir y defenderse. Más defensa aérea y antimisiles, más capacidades de ataque de largo alcance, más drones, más munición y mayores reservas”, afirmó Rutte en una rueda de prensa desde Bruselas.

El jefe de la OTAN sostuvo además que el desafío no se limita al aumento de los presupuestos militares, sino también a la capacidad industrial para responder al incremento del gasto. “Los Estados miembro de la OTAN deben poder producir más rápido y a mayor escala”, señaló, aunque advirtió que la industria de defensa todavía no eleva su producción al ritmo necesario para absorber los recursos adicionales destinados por los aliados.

La reunión estará especialmente marcada por el debate sobre el futuro despliegue militar estadounidense en Europa, después de que la administración del presidente Donald Trump retirara 5.000 efectivos de Alemania y suspendiera el envío de otros 4.000 militares a Polonia, en una nueva señal de presión sobre los socios europeos para que incrementen su compromiso con la defensa común.

En ese contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participará en la reunión tras ausentarse en el último encuentro y defenderá ante los aliados la necesidad de avanzar hacia un mayor reparto de cargas dentro de la organización.

Consultado sobre la reducción progresiva de tropas estadounidenses en Europa, Rutte aseguró que el proceso no altera la estrategia defensiva de la Alianza y que se desarrollará de manera ordenada. “Sabemos que se producirán ajustes. Estados Unidos tiene que pivotar más hacia, por ejemplo, Asia, y esto ocurrirá con el tiempo de manera estructurada”, sostuvo.

El secretario general consideró que este proceso responde a un reequilibrio interno dentro de la OTAN, con una mayor participación de Europa y Canadá en materia de defensa. “Así que esto era de esperar, creo que es completamente lógico”, afirmó.

Rutte también destacó que, tras la cumbre de La Haya, todos los Estados miembro de la OTAN alcanzaron el objetivo de destinar al menos el 2% de su PIB al gasto en defensa, uno de los reclamos históricos de Washington hacia sus socios.

El respaldo a Ucrania ocupará otro de los ejes centrales del encuentro. Los ministros aliados volverán a escenificar su apoyo a Kiev en una reunión a la que asistirá el canciller ucraniano, Andrii Sybiha, invitado a participar en la cena de trabajo prevista para este jueves en el castillo de Sofiero de Helsingborg.

Según explicó Rutte, los aliados debatirán cómo garantizar una ayuda “sustancial, sostenible y predecible” a Ucrania, en función de las necesidades definidas por las autoridades ucranianas, además de revisar el funcionamiento de los mecanismos que la OTAN puso en marcha para canalizar apoyo militar urgente.

La agenda también incluirá informes sobre el progreso del Plan de Acción para la Vecindad Sur y un texto orientado a responder a acciones híbridas atribuidas a Rusia contra países aliados. Otro de los puntos del encuentro será el análisis de la situación en Medio Oriente y el impacto internacional del cierre del estrecho de Ormuz, principal ruta marítima para el transporte de petróleo.

Fuentes aliadas indicaron que una intervención directa de la OTAN para reabrir el paso no figura en la agenda, aunque Rutte confirmó que los ministros intercambiarán evaluaciones sobre la crisis y sus efectos sobre la economía global.

En ese contexto, el secretario general destacó que varios aliados, entre ellos Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania y Reino Unido ya desplazaron medios a la región con el objetivo de garantizar la libertad de navegación y mantener abierto el tránsito marítimo.

Rutte aseguró además que los aliados europeos y Canadá “han escuchado la llamada a la acción de Estados Unidos” frente a las críticas de Washington por su implicación en la crisis de Oriente Próximo.

El jefe de la OTAN también respaldó los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga armas nucleares y acusó a Teherán de intentar “tomar como rehén la economía global” con sus amenazas sobre Ormuz, una situación que definió como “un ataque directo” contra la libertad de navegación y el comercio internacional.

(Con información de Europa Press)

La baja de la inflación y la mayor disponibilidad de liquidez de los bancos impactó favorablemente en las tasas que las entidades cobran para financiar a las empresas. En apenas dos meses, el descuento de cheques pasó de un promedio de 40% a 30% anual y en el caso de operaciones con compañías de primera línea se ubica incluso abajo del 27% anual.

Sin embargo, la realidad para el público es bien distinta. Debido al pico de morosidad de los últimos meses, las tasas nominales prácticamente no se ha movido. En el caso de las tarjetas de crédito, quienes quieran financiar al vencimiento deben pagar una tasa del 88%, casi tres veces la inflación anual (que está en el orden del 32%). Cuando se agregan impuestos y otros gastos administrativos esas tasas suben con comodidad arriba del 100 por ciento.

Algo parecido sucede con los préstamos personales, que tienen tasas del orden del 67% pero que también suben significativamente cuando se calculan todos los gastos. En este caso, el agravante es que se trata de líneas de un año como mínimo, lo que genera un estrés adicional para el tomador: mientras que la inflación se espera que baje al 24% en los próximos doce meses, el deudor queda “enganchado” con una tasa fija que no responde a esa disminución de la evolución inflacionaria.

Los principales ejecutivos de los bancos en la Argentina reconocen que las tasas para individuos siguen muy altas e incluso fue uno de los reclamos que realizó en público el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero, por ahora, ninguno se animó a dar el primer paso.

Mantener muy alta las tasas de interés para prestar implica que en realidad se mantienen muy restrictivos y prefieren ir a lo seguro, aunque sea menos rentable: comprar bonos en pesos del Tesoro (por ejemplo Lecaps) o descontar cheques de empresas de primera línea aún cuando la tasa es prácticamente neutra o negativa en dólares.

Empezar a ver una baja de la morosidad será clave para que se note una disminución en la tasa de los préstamos a individuos. Por ahora, el camino va por otro lado: refinanciar las deudas impagas con mayores plazos y baja de tasas para los morosos para que puedan volver a pagar. Y crecer lentamente con la cartera de préstamos para comprobar que el mercado ya se encuentra más saneado.

La morosidad de préstamos a individuos superó el 11% en el sector bancario y en el caso de algunas fintech llegó al 25%, niveles que no se veían hace más de 20 años.

La baja de tasas puede sentirse de manera indirecta entre los individuos. Sucede que los comercios ahora tienen mayor flexibilidad para ofrecer cuotas sin interés, porque lentamente está bajando el costo financiero que deben asumir para trasladarle esa facilidad al público. “Si no ofrezco cuotas no vendo”, es una frase escuchada hace tiempo. En el caso de electrodomésticos o incluso indumentaria es la diferencia entre cerrar o no una venta.

Claramente los bancos no enfrentan problemas de fondeo, todo lo contrario. Por eso, la tasa de plazo fijo promedio ya se ubica por debajo del 20% anual, es decir son negativas en términos reales. Y la caída se profundizó en los últimos 60 días. Sin embargo, por ahora trasladan a cuentagotas ese menor costo de fondeo a las líneas de crédito.

El sistema financiero tiene además una gran liquidez en dólares. De los USD 40.000 millones de depósitos que hoy tienen los bancos solo prestaron USD 20.000 millones, la mayor parte en prefinanciación de exportaciones (corto plazo).

Existe, por lo tanto, un enorme volumen de dólares ociosos que no se prestan básicamente por falta de demanda, ya que los bancos solo pueden financiar en moneda dura e exportadores o a compañías que formen parte de la cadena de proveedores para la exportación, o sean que directa o indirectamente generen divisas.

Por las tasas de interés que pagan los bancos por tomar depósitos en moneda extranjera no pasa del 1% al 1,5% anual por plazos fijos a treinta días. “Hasta que no tengamos demanda robusta para prestar en dólares no tiene sentido que paguemos más”, aseguran los principales banqueros de Argentina.

El oficialismo se anotó este miércoles varias victorias en la Cámara de Diputados. Tras frenéticas negociaciones con un grupo de gobernadores, los libertarios lograron darle media sanción al recorte de subsidios al gas natural por Zonas Frías que permitirá un ahorro fiscal de casi $300 mil millones. Fue por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Además, La Libertad Avanza y sus aliados aprobaron la denominada Ley Hojarasca -que elimina leyes obsoletas- y una decena de tratados internacionales. Por otro lado, bloquearon sin mayores sobresaltos la convocatoria de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete Manuel Adorni a raíz de las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito.

El proyecto para modificar el régimen de Zonas Frías era el verdadero plato fuerte de la jornada y quedó como último punto del temario. Las negociaciones con las provincias continuaron durante toda la tarde y algunos diputados evitaron adelantar su voto hasta último momento. “Estuvieron pidiendo de todo, como siempre”, explicaron desde las filas libertarias.

Ayer por la tarde trascendió que la prenda de negociación que garantizó los votos fue una “compensación” para las provincias del norte por vía de subsidios a la energía eléctrica. Entre las potenciales beneficiadas por “zona cálida” se destacaban Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. Pero los gobernadores exigían garantías porque temían que la Casa Rosada luego no cumpliera con su palabra.

La votación terminó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Los libertarios contaron con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, casi todos los integrantes de Innovación Federal (un salteño se opuso), las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, la diputada del monobloque La Neuquinidad, los tres tucumanos de Independencia, la ex libertaria Lourdes Arrieta y los jujeños Jorge Rizzoti y María Inés Zigarán. Los tres diputados de Elijo Catamarca se abstuvieron.

Ahora el proyecto será girado al Senado, donde las provincias tienen aún más poder y continuarán las negociaciones con la Casa Rosada.

Qué propone la modificación del régimen de Zonas Frías

La iniciativa oficial restringe la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Por lo tanto, excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Desde la Casa Rosada aseguran que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Según datos de la Secretaría de Energía, volver al esquema original representará un ahorro fiscal de $272.099 millones. En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

Además, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.

Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Energía, el libertario Facundo Correa Llano aseguró que “durante años la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios”. “Eso nos llevó a confundir lo que es la sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios, y política energética con populismo tarifario. Los resultados están a la vista: desinversión, atraso, subsidios mal asignados y millones de argentinos pagando un sistema injusto. Ese modelo fracasó, eso es lo que hoy venimos a corregir”, explicó.

Por su parte, desde la oposición calificaron la medida como un “tarifazo” disfrazado porque representará un fuerte aumento en las boletas de las zonas que quedarán fuera del régimen. Por otro lado, señalaron que también significará un aumento para la provincias que quedaron incluídas en el régimen porque “se cambia la base del cálculo del subsidio y se deja afuera la distribución y el transporte del gas”.

A modo de ejemplo, la diputada bonaerense Marina Salzmann mostró una boleta de gas de una jubilada de Marcos Paz, que en abril pagó $26 mil y sin el subsidio pasaría a pagar $45.500 mil, “lo que significa el 11% de sus ingresos como jubilada de la mínima”. “El único que se beneficia es el ministro de Economía que quiere que le cierren las cuentas”, fustigó.

“Tómense el trabajo de leer. Si cobran hasta tres canastas básicas, si hay una persona con discapacidad, si tienen el certificado de vivienda única, van a mantener el subsidio. Quienes más lo necesiten van a recibir el subsidio. Dejen de mentir”, retrucó la sanjuanina Nancy Picón Martínez, que responde al gobernador Marcelo Orrego.

La pelea reglamentaria al inicio de la sesión

La sesión comenzó pasadas las 10 con la presencia de LLA, el PRO, la UCR, el MID, la radical disidente Karina Banfi, Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, la diputada del monobloque La Neuquinidad, los tres tucumanos de Independencia, la ex libertaria Lourdes Arrieta y la radical jujeña María Inés Zigarán que contribuyeron a conseguir el quórum de 129 presentes.

El inicio del debate transcurrió en un clima de tensión y hubo fuertes cruces entre la oposición y Martín Menem por una disputa reglamentaria, ya que la oposición también había convocado a una sesión pero a las 11 con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, para que brinde explicaciones sobre sus viajes y patrimonio.

Por eso, el peronismo propuso someter a votación una moción para que se pase a cuarto intermedio a las 11, lo que habilitaría el comienzo de la sesión opositora. Pero el libertario Nicolás Mayoraz contestó que era sabido que el oficialismo planeaba sesionar este miércoles por lo que rechazó que se haya tratado de una maniobra para obstruir la convocatoria de la oposición. En ese sentido, señaló que resulta “imposible” suspender una sesión en curso para iniciar otra.

“No hay un solo antecedente de que una sesión especial interrumpa otra en toda la historia de la Cámara”, concluyó Martín Menem. Tras un acalorado intercambio de acusaciones, finalmente el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, cambió su moción y propuso concluir la sesión vigente. Esa moción fue rechazada por 131 votos negativos contra 111 positivos, por lo que los libertarios pudieron continuar con su temario.

La ley Hojarasca que impulsó Sturzenegger

El primer proyecto de la orden del día fue la denominada ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su objetivo es eliminar 58 leyes, modificar artículos de otras ocho y derogar dos decretos porque, según el Gobierno, fueron superadas por normativas posteriores, quedaron obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo, afectan libertades individuales, generan burocracia innecesaria, refieren a organismos ya disueltos u organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Al momento de la votación, la norma obtuvo 139 votos positivos, 96 en contra y 9 abstenciones. Junto con los libertarios votaron a favor el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad y cinco diputados de Provincias Unidas (Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, José Núñez, Gisela Scaglia y Alejandra Torres).

Luego se aprobaron por amplia mayoría una serie de convenios y tratados internacionales: para el convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, suscripto en La Haya, Países Bajos, el 23 de noviembre de 2007; el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Polonia, suscripto en Buenos Aires, el 5 de diciembre de 2019; el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Costa Rica, suscripto en Buenos Aires, el 21 de marzo de 2019; el tratado sobre traslado de personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad entre la República Argentina y la República Italiana, suscripto en Buenos Aires el 8 de mayo de 2017; el tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal entre la República Argentina y la República de Serbia, suscripto en Belgrado, Serbia, el 14 de octubre de 2019; el tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre la República Argentina y la República de Cuba, celebrado en Buenos Aires, el 19 de noviembre de 2021; el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Chile, suscripto en Santiago, Chile, el 5 de diciembre de 2023; el convenio internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, 2007, celebrado en Nairobi, Kenia, el 18 de mayo de 2007; el tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales (Tratado de Medellín), celebrado en Medellín, Colombia, el 24 y 25 de julio de 2019, y su Reglamento de Financiación, aprobado el 14 de febrero de 2022, y finalmente el acuerdo marco entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, suscripto en Ginebra, Suiza, el 2 de noviembre de 2016.

También se le concedió la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate” al Brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez, por su actuación en la Guerra de Malvinas.

A fin de conseguir la media sanción al proyecto que introduce cambios en el sistema de subvenciones de la Ley de Zona Fría, el Gobierno negoció con las provincias del norte el otorgamiento de un subsidio en la boleta de luz por “Zona Cálida”, que implica un mayor gasto público y complica el ajuste que se pretendía inicialmente. Sin embargo, parte de la oposición no dialoguista alertó que la medida se implementará por una Resolución del Ministerio de Economía y que podría no cumplirse.

A pesar de que el objetivo de la iniciativa era recortar el gasto público, durante la negociación política en la Cámara de Diputados, la administración libertaria ofreció una contrapartida para sumar votos: prometió a varias provincias del norte y centro del país como Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y Santa Fe la creación de subsidios para la electricidad en zonas muy cálidas y cálidas, con un costo fiscal estimado de entre USD 71 millones y USD 95 millones anuales. La implementación de este beneficio quedaría bajo una Resolución del Ministerio de Economía, lo que genera incertidumbre sobre su cumplimiento.

El documento que el oficialismo entregó a los diputados se tituló “Resolución Bonificaciones y Bloques adicionales de verano y primavera para zonas bioambientales Ia, Ib y IIb (muy cálidas y cálidas)”. En ese texto, el Gobierno planteó un aumento de los bloques de subsidios en los meses de noviembre y marzo, al menos. Para la Zona muy Cálida (Ia y Ib), el bloque adicional sería de 300 kW/h; en la Zona Cálida (IIb), de 200 kW/h. Este mecanismo supondría un aumento en la transferencia de recursos estatales hacia las provincias involucradas.

Según pudo saber Infobae, actualmente Zona Fría genera un déficit de 485.000 millones de pesos. En tanto, de aprobarse la ley, el ahorro para las arcas del Estado sería de 272.099 millones de pesos. Según fuentes oficiales de la Secretaría de Energía, la cifra mencionada no incluye el gasto adicional de los subsidios otorgados en la boleta de gas durante la negociación, que oscila entre USD 71 millones y USD 90 millones anuales. Al tipo de cambio mayorista de $1.400, esto representa $126.000 millones, es decir, la mitad del ahorro que se buscaba.

El oficialismo impulsó un proyecto que propuso la sustitución del artículo 75 de la Ley 25.565 y del artículo 148 de la Ley 11.672, con el foco en restringir el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. El texto estableció que el fondo solo financie compensaciones a empresas proveedoras por ventas de gas natural y gas licuado de petróleo en la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. Además, incluyó la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

El proyecto determinó que el recargo para financiar el fondo podrá alcanzar hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicándose a todos los metros cúbicos comercializados por redes a nivel nacional, salvo los exportados o los inyectados por GNL importado y regasificado. También redefinió el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría, limitando la ayuda a las regiones históricas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, y dejando afuera a provincias que ingresaron con la ampliación de 2021: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras.

Es que en la extensión de 2021, el Congreso amplió el criterio a partir de parámetros bioambientales, lo que llevó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red. El fuerte crecimiento de beneficiarios tensionó el Fondo Fiduciario y llevó al Gobierno a revisar el esquema de financiamiento, con el objetivo de ajustar el gasto público y redefinir quiénes reciben el subsidio por zona fría.

El debate

La negociación política giró así sobre la base de promesas que, hasta el momento, solo existen en documentos internos y en la palabra de los funcionarios. El diputado Esteban Paulon cuestionó con dureza el procedimiento durante la sesión: “Salieron a revolear la ‘Zona cálida’, que no existe. Es un papelito, una hojita de Word que dice: ‘Zona cálida’, si acá hay gente que dio quórum pensando que en algún momento va a llegar la ‘Zona cálida’ a su provincia, suerte; si hay un gobierno mal pagador de los compromisos, es este”.

El trasfondo de la discusión muestra el dilema entre el objetivo oficial de ajustar el gasto público y la presión de los diputados -ergo sus gobernadores- para mantener o expandir los beneficios energéticos. La redefinición del Fondo Fiduciario y la limitación a las zonas históricas buscó recortar el universo de beneficiarios y aliviar el peso fiscal, pero la necesidad de obtener acuerdos en la Cámara de Diputados forzó al Gobierno a prometer nuevos subsidios para las provincias del norte.

El resultado dejó un esquema de subsidios segmentado: por un lado, zonas históricas que conservaron el beneficio en el gas a través del Fondo Fiduciario; por otro, regiones del norte que esperan la instrumentación de subsidios eléctricos, condicionados a una resolución administrativa cuya emisión y alcance todavía no están garantizados.