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  • Causa Contratos: quiénes son los testigos más relevantes que deberán declarar en un futuro juicio

    Causa Contratos: quiénes son los testigos más relevantes que deberán declarar en un futuro juicio

    Tal como informó este medio ayer, comenzó a evaluarse la evidencia que se remitirá a un futuro juicio en el marco del legajo que investiga “contratos truchos” de la Legislatura, entre 2008 y 2018. El Ministerio Público Fiscal (MPF) está ofreciendo prueba documental y testimonial.

    En este sentido, ya trascendieron los testigos más relevantes que deberán presentarse a declarar. Durante esta jornada se subrayó que se citará al ex vicegobernador Adán Bahl, quien deberá prestar testimonio por numerosos contratos realizados durante su administración al frente del Senado provincial. Al igual que él, quienes fueron secretarios y directores administrativos de las dos cámaras: Natalio Gerdau, Maximiliano Argento, Carina Ramos, Nicolás Pierini, Lautaro Schiavoni y Gerardo Daniel Pastor. Todos deberán presentarse en un futuro juicio, y en especial algunos de ellos serán indagados sobre numerosa prueba colectada en la investigación. 

    A medida que el fiscal Ignacio Aramberry fue pidiendo la incorporación de contratos como prueba para el debate, el principal defensor del juicio Miguel Ángel Cullen presentó oposición. Dijo que las cámaras nunca remitieron todos los expedientes completos de cada uno de los contratos y, por lo tanto, no es suficiente la incorporación de los mismos como instancia final de un proceso administrativo largo que no se puede mostrar completo. Cullen y otros defensores también se quejaron de la incorporación de información fiscal de personas que no están imputadas en el legajo o quedaron desvinculadas en alguna etapa previa.

    Ocurre que la Fiscalía está pidiendo la declaración varios directores de regionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actual ARCA. Se citará a Roberto Actis (Regional Paraná); Eduardo Luis Bellini (Regional Mar del Plata); Pedro Mario Majul (Regional Córdoba); Omar Pedro Fenoglio (Regional Paraná). Serán convocados para prestar testimonio en torno a información de la situación fiscal de imputados y monotributistas contratados.

    Se ofreció también el testimonio de Sebastián Mundani, jefe interino de la Sección Juicios Universales, División Jurídica de la AFIP. Además, en un principio se pidió la declaración del contador Carlos Duhalde, director de Catastro; y del escribano Ariel Pantaleón Mamone de la Dirección de Catastro, para que informen sobre partidas y matrículas referentes a personas vinculadas al proceso. Pero luego esas testimoniales y otras fueron dejadas en un impasse hasta el próximo martes. “Se solicitaron domicilios, algunos vinculados a los imputados. Deberán prestar declaración sobre más de 30 domicilios”, se adelantó desde Fiscalía. “Por ejemplo un domicilio de Alfredo Bilbao”, se acotó, subrayando la pertinencia de la información y las testimoniales ofrecidas.

    Sin embargo, la jueza de Garantías Marina Barbagelata, decidió frenar la remisión en este punto y otros más. Cuestionó que se envíe a juicio oral “un cúmulo de información que es en respuesta de un oficio”. “La respuesta va a permitir entender y recolocar el armado de las piezas. Ahora no puede ofrecerse como una bolsa todo junto”, advirtió. La magistrada reclamó a Fiscalía que haga “un gran zoom porque no todo es admisible”, hay algunos que deberá ponderarse puntualmente, por “cuestiones más complejas”. “Para tomar aquella decisión, con la colaboración de las defensas, volveremos sobre algunos puntos”, adelantó.

    Pidió volver a tratar bajo esta lógica de focalización la evidencia plasmada desde los puntos 281 al 325 del requerimiento de elevación a juicio. Esto quiere decir que el martes, los fiscales deberán volver a la audiencia con una explicación detallada acerca de por qué se pretende llevar esa evidencia a juicio, y a quiénes se llamará a declarar al respecto.

    Es que, en algunos casos, los fiscales colectaron información sobre compra de moneda extranjera, consumos, viajes, adquisición de bienes, si hubo participación en fideicomisos, si hay ingresos de fondos radicados en el país, si adquirieron máquinas o aeronaves, si son titulares de tarjetas de débito y crédito, si registran inmuebles, inicio y cese de actividades, si pagan expensas, condición actual e histórica de monotributo, fideicomisos, documentación de tránsito electrónica, declaraciones juradas de ganancias y bienes.

    Los fiscales deberán dar cuenta que esa información que pretenden remitir a juicio es referente a los imputados, y no a otras personas que no estuvieron, o ya no están implicadas en el proceso. 

    “Entiendo que la información llegó empaquetada. Pero comprendo el reclamo de las defensas en relación a observar la pertinencia en cada caso. Puedo comprender que se pida información relativa a las parejas, esposas, esposos de los imputados. Pero distinto son personas que no tienen nada que ver con el proceso. En esta audiencia haremos un zoom y vamos a seleccionar qué producir en una instancia de juicio”, avisó Barbagelata.

    También se ofreció el testimonio de Víctor Berta, director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Y se pidió la incorporación a un futuro debate de los legajos personales de Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lázzaro; Jorge Enrique De Breuil; José Javier Schneider; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada; Hernán Javier Díaz; Sergio Esteban Cardoso; Gustavo Hernán Pérez.

    También se pidió la incorporación de información remitida de la Cámara de Senadores de Entre Ríos en relación a varios particulares, entre quienes se mencionó a Luciana María Belén Almada, Alejandro Luis José Almada. Sobre este punto deberá declarar el contador Gustavo Hernán Pérez, director de Administración del Senado y el contador Bahl.

    Y en términos similares se pidió la incorporación de documentación remitida por la Cámara de Diputados de Entre Ríos a la Fiscalía, cuando se investigaron las causas del megajuicio. Son datos relacionados a Luciana María Belén Almada y Alejandro Luis José Almada, entre otros particulares sobre lo que deberá prestar declaración Nicolás Pierini. Se trata de información que se produjo en el marco de la investigación por la causa del megajuicio, en relación a contratos producidos en las cámaras. En aquel juicio desarrollado entre 2021 y 2022, por ejemplo, se ventiló que algunos contratados de la Legislatura prestaban servicios para empresas privadas, vinculadas a funcionarios del Gobierno.

    Cientos de testigos

    No solo en lo referente a la prueba documental, Fiscalía pidió la incorporación de cientos de testigos relacionados a todos los hechos investigados. Así, entre las partes y la jueza de Garantías se pudo avanzar con la incorporación de más de 200 testigos. Muchos de ellos con reserva de las defensas. Sobre ese cúmulo de testimoniales que se produjeron durante la investigación penal preparatoria, desde el martes se hará una revisión en algunos casos puntuales.  

    Nuevo defensor y la discusión sobre un pedido de exclusión probatoria

    Otras novedades de la jornada fueron la incorporación de un nuevo defensor y la discusión sobre un pedido de exclusión probatoria. Hugo Rubén González Elías asumió como defensor del imputado Jorge De Breuil. Por otro lado, el abogado Germán Fouces hizo un pedido de exclusión probatoria, de un testimonio puntual y de una pericia caligráfica derivada de ese testimonio. La decisión judicial al respecto se comunicará al final de la remisión de la causa. 

    Detalles de la causa

    En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Todos constituyeron, según la hipótesis de la acusación pública, una asociación ilícita. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.

    La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

    De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

    A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

  • Ajuste en el INTA: el Gobierno prorrogó una fecha para los retiros voluntarios porque no alcanza la meta de 1200 desvinculaciones

    Ajuste en el INTA: el Gobierno prorrogó una fecha para los retiros voluntarios porque no alcanza la meta de 1200 desvinculaciones

    El Gobierno prorrogó la fecha límite hasta el 10 de junio para adherirse al programa de retiros voluntarios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) porque los niveles de adhesión no alcanzan la meta oficial. Mientras persisten dificultades por el reconocimiento de la antigüedad del personal transitorio, crece la expectativa por la exigencia de llegar a 1200 personas, el número que buscan las autoridades, y el posible cierre de Agencias de Extensión Rural (AER). Trabajadores e investigadores advirtieron a las entidades agropecuarias sobre la pérdida de capacidades estratégicas en los territorios.

    Mientras en el Gobierno hablan de entre 600 y 650 desvinculaciones acordadas hasta el momento, desde sectores gremiales aseguran que la cifra ya rondaría los 750 trabajadores, todavía lejos de la meta de 1200 desvinculaciones. La decisión de ampliar la fecha de cierre para adherirse al esquema se dio tras una reunión con el Consejo Directivo.

    El esquema contempla un costo total que asciende a $101.717 millones, en función de la aplicación del beneficio y de la actualización de las partidas presupuestarias necesarias para su financiamiento. Hasta antes de poner en marcha el plan, el organismo contaba con alrededor de 5750 trabajadores, por lo que el objetivo oficial de alcanzar 1200 retiros implicaría una reducción cercana al 21% de la planta.

    Sin embargo, los trabajadores sostienen que las autoridades del organismo habrían recibido el pedido de elevar ese piso a 1500 retiros, aunque esto no está confirmado. Este nuevo objetivo, dijeron, solo podría lograrse mediante una medida drástica: el cierre de diversas Agencias de Extensión Rural (AER) en el interior del país. A esto se suma que uno de los principales obstáculos para sumar adhesiones sigue sin resolverse. Todavía no está definido si la Fundación ArgenINTA asumirá o no los años de Planta No Permanente (PNP) que esperan los trabajadores para poder adherir al sistema con una mejor liquidación.

    Crece la incertidumbre por el cierre de diversas Agencias de Extensión Rural (AER) en el interior del país
    Crece la incertidumbre por el cierre de diversas Agencias de Extensión Rural (AER) en el interior del paísEquipo técnico MAPHI, INTA.

    Frente a la posibilidad concreta del cierre de agencias, referentes y trabajadores del INTA comenzaron a alzar la voz para advertir a la dirigencia agropecuaria sobre las consecuencias en el terreno. Héctor Ferrario, trabajador del INTA, advirtió sobre el impacto de clausurar las AER y remarcó que “una Agencia de Extensión Rural no realiza únicamente transferencia tecnológica”. Por el contrario, explicó que allí “se construyen acuerdos, redes institucionales y soluciones territoriales concretas”.

    Además, cuestionó la idea de que la presencia física del INTA pueda ser reemplazada por asistentes virtuales o plataformas digitales. El agrónomo recordó que problemáticas complejas como sequías, inundaciones, o la falta de infraestructura y agua segura en el ámbito rural no se resuelven con aplicaciones móviles. Ante esto, propuso fortalecer y modernizar las agencias mediante un “sistema híbrido” que combine equipos territoriales especializados con nuevas herramientas tecnológicas como inteligencia artificial o drones.

    Por su parte, a través de un documento difundido internamente, Humberto Debat y la exvicepresidenta del INTA, Nacira Muñoz, describieron un impacto emocional y el desgaste de este proceso. En su texto, enfatizaron que el INTA es “una construcción colectiva profundamente federal” sostenida históricamente por trabajadores, productores y las comunidades.

    Trabajadores de INTA Castelar salieron en su momento en respaldo del organismo
    Trabajadores de INTA Castelar salieron en su momento en respaldo del organismo

    Ambos autores señalaron que “hay algo profundamente doloroso en mirar al INTA únicamente como una planilla de ajuste”. Remarcaron que el valor de la institución “se mide en soberanía tecnológica, en arraigo territorial, en conocimiento, en producción, en alimentos”. Asimismo, advirtieron que el debilitamiento del organismo impactará de lleno sobre las capacidades productivas, la innovación y las oportunidades de desarrollo para miles de productores en las diversas regiones de la Argentina.

    Desde las bases del organismo se hizo un llamado a legisladores, gobiernos locales y, fundamentalmente, a las organizaciones y entidades del campo a defender la estructura del organismo.

    Vale recordar que, según se conoció semanas atrás, la Fundación ArgenINTA podría intervenir para cubrir el costo vinculado a trabajadores de planta no permanente, aunque aclararon que el tema todavía está bajo análisis. Según indicaron en su momento fuentes cercanas a las conversaciones, el presupuesto evaluado rondaría los $2000 millones para los años de PNP de los trabajadores que asumiría ArgenINTA. La Fundación es superavitaria y está integrada por representantes del sector público, entidades agropecuarias, universidades y miembros vinculados al sistema científico y productivo del país.

    El pago, que consiste en 1,5 veces la remuneración mensual por cada año de servicio, se realizaría en una única cuota dentro de los 30 días posteriores al cese, mientras que la adhesión implicará la desvinculación del organismo desde el 15 de junio de 2026 y la imposibilidad de reingresar al sector público nacional por un período de cinco años.

  • ANUNCIO Caputo aseguró que ya se mejoraron 200 kilómetros de rutas del Mercosur

    ANUNCIO Caputo aseguró que ya se mejoraron 200 kilómetros de rutas del Mercosur

    El ministro de Economía, Luis Caputo, aseveró este viernes que ya se concretaron los trabajos de mejoras en 200 kilómetros de rutas del Mercosur en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.

    El titular del Palacio de Hacienda recalcó que las obras se realizaron “con inversión 100% privada” y fueron efectuadas “en tiempo récord“.

    “El nuevo sistema de concesiones ya está mostrando resultados concretos. En sólo 5 meses se rehabilitaron más de 200 km de las Rutas del Mercosur con inversión 100% privada, alcanzando condiciones óptimas de transitabilidad en uno de los corredores logísticos más importantes de la Argentina y de toda la región“, destacó Caputo en un mensaje publicado en su cuenta en X.

    Luego, precisó que los trabajos se realizaron sobre las rutas 12 y 14, entre Zárate (Buenos Aires) y Gualeguaychú (Entre Ríos). “Las obras estaban previstas para ejecutarse durante el primer año de contrato, pero fueron finalizadas en tiempo récord gracias al nuevo esquema concesionado“, subrayó.

    Por último, indicó que “en los próximos meses se rehabilitarán los 540 kilómetros restantes que completan la Etapa I“. “Seguiremos avanzando hacia la modernización integral de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales que integran la Red Federal de Concesiones“, anunció.

    Aumento en el peaje de Zárate

    La Dirección Nacional de Vialidad habilitó la aplicación de nuevos cuadros tarifarios en la estación de peaje Zárate, ubicada sobre la Ruta Nacional 12, tras aprobar la finalización de las obras de puesta en valor en el Tramo Oriental de la Red Federal de Concesiones.

    El nuevo esquema de precios fue publicado en el Boletín Oficial e introduce una diferenciación según el método de abono que utilicen los conductores en las cabinas de control.

    Para los vehículos encuadrados en la Categoría 0, el costo se fijó en $2.353,67 bajo la modalidad de pago automático. Por el contrario, aquellos usuarios que opten por el sistema de pase manual electrónico deberán abonar un valor total de $4.707,32 por cruce.

    Para las unidades de Categoría 1, en tanto, los valores aprobados estipulan un costo de $4.707,32 para el cobro automático y de $9.414,65 para la vía manual.

  • Súper RIGI: un gigante de Wall Street se preguntó si generará inversiones “genuinamente nuevas”

    Súper RIGI: un gigante de Wall Street se preguntó si generará inversiones “genuinamente nuevas”

    Con una inversión mínima de USD 1.000 millones, el Súper RIGI se orienta puntualmente a “nuevas actividades económicas”. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

    Tras la presentación del Súper RIGI por parte del Gobierno, el banco JP Morgan analizó el proyecto y aseguró que es superior al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones Original (RIGI) en términos de beneficios, aunque planteó dudas sobre su eficacia para atraer nuevos capitales genuinos. De todos modos, sostiene que abre la puerta a transformar la composición de la canasta exportadora.”

    Llamado formalmente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, la iniciativa tiene como objetivo declarado promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones, favorecer la creación de empleo y fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales.

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    Con una inversión mínima de USD 1.000 millones, el esquema se orienta puntualmente a “nuevas actividades económicas”, entendidas como todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, “con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”. Por ese aspecto, para JP Morgan, el alcance del plan es “acotado y preciso”.

    En su último informe a clientes, el banco precisó que la propuesta tiene relevancia en tres dimensiones:

    • Extiende la arquitectura de incentivos a sectores como infraestructura de IA, semiconductores y biotecnología avanzada, áreas en las que Argentina ha estado históricamente ausente de las cadenas globales de valor
    • Mejora sustancialmente las condiciones fiscales y regulatorias respecto del RIGI base
    • Evita la superposición con el RIGI existente, estableciendo reglas de exclusión claras para proyectos que se solapen

    En cuanto a las implicancias macroeconómicas, JP Morgan señaló: “La pregunta analítica central es si el Súper RIGI generará inversión genuinamente nueva o simplemente redirigirá proyectos existentes hacia un régimen más favorable. El diseño se inclina fuertemente hacia la adicionalidad”.

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    JP Morgan señaló: “La pregunta analítica central es si el Súper RIGI generará inversión genuinamente nueva o simplemente redirigirá proyectos existentes hacia un régimen más favorable"

    A su vez, creen que los costos fiscales probablemente serán menores a lo que sugieren sus críticos, dado que el régimen apunta a sectores donde Argentina actualmente cuenta con escasa o nula base imponible, “lo que implica que el Estado no está resignando ingresos existentes sino intentando crear nueva recaudación”.

    “El camino político, sin embargo, resulta más complejo que el del RIGI original, que fue aprobado como parte de un paquete legislativo más amplio. Se espera que la oposición se concentre en las restricciones fiscales provinciales, las disposiciones de arbitraje y la percepción de un sesgo favorable a los inversores extranjeros. Aun así, la aprobación sigue siendo el escenario base”, afirmó el banco.

    Los analistas de la entidad consideraron también que el Súper RIGI es un instrumento de política “bien diseñado y estructuralmente superior al RIGI original en términos de incentivos por proyecto”, resaltando puntos como la alícuota del 15% al Impuesto a las Ganancias, la reducción de contribuciones patronales, el traslado ilimitado de quebrantos, la plena libertad cambiaria desde el inicio, la exención a los derechos de exportación e importación, un horizonte de estabilidad de 30 años y el acceso al arbitraje internacional sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa. Esta última, junto a otras protecciones jurídicas, refuerzan la credibilidad.

    JP Morgan consideró que el Súper RIGI es un instrumento de política “bien diseñado y estructuralmente superior al RIGI original en términos de incentivos por proyecto”. REUTERS/Eduardo Munoz

    En suma, celebraron la inclusión de disposiciones alineadas con las reglas del Pilar Dos de la OCDE, ya que garantiza que los incentivos no sean neutralizados por mecanismos de impuesto mínimo global.

    Destacaron que “la tributación sobre dividendos se reduce progresivamente a lo largo del tiempo, impulsando la reinversión temprana, mientras que las pérdidas pueden trasladarse a ejercicios futuros de manera indefinida”.

    Son innovaciones que, para JP Morgan, “abordan obstáculos reales para atraer inversión en industrias de frontera en el actual entorno global de asignación de capital”.

    El reporte concluyó: “Los riesgos centrales son políticos, no económicos, dado que el historial legislativo de la Argentina en materia de reformas favorables a la inversión es dispar. De ser aprobado, no obstante, la primera generación de proyectos bajo el Súper RIGI —probablemente en infraestructura de datos, hidrógeno verde o química de especialidad— representaría un cambio estructural genuino en la composición exportadora argentina”.

  • Javier Milei recibió a una delegación clave de EE.UU. por su relación con el Tesoro: patentes, alineación y RIGI para la salud sobre la mesa

    Javier Milei recibió a una delegación clave de EE.UU. por su relación con el Tesoro: patentes, alineación y RIGI para la salud sobre la mesa


    Mientras se analiza la posibilidad de realizar viaje número 17 a los Estados Unidos para participar de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia de ese país, Javier Milei dio un nuevo paso en su estrategia de máxima cercanía con Washington.

    El Presidente recibió este viernes en la Casa Rosada a una delegación de miembros del influyente Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

    Javier Milei con representantes de Estados Unidos, Peter Lamelas y Pablo Quirno

    No se trató de una visita protocolar más. El Comité de Asignaciones Presupuestarias es el encargado de redactar las leyes que autorizan al Tesoro de los Estados Unidos a gastar el Presupuesto y ejerce un control sobre la ejecución presupuestaria.

    Donald Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent han sabido encontrar herramientas para ayudar al gobierno de Javier Milei, como quedó demostrado con el Swap de US$ 20 mil millones para la Argentina antes de las elecciones de 2025 o con el giro de DEGS -la moneda del FMI- para que el país cumpliera sus obligaciones con el organismo de crédito multilateral.

    Delegación de legisladores de EE.UU. en la Rosada. Foto: Enrique García

    Entre los legisladores estadounidenses se contó a Mario Díaz-Balart, representante de Florida, republicano y titular del SFOPS (el subcomité a cargo de las Operaciones Extranjeras) que supervisa la colaboración estadounidense diplomática que se traduce en acuerdos económicos, estratégicos y militares de Estados Unidos con países extranjeros.

    Del encuentro en Balcarce 50 participaron el embajador Peter Lamelas y el canciller argentino Pablo Quirno.

    La mayoría de los integrantes de la comitiva eran republicanos, aunque no todos. Estuvieron entre ellos Henry Cuellar, representante demócrata por Texas, y Erin Kolodjeski, que trabaja formalmente para la bancada demócrata del Comité de Asignaciones.

    Entre los legisladores de la bancada republicana -que en noviembre pondrá en juego su mayoría en las dos cámaras- se contaron además Andy Harris (Maryland), Chuck Edwards y David Rouzer (Carolina del Norte) y Jay Obernolte (California).

    También participó el médico tratante del Congreso y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Dr. Brian Monahan.

    En la previa de su visita a la Casa Rosada, los representantes de los Estados Unidos estuvieron en Mendoza con empresarios locales y la vicegobernadora Hebe Casado, muy cercana a Patricia Bullrich. “Estados Unidos es un socio estratégico para el crecimiento de nuestra provincia y estos encuentros son fundamentales para seguir fortaleciendo vínculos, atraer inversiones y abrir nuevas oportunidades para los mendocinos”, escribió la compañera de fórmula de Alfredo Cornejo.

    Los dirigentes estadounidenses también mantuvieron una agenda activa con actores clave del empresariado y la dirigencia política argentina, pero evitaron dar precisiones sobre sus interlocutores, por ahora. Lamelas supervisa también el proceso de licitación de la Hidrovía, por donde sale el 80 por ciento de las exportaciones argentinas.

    El RIGI de los laboratorios extranjeros en Argentina

    El alineamiento estratégico de Milei con Estados Unidos no es el único tema que giró alrededor de la hermética reunión. El Gobierno tuvo que suavizar y paralizar su proyecto sobre patentes que lleva la firma de Federico Sturzenegger y había enviado al Congreso después del reclamo de los laboratorios argentinos, que encuentran eco en el ministro de Salud Mario Lugones. La Argentina se había comprometido a avanzar en esa dirección tras la firma del acuerdo de comercio entre ambos países.

    Javier Milei y Mario Lugones con representantes de los laboratorios

    Tras la rúbrica del acuerdo comercial con Estados Unidos, Washington sacó a la Argentina de la “lista negra” de países que no respetan la propiedad intelectual después de 25 años.

    El Presidente y Lugones cosecharon el guiño a los laboratorios argentinos y también de los internacionales que operan en el país.

    El Presidente y el jefe de la Cartera de Salud se reunieron este viernes con delegados de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a laboratorios extranjeros que operan en el país, que anunciaron una inversión de US$ 8000 millones en el marco del RIGI para investigación clínica durante los próximos seis años, según adelantaron fuentes oficiales.

    Del encuentro con el Presidente y Lugones participaron representantes de Roche, Bristol Myers Squibb, Novartis, Francisco García; Glaxo, Sanofi y Pfizer.

    “Este acuerdo es un hito para la salud y la ciencia en Argentina. No solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo”, sostuvo Gastón Domingues Caetano, titular de CAEMe, que también estuvo presente a través de un comunicado.

    El propio Lugones había celebrado días atrás con la sigla TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan), en redes. “La propuesta es motivada por la consolidación de un contexto de previsibilidad y respeto a la propiedad intelectual impulsado por el Gobierno”; se envalentonaron desde el Gobierno.

    El alineamiento con el sector es tal, que en la foto que el Presidente se tomó con los representantes de CAEMe colocaron la motosierra con la inscripción de Las Fuerzas del Cielo arriba de la mesa.

    El dueño del topacio azul más grande del mundo

    El gemólogo Maurice Ostro, en la Rosada. Foto: Enrique García

    En la previa de ambos encuentros, el Presidente recibió al empresario británico Maurice Ostro. Se trata de un gemólogo y filántropo británico, famoso por sus negocios vinculados a las piedras preciosas, y las inversiones en logística, joyería y alimentos, entre otros rubros.

    Su padre Max encontró el topacio azul más grande del mundo, durante una expedición en el Amazonas, en Brasil, en 1986. La piedra preciosa de 2 kilos y 9.381 quilates se exhibe desde 2016 en el Museo de Historia Natural de Londres.

    Como informó La Nación y figura en el registro de regalos de Presidencia, Milei tiene gemelos y una pulsera hechas con un fragmento de la piedra, que le regalaron después de una reunión con Oslo en la que participó Ostro.

    El mandatario argentino se mostró hiperactivo mientras sigue celebrando el índice más bajo del Riesgo País desde su asunción en 2023 y dialogó por teléfono con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, horas después de que Manuel Adorni informara la importación de nuevos vehículos Unimog fabricados en ese país por Mercedes Benz para el ejército argentino.

  • Avanza una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra un ex gobernador del PJ y allanan a un empresario cercano

    Avanza una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra un ex gobernador del PJ y allanan a un empresario cercano


    La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional del PJ, Gustavo Bordet, sumó nuevos allanamientos y avanzó sobre empresarios señalados por la Justicia como posibles piezas clave en el entramado patrimonial bajo análisis.

    Por orden del Juzgado de Garantías de Entre Rios y a pedido del fiscal José Arias, personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia realizó este jueves cuatro procedimientos simultáneos en distintos puntos de esa ciudad. Los operativos fueron en comercios y propiedades del empresario Salvador Carubia, quien aparece mencionado en la causa como presunto testaferro del ex mandatario provincial.

    Los allanamientos se concretaron en dos sucursales de la firma Colorshop, ubicadas sobre avenida San Lorenzo Este y en la esquina de Urquiza y Salta, además del local Super Color, sobre avenida Independencia. El cuarto procedimiento se realizó en una vivienda de Carubia en el barrio privado Altos de Zorraquín, en el norte de Concordia. Allí los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

    La causa tiene como eje determinar si durante los años en que Bordet ocupó cargos públicos existió un crecimiento patrimonial incompatible con sus ingresos declarados. La investigación está centrada en reconstruir operaciones inmobiliarias, movimientos económicos y posibles mecanismos de ocultamiento de bienes a través de terceros.

    Uno de los elementos que fortaleció la línea investigativa sobre Carubia surgió durante los allanamientos realizados semanas atrás en propiedades vinculadas directamente a Bordet. En esos procedimientos, efectuados en la vivienda familiar del ex gobernador sobre calle Urquiza, en una propiedad lindera y en la residencia que posee en el barrio cerrado Village Termal de Villa Zorraquín, los investigadores detectaron mobiliario de alta gama fabricado por la empresa Johnson.

    Según consta en la investigación fiscal, una distribuidora de esa marca en Concordia aportó facturas que indicarían que los muebles fueron adquiridos entre 2016 y 2019 por Salvador Carubia y por la firma GRUPPA 3 SRL. Sin embargo, las entregas habrían sido realizadas en domicilios utilizados por Bordet. Esa documentación pasó a integrar el expediente y es considerada uno de los indicios que la fiscalía busca profundizar para determinar si existieron maniobras destinadas a disimular bienes o gastos del ex gobernador mediante terceros.

    Carubia también aparece vinculado a otra operación bajo análisis judicial. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, él y su esposa adquirieron a Bordet un terreno ubicado en el denominado loteo Mena-Beckman, sobre avenida Chajarí y San Lorenzo. Ese dato despertó interés de los investigadores debido a que Hugo Mena y Flavia Beckman se encuentran imputados en la denominada causa Contratos de la Legislatura entrerriana.

    Los nuevos procedimientos se suman a una serie de medidas ordenadas durante mayo por la Justicia entrerriana. A comienzos de mes ya habían sido allanadas propiedades directamente vinculadas a Bordet y a su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila. En esa oportunidad, los operativos incluyeron la residencia familiar de Concordia y una quinta ubicada en Villa Zorraquín.

    La investigación se encuentra bajo la órbita del fiscal José Arias y es supervisada por el Juzgado de Garantías que autorizó las medidas de prueba. El expediente busca establecer si existió enriquecimiento ilícito y si parte de los bienes, construcciones o inversiones atribuidas al entorno de Bordet fueron adquiridas mediante mecanismos de ocultamiento patrimonial.

    Hasta el momento, Bordet rechazó las acusaciones y sostuvo que todo su patrimonio se encuentra debidamente justificado.

  • En medio del conflicto por las patentes, Milei recibió a legisladores de EEUU y anunció una inversión de USD 8.000 millones

    En medio del conflicto por las patentes, Milei recibió a legisladores de EEUU y anunció una inversión de USD 8.000 millones

    Javier Milei junto a la delegación del Congreso de los Estados Unidos

    Javier Milei recibió esta mañana en la Casa Rosada a una delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos vinculada al entorno de Donald Trump, en un nuevo gesto de acercamiento político y diplomático. El encuentro se produjo en un momento en que el gobierno argentino frenó el tratamiento legislativo de la ley de patentes como moneda de negociación con Washington y en el que los laboratorios argentinos ejercen presión para relativizar esa aplicación.

    En ese marco, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) que representa a empresas farmacéutircas de innovación en el país, le comunicó durante una audiencia en Balcarce 50 al jefe de Estado y el ministro de Salud, Mario Lugones, una intención de inversión por USD 8.000 millones.

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    Visita de una delegación del Congreso de EEUU

    La comitiva estuvo encabezada por el congresista Mario Díaz-Balart, a quien el gobierno considera una figura influyente en política exterior y América Latina dentro del Congreso estadounidense. El legislador republicano expresó públicamente su respaldo a Milei en distintas oportunidades desde el inicio de la gestión.

    La delegación incluye además a los republicanos Andrew Harris (Maryland), Chuck Edwards y David Rouzer (Carolina del Norte) y Jay Obernolte (California), al demócrata Henry Cuellar (Texas), al médico del Capitolio Brian Monahan y a las funcionarias Susan Adams y Erin Kolodjeski, vinculadas a la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

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    Más tarde, el grupo de legisladores y dirigentes norteamericanos tenían agendado un almuerzo con el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el secretario de Minería, Luis Lucero, en la Embajada de Estados Unidos. “La visita subraya la sólida asociación entre los Estados Unidos y Argentina y el compromiso del Congreso de EE.UU. con su participación activa en la región”, se limitaron a informar desde la comunicación del embajador Peter Lamelas.

    La reunión ocurre en plena tensión bilateral por el tratamiento del Patent Cooperation Treaty (PCT), el acuerdo que el gobierno argentino firmó con la administración Trump en febrero de este año. Luego de que la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados obtuviera dictamen para debatir el tratado en el recinto, la gestión libertaria paralizó el proceso.

    Aunque el Gobierno la considera importante, la decisión responde a una jugada estratégica: preservar el tema como herramienta de negociación frente a los enviados de Trump, quienes mantienen activas las exigencias de cumplimiento del acuerdo.

    Federico Sturzenegger en traje habla en podio. Detrás, pantalla con "ECONOMÍA REAL Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA" y su retrato con nombre

    El PCT impone, entre sus condiciones, la vigencia por 20 años del registro de patentes en los 158 países miembros. Transcurrido ese plazo, otras empresas pueden producir el producto con modificaciones leves, una cláusula que los laboratorios nacionales consideran una amenaza directa ante la posible expansión del monopolio de grandes firmas internacionales. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) advirtió al gobierno sobre los riesgos de aprobar el Capítulo II del tratado, que habilita un examen preliminar internacional con opinión no vinculante sobre las invenciones, mecanismo rechazado por la industria local. Desde hace meses, las compañías ejercen presión sobre gobernadores, legisladores y dirigentes para frenar la discusión en el Congreso.

    Dos semanas antes del encuentro de hoy, el secretario de Modernización Alejandro Cacace viajó a Washington para reunirse con representantes del gobierno trumpista y les informó la imposibilidad de obtener el apoyo político necesario para aprobar el tratado sin reservas.

    El trasfondo de estas negociaciones se vio alterado por un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló la decisión unilateral de Trump de aplicar aranceles a productos extranjeros. El máximo tribunal determinó que la potestad para imponer nuevas tasas a la importación corresponde exclusivamente al Congreso, lo que obligó al Estado norteamericano a devolver 166.000 millones de dólares a importadores. La resolución debilitó la posición negociadora de Washington y abrió margen para que el gobierno argentino introdujera modificaciones al tratado.

    En ese contexto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) habilitó nuevas patentes como señal de buena voluntad hacia los interlocutores estadounidenses, un gesto que, según informó un artículo en Tiempo Argentino, colaboró para distender parcialmente la relación. Aun así, la gestión trumpista hizo saber su malestar por el cambio unilateral en la implementación del acuerdo firmado a comienzos de año.

    Tal y como informó Infobae, el Gobierno considera al PCT como una de las iniciativas más importantes dentro de su cartera de proyectos junto a la reforma electoral y el Súper RIGI. Sin embargo, las trabas políticas hacen que no se prevea su tratamiento hasta después del receso legislativo de invierno.

    Anunció de inversión de farmacéuticas

    La visita de la delegación legislativa estadounidense de hoy se inscribe en un tablero promisorio. Una hora más tarde, Milei recibió al presidente de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Gastón Domingues Caetano, quien le presentó una iniciativa de inversión por USD 8000 millones en investigación clínica, innovación y desarrollo económico en el país.

    “CAEMe promoverá que sus laboratorios asociados realicen una inversión total acumulada de USD 8.000 millones en investigación clínica durante los próximos seis años. Esta iniciativa busca potenciar aún más a esta actividad que hoy ya representa cerca del 50% de la inversión privada total en I+D del sector empresario argentino, generando un mayor ingreso genuino de divisas al país. De cada 10 dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales de I+D, 9,5 corresponden a Investigación y Desarrollo clínico”, informó la cámara a través de un comunicado oficial.

    Javier Milei, Mario Lugones y los integrantes de CAEMe

    En el Gobierno informaron que las empresas nucleadas tienen la intención de impulsar un programa de inversión en investigación clínica por ese monto durante los próximos seis años. “La propuesta es motivada por la consolidación de un contexto de previsibilidad y respeto a la propiedad intelectual impulsado por el Gobierno nacional”, afirmaron.

    Desde CAEMe marcaron que “Argentina tiene una ventaja competitiva” a partir del capital científico en áreas como la farmacéutica y las biofarmacéuticas. En la actualidad, las compañías asociadas generan 9.000 empleos directos y más de 20.000 de forma indirecta.

  • Fiscal aseguró que buscan a Agostina “con y sin vida” y profundizan rastrillajes

    Fiscal aseguró que buscan a Agostina “con y sin vida” y profundizan rastrillajes

    La búsqueda de Agostina Vega continúa concentrando un amplio despliegue policial y judicial en la provincia de Córdoba. Este viernes, el fiscal Raúl Garzón brindó nuevas precisiones sobre la investigación y aseguró que la causa avanza a partir de evidencias concretas, mientras se intensifican los procedimientos para determinar qué ocurrió con la adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado pasado.

     

    “La buscamos viva y la buscamos sin vida también”, afirmó el funcionario judicial al referirse al trabajo que desarrolla la fiscalía, una declaración que reflejó la complejidad y la gravedad del caso, publicó Cadena 3.


    Fiscal Raúl Garzón (foto Cadena 3)

    Fiscal Raúl Garzón (foto Cadena 3)


    Garzón explicó que la investigación mantiene su foco principal en la ciudad de Córdoba y remarcó que se están realizando allanamientos y medidas simultáneas en distintos sectores de la capital provincial.

     

    “No es este el único lugar donde se trabaja. Se está trabajando en muchos lugares al mismo tiempo”, indicó el fiscal, quien sostuvo que cada nueva prueba obtenida permite profundizar otras líneas investigativas.



    Una investigación basada en pruebas

     

    El fiscal rechazó que la búsqueda se realice sin rumbo definido y aseguró que todas las medidas adoptadas responden a criterios técnicos y científicos. “Somos metódicos y científicos”, enfatizó al describir la metodología aplicada por los investigadores.

     

    En ese sentido, consideró que el paso de los días no debilitó la pesquisa sino que permitió reunir mayores elementos para acercarse a la verdad. “Normalmente se dice que el tiempo que pasa, la verdad huye. Y esta es la excepción: el tiempo que pasa, la verdad se acerca”, expresó.


    Nuevos allanamientos este viernes en la casa de Claudio Barrelier (foto La Voz)

    Nuevos allanamientos este viernes en la casa de Claudio Barrelier (foto La Voz)


    Las declaraciones fueron realizadas durante un procedimiento desarrollado en las inmediaciones de la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento en la causa.



    El vehículo que se transformó en una pieza clave

     

    Uno de los aspectos más relevantes revelados por Garzón fue la existencia de un vehículo que actualmente ocupa un lugar central dentro de la investigación. “El tema de un auto sí, se está investigando un vehículo particularmente. Es importante para la causa”, confirmó.

     

    Según explicó, el automóvil aportó información relevante para reconstruir los movimientos vinculados a la desaparición de la adolescente y forma parte de las nuevas medidas impulsadas por la fiscalía.



    Asimismo, sostuvo que las evidencias reunidas hasta ahora permiten concluir que la joven que aparece en los registros de cámaras de seguridad ingresando junto al detenido corresponde efectivamente a Agostina. “Todo indica a este fiscal que es Agostina”, afirmó.

     

    Garzón también aseguró que la fiscalía logró reconstruir detalladamente los movimientos posteriores al ingreso de la adolescente al domicilio ubicado en barrio Cofico.

     

    “No le quepa ninguna duda que la Fiscalía lo ha hecho del minuto que entró hasta que fue detenido el autor”, señaló.



    Defensa del operativo de búsqueda

     

    El funcionario judicial defendió además el trabajo realizado por la Policía y la Justicia desde que se denunció la desaparición. “La investigación comenzó como se debe y continuó como se debe”, sostuvo en respuesta a los cuestionamientos formulados por familiares de la adolescente.

     

    Garzón explicó que desde el primer momento se activó el protocolo correspondiente para personas desaparecidas y destacó que actualmente participan recursos provinciales y nacionales. “Está toda la Policía de Córdoba abocada a Agostina. Está la Fiscalía abocada a esto. Se cuentan todos los recursos de la provincia y hasta diría de la Nación”, manifestó.


    Agostina Vega / Claudio Barrelier

    Agostina Vega / Claudio Barrelier


    Respecto a la activación del Alerta Sofía, indicó que la medida fue dispuesta cuando las evidencias permitieron establecer que existía una situación de riesgo concreto para la menor.

     

    Además, aseguró que los controles fronterizos fueron reforzados y afirmó que hasta el momento no existen indicios de que Agostina haya salido del país.



    Más personas bajo la lupa

     

    El fiscal confirmó que Barrelier volvió a declarar ante la fiscalía durante más de dos horas y media y señaló que ya se realizaron decenas de allanamientos y más de un centenar de medidas procesales.

     

    También recordó que el imputado había estado involucrado anteriormente en una causa por privación ilegítima de la libertad.

     

    Consultado sobre la posibilidad de que otras personas hayan participado en los hechos investigados, Garzón evitó brindar detalles, aunque dejó abierta esa hipótesis. “No me animo a decir que haya actuado solo”, concluyó.

     

    Mientras continúan los rastrillajes y las medidas judiciales, la causa permanece bajo secreto de sumario y la búsqueda de Agostina sigue siendo una prioridad para las autoridades cordobesas.

  • Llaman a concurso para conformar la Fiscalía Anticorrupción: cuáles son las causas que deberá llevar adelante

    Llaman a concurso para conformar la Fiscalía Anticorrupción: cuáles son las causas que deberá llevar adelante

    El Consejo de la Magistratura llamó a concurso público de antecedentes y oposición para cubrir cuatro cargos y conformar así la postergada Fiscalía Anticorrupción del Poder Judicial entrerriano.

    Para el cargo de fiscal anticorrupción se designó un jurado técnico integrado por la camarista Marcela Badano, el abogado Rubén Gallardo y la académica Gilda Maltas, según se publicó en el Boletín Oficial de este viernes.

    Para el concurso del cargo de fiscales adjuntos de Paraná y Concordia el jurado estará compuesto por el fiscal Gamal Taleb, el abogado Humberto Franchi y el académico Mariano Martínez.

    Por último, para concursar el cargo de fiscal auxiliar de la Fiscalía Anticorrupción con asiento en Paraná, el jurado estará compuesto por el fiscal José Arias, el abogado Andrés Arias y el académico Martín Lorat.

    La inscripción para los concursos estará abierta desde el 16 de junio al 20 de julio de 2026.

    La Fiscalía Anticorrupción se incluyó en el artículo 208 de la Constitución provincial en la reforma realizada en 2008. Fue creada por ley en 2022 y un primer llamado a concurso para cubrir los cargos se vio interrumpido a raíz de impugnaciones impulsadas por el fiscal José Arias, que se anotó para el cargo y hoy figura como jurado.

    El organismo tiene a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Promoverá la investigación de la conducta de los funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado provincial, municipal y comunal incluyendo empresas y sociedades de todas las esferas del gobierno. Su actuación comprende a personas que, no formando parte del Estado, hayan obrado como partícipes o encubridores.

    Causas pendientes

    Una vez integrada, hay numerosas causas judiciales en curso de las que deberá ocuparse la Fiscalía Anticorrupción.

    Por el delito de enriquecimiento ilícito están siendo investigados, entre otros, los ex gobernadores Gustavo Bordet y Sergio Urribarri, el ex senador nacional Edgardo Kueider, el ex ministro Pedro Báez, el ex presidente de la Caja de Jubilaciones Daniel Elías, los ex senadores provinciales Aldo Ballestena y Hernán Vittulo, el intendente de Santa Elena y ex vicegobernador Domingo Rossi (también imputado por peculado) y los ex presidentes de Sidecreer Juan Canosa y Nelio Calza.

    También están en curso las causas por el desvío de fondos de la Legislatura conocidas como Contratos 1 y 2 y sigue pendiente de resolución la investigación por negociaciones incompatibles con la función pública del ex diputado y actual secretario general de UPCN José Allende.

    Motorizadas en la actual gestión, están las causas por desvío de fondos de la Dirección de Comedores Escolares y del programa Jóvenes Emprendedores y también la que investiga irregularidades en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), entre otras.

  • Gesto de Lula: Brasil resolvió no aplicar medidas antidumping contra los lácteos argentinos

    Gesto de Lula: Brasil resolvió no aplicar medidas antidumping contra los lácteos argentinos

    Después de varios meses de gestiones diplomáticas, presentaciones técnicas y una estrategia conjunta con Uruguay para refutar las acusaciones de competencia desleal, la Argentina recibió una definición clave de Brasil en la investigación por presunto dumping en las importaciones de leche en polvo. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que existieron prácticas consideradas desleales, con márgenes que en el caso argentino llegaron hasta el 60% y, en el uruguayo, rondaron el 50%. Sin embargo, en una “decisión de equilibrio” político y económico, resolvió suspender de manera inmediata la aplicación de los derechos antidumping contra ambos países.

    Esta decisión, según confirmó el Gobierno de Brasil, a través de su Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior (Gecex-Camex), se da mientras evalúan “posibles impactos” que la medida podría tener sobre los precios de los alimentos en el mercado interno. La suspensión inmediata de los aranceles punitivos rige desde la decisión adoptada por el Gecex en su reunión de ayer. Brasil investigó las importaciones de leche en polvo provenientes de la Argentina y Uruguay correspondientes al período comprendido entre 2021 y 2023, mientras que el proceso formal de investigación se abrió en diciembre de 2024.

    En rigor, el Comité Ejecutivo aprobó formalmente la imposición de derechos antidumping definitivos para las importaciones de leche en polvo originarias de la Argentina y Uruguay, pero la medida quedó “congelada cautelarmente” por razones de “interés público”, se conoció.

    Brasil suspendió su aplicación hasta completar un análisis sobre sus efectos en el mercado brasileño
    Brasil suspendió su aplicación hasta completar un análisis sobre sus efectos en el mercado brasileñopics five

    La resolución publicada en el sitio oficial del gobierno brasileño representa un reconocimiento técnico al planteo impulsado por los productores brasileños, que desde hace meses denuncian que “las importaciones desde ambos países ingresan al mercado brasileño a precios artificialmente bajos”. La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) presentó la denuncia formal en nombre de los productores. En ella habían argumentado que esta práctica afectaba la rentabilidad de la cadena láctea local.

    Sin embargo, tras la resolución y de acuerdo con fuentes al tanto de la investigación, la resolución deja en evidencia el delicado equilibrio que busca mantener el gobierno brasileño entre la protección industrial y el control de la inflación de los alimentos.

    Según explicó el Gecex, ahora se abrirá un proceso específico de evaluación para determinar si la eventual aplicación efectiva de esos aranceles adicionales terminaría beneficiando realmente a los productores locales o si, por el contrario, provocaría una suba de precios para los consumidores brasileños.

    Tal como había anticipado LA NACION en abril pasado, el Departamento de Defensa Comercial (Decom) brasileño ya había emitido una “nota técnica” preliminar donde concluía que existían evidencias suficientes de prácticas desleales en las exportaciones de leche en polvo provenientes de la Argentina y Uruguay.

    En el informe aparecían un listado de empresas argentinas afectadas por la decisión de Brasil
    En el informe aparecían un listado de empresas argentinas afectadas por la decisión de Brasil Archivo

    En ese documento de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC) de Brasil, determinó que las empresas exportadoras de ambos países operaron con márgenes de dumping que oscilan entre el 3,7% y el 61,4%. Según el informe, el volumen de las importaciones provenientes de ambos países “creció un 144,5% en el período analizado”, que ingresaron al mercado brasileño con “precios por debajo de los costos de producción locales”. Aunque también aclararon que otros orígenes registraron subas aún mayores, de hasta un 240%, “proporcionalmente mayor a las investigadas”.

    En tanto que el Decom destacó que se identificó que esta situación impidió a la industria doméstica brasileña ajustar sus precios frente al aumento de los costos operativos. La CNA destacó que esta práctica resultó en una caída de la rentabilidad y un deterioro de los indicadores financieros de los tambos en Brasil.

    En el caso de investigación de presunto dumping de la Argentina aparecen firmas como Mastellone Hnos. (La Serenísima), Noal SA, Gloria Argentina, L3N SA. Sin embargo, el expediente incluye a un amplio conjunto de exportadores, que forman parte del universo de compañías bajo análisis, ya sea por su participación en las exportaciones o por haber intervenido en el proceso con presentaciones propias.

    Por el lado de Uruguay, la investigación incluyó a Conaprole—la principal cooperativa láctea del país— junto con Estancias del Lago y Claldy y la exportadora Alimentos Fray Bentos.

    Para el Comité, la leche en polvo es "similar" a la leche fluida
    Para el Comité, la leche en polvo es “similar” a la leche fluida marcelo-aguilar-4503

    Uno de los ejes centrales de la discusión fue la definición de “producto similar”. Brasil convalidó el argumento de que la leche en polvo y la leche fluida forman parte de una misma dinámica competitiva porque la primera puede reconstituirse y sustituir usos industriales y comerciales de la segunda. Sobre esa base, el Decom entendió que las importaciones investigadas podían generar daño sobre toda la cadena láctea brasileña, incluyendo a los tambos.

    La Argentina y Uruguay rechazaron esa interpretación desde el inicio. Ambos países sostuvieron que se trata de mercados distintos, con estructuras de costos diferentes, y advirtieron que la investigación brasileña podría entrar en conflicto con normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

    Más allá de la resolución sobre los lácteos, la reunión del Gecex también dejó definiciones económicas más amplias vinculadas a la política industrial y exportadora de Brasil. Reconoció el reclamo de sus productores, aunque decidió priorizar, al menos por ahora, evitar un impacto sobre la inflación y el precio de los alimentos.