Moscú fue escenario durante la última jornada del mayor ataque de drones ucranianos de los últimos años, con más de 500 artefactos lanzados durante la madrugada de este domingo, según informaron las autoridades locales.
Los servicios “de defensa aérea interceptaron y destruyeron 556 drones ucranianos” sobre 14 regiones rusas, así como sobre la anexionada Crimea y los mares Negro y de Azov, declaró el Ministerio de Defensa en la red social rusa Max.
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, justificó la ofensiva como un intento de forzar a Rusia a detener la guerra. La capital rusa cuenta con una red de sistemas escalonados de defensa antiaérea que impide prácticamente el paso de cualquier amenaza aérea, pero varios drones ucranianos lograron superarla, provocando la muerte de al menos tres civiles y heridas a 16 personas en Moscú y su región, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades rusas.
En el distrito Starbéevo de Jimki, ciudad satélite de Moscú, una mujer murió tras el impacto de un dron contra una casa, y otro hombre quedó atrapado bajo los escombros, según informó el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, en la red social MAX. También indicó que dos hombres murieron en la localidad de Pogorelki, en Mitischi, tras la caída de los restos de un dron sobre una casa en construcción. Además, los drones causaron daños en varios edificios y viviendas de las ciudades de Krasnogrosk e Istra, al oeste de Moscú, hiriendo a tres hombres y una mujer. Una casa se incendió en la localidad de Subbótino, en el distrito Naro-Fominsk, al suroeste de la capital rusa.
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El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, comunicó que doce personas resultaron heridas, la mayoría empleados de la refinería de Moscú. Precisó que, tras el impacto de los drones, la mayoría de los heridos se encontraban frente a la entrada de la refinería y que el proceso tecnológico de la planta no se interrumpió. La agencia EFEconstató durante la madrugada la presencia de al menos dos drones ucranianos de largo alcance modelo Liuti, identificados por su alerón trasero en V invertida. Entre las 04:00 y las 06:00 horas locales se escucharon más de veinte explosiones fuertes en zonas cercanas al aeropuerto de Domodédovo.
Desde Kiev, Volodímir Zelensky consideró que este ataque masivo “está justificado” y tiene como objetivo presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra. Escribió en sus redes sociales que las respuestas ucranianas a la prolongación de la guerra por parte de Rusia y a los ataques contra ciudades y pueblos ucranianos están completamente justificadas. Calificó las acciones de “sanciones de largo alcance” y expresó que buscan dejar claro a los ciudadanos rusos que su Estado debe poner fin a la guerra.
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El mandatario agradeció la precisión al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y a las Fuerzas de Defensa de Ucrania, que lograron impactar objetivos situados a más de 500 kilómetros de la frontera ucraniana. El SBU detalló en un comunicado que los objetivos atacados incluyeron la refinería de Moscú, operada por Gazprom, las plantas de bombeo de crudo de Sonechnogorska y Volodarskoye, y la fábrica de Angstrem, sancionada por Estados Unidos y dedicada a la producción de semiconductores de uso militar.
Rusia, por su parte, lanzó durante la noche 287 drones, de los cuales 279 fueron neutralizados sobre el sur, norte y este de Ucrania, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram. Entre estos se encontraban drones de ataque Shahed, Gerbera e Italmas, así como drones réplica tipo Parodia, empleados para saturar las defensas aéreas ucranianas. Ocho de los drones rusos impactaron en siete emplazamientos no especificados y en otros siete puntos del país cayeron fragmentos de aparatos derribados.
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El anterior ataque de drones ucranianos de gran escala contra Moscú se produjo el 14 de marzo, cuando fueron derribados 65 artefactos, seguido por un ataque de 54 drones el 15 de marzo y 42 el día siguiente. El 7 de mayo, las defensas rusas derribaron 61 drones en las cercanías de Moscú. En marzo y mayo de 2025, Moscú repelió 74 drones en cada ocasión. Las autoridades aeronáuticas suspendieron temporalmente el funcionamiento de los cuatro aeropuertos internacionales de Moscú, y en uno de ellos, Sheremétievo, cayeron restos de un dron abatido.
El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que entre las 22:00 y las 07:00 horas locales, las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 556 drones de ala fija sobre catorce regiones rusas, la península de Crimea y los mares Negro y de Azov. El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, confirmó un ataque a gran escala en la zona de la capital, con saldo de tres fallecidos y cuatro heridos, además de daños menores en lugares donde cayeron restos. Las autoridades rusas señalaron que los sistemas de defensa aérea interceptaron al menos 74 drones durante la noche en Moscú.
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Ucrania ataca regularmente objetivos en territorio ruso en respuesta a los bombardeos diarios del ejército ruso desde hace más de cuatro años. La parte ucraniana afirma que los ataques buscan sitios militares y energéticos, para reducir la capacidad de Moscú de financiar su ofensiva. Aunque la región de la capital rusa es objeto frecuente de ataques con drones, Moscú, situada a más de 400 kilómetros de la frontera, es un blanco menos habitual. Ambos países reanudaron sus bombardeos cuando expiró una tregua de tres días negociada bajo mediación de Estados Unidos por las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial en Rusia.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reclamó este domingo un lugar propio para el PRO en las elecciones de 2027 y descartó que una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri beneficie al kirchnerismo. Además, defendió el megaoperativo de seguridad desplegado en los últimos días en las villas de la Ciudad de Buenos Aires.
“El PRO sin duda tiene un lugar en la política argentina”, afirmó Macri durante una entrevista en Radio Mitre. El jefe de Gobierno recordó que la fuerza que fundó su primo gobierna tres distritos —contando a la Ciudad con el mismo estatus que una provincia, según lo reconoció la Corte Suprema de Justicia de la Nación— y numerosas intendencias en todo el país.
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Macri sostuvo que el partido llega a 2027 con una identidad clara: institucionalidad, baja de impuestos y rechazo al retorno del kirchnerismo. “Nacimos a la política con el kirchnerismo enfrente (…) así que vamos a hacer todo lo posible para que eso no vuelva”, subrayó.
En ese marco, y de cara a la contienda electoral del año próximo, fue cauteloso pero firme respecto de la candidatura nacional. “A mí me gustaría que el PRO tenga candidato, pero habrá que ver, hay que esperar”, dijo, y confirmó que la Ciudad irá con nombre propio en los comicios, al igual que Entre Ríos, Chubut y Mar del Plata. Ante la consulta sobre si Mauricio Macri podría postularse a nivel nacional, rechazó la lectura de que esa candidatura favorecería al kirchnerismo: “No comparto. Todo el mundo tiene derecho a competir y hacer su aporte”.
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La posibilidad de una confluencia con La Libertad Avanza tampoco quedó descartada. Al ser consultado por una eventual alianza de cara a 2027, Macri respondió que “hay que ver cómo todo evoluciona” y recordó que en las elecciones bonaerenses de 2023 el PRO y el oficialismo nacional fueron por separado, lo que facilitó la reelección de Axel Kicillof. “La gente de provincia del PRO no lo descarta, pero tiene que haber voluntad de todas las partes”, admitió. Con todo, fijó una condición política de fondo: “Vamos a estar garantizando que el esfuerzo que la gente está haciendo valga la pena, que no volvamos al populismo”.
Ante la pregunta de si el PRO puede reposicionarse como una opción racional e institucional frente al escenario político actual, Macri no eludió el debate. “Nosotros somos todo eso”, dijo, en referencia a la combinación de formas institucionales con reformas concretas. Como respaldo enumeró medidas de gestión: baja de ingresos brutos para trabajadores no profesionales, eliminación del impuesto de sellos a tarjetas de crédito y a créditos hipotecarios, y el avance en la concesión del canal de televisión de la Ciudad a un privado. Sobre este último punto, relató que el ENACOM intentó frenar la medida, aunque el gobierno porteño ganó en la justicia. “Ni siquiera debe saberlo el presidente. Son funcionarios que a veces no entienden bien cómo son las normas”, dijo, y descartó que haya sido una decisión de Javier Milei.
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La economía y el bolsillo
En otra parte de la entrevista, Macri habló sobre la situación económica nacional y fue cauto. Expresó su deseo de que el ajuste se traduzca en mejoras para los ciudadanos, aunque aclaró que eso excede su jurisdicción. “Yo deseo que sí. No es tarea mía, salvo en lo que puedo aportar”, afirmó. Entre las medidas locales de alivio mencionó la eximición del ABL para 84.000 jubilados con hasta tres haberes mínimos y una propiedad, y la eximición a gastronómicos durante el primer semestre. Respaldó además la decisión del Gobierno Nacional de bajar la tasa de interés para reactivar el consumo vía crédito. “Mi deseo es que al Gobierno Nacional le vaya bien, porque si al Gobierno Nacional le va bien, a la ciudad le va bien”, señaló, y recordó que la Ciudad genera el 21% del PBI nacional.
El operativo en las villas
Por último, el jefe de Gobierno defendió el megaoperativo de seguridad que se realizó en los últimos días, al que llamó “Operativo Tormenta Negra, como parte de una política sostenida y no como una acción aislada. El despliegue de 1.500 efectivos en las 15 villas porteñas de manera simultánea —algo que habitualmente se hace de forma alternada— contó con la presencia de fiscales en el centro de monitoreo para actuar ante situaciones de flagrancia dentro del marco legal.
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“Si surge algún tema de flagrancia, que el propio fiscal pueda darnos la orden de detención para que todo ocurra en el marco de la ley y la norma”, explicó. Ante la pregunta de si los delincuentes regresarán a los territorios intervenidos, Macri respondió que la clave está en no cometer errores durante los procedimientos para preservar las pruebas, procesar a los responsables y expulsar a los extranjeros que corresponda. Cuestionó además la visión de ciertos sectores políticos sobre los barrios populares: “Hay un discurso que no cierra”, dijo, al señalar que quienes dicen preocuparse por las villas son los mismos que permiten construcciones sin permiso.
En ese sentido, aseguró que su gobierno ya restituyó 782 viviendas usurpadas a sus propietarios en toda la Ciudad, incluyendo 100 solo en el barrio Albanera.
Un hombre de 32 años fue aprehendido este domingo por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito en Concordia, en el que una mujer resultó gravemente herida luego de caer de una motocicleta.
El hecho ocurrió alrededor de las 6.15 en la intersección de calles Bolivia y 3 de Febrero, donde intervino personal policial de comisaría tercera.
Según se informó, una motocicleta Keller Cronos 110 cc circulaba a alta velocidad por calle Bolivia en sentido sur-norte cuando, al cruzar 3 de Febrero, el conductor perdió el control del rodado y chocó contra un automóvil Toyota Corolla que se encontraba estacionado.
La acompañante sufrió graves lesiones
Producto del impacto, tanto el conductor como la acompañante, una mujer de 38 años, cayeron sobre la cinta asfáltica.
Ambos fueron trasladados al Hospital Masvernat, donde se constató que la mujer presentaba traumatismo de tórax, contusión pulmonar y fracturas, por lo que debió ser sometida a una intervención quirúrgica.
En tanto, el conductor sufrió traumatismos leves, según indicaron las autoridades médicas.
Negó haber participado del choque
Durante las actuaciones policiales, se constató además que la motocicleta no se encontraba empadronada ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA).
Fuentes policiales señalaron que el conductor negó tener vínculo con la mujer lesionada e incluso intentó desvincularse del siniestro vial, aunque posteriormente las cámaras de seguridad permitieron confirmar su participación en el hecho.
Ante esta situación, el fiscal de turno, Martín Núñez, ordenó la aprehensión del motociclista, la extracción de sangre y el secuestro del rodado involucrado en el accidente.
Un ataque con drones tuvo como objetivo la central nuclear de Barakah, en los Emiratos Árabes Unidos, el domingo, lo que provocó el incendio de un generador eléctrico en su perímetro y volvió a poner a prueba el frágil alto el fuego en la guerra con Irán.
Nadie se atribuyó inmediatamente la autoría del ataque, que no causó fugas radiactivas ni heridos, según informaron las autoridades de Abu Dhabi, la capital de los EAU. Sin embargo, las sospechas recayeron de inmediato sobre Irán, que ha estado amenazando cada vez más a los Emiratos Árabes Unidos en los últimos días, ya que el país acogió los sistemas de defensa antimisiles Cúpula de Hierro israelíes y tropas durante la guerra.
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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) expresó el domingo su “profunda preocupación” por el ataque. Su director general, Rafael Grossi, advirtió que “la actividad militar que amenaza la seguridad nuclear es inaceptable” y confirmó que los niveles de radiación en Barakah se mantienen normales y que no se reportaron heridos.
El ataque se produce mientras Irán sigue controlando el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo antes de la guerra, lo que interrumpe el suministro energético mundial. Mientras tanto, Estados Unidos sigue bloqueando los puertos iraníes como respuesta, ya que las negociaciones para consolidar el alto el fuego no han logrado avanzar.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que las hostilidades podrían reanudarse, y la televisión estatal iraní ha transmitido repetidamente segmentos con presentadores sosteniendo rifles tipo Kalashnikov en un esfuerzo por preparar al público para la guerra. Mientras tanto, los intercambios de fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano también han aumentado en los últimos días, amenazando un alto el fuego independiente en esa zona.
La central de Barakah suministra una quinta parte de la energía de los Emiratos Árabes Unidos
La central nuclear de Barakah, de 20.000 millones de dólares, fue construida por los Emiratos Árabes Unidos con la ayuda de Corea del Sur y entró en funcionamiento en 2020. Es la primera y única central nuclear de la Península Arábiga y puede satisfacer una cuarta parte de todas las necesidades energéticas de los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete emiratos. También es la primera central nuclear comercial del mundo árabe.
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El regulador nuclear de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que el incendio no afectó la seguridad de la planta. “Todas las unidades están operando con normalidad”, escribió la organización en X.
El comunicado de los Emiratos Árabes Unidos no culpó a ninguna parte por el ataque.
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El ataque del domingo marcó la primera vez que la planta de Barakah, de cuatro reactores, ha sido blanco de la guerra con Irán. La planta se encuentra en los desiertos del extremo occidental de Abu Dabi, cerca de la frontera con Arabia Saudita. Los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo estricto con Estados Unidos sobre la central, conocido como “acuerdo 123″, en el que se comprometieron a renunciar al enriquecimiento de uranio nacional y al reprocesamiento de combustible gastado para disipar cualquier temor de proliferación. Su uranio proviene del extranjero.
Las centrales nucleares son cada vez más blanco de ataques en la guerra
En los últimos años, las centrales nucleares se han convertido cada vez más en blanco de las guerras, primero durante la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022. Durante la guerra de Irán, Teherán afirmó repetidamente que su central nuclear de Bushehr fue atacada, aunque no hubo daños directos en su reactor de gestión rusa ni ninguna fuga radiológica.
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Ha habido varios casos de ataques en el estrecho de Ormuz y en los países del Golfo Pérsico durante las últimas semanas. Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos se encuentran estancadas, ya que el frágil alto el fuego amenaza con colapsar y volver a sumir a Oriente Medio en una guerra abierta, lo que prolongaría la crisis energética mundial desencadenada por el conflicto.
En la televisión estatal iraní, los presentadores de al menos dos canales aparecieron armados durante programas en vivo.
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En un programa, Hossein Hosseini recibió entrenamiento básico en el uso de armas de fuego por parte de un miembro de la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar, cuyo rostro estaba cubierto con una máscara. Después de que le mostraran cómo preparar el arma, Hosseini simuló disparar contra la bandera de los Emiratos Árabes Unidos.
En otro canal, la presentadora Mobina Nasiri dijo que le habían enviado un arma desde una concentración en la plaza Vanak de Teherán para que pudiera aparecer armada ante las cámaras. Dijo: “Desde esta plataforma, declaro que estoy dispuesta a sacrificar mi vida por este país”.
Un joven de 19 años perdió el control del automóvil que conducía y terminó chocando contra una de las punteras que delimitan la calzada del área peatonal; ocurrió en la madrugada de este domingo sobre calle Buenos Aires en Paraná.
Según se informó, el conductor circulaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend cuando, por causas que se tratan de establecer, impactó contra la estructura vial ubicada sobre la calle.
Accidente en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)
Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales en el vehículo involucrado.
Tras el choque, efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y asistir al conductor mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.
Posteriormente se dio aviso a la compañía aseguradora, que coordinó el retiro del automóvil mediante una grúa para normalizar el tránsito en la zona peatonal.
Paradojas de la política, en la época en la cual los partidos políticos disminuyen su importancia electoral y los candidatos la aumentan, Mauricio Macri, quien por su formación empresarial está más preocupado por el desarrollo de equipos y la creación de una institución que genere cuadros (habilidad de gestión) con ideas y capaces de conducir, él mismo y mal que le pese, es más que el PRO, su obra y creación.
El PRO, el más joven de los partidos con responsabilidad de gobierno en distintos distritos del país, el partido nacional del siglo XXI, el más joven –veremos si LLA trasciende un gobierno–, padece el mismo “envejecimiento” que aqueja al peronismo o al radicalismo, otrora partidos nacionales, que se han convertido en confederaciones de partidos provinciales.
El peronismo y el radicalismo tienen múltiples candidatos competitivos a intendentes y gobernadores, pero no tienen un inequívoco candidato a presidente. El peronismo con Kicillof está más cerca de tenerlo pero es resistido por ¿un tercio? de su propio campo político representado por el kirchnerismo, lo que hoy es igual a decir Cristina Kirchner.
El presidente del bloque de senadores radicales, Eduardo Vischi, sobre la crisis de liderazgos en los partidos políticos tradicionales, se consolaba diciendo que “la ventaja de la UCR sobre el PJ es que no tenemos a Cristina Kirchner”.
El mejor ejemplo es el mayor distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires, que cuenta ya con 18 precandidatos a gobernador peronistas mientras que, formalmente, por lo menos por ahora, solo dos a presidente: Kicillof y el exgobernador de San Juan Sergio Uñac.
Vivimos un momento de repliegue territorial: Horacio Rodríguez Larreta perdió sus ambiciones presidenciales y solo quiere competirle a Jorge Macri por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Hasta Patricia Bullrich envía señales con un video comparando los subtes de Chile con los de Buenos Aires de las mismas aspiraciones porteñas.
Y lo mismo a nivel nacional, vivimos un “federalismo” impuesto por la fragmentación producida por la falta de líderes nacionales, generando algo impensado hace una década: que el radicalismo y el peronismo tengan la misma cantidad de gobernadores. Cinco cada uno: Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chaco y Jujuy los primeros; y Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Catamarca los segundos. Pero también tiene cinco gobernadores el PRO: CABA, Entre Ríos, Chubut y los aliados de San Juan y San Luis.
El PJ tiene otros tres gobernadores de origen peronista: Tucumán, Salta y Misiones, sumado al peronismo de Córdoba, sui generis, porque Córdoba es una provincia que se autopercibe radical votando “peronistas” y, el caso opuesto, con origen radical, pero alma peronista, de Santiago del Estero. Finalmente son gobernadores por partidos provinciales los de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Y dentro de esta fragmentación nacional –síntoma elocuente de falta de liderazgos nacionales–, es el PRO el único partido que tiene un primus inter pares en la figura de Mauricio Macri por ser expresidente y haberlo fundado.
El tres veces director de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Luis Tonelli, sostiene que la primera vez que un outsider de la política llega a presidente es por curiosidad, la segunda es por venganza y la tercera es por masoquismo. A Mauricio Macri le falta la segunda, lo que él denomina el “próximo paso” y antes era el segundo tiempo. Hay una asignatura pendiente, un vacío a completar más allá de que él mismo se anime a verbalizarlo.
Las distintas etapas de un outsider que llega a la presidencia en más de una oportunidad descriptas por Luis Tonelli le caben claramente a Donald Trump como a Mauricio Macri si lo lograra. Otros espejos internacionales en los que reflejarse son Brasil e Italia, donde los fundadores de un partido nuevo: el Partido de los Trabajadores y Fuerza Italia, Lula y Berlusconi, volvieron a ser presidentes después de haber perdido incluso más de una vez. Lula intenta su cuarto mandato y Berlusconi tuvo tres períodos separados como jefe de Estado. Más allá de las ideologías opuestas en los casos de Brasil e Italia, ambos comparten que Lula es más que el Partido de los Trabajadores, como hace una década Berlusconi era más que Fuerza Italia y hoy Mauricio Macri sea más que el PRO.
Axel Kicillof, en un acto este viernes, llamó al peronismo “a no perder el tiempo en internas”. El PRO no atraviesa el estado de deliberación interna del peronismo, si Mauricio Macri decidiera ser el candidato a presidente en 2027, todo el PRO se encolumnaría tras él y probablemente los aliados de Cambiemos: radicales e independientes más el peronismo cordobés, quien ya anunció que participará de un armado nacional opositor a Milei y no kirchnerista.
Se escucha repetidamente que Mauricio Macri despliega las alas no para ser verdaderamente candidato a presidente, sino para mostrar fortaleza a la hora de negociar con La Libertad Avanza un acuerdo electoral que le garantice mantener el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es probable incluso que ese haya sido el objetivo inicial y hoy de mínima pero una vez que se echa a rodar una candidatura en su inercia cobra una dinámica propia y cada paso se resignifica. Hasta el anuncio de su nueva pareja –Dolores Teuly– fue interpretado como una preparación para la contienda: “Mauricio Macri tiene a la ‘new Juliana’ para la campaña 2027” titularon los medios.
Una camioneta Toyota Hilux volcó durante la madrugada de este domingo en la intersección de avenida Estrada y calle Eslovenia, en Paraná. A pesar de la violencia del siniestro vial, no se registraron personas lesionadas.
De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el conductor del rodado, un hombre de 29 años, explicó que perdió el control de la camioneta luego de “morder” la banquina mientras circulaba por la zona. La maniobra provocó que el vehículo terminara volcando y quedara apoyado sobre su lateral derecho.
No hubo heridos
En la camioneta viajaban además otros dos hombres, quienes tampoco sufrieron lesiones producto del vuelco ocurrido en la capital entrerriana.
Tras el accidente, personal policial intervino en el lugar para asistir a los ocupantes y ordenar el tránsito mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.
Posteriormente, los involucrados iniciaron los trámites con la compañía aseguradora para concretar el retiro de la Toyota Hilux siniestrada.
Desde fines de febrero, el conflicto entre Israel e Irán dejó de limitarse a guerras indirectas, operaciones encubiertas y enfrentamientos a través de organismos regionales —también conocidos como proxies— y pasó a una guerra regional abierta, con impacto creciente sobre la estabilidad internacional y, en particular, sobre los sistemas alimentarios.
A lo largo de estos meses se han publicado innumerables análisis sobre las consecuencias directas e indirectas de esta escalada. Mientras algunos advierten sobre sus impactos en la economía global, otros se concentran en sus efectos sobre la producción agrícola, la ganadería y los sistemas alimentarios internacionales.
Todo indica que la combinación de los conflictos en Medio Oriente y Ucrania está acelerando un proceso más amplio: la reconfiguración de la seguridad alimentaria global, mediante el desplazamiento progresivo de recursos desde la sostenibilidad y el desarrollo hacia la defensa y la gestión de crisis.
La FAO señala que el conflicto en Medio Oriente presenta dos amenazas principales para la seguridad alimentaria mundial. La primera es el aumento sostenido en el precio de insumos estratégicos para la producción agropecuaria, particularmente fertilizantes, combustibles y logística. La urea alcanzó los 725,6 dólares por tonelada a fines de marzo de 2026, con un aumento mensual del 53,7%, mientras que los fertilizantes fosforados superaron el 10% interanual. La interrupción del tránsito en el Estrecho de Ormuz redujo la oferta global de fertilizantes, afectando especialmente a países importadores como Brasil.
La suba de la urea afecta los costos de producciónArchivo
El segundo punto resulta aún más crítico: la intensificación del conflicto podría colocar a cerca de 45 millones de personas adicionales en situación de inseguridad alimentaria severa o riesgo de hambruna. En este contexto, organismos internacionales, ONG y mecanismos de cooperación se ven crecientemente forzados a redirigir o congelar fondos originalmente destinados al desarrollo agrícola, la sostenibilidad o la adaptación climática, para responder a emergencias humanitarias inmediatas.
Conflicto
A ello se suma la persistencia del conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha dañado infraestructuras críticas para la producción y exportación agrícola. Las exportaciones ucranianas de cereales continúan por debajo de los niveles previos a la guerra, profundizando la fragilidad de los mercados agroalimentarios internacionales.
En el sector agropecuario global, este escenario está generando una reasignación progresiva de recursos. Fondos que originalmente estaban destinados a expansión productiva, innovación tecnológica o sostenibilidad comienzan a ser absorbidos por mayores costos operativos, energía, transporte e insumos estratégicos.
En paralelo, los conflictos están acelerando un cambio estructural en las prioridades presupuestarias internacionales, donde el aumento del gasto en defensa desplaza progresivamente inversiones vinculadas a sostenibilidad ambiental, investigación agropecuaria y desarrollo rural.
Europa constituye un caso particularmente representativo, en línea con los datos de gasto militar reportados por organismos como Stockholm International Peace Research Institute y NATO. En 2024, el gasto en defensa creció cerca del 17,5%, lo que obligó a ajustar partidas previamente destinadas a innovación, sostenibilidad y protección ambiental.
La alta tensión derivada de los conflictos en Ucrania y el Golfo Pérsico ha llevado a numerosos países a priorizar la protección de infraestructuras críticas y la seguridad estratégica, impulsando aumentos significativos en los presupuestos de defensa. Alemania incrementó su gasto en defensa un 24%, España cerca de un 50%, mientras que países fronterizos con Rusia y Ucrania, como Polonia, Lituania y Estonia, también registraron incrementos relevantes (según tendencias relevadas por SIPRI y la OTAN).
Este reordenamiento presupuestario está generando un efecto indirecto: la reducción relativa de fondos destinados a investigación, desarrollo agrícola e innovación de largo plazo. La prioridad se desplaza hacia la defensa, la estabilidad inmediata y la seguridad alimentaria de corto plazo, mientras que la sostenibilidad estructural pierde peso en la agenda internacional.
Sigue abierta la guerra en UcraniaKateryna Klochko – AP
Para América Latina —y particularmente para la Argentina— este contexto abre oportunidades coyunturales en sectores exportadores estratégicos, impulsadas por la suba de precios internacionales de commodities agrícolas y un potencial incremento de ingresos externos. Sin embargo, estas oportunidades conviven con riesgos significativos: aumento de costos de insumos, presión logística, volatilidad financiera, restricciones crediticias y una mayor exposición a la desaceleración económica global.
En este escenario, el desempeño de la Argentina dependerá no solo del contexto internacional, sino también de su capacidad interna para sostener competitividad, estabilidad macroeconómica, eficiencia logística y acceso a financiamiento. Sin estas condiciones, incluso un ciclo externo favorable podría diluirse rápidamente, limitando la posibilidad de transformar ventajas coyunturales en desarrollo productivo sostenido.
El autor fue director del Departamento de Relaciones Exteriores de Israel y ahora consultor privado
El equilibrio fiscal empieza a convertirse en uno de los principales ejes ordenadores del debate interno del peronismo, frente a una sociedad -y agentes económicos- que lo percibe cada vez más como un valor que deberá ser preservado por cualquier futuro gobierno, incluso si en 2027 el electorado decide dejar atrás a los libertarios.
Ya hay algunos dirigentes dentro del Peronismo Federal que aspiran a regresar a épocas en las que el superávit fiscal y el de cuenta corriente generaban un entorno macroeconómico propicio para la actividad de las empresas. Hacen referencia al periodo entre 2003 y 2008, tras la salida de la convertibilidad, durante el gobierno de Néstor Kirchner y parte del de Cristina Kirchner. Había un contexto internacional favorable y la Argentina había hecho un fuerte ajuste vía licuación de pasivos en el marco del programa de pesificación de depósitos que originalmente se habían realizado en dólares.
Esa referencia histórica asoma importante a la hora del debate económico con los liberales: sería una muestra, creen, de que los peronistas también pueden tener ese cuidado presupuestario, sostener un esquema de orden fiscal y garantizar cierta estabilidad macroeconómica.
Uno de los dirigentes que impulsa la idea de que el programa económico de un nuevo gobierno justicialista tiene que preservar el superávit es el diputado por Entre Ríos Guillermo Michel, uno de los principales referentes del denominado Peronismo Federal, históricamente en la vereda de enfrente de la conducción kirchnerista -y más aún de La Cámpora- dentro del movimiento justicialista.
Para Michel, el equilibrio de las cuentas públicas no es una meta puramente contable ni una concesión a los mercados internacionales; es, ante todo, “un acto de soberanía política”. En sus recientes intervenciones, el legislador ha sido enfático: un Estado que gasta sistemáticamente más de lo que recauda termina siendo esclavo del endeudamiento o de la emisión descontrolada, factores que históricamente han erosionado el poder adquisitivo de los argentinos.
“El superávit fiscal es la herramienta más potente para combatir la inflación. Sin orden fiscal no hay moneda; y sin moneda no hay posibilidad de planificación para el sector productivo”, sostiene Michel en su círculo íntimo. El legislador acuña un nuevo concepto: el del “superávit inteligente”. Su propuesta se basa en tres pilares:
-Administración Tributaria Eficiente: apoyado en su experiencia al frente de la Aduana durante el gobierno de Alberto Fernández, Michel insiste en que el foco debe estar en combatir la evasión, el contrabando y las maniobras de subfacturación, antes que en crear nuevos impuestos.
-Fomento a las Exportaciones: el diputado argumenta que el superávit fiscal debe ir de la mano con el superávit comercial. “Argentina necesita dólares genuinos para romper el ciclo de crisis recurrentes”, afirma.
-Gasto Público con Sentido Social: para el bloque federal, el orden fiscal no implica abandonar la inversión pública, sino priorizarla en sectores estratégicos que generen valor agregado, infraestructura y empleo genuino.
La propuesta del Peronismo Federal
Uno de los sellos que el legislador cree que el peronismo debe mostrarle a la sociedad es que puede ser un mejor administrador del Estado que los liberales, una tarea más que titánica si se tienen en cuenta los resultados de la administración de Alberto Fernández. No obstante, considera necesario desmarcar al movimiento justicialista de la influencia ideológica del kirchnerismo.
Una de las críticas al esquema de superávit fiscal del gobierno de Javier Milei es que no se sostiene en función del crecimiento de la economía ni de algún cambio estructural en el gasto del Estado.
Es decir, es producto de la voluntad política de los libertarios de mantenerlo “a como dé lugar”, antes que de una verdadera reforma estatal. Según esta mirada, el esquema se apoya en el cierre de algunos organismos y en el despido de unos 70.000 empleados públicos. Frente a la caída de la recaudación, por efecto de la menor actividad, el acto reflejo es cortar aún más los gastos, aunque ello represente profundizar la recesión, lo que a su vez genera una nueva caída de recursos.
La idea de Michel es que el equilibrio fiscal debe sostenerse a partir de una mejor recaudación tributaria, sin recurrir a una mayor presión fiscal. Entre los peronistas que trabajan en esta idea se encuentran además el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, la diputada Victoria Tolosa Paz y referentes políticos de Córdoba.
Nancy Guerrero Castillo entró a Médicos Sin Fronteras (MSF) en 2004 respondiendo a un aviso publicado en un diario de Ocaña, su ciudad natal en el departamento colombiano de Norte de Santander. Era administradora de empresas y buscaba trabajo. Veintidós años después, dirige la sección sudamericana de habla hispana de la organización fundada en París en los años setenta, con base en Buenos Aires y oficinas en Bogotá y Montevideo.
Su recorrido incluye misiones en América Latina, África y el sur de Asia, y la responsabilidad de la oficina institucional de MSF en Colombia desde 2023. Asumió la dirección regional en 2024, en un momento en que MSF —presente en más de 75 países y con 516 proyectos activos— atraviesa un escenario humanitario global marcado por los ataques deliberados a estructuras médicas, el desmantelamiento de la ayuda exterior estadounidense y la persistencia de crisis prolongadas en Haití, Gaza, Sudán y la propia región.
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“En América Latina la principal epidemia es la violencia, crónica, de años. Y hay que seguir visibilizándola para que no se normalice, para que no se vuelva parte del paisaje”, sostiene Guerrero en esta entrevista con Infobae realizada en las oficinas de MSF en Buenos Aires. La conversación recorre los frentes abiertos de la organización en el continente —desde el Catatumbo colombiano hasta los campamentos de desplazados en Puerto Príncipe— y se detiene en una pregunta de fondo: ¿cuánto resiste el sistema humanitario internacional cuando los principios fundacionales son sistemáticamente vulnerados? “Médicos Sin Fronteras, además de la asistencia médico-humanitaria, tiene el pilar de levantar la voz. Y lo hacemos con datos médicos, con testimonios, con lo que vemos directamente sobre el terreno”, afirma.
—A diez años de la resolución 2286 de la ONU, que prohíbe los ataques contra infraestructuras médicas y personal humanitario, MSF publicó un informe con 255 incidentes documentados en la última década, con pico en 2024 y 2025. ¿Qué pasó con esa resolución?
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—La resolución 2286 cumplió diez años a principios de mayo. Diez años en los que Médicos Sin Fronteras tuvo mucho que ver en que se expidiera, porque fue tras el ataque al hospital de Kunduz, en Afganistán. La resolución es clara: prohíbe estas cosas. Prohíbe los ataques a infraestructura médica, al personal médico, al personal humanitario, a la población civil. Pero lo que vemos en la realidad es que sigue pasando y se sigue acrecentando. Muy cerca, aquí en el Caribe. Médicos Sin Fronteras está en más de 75 países. Podemos hablar de muchísimas crisis, pero a veces la crisis está en nuestro propio continente.
—Haití es probablemente el ejemplo más claro de eso. ¿Cómo es operar allí hoy?
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—Haití sigue en medio de una gran violencia armada y una degradación institucional, un colapso como país. A finales de 2024, una ambulancia nuestra fue atacada. Llevaba heridos y los heridos fueron ejecutados. Es una violación a la acción médico-humanitaria. Suspendimos actividades de inmediato y tuvimos que cerrar puntos de atención porque no teníamos garantías mínimas de seguridad. Siempre operamos bajo nuestro principio de neutralidad: no somos parte de ningún bando, estamos con la población civil. La seguridad del personal es prioridad número uno, porque si el personal de Médicos Sin Fronteras no puede trabajar, la población no recibe la atención que necesita.
—Naciones Unidas calcula que 6,4 millones de haitianos necesitarán ayuda humanitaria en 2026, la mitad del país. ¿Qué encuentran sus equipos en el día a día?
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—Es una crisis en parte olvidada, con un colapso institucional sostenido desde que mataron al presidente hace unos años, con bandas criminales controlando territorios. Lo que estamos viendo: un incremento de la violencia sexual como arma de guerra, heridos de guerra —apoyamos el hospital de traumatología, uno de los pocos hospitales funcionales que le quedan al país—, salud mental, salud sexual y reproductiva. El año pasado atendimos a más de tres mil sobrevivientes de violencia sexual. Hay muchos campamentos de desplazados. Hacemos clínicas móviles, porque muchos de esos espacios están controlados por grupos armados y la única posibilidad de acceso a atención primaria es a través nuestro. Alrededor de una cuarta parte de la población en esos campamentos ha presentado sarna y afecciones en la piel, y muchos niños tienen enfermedades respiratorias.
—El gobierno de Donald Trump busca revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y deportar a más de 350.000 haitianos con el argumento de que Haití es lo suficientemente seguro. ¿Lo es, según lo que MSF ve desde el terreno?
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—Haití no es un lugar seguro. Hay extrema pobreza, crisis institucional, violencia extrema. Y todo eso tiene un impacto directo en la salud: física, sin duda, pero también mental. Es una crisis por donde la mires. Y Haití ha sido doblemente castigado: además de todo esto, por su posición geográfica sufre huracanes, terremotos. Médicos Sin Fronteras ha estado allí siempre, acompañando a las comunidades más vulnerables.
—La política migratoria estadounidense también transformó la ruta. El cruce del Darién pasó de 1,2 millones de personas entre 2021 y 2024 a unas tres mil el año pasado. Para varios gobiernos de la región y para Washington es un éxito. ¿Cómo lo lee MSF?
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—La crisis migratoria en América Latina sigue siendo grave, muy marcada por políticas restrictivas, tácticas de disuasión de los estados y los cambios en la política migratoria de Estados Unidos. La reducción del Darién fue brutal, pero eso no significa que el problema esté solucionado. La población está más dispersa, usando otras rutas. Mucha gente quedó varada, particularmente en México: en el norte, en el sur, en la frontera con Guatemala, en Ciudad de México. Tuvimos que reducir varios proyectos dedicados a migración porque ya no hay flujo, pero seguimos atendiendo. Los migrantes siguen siendo víctimas de extorsión, tortura, violencia sexual, violencia extrema. Y con las políticas de estigmatización y criminalización, la gente tiene miedo y no se acerca. En salud mental vemos cada vez más personas que necesitan medicación para acompañar el estrés postraumático.
—MSF trabaja en Venezuela y al mismo tiempo atiende a venezolanos a lo largo de la ruta migratoria. ¿Qué situación encuentran sus equipos hoy dentro del país, y cómo se preparan ante un escenario regional en tensión?
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—En un contexto de crisis política y socioeconómica que continúa en Venezuela, Médicos Sin Fronteras trabaja para reducir las brechas en el acceso a la salud mediante la prestación de servicios esenciales y el fortalecimiento de centros de salud locales. Estamos presentes en Venezuela desde 2015. Actualmente, mantenemos proyectos activos en los estados de Anzoátegui y Delta Amacuro, donde brinda atención médica y apoyo a la red pública de salud. En ambas localidades, los equipos trabajan en atención médica general, salud sexual y reproductiva, salud materna y neonatal y control de infecciones, además de rehabilitación de infraestructura, mantenimiento de equipos, capacitación de personal local y donación de medicamentos e insumos. En Anzoátegui, las actividades incluyen también consultas de planificación familiar y atención integral para víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, mientras que en Delta Amacuro los equipos continúan llegando a comunidades remotas, principalmente indígenas, para ampliar el acceso a servicios de salud y tratamiento de enfermedades como tuberculosis, VIH y desnutrición, pese a las dificultades logísticas de la región. Durante 2025, el equipo llevó adelante una exhaustiva preparación y planificación ante posibles escenarios de emergencia derivados de la inestabilidad política y de las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Nuestra prioridad hoy es preservar la aceptación y el espacio humanitario para seguir ofreciendo atención.
—A la par del descenso del flujo hacia el norte aparece otro fenómeno, mucho menos cubierto: el flujo migratorio inverso. Gente que regresa hacia el sur. ¿Qué está viendo MSF?
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—Lo vimos desde el año pasado: en lugar de ir hacia el norte, empezamos a ver gente moviéndose hacia el sur. Algunos se quedaron en México tratando de regularizar su situación, pero en esa espera son objeto de atrocidades. Otros están buscando destinos como Colombia o Chile. A principios de este año iniciamos un proyecto en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde atendemos a personas migrantes y a desplazados internos. Estamos monitoreando los flujos hacia el sur ante políticas más restrictivas en Chile, Colombia y otros países. Parece que como dejó de hablarse, se solucionó. No es así. Vemos cada vez más personas con vocación de permanencia que intentan quedarse en algún lugar para sobrevivir, pero se encuentran con políticas restrictivas y sin acceso a servicios básicos.
—¿Cuál sería una política migratoria humanitaria?
—Migrar no es un delito. Los seres humanos hemos migrado desde los orígenes de nuestra humanidad. El llamado es a garantizar el acceso al asilo, a la atención médica digna, y a proteger a las personas migrantes de la violencia, la explotación y los abusos institucionales. Son seres humanos. Muchos no migran porque quieren: vienen de países azotados por la violencia, la pobreza extrema, el colapso institucional, buscando algo mejor para ellos y su familia. ¿No haríamos todos lo mismo en esas condiciones?
—Los recortes de la administración Trump a la ayuda exterior, ¿impactaron a MSF, que se financia en un 98% con fondos privados?
—Directamente, no sentimos el impacto. Pero en los territorios donde trabajamos —especialmente en migración— muchos programas de otras organizaciones cerraron por falta de financiamiento. Eso genera vacíos más grandes que Médicos Sin Fronteras encuentra al llegar. Tuvimos que repriorizar hacia actividades vitales, de emergencia. Y en muchos lugares, la reducción de fondos para vacunas o medicamentos para el VIH afectó directamente a las comunidades. Nos cuesta más mantener las mismas actividades que teníamos antes.
—Usted es colombiana, de Norte de Santander, y empezó en MSF en zonas rurales de su país. ¿Qué Colombia se encuentra hoy como directora regional?
—Las actividades han cambiado mucho. Hace veinte años, la presencia de Médicos Sin Fronteras era principalmente en zonas rurales alejadas, donde el acceso a servicios básicos de salud era imposible por el conflicto armado. Nuestros equipos caminaban horas o viajaban en mula para llegar a comunidades que tenían miedo de bajar a las zonas urbanas. Con el tiempo pasamos a intervenciones también en zonas urbanas, cuando surgieron otras formas de violencia. Hemos atendido tuberculosis, familiares de desaparecidos, sobrevivientes de violencia sexual, y la salud mental ha sido siempre muy fuerte en Colombia. Hoy, con tantas crisis en el mundo, MSF a veces tiene que priorizar. Se han priorizado las crisis más acuciantes en África y Oriente Medio, y de algún modo se han reducido actividades en la región.
—MSF sigue trabajando en el Catatumbo, su región natal, donde la violencia se recrudeció a comienzos de 2025 tras la ruptura de las negociaciones entre el ELN y disidencias de las FARC. ¿Qué significa, en lo personal, ver a su región natal de vuelta en los titulares por las mismas razones que hace veinte años?
—Era zona de conflicto hace veinte años y en los últimos tiempos se recrudeció nuevamente, con disputas entre diferentes grupos armados. Desde principios de 2025, Médicos Sin Fronteras volvió a la zona. Hacemos atención primaria en salud. Vemos muchas comunidades confinadas: no pueden salir de sus casas ni de su territorio por el control que ejercen los grupos armados. Y la salud mental sigue siendo muy profunda. Es una crisis de más de cincuenta años. Es un círculo vicioso. Por cuenta del narcotráfico y el control territorial, se vuelve siempre al mismo ciclo de violencia y afectación para las poblaciones civiles. Nosotros lo vemos desde lo humano: las poblaciones civiles siguen siendo desplazadas, retornan cuando el contexto mejora un poco, y vuelven a ser desplazadas. Un sufrimiento constante.
—¿Qué balance hace MSF del plan de “paz total” del presidente Gustavo Petro, que prometía negociar a la vez con todos los actores armados y que hoy enfrenta cuestionamientos serios?
—Nosotros hablamos de lo que vemos en el territorio. Seguimos viendo comunidades afectadas por el conflicto, sin acceso a servicios de salud porque tampoco los servicios del Estado pueden llegar. Hay poblaciones en Colombia que siguen con restricciones de acceso a salud física y mental, salud sexual y reproductiva. Más que un análisis político, nosotros hablamos de lo que encontramos sobre el terreno.
—Antes mencionó el principio de neutralidad. En un conflicto como el de Gaza, donde MSF ha hecho múltiples denuncias sobre las acciones de Israel, ¿es posible sostenerlo?
—Nosotros hablamos desde lo que vemos en nuestros pacientes, desde los datos médicos, desde los testimonios. Con eso denunciamos. Los patrones que estamos viendo son acciones deliberadas contra servicios vitales para la población, incluyendo la salud. Médicos Sin Fronteras siempre informa la ubicación donde trabaja, a veces con coordenadas exactas, como mecanismo de seguridad. Aun así, hemos tenido ataques deliberados a infraestructuras de salud. Hoy lo que estamos viendo es el uso del agua como arma de guerra. En 2025 hemos distribuido setecientos millones de litros de agua. Vemos la destrucción deliberada de plantas desalinizadoras, la restricción de suministros básicos —alimentos, agua potable, saneamiento, insumos médicos—. Eso es deliberado. Y la restricción de los registros legales para Médicos Sin Fronteras y otras 37 organizaciones para operar en Gaza también lo es. Son acciones deliberadas para restringir el acceso a una población con necesidades extremas. La neutralidad no es indiferencia. Nosotros siempre estamos disponibles para la población civil de todas las partes. En su momento ofrecimos nuestros servicios también del lado israelí, pero ellos tienen una capacidad sanitaria muy sólida y dijeron que no necesitaban apoyo. Del otro lado hay un sistema de salud colapsado y una población con necesidades extremas. Allí es donde la ayuda es necesaria.
—En Argentina la presencia de MSF es básicamente institucional. ¿Hay condiciones para abrir algún proyecto operativo?
—Médicos Sin Fronteras interviene cuando hay un contexto que lo amerita —conflicto, epidemias, desastres—, cuando ese contexto tiene implicaciones en la salud de la población, y cuando la respuesta existente no es suficiente. No pretendemos suplir ni reemplazar los mecanismos que funcionan. El año pasado hubo inundaciones en Brasil y Uruguay. Del lado de Brasil había comunidades sin respuesta; del lado de Uruguay la afectación era similar, pero había una respuesta adecuada. MSF no fue a Uruguay. En Argentina seguimos de cerca todos los contextos, pero en muchos países hay sistemas de salud que funcionan.
—Con Gaza, Ucrania, Sudán y la República Democrática del Congo ocupando la agenda global, ¿hay alguna crisis latinoamericana que esté quedando fuera del radar internacional?
—Haití, sin duda. Se normaliza la crisis, se vuelve parte del paisaje y dejamos de hablar. También las comunidades indígenas en varios países. Hemos trabajado con comunidades indígenas en Brasil, en Colombia, y seguimos monitoreando. Son las poblaciones más vulnerables, las que a veces no son mediáticas. Y la migración: dejó de estar en el foco mediático, pero sigue siendo una problemática grave. Hay personas sufriendo, estigmatizadas, criminalizadas, sin acceso a nada básico.
—MSF nació en París en los años setenta, fundada por médicos franceses, y durante décadas su conducción fue mayoritariamente europea y masculina. Hoy usted dirige una sección regional desde Buenos Aires, siendo mujer y latinoamericana. ¿Qué cambia cuando ese liderazgo deja de ser europeo y deja de ser masculino?
—Lo que cambia responde a algo que buscamos como organización: Médicos Sin Fronteras es global, y queremos ser coherentes con eso. Tenemos un sistema de gobernanza muy autocrítico, siempre en proceso de transformación, buscando que las decisiones se tomen más cerca de los territorios y de las comunidades vulnerables. Tener liderazgos desde el sur global —desde Latinoamérica, desde África, desde el sur de Asia— enriquece la labor médico-humanitaria y le da un sentido más genuino: de la población civil del mundo para la población civil del mundo. América Latina no es solo receptora de ayuda humanitaria. La primera intervención de esta organización fue en Centroamérica, hace más de cincuenta años. Y desde aquí hay mucho que aportar: la resiliencia de las comunidades, las formas de organización comunitaria. Los modelos de intervención en salud mental que se desarrollaron aquí se exportaron después a otros contextos, incluso a Palestina. En América Latina la principal epidemia es la violencia, crónica, de años. Y hay que seguir visibilizándola para que no se normalice.
Quién es Nancy Guerrero
Nancy Guerrero Castillo (Ocaña, Colombia, 1983). Administradora de empresas con posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo.
En MSF desde 2004. Misiones en América Latina, África y el sur de Asia.
2023-2024: oficina de representación institucional de MSF en Colombia.
Desde 2024: directora general de MSF Sudamérica de habla hispana, con sede en Buenos Aires.
Médicos Sin Fronteras
Fundada en París, 1971.
Presente en más de 75 países con 516 proyectos activos.
98% de financiamiento privado.
En América Latina opera en 13 países, incluida Venezuela desde 2015.
En Haití, su mayor operación regional: 48,3 millones de euros invertidos en 2024.
