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Luego de que la Justicia Federal resolviera intervenir al Partido Justicialista (PJ) de Salta, este viernes el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocó a elecciones internas para el domingo 2 de agosto de 2026. Tras establecerse un cronograma con plazos breves, la decisión fue cuestionada por parte del sector que se encolumna detrás de la titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

El calendario electoral estará compuesto por cuatro etapas. Primero, la presentación de afiliaciones, seguida por la exhibición de padrones provisorios y definitivos, la presentación y oficialización de listas de candidatos y, finalmente, la votación.

Aunque desde el sector interno del partido señalaron que la velocidad de los trámites podría condicionar la competencia y favorecer a quienes ya cuentan con una estructura territorial consolidada, el ex interventor que había sido designado por el PJ nacional, Pablo Kosiner, expresó su preocupación por el acotado plazo de tiempo brindado para presentar las afiliaciones.

“Esto de dar quince días para presentar una lista y cuatro días para presentar la ficha de afiliación es prácticamente negar la posibilidad de participar a todos aquellos sectores que tengan voluntad de hacerlo y que no tengan ninguna estructura oficial atrás de ellos”, cuestionó el dirigente durante una breve entrevista con Radio Salta.

Al hacer mención al antiguo cronograma que habían planteado durante su co-conducción con Nora Cannuni, Kosiner destacó que durante su gestión anterior se buscaba un proceso territorial y más extenso que permitiera recuperar masa de afiliados y fortalecer la representatividad del partido.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el ex interventor del PJ salteño alertó que en el primer relevamiento sobre padrones detectaron solo 650 afiliados menores de 25 años sobre 90.000, lo que significó una pérdida de entre 25.000 y 30.000 afiliados.

Bajo su punto de vista, la falta de internas y elecciones PASO provocó una fuga de afiliados hacia otros partidos, debiendo ahora reconstruir la base de militancia. Por este motivo, advirtió que la situación afecta la representatividad y la legitimidad del proceso interno, anticipando que su sector probablemente no participará de las internas debido al carácter restrictivo del cronograma.

“Sospechamos que volverá a haber como una lista casi única de quienes estaban a cargo del partido antes de que se haya intervenido”, apuntó. Tras criticar la intervención judicial desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Kosiner cuestionó su legitimidad para organizar elecciones provinciales. “Perjudicará a otros sectores, sobre todo a los más pequeños”, denunció al indicar que el sector había apelado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Por su parte, el interventor Gambetta señaló que la convocatoria busca legitimar las autoridades y fortalecer la unidad partidaria. “La clave es que se convoquen elecciones para que haya autoridades legitimadas y para que la unidad pueda alcanzarse de manera más natural, ya sea antes o después de los comicios”, planteó tras advertir que mantener el partido bajo intervención prolongada debilita su democracia interna.

Desde el sector saencista se expresó disposición a competir. Una fuente indicó que Gambetta es percibido como “mucho más neutral” y anticipó que ya están reuniendo la documentación para presentar lista. Además, destacaron la importancia del trabajo territorial para armar listas competitivas y mencionaron que la clave será dialogar con los cinco departamentos principales —San Martín, Güemes, Orán, Metán y Capital—, sumado a la articulación regional en áreas como la Puna y los Valles.

La intervención del espacio peronista salteño fue dispuesta por la jueza María Servini de Cubría hace dos semanas, luego de que el partido permaneciera intervenido desde el 24 de febrero de 2025 por decisión de las autoridades partidarias a nivel nacional.

En aquella oportunidad, la presidenta del PJ nacional había designado como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso. No obstante, Kosiner y Cannuni fueron nombrados en reemplazo y, tras permanecer más de un año a la cabeza, fueron desplazados por la Justicia Federal al plantearse que la duración de la medida se había convertido en un “mecanismo abusivo”.

Pese a que las antiguas autoridades habían convocado a elecciones para el 25 de octubre de este año, este cronograma quedó trunco por disposición judicial, debido a que indicaron que el llamado electoral fue tardío. No solo por el tiempo que demoraron en proponerse la fecha, sino por el plazo que quedaba por delante.

En paralelo, durante el congreso nacional del PJ celebrado el 20 de mayo, los afiliados votaron por la realización de elecciones en octubre en los partidos intervenidos, es decir, Salta y Jujuy. Sin embargo, se trataría de una propuesta contraria a la decisión judicial.

El titular del Pentágono y secretario de Guerra, Pete Hegseth, expresó este sábado que Estados Unidos posee la capacidad de reanudar las actividades militares contra el régimen de Irán si fuera necesario, en alusión a una posible caída de las negociaciones por la paz en Medio Oriente entre Washington y Teherán.

“Nuestra capacidad para reanudar las operaciones, si fuera necesario, es más que suficiente. Nuestras reservas son más que adecuadas para ello, tanto allí como en todo el mundo, gracias al equilibrio que mantenemos entre municiones de alta calidad y en abundancia. Por lo tanto, estamos en una muy buena posición”, aseguró el funcionario durante el foro de seguridad y defensa Diálogo de Shangri-La en Singapur.

Hegseth reveló que dialogó el sábado con el presidente estadounidense Donald Trump sobre las negociaciones mediadas por Pakistán para la paz y enalteció la paciencia del mandatario: “Tuve la oportunidad de hablar con el presidente; quería que les reiterara la paciencia que tiene para asegurar que, con Estados Unidos emprendiendo este tipo de esfuerzo histórico, cualquier acuerdo (con Irán) será bueno. Excelente”.

En ese sentido, recordó un encuentro de días atrás con las máximas autoridades del país: “Estábamos en una reunión de gabinete hace apenas un par de días, y el presidente (Trump) dijo ’oye, será un gran acuerdo, y si Irán no quiere hacer un gran acuerdo que garantice que no obtengan un arma nuclear pueden tratar con el tipo a mi izquierda’. Esa fue la única vez que me han acusado de estar en la izquierda”.

Durante su intervención, el jefe del Pentágono remarcó que Washington mantiene su atención en la región Asia-Pacífico pese a la situación con Irán. “Podemos hacer dos cosas a la vez. Estamos impulsando nuestra base industrial de defensa para fabricar 2, 3 o 4 veces más municiones muy pronto, para garantizar que todos nuestros planes (operativos) estén debidamente financiados en todo el mundo”, detalló.

Las declaraciones del secretario siguieron a una reunión en la Sala de Crisis en la Casa Blanca que se extendió por cerca de dos horas. Un alto funcionario de la administración republicana, citado por The New York Times bajo condición de anonimato, señaló que el presidente no adoptó una decisión sobre un posible acuerdo para poner fin al conflicto.

El Gobierno de Estados Unidos considera que se encuentra cerca de alcanzar un trato, aunque persisten cuestiones pendientes. Previo a la reunión, el presidente expresó a través de Truth Social que cualquier acuerdo para prorrogar el alto el fuego en Medio Oriente exigiría la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, el compromiso del régimen de no desarrollar armas nucleares y la autorización para que Estados Unidos retire el uranio enriquecido del país persa.

Teherán rechazó de forma reiterada estas condiciones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, señaló el viernes en una entrevista telefónica con medios estatales que las conversaciones actuales tienen un alcance limitado y no incluyen “la cuestión nuclear”.

Desde Washington, un funcionario de la Casa Blanca citado por CNN y AFP remarcó que Trump solo firmará un acuerdo de paz con Irán si cumple con todas sus condiciones. “La reunión en la Sala de Crisis ha concluido y duró aproximadamente dos horas. El presidente Trump solo firmará un acuerdo que beneficie a Estados Unidos y satisfaga sus líneas rojas”, afirmó el funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato. “Irán jamás podrá poseer un arma nuclear”, sumó.

En paralelo, los funcionarios pakistaníes sostuvieron un encuentro el viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la capital estadounidense, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán.

El resumen difundido por la cancillería precisó que Rubio reconoció los esfuerzos diplomáticos y de mediación realizados por los enviados de Islamabad durante la reunión.

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, manifestó su confianza en que los esfuerzos continuos y sinceros de Pakistán en favor de la paz y la estabilidad regional y global, con el respaldo de países aliados, generarán resultados positivos. La reunión tuvo lugar en un contexto en el que Islamabad actúa como mediador entre Washington y Teherán. En los últimos días, altos funcionarios pakistaníes también realizaron visitas a Irán.

Estados Unidos sigue con sus operaciones en Medio Oriente

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) advirtió el viernes que llevará a cabo operaciones militares cerca del estrecho de Ormuz y que responderá con ataques en legítima defensa contra buques que detecte colocando minas.

A su vez, CENTCOM comunicó que al 29 de mayo sus fuerzas lograron desviar 115 buques comerciales como parte del bloqueo marítimo impuesto a los puertos iraníes. Estas operaciones en el mar Arábigo comenzaron el 13 de abril y afectan a embarcaciones que entran y salen de los puertos de Irán, en cumplimiento de una proclamación presidencial de Donald Trump.

(Con información de Reuters)

La economía argentina atraviesa una fase de estabilización en sus principales indicadores macroeconómicos, con los indicadores de actividad en niveles históricos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, estas cifras no logran traducirse en una mejora tangible para el empleo asalariado formal privado ni en un repunte de los salarios reales, que continúan estancados frente al deterioro del poder adquisitivo y la dualidad que exhiben los distintos sectores.

El mercado laboral formal muestra señales de fatiga a pesar del entorno macroeconómico estable. Las actividades vinculadas al comercio exterior impulsan el crecimiento, mientras los sectores orientados al mercado interno presentan rezagos en la generación de empleo y en la recuperación de los ingresos. Las cifras del empleo privado formal y los salarios reflejan una desconexión entre los avances del sector exportador y la realidad de la mayoría de los trabajadores registrados.

El estancamiento del empleo formal privado se combina con una recuperación parcial y transitoria de los salarios durante 2025, seguida de una nueva caída en el inicio de 2026. La dinámica salarial evidenció una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación en los últimos siete meses, lo que limita la capacidad de consumo de los hogares y restringe la posibilidad de una recuperación amplia de la demanda interna.

El escenario se completa con una estructura productiva dual: sectores como la energía, la minería y los servicios financieros muestran resultados positivos, pero su peso en la creación de empleo formal privado es menor que el de otros como industria, construcción o comercio interior, que exhiben un comportamiento más errático.

Dualidad productiva

Según un análisis de Fundación Mediterránea-Ieral, mientras crecen los segmentos vinculados a la exportación, la mayoría de los sectores ligados al consumo interno enfrentan salarios reales debilitados, menor capacidad de consumo y una reactivación intermitente de la actividad económica.

El documento, elaborado por la economista Laura Caullo, detalla que los rubros más dinámicos en materia exportadora y de inversión representan solo el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado, lo que impide que la bonanza del frente externo se cristalice de manera automática en el empleo o en los ingresos de los hogares.

El economista Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, describió que la actividad económica fuera de los sectores primarios, como la construcción, la industria y el comercio, está estancada desde febrero del año pasado.

Estos sectores, que concentran la mayor parte del empleo privado formal, no lograban despegar, y dentro de los segmentos ganadores como la energía, algunos subsectores incluso experimentaron caída de la ocupación privada formal por la destrucción de puestos en los yacimientos de petróleo convencional, que quedan al margen del boom de Vaca Muerta.

Para los próximos meses, el analista anticipó que el escenario del empleo y el crecimiento sería similar al actual, y que no se espera un repunte significativo del empleo privado formal. “En el mejor de los casos puede haber una pequeña recuperación del salario real algunos meses, pero cuesta ver que se recupere el consumo agregado, producto de que a su vez las familias tienen una caída del ingreso disponible. Esto hace que después de pagar gastos fijos, por más que se recupere un poco el ingreso, no puedan dedicarlo al consumo”, apuntó.

En cuanto a la evolución de la dinámica laboral, un reporte elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), indicó que en febrero de 2026, tras nueve meses consecutivos de caída, el empleo formal aumentó en 8 mil puestos respecto del mes anterior.

Sin embargo, el nivel total de empleo asalariado formal continuó por debajo de los valores del año previo, con una pérdida de 106 mil puestos frente a febrero de 2025 y de 290 mil puestos respecto de noviembre de 2023. En paralelo, durante ese período hubo un crecimiento de puestos de trabajo informales y de “menor calidad”.

Industria y comercio lideraron la pérdida de empleo desde septiembre de 2025, acompañando la contracción del nivel de actividad sectorial. El sector minero mostró una variación mensual positiva tras 19 meses de caídas, aunque la comparación interanual siguió arrojando un saldo negativo. La construcción, tras una leve recuperación a fines de 2025, no registró cambios en febrero de 2026. El informe destacó que las empresas pequeñas redujeron empleo, las grandes lo aumentaron y las medianas no mostraron variación.

Salarios estancados

La evolución de los ingresos tampoco es homogénea: tras una caída interanual del 14% real en 2024, los salarios del sector privado registrado recuperaron parte de su poder adquisitivo y lograron mejoras superiores al 12% interanual hacia mediados de 2025, aunque esa tendencia positiva se revirtió y volvió a terreno negativo a comienzos de 2026, con una caída de 2,3%, según Caullo.

A la vez, el sector público exhibe una trayectoria aún más retrasada, con una caída de hasta el 27% interanual del salario real, que acumuló una pérdida del 23% entre marzo de 2023 y marzo de 2026, potenciada por el ajuste del gasto fiscal que implementó el oficialismo para alcanzar el superávit, mientras que en el sector privado formal la merma fue del 7 por ciento.

En este contexto, el economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, dijo a Infobae: “La combinación de estancamiento en los sectores vinculados a la demanda interna -que concentran la mayor parte del empleo formal- y una inflación todavía elevada hizo que el salario real del sector privado registrado acumule siete meses consecutivos de caída, con una pérdida acumulada del 4,8% con respecto a agosto del año pasado“.

Estimaciones de Estudios Económicos del Banco Provincia calculan que los sueldos privados formales perdieron 1,3% de poder de compra en el tercer mes del año, último dato disponible en el Indec.

“En los últimos doce meses, la caída acumuló 3,9% y respecto del promedio de 2023, el deterioro fue de 5,7% (y de 8% respecto de la media 2020-2023)”, agregaron desde el organismo bonaerense. Y subrayaron: “Una particularidad de este proceso de desaceleración de la inflación es que no trajo una mejora del salario real, sino que, por el contrario, se dio en simultáneo con una caída. En 2023, el poder adquisitivo creció en 6 de 12 meses. Entre 2025 y marzo de 2026, cayó en 10 sobre 15”.

El director de Analytica, Claudio Caprarulo, advirtió que las remuneraciones privadas formales “acumularon siete meses consecutivos a la baja y es la peor racha desde que asumió La Libertad Avanza”.

Caprarulo concluyó: “En el primer trimestre el promedio de salarios subió en línea con lo que coordinó el Gobierno, 1,9%, mientras la inflación promedió 3,1%. Difícil ver algo muy diferente en abril y mayo. Entre la inercia y el precio de la energía, la posibilidad de perforar sostenidamente el 2% de inflación mensual se alejó aún más. ¿Cambiará la pauta paritaria? El nivel de actividad tiene un techo bajo hasta que los salarios no levanten”.

La corrupción es el abuso de poder, cargo o confianza para obtener un beneficio privado, generalmente económico, en detrimento del interés público o de terceros. Se manifiesta en distintos ámbitos —político, judicial, empresarial, policial— y adopta múltiples formas: soborno, malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo o extorsión. Organismos internacionales como Transparencia Internacional la definen como “el abuso del poder encomendado para beneficio propio”, una formulación que abarca tanto al sector público como al privado.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, publicado en febrero de 2026, reveló que Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Haití y Nicaragua, integran el quinteto de países más corruptos del mundo. En el otro extremo, Dinamarca, Finlandia y Singapur, ocupan el podio de los menos corruptos.

Para llegar a esa exitosa meta, desde el Estado, se aplicaron estrictas fórmulas de controles preventivos como:

Mapeo de riesgos en cada área de la administración pública para identificar zonas vulnerables antes de que ocurran actos corruptos.

Códigos de conducta obligatorios para funcionarios y miembros del gobierno.

Declaraciones patrimoniales periódicas y verificables de todos los servidores públicos.

Sistemas de cumplimiento anticorrupción (compliance) exigidos también a empresas que contraten con el Estado.

Auditorías externas e independientes a partidos políticos y sus fundaciones cuando reciben financiamiento público.

Control en la contratación pública:

• Plataformas digitales de contratación con inteligencia artificial para detectar irregularidades.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

<b>Control financiero y patrimonial;</b>

• Confiscación preventiva o administrativa de bienes vinculados a actividades corruptas, incluso sin condena firme previa.
• Fortalecimiento de las oficinas de recuperación de activos con más recursos humanos y presupuesto.
• Monitoreo de flujos financieros sospechosos a través de unidades de inteligencia económica.

<b>Control judicial y penal:</b>

• Creación de fiscalías anticorrupción especializadas con mayor capacidad investigativa.
• Unidades judiciales especializadas en delitos contra la administración pública.
• Endurecimiento de penas y ampliación de plazos de prescripción para que los casos no queden impunes.
• Procedimientos judiciales más ágiles para casos que involucren funcionarios públicos.

<b>Control sobre denunciantes (</b><i><b>whistleblowers</b></i><b>):</b>

• Canales internos de denuncia obligatorios en empresas y organismos públicos.
• Garantías de confidencialidad, protección y asistencia legal para quien denuncia.
• Extensión de la protección a quienes reportan directamente ante fiscales, policía o jueces.

<b>Control de transparencia y rendición de cuentas</b>

• Publicación periódica de informes de gestión por parte de todas las entidades del Estado.
• Libre acceso ciudadano a la información pública.
• Campañas de formación e integridad para empleados públicos y para la sociedad en general.
• Encuestas de percepción para medir el avance de las políticas anticorrupción.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

La Argentina está embarcada desde Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a cargo de Alejandro Díaz, en llegar a ese grado de excelencia. Es una de las razones abrió una convocatoria para la presentación de trabajos técnicos y ponencias que formarán parte del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que se realizará entre el 21 y el 23 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. La prevención de la corrupción será uno de los items centrales.

La propuesta está dirigida a especialistas, académicos, funcionarios y profesionales interesados en compartir investigaciones, experiencias y herramientas vinculadas al fortalecimiento de los mecanismos de control y la mejora de la gestión pública.

Los interesados tendrán tiempo hasta el 15 de junio para presentar un resumen preliminar de sus trabajos. Los trabajos seleccionados serán expuestas durante el congreso, que reunirá a más de 30 conferencistas de 15 países de América y Europa y contará con la participación de más de 1.000 asistentes.

Un debate abierto

La transparencia y la integridad en la gestión pública, la prevención de la corrupción, el impacto de la transformación digital y la inteligencia artificial en los procesos de auditoría, la gestión de riesgos y la evaluación de políticas públicas formarán parte de la agenda de debate.

Detrás de esos temas subyace una discusión cada vez más presente en las administraciones públicas de todo el mundo: cómo construir sistemas de control capaces de detectar problemas antes de que se transformen en crisis.

Durante años, la tarea de los organismos de auditoría estuvo asociada principalmente a la revisión posterior de actos administrativos, contrataciones o programas estatales. Sin embargo, la creciente complejidad de la gestión pública y el avance de las tecnologías de información impulsaron nuevos enfoques orientados a la prevención.

La idea es sencilla: no esperar a que aparezca un problema para intervenir. En lugar de limitarse a verificar lo ocurrido una vez finalizada una política pública, los organismos de control buscan cada vez más desarrollar herramientas que permitan identificar riesgos, monitorear objetivos y generar alertas tempranas cuando los resultados comienzan a desviarse de las metas previstas.

La posibilidad de procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones o inconsistencias permite fortalecer los controles y mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones estatales.

La SIGEN es el organismo encargado de ejercer el control interno del Poder Ejecutivo Nacional. Entre sus funciones se encuentran la supervisión de ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas y distintos entes estatales, a través de auditorías, evaluaciones y acciones de seguimiento destinadas a verificar el cumplimiento de procedimientos, normas y objetivos de gestión.

Pero la actividad de control no se limita a la detección de irregularidades. En los últimos años, tanto en Argentina como en otros países, comenzó a ganar relevancia una visión que incorpora también el acompañamiento técnico a los organismos públicos para mejorar procesos, fortalecer mecanismos de prevención y optimizar la utilización de recursos. La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.

La relevancia de estas discusiones quedó expuesta en distintos episodios recientes que pusieron el foco sobre la necesidad de contar con mecanismos de supervisión más eficaces y oportunos. En ese contexto, especialistas coinciden en que la capacidad para detectar señales de alerta durante la ejecución de una política pública puede resultar tan importante como la auditoría posterior de sus resultados.

“La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.”

El Congreso buscará precisamente reunir experiencias nacionales e internacionales que permitan intercambiar conocimientos sobre estos desafíos. La participación de representantes de distintos países apunta a mostrar cómo evolucionan los sistemas de control en un escenario atravesado por la digitalización de los procesos administrativos, la demanda de mayor transparencia y la necesidad de mejorar la calidad de las políticas públicas.

La convocatoria para la presentación de trabajos preliminares –también mencionados abstracts– permanecerá abierta hasta el 15 de junio. Las bases y condiciones para participar, junto con los requisitos para la presentación de trabajos, se encuentran disponibles en www.sigen.gob.ar/congreso.