El proceso licitatorio comenzó en diciembre de 2025 y enfrentó a dos de las principales compañías de dragado del mundo. También había participado la brasileña DTA Engenharia, aunque quedó eliminada tras no superar la instancia técnica. Según trascendió, Jan De Nul logró una ventaja superior a los 24 puntos sobre 80 posibles en la evaluación técnica, un diferencial que podría resultar decisivo para quedarse nuevamente con la concesión de la principal vía fluvial de exportación del país.
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Las empresas ofertaron tarifas de US$ 3,80 para la etapa 0, US$ 4,65 para la etapa 1 y US$ 5,78 para la etapa 2. El valor total del recorrido completo quedó fijado en US$ 14,23. De acuerdo con estimaciones oficiales, esto permitiría reducir en un 15% el peaje actual y generar un ahorro anual de entre US$ 35 y US$ 40 millones para los usuarios.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que el objetivo es garantizar una tarifa competitiva, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica para el comercio exterior argentino. El nuevo concesionario deberá hacerse cargo del dragado, balizamiento, mantenimiento y ampliación de la vía, sin respaldo estatal frente a riesgos comerciales.
La importancia de la Hidrovía Paraná-Paraguay
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Hidrovía paraguay paraná
La Hidrovía Paraná-Paraguay tiene una extensión de 1.635 kilómetros y representa un corredor clave para la economía regional.Por esa vía sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente granos, derivados agroindustriales y productos industriales que se embarcan en las terminales portuarias del Gran Rosario, uno de los mayores polos agroexportadores del mundo.
Además del comercio argentino, la hidrovía es utilizada por cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en el marco del acuerdo regional firmado en 1992 para regular la navegación y el transporte comercial sobre los ríos Paraná y Paraguay.
La nueva adjudicación llega después del fallido proceso licitatorio de febrero de 2025, que fue declarado nulo tras recibir una sola oferta. Tras el vencimiento de la concesión original en 2021, el Estado nacional mantuvo la administración directa de la hidrovía y contrató a Jan De Nul para las tareas de dragado y señalización hasta la definición del nuevo esquema privado.
Andy Burnham fue confirmado este martes como candidato del Partido Laborista para las elecciones parciales de Makerfield, en el Gran Manchester, tras la ratificación del Comité Ejecutivo Nacional (NEC) del partido. La contienda está prevista para el 18 de junio, pendiente de confirmación oficial por parte de las autoridades de la Cámara de los Comunes.
El partido precisó que no hubo otros candidatos preseleccionados para el escaño. La vacante surgió tras la dimisión del diputado laborista Josh Simons, quien renunció expresamente para permitir la candidatura del alcalde del Gran Manchester, cargo que Burnham ocupaba desde 2017. Fuentes del NEC señalaron que otros aspirantes sí se habían postulado, pero no superaron el proceso de selección.
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La confirmación de Burnham representa el paso previo a una posible disputa por el liderazgo del Partido Laborista frente a Sir Keir Starmer, ya que el alcalde necesita un escaño en Westminster para poder presentarse a esa carrera. Sus aliados indicaron que esta semana expondrá su agenda económica y abordará asuntos pendientes de cara a su regreso al Parlamento, entre ellos descartar un reingreso inminente a la Unión Europea y reafirmar su compromiso con las normas fiscales sobre deuda y préstamos.
La firma de análisis de opinión pública YouGov refuerza su posición: 59% de los miembros laboristas consultados apoyaría a Burnham en una contienda por el liderazgo, frente al 37% que respaldaría a Starmer. El propio candidato se mostró honrado por su selección y afirmó que las comunidades de Makerfield habían sido ignoradas por la política nacional durante demasiado tiempo.
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“Muchos aquí sienten que Westminster no trabaja para ellos, y tienen razón. Me presento para cambiar eso y lograr que la voz de estas comunidades se escuche alto y claro”, afirmó. Agregó que la prioridad de su gestión sería conseguir que la vida volviera a ser más asequible para las comunidades de la región.
Su principal rival será Robert Kenyon, candidato de Reform UK, cuya designación se anunció minutos después de la confirmación de Burnham. Kenyon es un fontanero local, nativo de Makerfield, exreservista del ejército y exfuncionario del Servicio Nacional de Salud en Lancashire. En las elecciones generales de 2024, quedó a sólo 5.399 votos de Simons.
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En un vídeo difundido por Reform UK, Kenyon acusó a Burnham de usar Makerfield como trampolín y criticó lo que consideró una clase política dedicada a la carrera, distante de los territorios que representa. “Van a colegios privados, a la universidad, consiguen un trabajo en un centro de estudios o son asistentes de un diputado, y de repente los colocan en un lugar que ni siquiera conocen”, afirmó.
La estrategia de Reform UK buscaría representar al alcalde —exasesor especial formado en Cambridge— como un político de élite ajeno a la zona, pese a que creció en Makerfield, cerca de donde vivía su familia.
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La elección contará con otros dos candidatos confirmados: Rebecca Shepherd, de Restore Britain, y Alan “Howlin” Laud Hope, del Partido Oficial de los Monstruos Dementes. El Partido Verde anunciará su representante el miércoles por la noche, mientras que el candidato conservador se dará a conocer en las próximas 24 horas.
La circunscripción se ubica dentro del municipio de Wigan, donde Burnham obtuvo el 66% de los votos en las elecciones a la alcaldía del Gran Manchester hace apenas dos años. No obstante, el Laborismo sufrió una derrota en las locales de ese municipio a comienzos de este mes, cuando Reform UK se hizo con 24 de los 25 escaños disponibles.
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En ese contexto, aliados de Starmer advirtieron que una victoria de Burnham podría acercar al Partido Laborista a las posiciones del exlíder Jeremy Corbyn, expulsado de la formación en 2024 por una polémica sobre antisemitismo.
(Con información de BCC, The Guardian y The Independent)
La exhibición a cielo abierto de la interna libertaria monopoliza la agenda del Gobierno nacional que el próximo tiene previsto volver a reunir a su mesa política en Casa Rosada, según confirmaron importantes fuentes a Infobae. Pese a los envenenados dardos cruzados entre las tribus que lideran el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los principales protagonistas volverán a verse las caras a principios de la semana próxima.
Se espera que el malestar existente entre el asesor presidencial y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem también sea parte del temario, aunque varios funcionarios anticipan que los principales afectados “fingirán demencia” y confiarán en la explicación que ek diputado expuso ante el Gabinete y el bloque libertario. “Somos especialistas”, se jactó uno de los que asiste con regularidad.
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Otro hasta se atrevió a proponer una foto entre la menor de los Milei y el asesor como gesto para dar por terminado el conflicto. Lo que el interlocutor parecía olvidar es que esa misma estrategia ya había sido utilizada meses antes para intentar disipar las diferencias con Guillermo Francos.
Lo que hasta entonces era subterráneo, el pasado sábado quedó exhibido luego de que Caputo acusara al entorno del titular de la Cámara de Diputados de manejar una cuenta anónima en X que, tiempo atrás, publicó críticas contra el presidente Javier Milei.
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Si bien un sector del reducido círculo cree que el tema no escalará, algunos interlocutores ven con preocupación la neutralidad adoptada por el mandatario que se esfuerza por hacer equilibrio entre los dos bandos que responden a lo que supo definir como el Triángulo de Hierro. “Es una interna propia del poder y debe resolverse por los canales naturales”, precisó un funcionario a Infobae.
Lo cierto es que el martes 26 de mayo, a las 11, un día después del feriado patrio, bajo la atenta mirada de Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene previsto recibir en sus oficinas a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); a la titular del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, pero también a los primos Menem y al asesor. Será la primera vez que los tres últimos se ven la cara desde la irrupción de la guerra virtual.
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Los ánimos que atraviesa a la Casa Rosada son complejos. Hay coincidencia en que la exposición de las diferencias perjudican a la administración que transita días difíciles desde hace semanas. Para algunos, la confrontación debe ser leída como un síntoma de crisis. Hace al menos dos meses que el Gobierno no logra controlar la agenda mediática ni instalar sus hitos de gestión, pese a los constantes esfuerzos.
Sin embargo, en los hechos, la disputa entre Caputo y los Menem le otorga algo de aire al ministro coordinador, afectado en las últimas semanas por los movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
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Pese a las versiones que corren, al menos tres integrantes del círculo designado por el mandatario confesaron a este medio que no hubo ninguna reunión prevista para esta semana. “No sé de dónde salen las versiones. A la prensa le gusta inventar”, planteó uno de los asistentes en línea con las críticas que expide el libertario contra el “95% de los periodistas”.
Desde el lapidario mensaje en X de Caputo, Milei regala likes a los dos sectores en pugna y evita tomar partido. Lejos de reducir la tensión, el asesor presidencial, que rompió con la formalidad en sus redes, anticipó, en lo que puede configurarse un mensaje a los propios, que se irá con el mandatario o cuando él “lo disponga”. “Mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez”, se expidió. Milei lo compartió, horas después de darle me gusta al post de Martín Menem durante su visita por La Rioja.
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Algunos actores ajenos, que evitan tomar partido, detectan una exageración en la postura planteada por la tropa virtual que desde el sábado apunta contra Menem. Otros creen que los últimos mensajes en X, en los que sugiere tiros para dirimir la contienda y se califica como “loco”, lo “ponen en evidencia”.
“¿Tanto se van a indignar? Les dieron un poco de su propia medicina”, sostuvo una voz del ecosistema que admitió sorpresa por la cólera que transmite el asesor en sus mensajes. “Se hinchó las pelotas”, responden desde el Salón Martín Fierro respecto a la actitud que adoptó el consultor, quien debió ausentarse de la última reunión de mesa política que tuvo lugar el pasado martes debido a que cumplía agenda en Estados Unidos.
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La nueva convocatoria de la mesa política se presenta como una nueva una oportunidad para medir hasta dónde escalará la tensión entre las distintas terminales del oficialismo. Con Milei decidido a sostener el equilibrio, en Balcarce 50 saben que el desafío ya no pasa por contener la interna, sino por evitar que las disputas sigan condicionando a una gestión que desde hace semanas luce empantanada.
El juicio contra Leonardo Airaldi por presunto narcotráfico atravesó este martes una de sus jornadas más relevantes en el Tribunal Oral Federal, donde el fiscal federal auxiliar Juan Sebastián Podhainy brindó detalles sobre las declaraciones, las pruebas presentadas y el avance del proceso judicial que involucra al productor rural de Diamante acusado de integrar y financiar una organización dedicada al comercio de estupefacientes.
La audiencia se desarrolló en el Juzgado Federal y estuvo centrada en la ampliación de indagatoria de Airaldi, considerado uno de los principales acusados de la causa. Durante la jornada también declararon otros imputados vinculados al expediente, mientras las partes continuaron incorporando pruebas testimoniales y documentales.
En diálogo con Elonce, Podhainy explicó que “en el día de hoy estaba previsto que declaren tres de los procesados” y destacó especialmente el testimonio de María Soledad Cáceres, actualmente de apellido Touzet, quien realizó una declaración que calificó como “estremecedora”.
Un testimonio que impactó en la audiencia
Según relató el fiscal auxiliar, la mujer sindicó a Airaldi como una persona “bastante violenta” y sostuvo que había sido amenazada en numerosas ocasiones. “Ella manifestó que Airaldi la amenazó innumerables veces, incluso con dispararle un tiro entre ojo y ojo”, indicó Podhainy al describir parte de lo expuesto durante la audiencia.
El representante del Ministerio Público Fiscal reveló además que la testigo llegó a implorar al tribunal que el acusado no recuperara la libertad. “Confiaba en que no iban a soltar a ese animal”, expresó la mujer durante su declaración, según reprodujo el funcionario judicial.
La mujer relató que “en ciertas ocasiones Airaldi, le encargó que lleve, lo que ella intuía que podía ser materiales estupefacientes a Juan Herbes, que es otro de los procesados y uno de los responsables de mayor jerarquía, por debajo de Airaldi”, dijo el fiscal auxiliar.
Contundente testimonio
Asimismo, la mujer también sostuvo que, en ocasiones, “Airaldi había comprado combustible para para aviones y reconoció también un vínculo con Diego Torres, que es el puestero prófugo en el domicilio de quien se encontraron 30 kilos de cocaína y dio cuenta de las instrucciones que Airaldi, le daba para que ella se comunique con Torres y le brinde novedades respecto de qué iba ocurriendo en el lugar donde trabajaba, que es en la isla del Pillo”, relató Podhainy a Elonce.
“Es una persona que se manifestó con muchísimo temor respecto de cualquier tipo de represalia que pueda adoptar el acusado y por eso, dijo que deseaba que Airaldi continúe bajo este régimen de sistema integral para detenidos de alto riesgo”, sostuvo el fiscal sobre el testimonio.
El temor evidenciado por la declarante derivó en una serie de medidas especiales dispuestas por el tribunal. “Se dispusieron medidas de protección atento al estado de preocupación y mucha congoja que tenía esta mujer”, confirmó Podhainy, quien señaló además que la solicitud fue acompañada por la Procunar y la defensa de la propia imputada.
La figura del arrepentido y las medidas de protección
Durante la entrevista, el fiscal explicó que la situación de la mujer podría encuadrarse dentro de la figura legal del arrepentido prevista en la Ley 27.304. “Claramente el tribunal así lo hizo porque se dispusieron estas medidas de protección conforme lo establece la ley para quienes se arrepienten”, sostuvo.
El fiscal federal auxiliar Juan Sebastián Podhainy.
No obstante, aclaró que todavía restan instancias probatorias y nuevas declaraciones testimoniales. “Todavía resta prueba por producir y días de audiencia de testigos, pero sin lugar a dudas ha sido un testimonio que deberá ser necesariamente valorado”, agregó.
La mujer se encuentra procesada en la causa como coautora del delito de comercio de estupefacientes. Según detalló Podhainy a Elonce, mantenía un vínculo estrecho con Airaldi y cumplía tareas vinculadas a cuestiones administrativas y personales.
“Era la secretaria de asuntos relacionados con las actividades que él desempeñaba, vinculadas a cuestiones familiares y compras”, explicó el fiscal. Sin embargo, durante su exposición también brindó detalles sobre presuntos movimientos vinculados al narcotráfico.
Combustible para aviones y paquetes sospechosos
Entre los elementos mencionados durante la audiencia, la testigo afirmó que Airaldi le habría encargado trasladar paquetes hacia otro imputado de apellido Herbes. “Ella intuía que podían ser materiales estupefacientes”, señaló Podhainy.
Leonardo Airaldi.
Además, indicó que la mujer reconoció episodios relacionados con la compra de combustible para aeronaves y vínculos con Diego Torres, un puestero prófugo en cuyo domicilio fueron hallados 30 kilos de clorhidrato de cocaína.
El fiscal detalló que la testigo relató instrucciones que recibía para mantenerse en contacto con Torres y comunicar novedades sobre movimientos en la zona de islas donde trabajaba. “Ella daba novedades respecto de cómo iban ocurriendo las cosas en el lugar donde él trabajaba”, explicó.
La investigación judicial sostiene que Airaldi habría tenido un rol central dentro de una organización dedicada al comercio de estupefacientes en Paraná, Diamante y sectores insulares del río Paraná.
La acusación contra Airaldi
“Airaldi está acusado como organizador y financista de un grupo de personas que se dedicaban al comercio de estupefacientes”, sostuvo Podhainy durante la entrevista brindada en un cuarto intermedio de la audiencia.
Jueza Noemí Berros.
El expediente también incorpora como uno de los hechos principales el hallazgo de 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, localidad santafesina ubicada frente a Diamante. Esa causa fue unificada con el proceso que se tramitaba en Entre Ríos.
La investigación federal considera que existía una estructura organizada para la distribución y comercialización de drogas, con distintos roles asignados y conexiones entre ambas provincias.
Mientras tanto, Airaldi amplió su declaración indagatoria durante la jornada. Según adelantó el fiscal auxiliar, el acusado ya había manifestado que no respondería preguntas de la fiscalía ni del tribunal.
Audios, escuchas y pruebas incorporadas al juicio
Otro de los puntos relevantes mencionados por Podhainy fueron las escuchas telefónicas y audios incorporados como prueba durante las audiencias anteriores. Parte de ese material trascendió públicamente luego de ser reproducido en el debate oral. “Son audios que fueron proyectados en audiencia y que se desarrollaron en las declaraciones del personal de investigación de la Policía de Entre Ríos”, explicó.
El fiscal federal auxiliar Juan Sebastián Podhainy.
De acuerdo a lo señalado por el fiscal, en esas conversaciones se escucharían instrucciones vinculadas al movimiento, almacenamiento y comercialización de droga en distintas localidades entrerrianas. “Hacen referencia al rol que tenía Airaldi en dar instrucciones y en cómo movían el estupefaciente en distintas zonas de Paraná y Diamante”, afirmó Podhainy.
El contenido de las escuchas
El funcionario judicial señaló que algunas conversaciones aludían a maniobras de ocultamiento y calidad del material secuestrado. “Trascendió en los medios periodísticos que el material debía ser enterrado, que servía para fumar y que era de muy buena calidad”, explicó.
Asimismo, indicó que uno de los involucrados reconocía en los audios haber vendido más de dos kilos de marihuana y adquirido otros cuatro kilos para fraccionar cocaína destinada a la venta. “Todo eso había sido suministrado por Airaldi para su posterior comercialización”, sostuvo el fiscal federal auxiliar al referirse al contenido de las pruebas.
Para la acusación, las escuchas constituyen una pieza central dentro del contexto probatorio que intenta demostrar la existencia de la organización criminal investigada.
Vecinos, temor y continuidad del juicio
Podhainy también mencionó declaraciones de integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron de la investigación. Según indicó, varios vecinos evitaban identificarse por miedo, aunque aseguraban conocer las actividades que se desarrollaban en determinados lugares vinculados a la causa.
“Los vecinos reconocían que en el bar Mandela, señalado como centro neurálgico de venta de estupefacientes según la hipótesis de la investigación, se comercializaban tóxicos”, relató.
El juicio continuará el próximo 28 de mayo con nuevas declaraciones testimoniales relacionadas tanto con la causa de Paraná como con el expediente vinculado al hallazgo de cocaína en Santa Fe.
En las próximas jornadas también se espera la incorporación de nuevos elementos probatorios y más testimonios de investigadores y personas vinculadas al caso, en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en la región en materia de narcotráfico.
Contundente testimonio de una secretaria complicó a Airaldi en el juico por narcotráfico
Luego de que el Banco Nación rechazara una propuesta de pago que la firma Algodonera Avellaneda (AASA), ligada a la familia Vicentin, presentó en su concurso, la textil le pidió al juez que tiene su caso que excluya al banco por considerarlo un “acreedor hostil” del cómputo de las mayorías necesarias. El BNA tiene más del 80% del pasivo quirografiario. La Justicia tiene que resolver ahora sobre este planteo de la compañía antes de definir un proceso de salvataje o directamente la quiebra.
Héctor Vizcay, abogado representante de la firma en el concurso, con el patrocinio de Diego Feser, fue quien realizó la presentación ante el magistrado Fabián Lorenzini, que entiende en el concurso de Algodonera Avellaneda, empresa que posee 366 empleados y se encuentra en Reconquista, Santa Fe.
Según se detalla en el mismo escrito, el BNA “ostenta un crédito verificado, con carácter quirografario, por las sumas de $1.585.782.428,89 y US$260.791.600,40 representando ello, a los efectos del cómputo de las mayorías, un 80% del pasivo quirografario verificado y/o declarado admisible”.
De acuerdo con la empresa, mejoró su propuesta concursal en tres ocasiones, “garantizando al BNA y al resto de sus acreedores el pago del 100% de los créditos en dólares estadounidenses y en pesos argentinos, en miras a eludir las restricciones normativas para aceptar quitas de capital que expresamente puso de manifiesto la entidad en reiteradas ocasiones”.
“No hay dudas de que mi mandante ha adecuado su propuesta concursal en reiteradas ocasiones únicamente en interés del BNA, no hay otra forma de expresarlo. Véase que ello es tan así que incluso la última mejora de propuesta se efectuó al momento 5 de celebrarse la audiencia informativa el día 08/05/2025, fecha en la que, sin computar al BNA, esta parte ya contaba con las mayorías exigidas por la LCQ. De hecho, la alternativa E fue dirigida directamente al crédito del BNA, expresada con los valores de su propio crédito”, señaló el escrito.
El escrito del abogado remarcó que la firma “no es más que un rehén de una entidad financiera que independientemente de la alternativa que se le presente no va a otorgar su conformidad, pues persigue un interés contrario o más bien paralelo al concursal”.
El BNA, dijo la concursada, tiene un crédito verificado, con carácter quirografario, por las sumas de $1.585.782.428,89 y US$260.791.600,40 Santiago Cichero/AFV
Ahora, tras conocerse el planteo de la empresa ante la Justicia, desde el banco respondieron: “En el marco del proceso concursal de Algodonera Avellaneda, y luego de que la empresa presentara un pedido para excluir al Banco de la Nación Argentina de la votación vinculada a la propuesta de pago a acreedores, catalogándolo en forma infundada como ‘acreedor hostil’, el juez interviniente resolvió dar trámite al planteo y correr traslado al Banco Nación. Ante esta situación, el Banco Nación en defensa de sus intereses y en salvaguarda de la buena fe que evidenció en el proceso concursal aludido, presentará en tiempo y forma oportuna su respuesta ante el Juzgado, solicitando el rechazo del planteo efectuado por la algodonera, al considerar que la exclusión pretendida resulta improcedente y afecta su derecho de propiedad de raigambre constitucional como acreedor en el marco del concurso”.
Después agregó: “A lo largo de un proceso que se extendió por casi dos años, la entidad participó de todas las audiencias informativas convocadas, analizó las distintas propuestas presentadas y evaluó de manera integral sus implicancias económicas, financieras y jurídicas, en línea con los criterios de responsabilidad y prudencia que deben regir la administración de los recursos públicos. El Banco sostuvo desde el inicio una participación de buena fe, acompañando cada etapa del procedimiento y reafirmando su compromiso con la búsqueda de alternativas sostenibles y ajustadas a derecho”.
Algodonera Avellaneda está ligada a la familia Vicentin
En tanto, para la textil, ”la conducta del BNA impide notoriamente la reestructuración del pasivo de AASA y la concreción de la conservación de la empresa, pues desde su posición de acreedor controlante o dominante -pese a los mejores esfuerzos de mi representada- rechazó sistemáticamente todas y cada una de las mejores propuestas que se le presentaron”.
En esta línea, según la firma, si se excluyera el voto del BNA del cómputo de las mayorías exigidas por el artículo 45 de la ley de concursos y quiebras las conformidades ascenderían al siguiente cálculo: 55,17% de las personas y 82,29 % del capital computable ($65.084.175.419,99).
La licitación internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) —la hidrovía Paraná-Paraguay— llegó a su instancia final este martes con un escenario de paridad absoluta en lo financiero.
Tras la apertura de los sobres, tanto la compañía Jan De Nul como la firma Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) presentaron exactamente la misma propuesta económica, clavada en el nivel mínimo permitido por el pliego general.
Empate histórico en la licitación de la Hidrovía: cuáles son las tarifas ofertadas
En términos de costos, la competencia comercial arrojó un empate milimétrico: ambas compañías propusieron el mismo valor mínimo de tarifa para cada tramo del peaje, ofertando USD 3,80 para la etapa 0, USD 4,65 para la etapa 1 y USD 5,78 para la etapa 2, lo que consolida una suma de USD 14,23 por el recorrido completo de la hidrovía.
De acuerdo con datos oficiales, este escenario de rebaja generalizada —que podría hacer descender la tarifa de peaje un 15 por ciento— representará un alivio clave para la competitividad del sector, con un ahorro anual estimado de entre USD 35 y USD 40 millones para los usuarios. Con las cartas ya sobre la mesa, la definición final quedó en manos del Gobierno nacional, que dará a conocer el nombre de la adjudicataria el próximo mes.
Sin embargo, la balanza comenzó a inclinarse de forma decisiva gracias a los resultados de la etapa anterior: debido a la diferencia técnica, más de 24 puntos sobre 80 posibles,obtenida en esa primera fase, Jan De Nul se perfila ahora como la virtual adjudicataria para operar, mantener y modernizar la principal ruta fluvial de exportaciones de la Argentina y la región durante los próximos 25 años.
La ventaja técnica que perfila a Jan De Nul y el análisis del Ministerio de Economía
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Economía detalló el alcance de las propuestas al precisar que “la oferta económica presentada tanto por Jan de Nul como por DEME fue de USD 3,80, lo que reduce 50 centavos lo que se paga hoy, generando un ahorro de 13,5%”.
Explicaron que los pasos a seguir entran ahora en una fase de ponderación legal: “Ahora resta evaluar el puntaje final de cada una en función de su puntaje técnico y la cotización”.
Asimismo, la cartera económica subrayó el impacto estratégico de la licitación al señalar que “el objetivo final es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país”.
El pliego de la licitación establece condiciones estrictas para la empresa que resulte ganadora, estipulando que el nuevo concesionario deberá hacerse cargo de la modernización, ampliación, dragado y señalización de la vía navegable, lo que demandará inversiones constantes y la asunción total de los riesgos comerciales sin ningún tipo de respaldo estatal.
El contrato contempla un esquema de previsibilidad financiera que garantiza una ganancia mínima del 6% para el operador, la cual será calculada sobre los peajes efectivos cobrados. Como contrapartida a este beneficio, el acuerdo de concesión fija la implementación de un mecanismo de monitoreo permanente para auditar de cerca tanto el plan de inversiones como la calidad del servicio prestado.
La infraestructura bajo licitación posee una relevancia geopolítica y comercial determinante, dado que la hidrovía, que se extiende a lo largo de 1.635 kilómetros, es la puerta de salida al Atlántico del 80% de las exportaciones argentinas, concentrando principalmente granos y productos industriales que se embarcan en las terminales de Rosario, consolidado como uno de los mayores nodos agroexportadores del mundo.
Asimismo, la vía es la ruta elegida para movilizar cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, naciones que junto con la Argentina suscribieron en 1992 el acuerdo internacional que rige la navegación y el transporte comercial en la región.
“Es un proceso que ha sido validado por todo el sector privado y productivo del país. Concluida la evaluación económica, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) avanzará, tal como está planificado, a la adjudicación y a la firma del contrato de concesión, que contempla una inversión estimada en torno a los USD 10.000 millones”, concluye el comunicado emitido por el Ministerio de Economía.
El proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal avanzó este martes hacia su tramo definitorio. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) procedió a la apertura del Sobre N°3, que contiene las propuestas económicas de los oferentes, en el marco del proceso licitatorio impulsado por el gobierno de Javier Milei para la modernización y profundización de la hidrovía.
Tanto Jan de Nul como DEME presentaron una oferta idéntica de USD 3,80, lo que representa una reducción de 50 centavos respecto a la tarifa vigente y un ahorro del 13,5%. Ahora la ANPYN deberá evaluar el puntaje final de cada empresa en función de su desempeño técnico y la cotización económica presentada.
Un proceso sin cuestionamientos
Uno de los datos que el Gobierno destacó es que ninguno de los dos oferentes presentó impugnaciones en las instancias anteriores ni cuestionó los requerimientos del pliego licitatorio. El proceso contó además con el respaldo de las provincias, Naciones Unidas y un amplio abanico de sectores productivos y cámaras empresarias que ponderaron el diálogo institucional, la transparencia y la consistencia técnica del procedimiento.
Entre las entidades que manifestaron su apoyo figuran la Unión Industrial Argentina (UIA), el Centro de Exportadores de Cereales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARACEC), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC). Todas subrayaron la importancia de avanzar hacia una solución que potencie la competitividad externa de la producción argentina.
Los pasos que siguen
Concluida la evaluación económica, la ANPYN avanzará hacia la adjudicación y la firma del contrato de concesión. La inversión estimada para la concesión ronda los 10.000 millones de dólares e implica trabajos de modernización y profundización de una infraestructura que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país.
El objetivo declarado del proceso es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la actualización de una vía que resulta estratégica para las exportaciones nacionales.
La eliminación de subsidios y el ajuste de los precios relativos provocaron un aumento significativo en el costo de los servicios públicos para los hogares. Pero el efecto no fue uniforme: en ciertas provincias, el incremento en las tarifas eléctricas y gas fue más pronunciado. Sumado a las particularidades de cada región, esto produce diferencias significativas en los montos de las facturas en todo el país.
En cuanto a la energía eléctrica, un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet aclaró que actualmente rige en todo el país la Resolución 109/26, que fija los precios estacionales de la energía desde el 1° de mayo. Además, el ritmo de los aumentos tarifarios asociados al Valor Agregado de Distribución (VAD) varía según la provincia.
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En paralelo, algunas jurisdicciones continúan adaptando sus cuadros tarifarios, pasando del esquema de Segmentación anterior al nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.
Entre los usuarios con subsidio, las tarifas eléctricas más altas del país en mayo se registraron en Neuquén, con una factura promedio de $88.924; Río Negro, con $84.549; Puerto Madryn, con $76.823; y Salta, con $69.343.
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En contraste, las boletas más bajas para este segmento correspondieron a Formosa, con $25.321; La Rioja, con $27.191; el área de Edesur en el AMBA, con $28.281; y Edenor en el AMBA, con $28.569.
En tanto, entre los usuarios sin subsidio, Neuquén volvió a encabezar el ranking de mayores costos, con facturas promedio de $153.580, seguida por Río Negro, con $115.282; Puerto Madryn, con $109.618; y Santa Fe, con $101.213.
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Del lado opuesto, las tarifas más bajas se observaron en Tierra del Fuego, con $49.727; Edenor en el AMBA, con $53.224; Edesur en el AMBA, con $54.705; y La Rioja, con $55.397.
En lo que respecta al gas por red, el IIEP destacó que en mayo se sancionaron nuevos cuadros tarifarios que identifican dos segmentos de usuarios: uno sin subsidios que paga el costo pleno de abastecimiento del gas y otro con subsidios que recibe una bonificación del 50% más un 25% adicional, hasta un umbral de consumo por región, sobre el costo de abastecimiento del gas.
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A su vez, la asignación de la carga del precio PIST entre categorías, zonas y subzonas implica que existan usuarios que paguen por encima o por debajo del Precio Anual Uniforme (PAU).
Con la actualización de los valores, la factura mensual promedio para un usuario sin subsidios asciende a $71.732, considerando la estacionalidad. En el caso de los usuarios que mantienen subsidios, el monto promedio de la factura se ubica en $52.040.
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Entre los usuarios sin subsidio, las facturas de gas más elevadas en mayo se registraron en Tierra del Fuego, con boletas promedio de $209.502; Santa Cruz, con $200.941; Chubut Sur, con $128.359; y Neuquén, con $104.503.
En el otro extremo, las tarifas más bajas correspondieron a Tucumán, con $36.979; el norte de la provincia de Buenos Aires, con $41.660; Salta, con $44.004; y La Puna, con $44.174.
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Para los usuarios con subsidio, las mayores facturas también se concentraron en la Patagonia: Tierra del Fuego encabezó el ranking con $127.893, seguida por Santa Cruz, con $123.423; Chubut Sur, con $82.665; y Neuquén, con $82.564.
En contraste, los menores valores se observaron en Tucumán, con $30.148; Bahía Blanca, con $31.228; Salta, con $32.429; y el norte de la provincia de Buenos Aires, con $34.104.
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El IIEP detalló también que “los datos indican que para los usuarios sin subsidio la composición promedio de la factura final es del 47% para el precio del gas, 31% para el VAD y 22% para los impuestos. Mientras que para los usuarios con subsidios estas proporciones son 27%, 51% y 22%, respectivamente”.
Estados Unidos impuso hoy sanciones a varias casas de cambio vinculadas al régimen iraní, a su personal asociado, a empresas fachada y a 19 buques. Estas entidades permiten al régimen iraní eludir sanciones internacionales y financiar actividades en Oriente Medio. La acción forma parte de la campaña “Furia Económica” y está dirigida al sistema financiero clandestino y a operaciones marítimas ilícitas que facilitan el movimiento de miles de millones de dólares anuales derivados de la venta de petróleo y productos petroquímicos.
Las sanciones están dirigidas especialmente a Amin Exchange, una casa de cambio iraní que opera a través de una red de empresas fachada en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y China, incluyendo Hong Kong. Esta red blanquea dinero para bancos y empresas estatales iraníes sancionados.
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Según el comunicado, Estados Unidos pretende desmantelar estos canales financieros para privar al régimen iraní de los recursos que utiliza para amenazar la estabilidad regional, apoyar a organizaciones terroristas y desarrollar programas de armamento. La medida refuerza el compromiso de ejercer máxima presión económica sobre Irán hasta que el régimen cese sus actividades.
La Administración Trump anunció que continuará exigiendo responsabilidades a Irán y contrarrestando su comportamiento. Como parte de la Operación Furia Económica, se intensificará la presión económica sobre la red internacional que sostiene el comercio ilícito de energía de Irán.
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El programa Recompensas por la Justicia (RFJ) del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y sus ramas. Más información está disponible en el sitio web de RFJ.
Firmeza para combatir el terrorismo
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió este martes “firmeza” a los socios de Washington para combatir diferentes tipos de terrorismo, desde el iraní hasta el del cártel de Sinaloa.
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“Nuestros socios europeos han de unirse a Estados Unidos para tomar medidas contra Irán mediante la designación de los financiadores y el desenmascaramiento de sus empresas fantasma y pantalla, el cierre de sus sucursales bancarias y el desmantelamiento de sus aliados”, afirmó Bessent en París, en la apertura de la quinta conferencia internacional sobre las maneras de frenar la financiación del terrorismo.
“Nuestros socios en todo el mundo -agregó- tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbollah hasta el cártel de Sinaloa”.
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El responsable estadounidense centró su discurso especialmente en Irán y lamentó que de la sensación de que su país se encuentre “solo” a la hora de luchar “con determinación” contra lo que denomina como “terrorismo iraní”.
“Si comparten nuestra indignación ante la agenda desestabilizadora de Irán, los terroristas que pretenden tomar como rehén a la economía global, los carteles de la droga que envenenan a nuestras comunidades y las amenazas a vidas inocentes, este es el momento de unirse a los Estados Unidos para actuar de manera enérgica”, instó.
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Asimismo, abordó la política de sanciones económicas que practica Washington para castigar a ciertos gobiernos y aclaró que la misma “se ajusta cuidadosamente” a los “objetivos específicos” de EE.UU.
“Vimos esto con las acciones históricas del presidente con Siria, y lo estamos presenciando de nuevo a medida que los Estados Unidos guían a los venezolanos hacia la prosperidad tras décadas de represión”, explicó.
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Bessent agregó que su país ayudará “a las instituciones financieras a centrarse en los esquemas más sofisticados de evasión de sanciones financieras terroristas”.