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  • La Corte Suprema resolvió intervenir en la demanda de La Pampa contra el Estado Nacional por la coparticipaciónEl máximo tribunal otorgó un plazo de sesenta días para que la Nación presente su contestación al reclamo. Con la firma de sus tres jueces, asumió la revisión directa del conflicto por la distribución automática de fondos

    La Corte Suprema resolvió intervenir en la demanda de La Pampa contra el Estado Nacional por la coparticipaciónEl máximo tribunal otorgó un plazo de sesenta días para que la Nación presente su contestación al reclamo. Con la firma de sus tres jueces, asumió la revisión directa del conflicto por la distribución automática de fondos

    Corte de tres Rosatti, Rosenkrantz Lorenzetti

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la competencia directa para tratar la demanda presentada por la Provincia de La Pampa contra el Estado Nacional. La causa se tramitará en Buenos Aires, tras la decisión firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti el pasado jueves 7 de mayo.

    La decisión también ordenó “correr traslado” al Estado Nacional: se le otorgó un plazo de 60 días para presentar su respuesta formal a la demanda, tal como establece el procedimiento en estos casos.

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    El reclamo de La Pampa apunta a una parte de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y busca que el 1% de los fondos actualmente asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea repartido diariamente y de manera automática entre las provincias.

    La decisión representa un nuevo capítulo en la discusión entre gobiernos provinciales y nacionales por la distribución de recursos, y podría impactar en la administración de fondos que superan varios miles de millones de pesos.

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    El reclamo de La Pampa

    La demanda está representada por el gobernador Sergio Ziliotto y la fiscal de Estado Romina Schmidt, con el patrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez, Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand.

    Según el escrito presentado ante la Corte Suprema, La Pampa solicita que se declare inconstitucionales dos artículos de la Ley 23.548. Sostiene que esas normas “son contrarias” a tres artículos de la Constitución Nacional porque afectan los derechos y recursos de las provincias.

    El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto

    La principal exigencia de la provincia es que los recursos reservados hasta ahora para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —equivalentes al 1% de la masa coparticipable— pasen a ser distribuidos diariamente y de forma automática entre todas las jurisdicciones provinciales.

    El reclamo explica que estos fondos, en lugar de ser distribuidos con discrecionalidad por el gobierno central, deberían integrarse al sistema de reparto automático que rige para el resto de los fondos coparticipables.

    La provincia también pidió que se cite a una audiencia informativa y de conciliación, basándose en antecedentes de otros pleitos similares, como los llevados adelante por Santa Fe y por la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, quienes también habían cuestionado recortes o distribución discrecional de recursos federales.

    Los argumentos de la Corte

    En el plenario de esta semana, el máximo tribunal resolvió que la presentación corresponde a su “competencia originaria”: la causa empieza y termina en sus estrados, sin pasar por tribunales inferiores. Este mecanismo se activa cuando una provincia demanda a la Nación, en aplicación del artículo 117 de la Constitución Nacional.

    El fallo señala: “La presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y ordena notificar tanto al Ministerio de Economía de la Nación como a la Procuración General de la Nación.

    La procuradora fiscal Laura Mercedes Monti sostuvo que corresponde que sea la Corte y no un juzgado inferior el que analice la cuestión, ya que están en juego prerrogativas y derechos constitucionales de una provincia frente al Estado Nacional.

    Qué artículos se cuestionan y por qué

    Primer plano de Luis Toto Caputo, un hombre de cabello gris y traje azul, con camisa celeste abierta, gesticulando con ambas manos frente a un fondo azul

    El escrito presentado por La Pampa apunta contra los artículos 3 inciso d y 5 de la Ley 23.548, que establecen cómo se reparte el dinero de los impuestos recaudados entre la Nación y las provincias.

    La Pampa argumenta que el esquema permite al Estado Nacional manejar de forma discrecional una parte del monto que, según la provincia, debería estar sujeta al reparto automático fijado por la Constitución. Así, denuncia que el 1% reservado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional nunca pasa por el sistema de coparticipación automática y se destina según decisión del Ejecutivo nacional.

    El reclamo provincial se apoya en los artículos 75 (inciso 2º), 18 y 19 de la Constitución Nacional, que definen los alcances de los derechos provinciales sobre los recursos coparticipables y establecen restricciones al manejo unilateral por parte del gobierno federal.

    Antecedentes y contexto

    Para reforzar su posición, La Pampa citó antecedentes recientes de la propia Corte Suprema, especialmente las sentencias en los casos Santa Fe contra el Estado Nacional y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, en los cuales se aceptó la competencia de la Corte y se falló a favor de las jurisdicciones reclamantes en materia de transferencias de fondos.

    En esos expedientes, la Corte determinó que el Estado Nacional debía devolver sumas retenidas indebidamente y ajustar los mecanismos de transferencia a favor de las provincias o la Ciudad Autónoma, según corresponda.

    En esta nueva causa, el planteo es “original”: no se discute una suma retenida en un caso puntual, sino el funcionamiento estructural del mecanismo de coparticipación respecto a un porcentaje específico. De avanzar el reclamo, podría significar una redistribución automática de recursos hacia todas las provincias a partir del 1% que hoy controla la Nación.

    El Ministerio de Economía y la Procuración General ya fueron notificados de la causa (EFE/David Fernández/Archivo)

    El Ministerio de Economía y la Procuración General ya fueron notificados y, de acuerdo con el procedimiento, podrán contestar la demanda o buscar una instancia de conciliación previa, como solicitó La Pampa.

  • Incautaron 264 botellas de vodka que pretendían cruzar por el río Uruguay valuadas en más de $2.400.000

    Incautaron 264 botellas de vodka que pretendían cruzar por el río Uruguay valuadas en más de $2.400.000

    Durante la noche del pasado viernes 8 de mayo, la Prefectura Concordia secuestró 264 botellas de vodka, en el marco de un operativo de control fluvial realizado por la Prefectura Naval Argentina – Prefectura Concordia

     

    El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones del kilómetro 328,6 del río Uruguay, en la zona conocida como “Paraje El Boyero”, donde se detectó una maniobra vinculada al contrabando.



    De acuerdo a la información oficial, los efectivos observaron desde la distancia a dos personas que estaban cargando bultos sobre un bote a remos que se encontraba varado en la costa. Al advertir la presencia policial, los individuos escaparon hacia una zona de vegetación densa, aprovechando la oscuridad y la escasa visibilidad del lugar.

     

    En el procedimiento se logró el secuestro de la embarcación utilizada, así como de la carga abandonada en el lugar.

     

    Operativo fluvial y fuga de los implicados

     

    La intervención evitó que la embarcación continuara su trayecto hacia el margen opuesto.





    Los contrabandistas, al huir del lugar, dejaron abandonados tanto el bote como los bultos que transportaban, lo que facilitó la posterior inspección de los elementos incautados.



    Secuestro de la carga y detalles del hallazgo

     

    En sede de prefectura se procedió a la apertura de los 35 bultos negros hallados en la embarcación. En su interior se constató la existencia de 264 botellas de vodka marca “NEW STYLE”, de un litro cada una, de origen argentino, además de un bote de chapa a remos de aproximadamente 5 metros de eslora.

    El valor total de lo incautado fue estimado en $2.484.000, según informaron fuentes oficiales del operativo.



    Valor económico y avance de la investigación

     

    Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar el origen y destino de la mercadería secuestrada, así como la identificación de los responsables de la maniobra.

  • Con una evaluación positiva del proceso acusatorio, la PROCUNAR presentó su Informe de Gestión 2025

    Con una evaluación positiva del proceso acusatorio, la PROCUNAR presentó su Informe de Gestión 2025

    La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) presentó su informe de gestión 2025, donde describió la actividad desarrollada en ese periodo en la asistencia a fiscalías federales de todo el país y destacó “la intervención estratégica desarrollada en la ciudad de Rosario en el marco de la implementación del CPPF [Código Procesal Penal Federal], el litigio en casos de corrupción asociada al tráfico de drogas y la realización de juicios de casos complejos”, así como las tareas desplegadas particularmente en el marco del proceso acusatorio vigente en la mayor parte del territorio nacional y la articulación con ministerios públicos provinciales y de otros países, y con agencias nacionales y extranjeras para la persecución del narcotráfico.

    La oficina a cargo del fiscal federal Diego Iglesias señaló también en su informe las estrategias de persecución penal que guían su accionar y desarrolló los principales casos que ha abordado en el marco de una política criminal caracterizada por el enfoque interjurisdiccional, el ascenso en la cadena de responsabilidad, la trazabilidad de precursores químicos y nuevas sustancias psicoactivas (NSP), la investigación patrimonial y la detección de corrupción pública. Finalmente, expuso los objetivos que orientarán su actividad a lo largo de 2026.

    Los beneficios del sistema acusatorio

    De acuerdo con el informe, durante 2025 la PROCUNAR llevó a cabo 306 nuevas intervenciones un 12,5% más que las registradas el año anterior-, entre colaboraciones (117) con más de 100 fiscalías de todo el país, casos delegados (3), investigaciones preliminares (144) e investigaciones autónomas (42), gran parte impulsada por el trabajo de la procuraduría en las investigaciones autónomas en el marco del sistema acusatorio.

    La PROCUNAR puso de relieve que la puesta en vigor progresiva del CPPF en las diferentes jurisdicciones “tiene un impacto directo en la tarea propia” y “en la dinámica de trabajo”, que “ha repercutido positivamente en la investigación y litigio de casos de narcocriminalidad, lo cual se evidencia en la celeridad de los procesos y los resultados alcanzados en la persecución penal”.

    En tal sentido, destacó las labores de las regionales NOA -que viene trabajando con el nuevo sistema procesal desde 2019- y NEA -a partir de 2024- de la procuraduría especializada, como de la actividad desplegada en el centro del país y Cuyo, la Patagonia y la jurisdicción con cabecera en Mar del Plata.

    En efecto, la procuraduría marcó que durante 2025 se iniciaron 99 investigaciones, entre investigaciones preliminares de oficio (IPO) e investigaciones autónomas (IPF) en las regionales NOA y NEA. Estas últimas están previstas en la Ley Orgánica del MPF para casos complejos, de gran extensión territorial, diversidad de fenómenos criminales y conexión con otros casos, y las lleva adelante la procuraduría en coordinación con los fiscales de distrito, para investigar y litigar directamente.

    “El nuevo sistema procesal ha permitido abordar la investigación de casos de narcocriminalidad compleja con mayor agilidad y presteza, en concreto, ello se ha visto materializado en la solicitud de medidas de prueba en audiencias orales cuya resolución se obtiene de manera inmediata permitiendo su producción con mayor velocidad, la posibilidad de resolver múltiples cuestiones en audiencias”, remarcó la PROCUNAR.

    A ello agregó “los beneficios del vínculo constante entre las fuerzas de seguridad y el MPF, y de los convenios con otros organismos que aportan información de calidad a los casos”, y particularizó al respecto la articulación con el Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y la Unidad Fiscal de Microtráfico de Rosario, y con la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) del Ministerio Público de Salta. Al respecto, remarcó que la información recabada a nivel provincial en causas de narcomenudeo permite “ascender en la cadena de responsabilidades del narcotráfico en el ámbito federal”.

    Persecución penal estratégica

    La PROCUNAR indicó que promueve una persecución penal estratégica que estructura la tarea de investigación, análisis y litigio. En tal sentido, expuso los casos más relevantes que dan cuenta del abordaje propuesto.

    Entre los casos de ascenso en la cadena de responsabilidad, la PROCUNAR destacó el caso de contrabando de estupefacientes a través de avionetas, en eventos de tránsito aéreo ilegal (TAI), desbaratado en Rosario. En efecto, el caso se inició con la interceptación de una avioneta de matrícula boliviana en Andino, Santa Fe, que derivó en el secuestro de más de 475 kilos de cocaína. El piloto, que inicialmente había escapado, fue capturado y condenado en un acuerdo pleno a 7 años y 2 meses de prisión.

    La pesquisa luego pudo identificar a otras personas involucradas en la maniobra. En el caso fue clave el intercambio de información con el MPA de Santa Fe, la Unidad Fiscal de Santa Fe y con el Estado Plurinacional de Bolivia.

    Un radar de la localidad de Tostado, Santa Fe, identificó tres eventos TAI, a partir de los cuales se coordinó un operativo de interceptación en Maguire, Buenos Aires, donde fueron visualizadas dos camionetas con ocupantes que aguardaban el aterrizaje de avionetas. En una de ellas se secuestraron más de 956 kilos de cocaína. Su conductor, que llevaba documentos falsos, luego fue identificado: pudo saberse que se encontraba prófugo desde hacía dos años en otra causa donde estaba acusado de liderar una organización narcocriminal. El procedimiento además permitió formalizar la imputación de otros tres acusados.

    Por otro lado, la PROCUNAR ilustró en el informe la estrategia de enfoque interjurisdiccional con diferentes casos, entre ellos dos relacionados correspondientes a la jurisdicción La Plata, iniciados en 2024. La información publicada dio cuenta que el 22 de enero de ese año aparecieron flotando sobre el Río de la Plata, frente a Ensenada, diez bolsos con un total de 290 kilos de cocaína y al día siguiente otro más con poco más de 23 kilos, en panes que llevaban la inscripción “BUCKO”, con un 91% de pureza. La pesquisa logró determinar quién había comprado los bolsos -el sujeto fue detenido en mayo de 2025- y también identificar a otra persona que estuvo vinculada a un caso donde se secuestraron más de 780 kilos de cocaína en Caviahue, Neuquén. También pudo saberse que la droga hallada en ambos lugares tenía un origen común.

    En tanto, también en 2024 la PROCUNAR comenzó a intervenir en una causa que tramitaba ante el fuero penal de la provincia de Buenos Aires por un doble homicidio en el que una de las víctimas contaba con orden de captura en el caso de la cocaína secuestrada en Caviahue. El intercambio de información entre el fuero provincial y el federal derivó en que la competencia fuera asumida por este último. La actuación conjunta en ese caso de la fiscalía provincial, la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora y de la PROCUNAR permitió dar con el acusado de los dos homicidios en Brasil, desde donde fue extraditado en enero pasado.

    Por otro lado, el abordaje del fenómeno de la corrupción pública en casos de narcocriminalidad, tuvo resultados relevantes en el caso que tiene acusado al exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, a partir de una pesquisa que demostró sus vínculos con el contador del narcotraficante Esteban Lindor Alvarado y la incidencia que tuvo ese vínculo en la tramitación de los casos donde el magistrado debía investigar su actividad. En efecto, a Bailaque se le atribuyó haber actuado en connivencia con el contador de Alvarado con el propósito de favorecer la impunidad de los miembros de la organización narcocriminal. El exjuez fue acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución penal y prevaricato.

    La PROCUNAR destacó que este caso constituyó uno de los primeros procesos de criminalidad compleja de alto impacto abordados de manera conjunta con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en el marco del nuevo sistema procesal.

     

    Cooperación interagencial

    La cooperación interagencial promovida por la PROCUNAR consiste en el intercambio de información a nivel nacional, regional e internacional; la coordinación de acciones para evitar la duplicidad de medidas o el entorpecimiento de distintas investigaciones tanto en la jurisdicción federal como entre distintos MPF; la formación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) y de mesas de trabajo con distintos organismos para avanzar en casos complejos; la firma de convenios de cooperación y acuerdos de colaboración; y la organización de actividades de capacitación para operadores judiciales y fuerzas de seguridad.

    A nivel nacional, la PROCUNAR participó en 2025 en mesas de intercambio que se llevaron a cabo con funcionarios judiciales y del MPF en las provincias de Neuquén y Córdoba.

    En tanto, la coordinación en el marco de la Red de Fiscales de Iberoamérica (RFAI), con el intercambio espontáneo de información entre sus puntos de contacto, reflejó el éxito en diferentes casos que la PROCUNAR describió en su informe. Entre ellos, una entrega vigilada de un torno que había sido exportado de España con destino a la Argentina, que en su interior tenía oculta más de media tonelada de cocaína; la extradición de un líder criminal requerida por Uruguay; y la investigación sobre una organización que captaba personas en las provincias del Chaco y Misiones que oficiaban de “correos humanos” para exportar cocaína a países de Europa y retornar al país, ingresando MDMA o anfetaminas, para comercializarlas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Además, en el marco de la red, durante 2025 la PROCUNAR promovió distintas actividades relacionadas con la investigación del tráfico de drogas sintéticas, entregas vigiladas, el impacto ambiental del narcotráfico y la cooperación jurídica internacional en materia de droga.

    Entre ellas, se llevaron adelante tres ediciones del Entrenamiento teórico práctico en entregas vigiladas para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas sintéticas y NSP, incluyendo los opioides sintéticos, coorganizados con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), realizadas en Santiago de en Chile, Montevideo y Asunción.

    Como todos los años, la PROCUNAR participó también de la reunión anual de puntos de contacto de la RFAI, que contó con la asistencia de 18 representantes de los programas SEACOP, DROSINSUR (UNODC), COPOLAD III y CRIMJUST.

    Por otro lado, la PROCUNAR actualmente encabeza junto a Chile la Subcomisión de Trabajo sobre Narcocriminalidad (SCTN) de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM) que busca identificar desafíos y buenas prácticas comunes entre los países de la región para abordar en conjunto el fenómeno trasnacional. En este marco, se realizó un encuentro entre fiscales de Argentina, Bolivia y Chile para el fortalecimiento de la cooperación internacional en zonas de frontera, como también un encuentro entre fiscales de Argentina y Uruguay para articular el trabajo en dos investigaciones relacionadas con organizaciones que operan en ambos países, para lo cual se conformó un ECI.

    Capacitaciones

    En su informe, la PROCUNAR señaló que en las actividades a su cargo se capacitaron más de 500 personas, entre operadores judiciales y agentes de las fuerzas de seguridad.

    Gran parte de estas actividades se organizaron en conjunto con otras instituciones, especialmente con la UNODC y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL) para fortalecer la formación de operadores judiciales frente a los desafíos que presenta la investigación de la narcocriminalidad, las drogas sintéticas, la corrupción asociada y el nuevo sistema procesal.

    En tanto, en las capacitaciones que fueron apoyadas por la procuraduría se capacitaron más de 450 personas.

    Objetivos para este año

    En el final de su informe, la PROCUNAR establece los diez objetivos que guían su actividad en el año en curso. Entre ellos, profundizar la investigación penal de organizaciones narcocriminales de alcance trasnacional y de gran complejidad; continuar la investigación de las organizaciones criminales que operan en la provincia de Santa Fe; intensificar la mirada interagencial en la investigación de casos de contrabando y transporte de grandes volúmenes en eventos TAI; impulsar la persecución y enjuiciamiento en casos vinculados al fenómeno de corrupción pública; e implementar herramientas de inteligencia artificial para el cumplimiento de las funciones propias de la procuraduría, en el marco del Programa de Inteligencia Artificial del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

     

    El Informe de Gestión 2025

     

     

  • Análisis. Los trabajos de parto del peronismo

    Análisis. Los trabajos de parto del peronismo

    Como sabuesos detrás de una presa herida, el peronismo se agita ante la debilidad del gobierno de Javier Milei. En los últimos dos meses comenzó a circular por el sistema nervioso de sus dirigentes la sensación de que pueden regresar al poder. Era una esperanza que habían enterrado en el verano, pero que despabiló el desgaste provocado por las peripecias de Manuel Adorni y los altibajos de la recuperación económica. El peronismo se encuentra en medio de la gestación de una nueva criatura. El resultado final es todavía un enigma. Pero las contracciones del parto despabilaron a sus operadores. La actuación central se enfoca en la provincia de Buenos Aires, la caja fuerte donde conserva su mayor caudal de votos.

    El carácter singular de la actual mutación peronista es que la atraviesa con la presidenta del partido, Cristina Kirchner, detenida por corrupción y con su capacidad de actuación limitada. La situación judicial de la expresidenta, sumado al rencor contra los dirigentes de La Cámpora, convenció a un grupo de jefes territoriales, que tiene como referentes a Julio Alak, de La Plata; Gabriel Katopodis, de San Martín; Fernando Espinoza, de La Matanza y Jorge Ferraresi, de Avellaneda, a encarar el desafío final contra el grupo que alguna vez fue la juventud kirchnerista. El terreno de la batalla que plantean los jefes comunales será la definición de la candidatura a gobernador para la provincia de Buenos Aires.

    Jorge Ferraresi y Andrés Larroque
    Jorge Ferraresi y Andrés Larroque

    Ese desafío es el ejemplo más claro de la transformación del poder en el interior del PJ. Antes era impensable avanzar sin esperar la bendición de Cristina Kirchner. Ese reflejo quedó en el pasado. Los intendentes más poderosos del conurbano acordaron que presentarán un postulante propio, sin aguardar la glorificación de San José 1111. Una aritmética simple muestra que los votos de sus populosas secciones electorales triplican los números de los municipios manejados por La Cámpora. “Que ellos presenten a Mayra Mendoza o a quien quieran y vamos a una interna”, desafía un jefe del sur bonaerense. Kicillof dio el visto bueno: “Se tiene que resolver con una PASO”, es decir, en una interna abierta, simultánea y obligatoria.

    Cristina Kirchner no puede permitirse una derrota interna en el conurbano; sería una señal irremediable de disolución. Sobre todo, si resultara vencida por los propios votos del peronismo. Por eso, más allá de los desafíos de uno y otro lado, se mantiene la sensación de que las fuerzas internas empujan a un arreglo.

    En su debilidad, Cristina Kirchner necesita la unidad del peronismo. Un triunfo electoral es su mayor esperanza para recuperar la libertad. De ahí las reuniones con dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, que alguna vez fue un opositor interno, y sus enojos secretos con los dirigentes de La Cámpora que echan leña al fuego de la fractura.

    Cristina Kirchner saluda en su domicilio de detención
    Cristina Kirchner saluda en su domicilio de detenciónEMILIANO LASALVIA – AFP

    Sin embargo, más allá de los nuevos aires ecuménicos, los intendentes tienen frescos en la memoria los antecedentes de desaires kirchneristas. Recuerdan los tiempos en que Cristina Kirchner estaba en la cúspide de su poder y decidía sin consultar quién sería el candidato a gobernador o prometía premios que después eran olvidados, como cuando resolvió que su postulante sería Axel Kicillof y dejó mascullando enojo a medio conurbano. O cuando le prometió a Espinoza que sería postulante junto a Diego Bossio y terminó por consagrar a Aníbal Fernández.

    Aquella definición de la candidatura a gobernador en 2015 fue memorable. Cristina Kirchner ya sabía cuál iba a ser el desenlace, pero no pudo evitar la teatralidad. Encerró en una habitación a su favorito, Aníbal Fernández; a Julián Domínguez, por entonces presidente de la Cámara de Diputados; y al matancero Fernando Espinoza. Les ordenó que, en aquel claustro improvisado, resolvieran entre los tres quién sería el candidato. Como era previsible, encerrados en la habitación, todos argumentaron a su favor y salieron a los 15 minutos sin llegar a un acuerdo. Era lo que Cristina Kirchner esperaba.

    Para entonces, Florencio Randazzo, que pretendía la postulación, había pegado un portazo con una carta dolida. Fernández y Domínguez se terminaron por enfrentar en una interna. La presidenta había incluido a Domínguez por un pedido llegado desde el Vaticano, donde por entonces regía Jorge Bergoglio. La interna la terminó por ganar Aníbal Fernández. En las filas de Domínguez todavía están convencidos de que el resultado fue fraguado y recuerdan que su contrincante controlaba el Correo Argentino.

    Julián Domínguez y Aníbal Fernández, en la interna
    Julián Domínguez y Aníbal Fernández, en la interna

    Con ese proceso, Cristina Kirchner tuvo al candidato que quería, pero María Eugenia Vidal lo terminó por vencer en la elección a gobernador de 2015. Los recuerdos de aquella definición se mantienen grabados a fuego en la memoria de los intendentes enfrentados con La Cámpora y entienden que finalmente llegó el momento de tener un postulante propio.

    La Constitución provincial impide a Axel Kicillof presentarse a una nueva reelección. De ahí las ansias por conquistar una candidatura para sucederlo.

    La elección bonaerense del año pasado la ganó el peronismo. Luego fue derrotado en la compulsa nacional, donde regía la boleta única. Ahora, el PJ va a resistir hasta sus últimas fuerzas que la boleta única se implemente en la provincia. “Es una estafa”, la descalifican en la gobernación. Pro y la Libertad Avanza entienden que es la única forma de controlar la votación.

    Axel Kicillof
    Axel KicillofIgnacio Amiconi

    Tras las elecciones bonaerenses, los aliados de Kicillof en el conurbano le recriminaron que siguiera premiando a los camporistas con ministerios en su gobierno. Por ejemplo, es el caso de Juan Martín Mena en Justicia, quien en uno de sus últimos logros de gestión resolvió en un trámite inmediato el traspaso de la sede de la AFA a la provincia para evitar que a Claudio Chiqui Tapia lo investiguen jueces incontrolables.

    El gobernador mantiene a los camporistas y se rehúsa a echarlos. Dividió los ministerios como un loteo entre facciones, a la manera de Alberto Fernández, y evita arrojar a los adversarios por la borda de la interna. Los intendentes usaron una figura avícola para responderle. “Vos sos como las palomas en las iglesias, cagás encima de los fieles”, le enrostró a Kicillof un histórico dirigente del peronismo. Se sienten menos recompensados que La Cámpora, a pesar de su apoyo.

    La fractura peronista que se sacude debajo del gobernador llegó al extremo de inmovilizar la Legislatura provincial, un paquidermo que insume a cada bonaerense más de 150.000 millones de pesos por año y la fuente donde surgía la plata para pagarles a los ñoquis del caso Chocolate Rigau.

    En la Legislatura, los intendentes quieren lograr que se anulen los límites a las reelecciones que rigen desde los tiempos de María Eugenia Vidal. Sergio Massa, que tiene la llave para destrabarlo, asegura que mantiene su rechazo. “No voy a decir lo contrario a lo que sostuve durante diez años”, argumentó a los emisarios. Otros, escépticos, consideran que Omnia Romae venalia sunt: en Roma todo tiene su precio. Los próximos meses se verá quién tiene la razón, si Massa o los romanos.

    Mientras la impaciencia electoral acelera las pulsaciones, una idea comenzó a circular con fuerza en el territorio bonaerense: la posibilidad de adelantar la votación provincial. Los mandamases del distrito pretenden desacoplar su suerte de la definición nacional. Para Kicillof es un riesgo. Nadie se juega a fondo con el futuro resuelto. “Todavía no se discutió”, responden en la gobernación.

    Entretanto, la excitación electoral que sacude al peronismo gestó nuevos espacios, como el “neoalbertismo” encabezado por Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel. Desde el conurbano lo miraron con sorna: están convencidos de que es un invento pergeñado por Sergio Massa para parcializar el escenario y debilitar el carácter de “candidato indiscutido” de Kicillof. La presencia de Michel, pieza crucial de la gestión de Massa durante el gobierno de Alberto Fernández, alimenta las suspicacias. El exministro dejó correr la idea: “Le dicen massismo clase B”, bromeó. Como cuando impulsó la boleta de Javier Milei para dividir los votos de Juntos por el Cambio, la afición de Massa por fraccionar competidores es proverbial.

    Michel, Paz y Olmos, en Parque Norte
    Michel, Paz y Olmos, en Parque NorteTadeo Bourbon

    Más allá de su origen, el grupo de Parque Norte tiene el mérito de plantear la única revisión de las deudas que el peronismo acumula con la sociedad: recuperar el orden fiscal como una bandera propia y abandonar el enamoramiento con el déficit y la inflación. Llega hasta ahí. Otras ideas no se plantearon, como luchar contra la corrupción o frenar los abusos de cargos y negocios con fondos del Estado. El revisionismo tiene sus límites.

  • Bullrich baja la presión sobre Adorni, pero en el Gabinete sigue la preocupación por la parálisis política y de gestión

    Bullrich baja la presión sobre Adorni, pero en el Gabinete sigue la preocupación por la parálisis política y de gestión


    Patricia Bullrich no redoblará, por ahora, la presión interna para que Manuel Adorni aclare su incremento patrimonial o renuncie. La ex ministra de Seguridad cree que su mensaje fue claro y explícito por televisión y en privado, cuando habló con Javier Milei. Otra disidencia podría significar una ruptura definitiva con el Presidente y su hermana.

    Patricia sale de la cancha. Cree que un paso más puede marcar una ruptura con el Presidente o dar paso a que el Gobierno pierda aún más credibilidad”, razonó un dirigente de su entorno que habló con ella en las últimas horas y conoce su pensamiento.

    Bullrich se diferenció públicamente de Javier y Karina Milei y exigió a viva voz en televisión que el jefe de Gabinete aclarara cuanto antes en la Justicia o ante la Oficina Anticorrupción su incremento patrimonial. Por lo bajo era más punzante y pedía su salida.

    La defensa férrea y al límite del Presidente al ex vocero se impuso y se exteriorizó a los gritos en la última reunión de Gabinete. “Prefiero perder las elecciones a echarlo”, dijo.

    Cerca de la jefa del bloque de senadores libertarios leyeron con satisfacción que Karina Milei decidiera no potenciar más la interna. Pilar Ramírez, principal delegada de la hermana del Presidente en la Ciudad, no se bajó de un recorrido con Bullrich en Lugano, el viernes, que había sido pautado semanas atrás. “Ellos decidieron no escalar y nosotros también”, argumentaron los bullrichistas. La tensión entre las dos damas de hierro de LLA viene in crescendo desde hace meses, pero llegó a su clímax por la situación de Adorni y el horizonte de 2027.

    Puertas adentro de su equipo, Bullrich compartió con frustración el mensaje del Presidente a los ministros. “Nos pidió que defendamos la honorabilidad de Adorni”, dijo -con un dejo de ironía- a sus colaboradores más cercanos.

    En el equipo del jefe de Gabinete suavizaron las palabras del propio Presidente. “En realidad lo que explicó Javier en la reunión de Gabinete es que él va a hacer lo que sea correcto sin importarle el costo político que tenga que pagar”, tradujo un funcionario fiel al ex vocero

    Los ministros entendieron que los Milei no le soltarán la mano al jefe de Gabinete, pero de todos modos los envuelve una dosis alta de preocupación y enojo por el daño autoinfligido.

    El problema no es la deuda, nadie explica cómo va a hacer para pagar Adorni. Ahí está el problema”, se lamentó un funcionario importante con una dosis alta de frustración.

    El pedido de moción contra el jefe de Gabinete que presentaron varios diputados opositores que quieren sesionar el jueves no tiene posibilidades de prosperar, pero dificulta que el oficialismo acelere con sus iniciativas.

    El martes, el Ejecutivo verá una marea humana a favor de las universidades. La altanería de Adorni para celebrar que el Recurso Extraordinario del Gobierno que llegó a la Corte para frenar la ley de financiamiento, es combustible para estudiantes y gremios.

    El Gobierno eligió hablarles a los propios para dejar de perder imagen. Hay importantes funcionarios que no entendieron el sentido de la conferencia de prensa del viernes, en la que Adorni eligió no contestar y Caputo y Alejandro Monteoliva pretendían preguntas a la carta.

    Dirigentes de la mesa política describieron la escena como “negligente” sin poder entender cómo nadie atinó a negar de plano de la manera que fuera que los ministros cobraran sobresueldos.

    La segunda parte de la reunión de gabinete del viernes -ya sin el Presidente en la sala- prosiguió con las inminentes medidas de gobierno y las negociaciones en el Congreso, que hasta ahora estaban paralizadas por la suerte del jefe de Gabinete.

    En primer plano se analizaron los retiros voluntarios y nuevos despidos en organismos públicos, que se concretarían a fines de mayo. Los mejores 18 meses de la economía al decir del ministro de Economía, se inauguran con el regreso de la motosierra, además del proyecto del Super-Rigi.

    El oficialismo no descarta avanzar con el proyecto de ficha limpia de los aliados en detrimento del propio y negocia con gobernadores para eliminar la obligatoriedad de las primarias. El sanjuanino Marcelo Orrego se sumó a la adhesión de Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, para terminar con las PASO. Gustavo Sáenz, más reacio, no estuvo en la cumbre minera adonde viajaron Karina, los Menem, Diego Santilli y seis gobernadores, pero se hizo tiempo para pasar por la Rosada.

    Los pliegos de jueces para algunas provincias están empantanados, sobre todo porque el Gobierno no termina de definir en qué distritos jugará con candidatos propios y en cuáles jugará a media máquina.

    Al Presidente le cuesta definir prioridades. En Balcarce 50, mientras intentan blindar a Adorni, esperan con el mismo entusiasmo que avancen el proyecto Hojarasca -para derogar normas vetustas, que impulsa Federico Sturzenegger-y una nueva ley de discapacidad, además de la nueva ley de salud mental y otra para profundizar la protección a la propiedad privada.

    La falta de acuerdo se siente, por ejemplo, en la bicameral de Inteligencia. Karina Milei no logró imponer todavía a su candidato Sebastián Pareja. Cristian Ritondo, al que un sector del Gobierno le había prometido esa silla clave, tiene bloqueada su designación. La SIDE, mientras, tanto no tiene control. A Santiago Caputo -jefe político del titular del organismo Christian Auguadra, amigo del diputado del PRO y detractor de Pareja- la posición no lo complica.

    La debilidad gubernamental y el avance de Karina le bajaron el perfil, pero le garantizaron la continuidad de funcionarios que le responden en áreas sensibles, como la ARCA y la ex AFI.

    Milei recibió el lunes a militantes digitales que no se referencian en las caputistas Fuerzas del Cielo.

    El viernes por la noche, el asesor festejó la elección de Martín Krause como director académico de la Fundación Faro, think tank libertario.

    El académico, ex jefe de los equipos técnicos de Educación de LLA en la campaña de 2023, no pudo asumir como secretario del área, porque dijo en un panel que “si la Gestapo hubiera sido argentina, (por su ineficiencia y corrupción) habría matado menos judíos“. El Gobierno en ciernes decidió alejarse de Krause para evitar problemas. Ahora, por lo visto, se sienten holgados.

  • Tras cinco días internado, murió un motociclista que había sufrido un grave choque en Gualeguaychú

    Tras cinco días internado, murió un motociclista que había sufrido un grave choque en Gualeguaychú

    Falleció motociclista. Un hombre que permanecía internado en estado crítico desde el pasado lunes falleció este sábado como consecuencia de las graves heridas sufridas en un choque ocurrido en Pueblo Belgrano, departamento Gualeguaychú.



    El siniestro vial tuvo lugar en la intersección de la Ruta Provincial Nº 42 y Pedro Ayala, donde la víctima circulaba en moto y colisionó de frente contra un Renault 12, según publicó R2820.



     

    De acuerdo con la información difundida sobre el hecho, el auto habría intentado girar hacia la izquierda para ingresar a calle Pedro Ayala en sentido este, momento en el que impactó contra la moto que se desplazaba en sentido contrario.

     

    Permaneció internado en terapia intensiva

     

    Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del rodado menor sufrió severas lesiones y debió ser trasladado de urgencia al hospital local para recibir atención médica.



    Tras ser examinado por el médico de guardia, se constató que presentaba múltiples traumatismos y fracturas, por lo que quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.



    Durante los días posteriores al accidente, el hombre permaneció bajo cuidados intensivos debido a la gravedad de las heridas sufridas en el impacto.

     

    El fallecimiento fue confirmado este sábado

     

    Finalmente, luego de permanecer cinco días internado, este sábado se confirmó su fallecimiento, hecho que generó conmoción en la comunidad de Pueblo Belgrano.

  • Ranking de riesgo país: con la mejora del viernes, cómo quedó Argentina en relación a otras economías latinoamericanas

    Ranking de riesgo país: con la mejora del viernes, cómo quedó Argentina en relación a otras economías latinoamericanas

    El riesgo país es uno de los indicadores más seguidos por los mercados financieros internacionales a la hora de evaluar la solidez económica de un país y su capacidad para cumplir con el pago de su deuda. Para Argentina, ese número tiene una importancia particular: determina a qué costo puede salir a buscar financiamiento externo en un contexto en el que debe enfrentar compromisos de pago por unos USD 9.000 millones en el próximo año.

    Al 7 de mayo, el índice elaborado por JP Morgan ubicaba a Argentina en los 519 puntos básicos, el valor más alto de toda América Latina, muy por encima del promedio regional de 256 puntos y a una distancia considerable de los países mejor posicionados de la región.

    El dato ubica al país muy por encima del segundo en la lista, Ecuador, que registra 404 puntos, y a una distancia considerable del promedio latinoamericano, que se sitúa en 256 puntos. En el otro extremo del ranking regional se encuentra Uruguay, con apenas 64 puntos básicos, seguido de Chile con 83.

    La semana que terminó el 9 de mayo trajo, sin embargo, una señal de alivio: el indicador tocó un mínimo en tres meses después de que la calificadora de riesgo Fitch elevó la nota soberana de Argentina de “CCC+” a “B-”. Con ese impulso, el riesgo país descontó 28 unidades y se acercó a los 510 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde el 18 de febrero. A pesar de la mejora, la brecha con el resto de la región sigue siendo amplia.

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    El resto de los países de la región también tiene mejores calificaciones. Paraguay registra 102 puntos, Panamá 113, Perú 119 y Guatemala 120, por citar algunos ejemplos. También Brasil, con 172 puntos, está en una situación mucho más altentadora que la de Argentina.

    Por encima del promedio global —que el índice ubica en 214 puntos— y del promedio latinoamericano de 256 puntos, solo Colombia (243), México (198) y Honduras (194) se acercan más a los valores intermedios de la región, aunque todos ellos están lejos de los 519 puntos que registra Argentina.

    El dato positivo es que en los últimos meses, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos colocaron bonos en el mercado internacional, en todos los casos a tasas anuales de un dígito en dólares. La tendencia muestra que, a medida que el riesgo país se reduce, distintos actores del sector público comienzan a explorar oportunidades de financiamiento externo que hasta hace poco resultaban inaccesibles.

    El indicador funciona como un termómetro para los inversores, ya que mide la probabilidad de que un Estado incumpla sus compromisos financieros. Se obtiene al comparar el rendimiento de los bonos soberanos con el de los bonos del Tesoro estadounidense de igual plazo, considerados activos libres de riesgo. Cuando la diferencia entre ambos se amplía, refleja desconfianza sobre la estabilidad económica del país y anticipa obstáculos para acceder a financiamiento exterior en condiciones favorables.

    El índice de JP Morgan es una referencia para la renta fija de los países emergentes. El indicador estima la sobretasa que los países emergentes deberían pagar respecto de bonos de la misma duración emitidos por Estados Unidos. En términos prácticos, a mayor riesgo país, más cara resulta la deuda para el Estado.

    El índice de riesgo país que elabora JP Morgan es la referencia principal para medir el costo de financiamiento de los países emergentes. (Reuters)

    Un índice de riesgo país alto obliga al Gobierno a ofrecer intereses más elevados para captar fondos en los mercados internacionales, lo que encarece la deuda y dificulta el manejo fiscal.

    La necesidad de seguir bajando

    La expectativa financiera de este 2026 se concentra para Argentina en la oportunidad de volver a colocar bonos en dólares en los mercados internacionales. Tasas de financiamiento accesibles permitirían a la vez estirar vencimientos, descomprimir el mercado de cambios local y ofrecer a los inversores señales de previsibilidad que atraerían nuevos capitales a la economía doméstica.

    Si el riesgo país de Argentina consigue romper el piso de los 400 puntos básicos, el Tesoro podría financiarse con mayores volúmenes en los mercados internacionales y liberaría las divisas que ingresan a la economía por superávit comercial e inversión extranjera para apuntalar el crecimiento de la actividad.

    En ese marco, el Gobierno avanzó en gestiones con organismos multilaterales para mejorar las condiciones de acceso al crédito externo. El Banco Mundial trabaja en una garantía de hasta USD 2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional. El objetivo central del equipo económico es obtener una tasa de interés cercana al 5%, muy por debajo de los niveles que el mercado internacional exigiría a Argentina en una emisión tradicional de deuda.

  • ¿Trabas al “oro blanco”?: un estudio señala grises legales que limitan el potencial del litio argentino

    ¿Trabas al “oro blanco”?: un estudio señala grises legales que limitan el potencial del litio argentino

    Empresas estatales provinciales y firmas internacionales comparten proyectos en Jujuy, Salta y Catamarca.

    La expansión de la demanda global de litio, impulsada por el auge de la electromovilidad y la transición energética, ubicó a Argentina como uno de los actores con mayor potencial del planeta. La nación sudamericana forma parte del “Triángulo del Litio”, junto a Bolivia y Chile, y concentra cerca de un quinto de los recursos mundiales de este mineral, según la U.S. Geological Survey 2024.

    Sin embargo, la industria litífera argentina opera en una “zona gris” legal, una condición donde la ausencia de un marco regulatorio específico, la superposición de normas provinciales y nacionales, y los vacíos fiscales generan incertidumbre tanto para inversores como para el propio Estado.

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    El litio se posicionó como un recurso estratégico, ya que el 83% de la producción mundial se destinó a baterías en 2022, con la electromovilidad dominando el 65% de la demanda total. La oportunidad para el país va más allá de la mera extracción: el desafío reside en cómo transformar ese recurso en desarrollo sostenible e inserción en cadenas globales de valor. De acuerdo con la investigación de la Fundación Libertad y el Center for International Private Enterprise, el contexto regulatorio argentino muestra vacíos estructurales y una fragmentación institucional que limitan la capacidad de aprovechar el auge del “oro blanco”.

    El diseño institucional de la minería en Argentina asigna a las provincias la titularidad de los recursos minerales. Esta distribución, establecida por la reforma constitucional de 1994, favoreció la proliferación de normativas dispares.

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    La titularidad del recurso por parte de las provincias favoreció la proliferación de normativas dispares

    La mayoría de los proyectos litíferos se localizan en Jujuy, Salta y Catamarca, provincias que avanzaron en la creación de empresas estatales mineras y esquemas propios de participación y regalías. Por ejemplo, la Ley N.º 5.789 de Jujuy impone la incorporación de la estatal JEMSE con un mínimo de 8,5% de participación en cada emprendimiento. Catamarca y Salta también establecieron sus propias empresas provinciales, como CAMYEN y REMSa.

    Yacimiento litio

    Esta discrecionalidad provincial generó asimetrías y dificultades para planificar inversiones a largo plazo. Las diferencias en regalías, licencias y fideicomisos crean incertidumbre para las compañías, que encuentran reglas cambiantes y procedimientos poco homogéneos al operar en distintas jurisdicciones. Aunque para contrarrestar esa fragmentación, surgió la Mesa del Litio, un espacio de coordinación entre Jujuy, Catamarca y Salta que intentó armonizar criterios, aunque su alcance sigue siendo limitado y no reemplaza la falta de una estrategia federal concertada.

    La ausencia de una legislación nacional específica para el litio representa una de las principales trabas para el desarrollo del sector. Este vacío impidió el diseño de mecanismos regulatorios que promuevan valor agregado local, encadenamientos productivos y una gobernanza más eficaz de las rentas generadas por el recurso. Más allá de la regulación minera general, el litio presenta dinámicas propias de mercado, volatilidad de precios y exigencias ambientales y sociales crecientes, lo que demanda soluciones diferenciadas.

    Regalías y precios de transferencias

    A nivel fiscal, el régimen actual también muestra debilidades. La legislación nacional establece un límite máximo de 3% para la recaudación de regalías, pero la negociación de aportes adicionales quedó en manos de las provincias. Esto evidenció la necesidad de mecanismos transparentes y eficientes para que esos recursos se traduzcan efectivamente en desarrollo regional. Además, los esquemas fiscales que no contemplan el ciclo de precios pueden amplificar la volatilidad: cargas rígidas en contextos de precios bajos deterioran la inversión y frenan el escalamiento de los proyectos.

    El control sobre los precios de transferencia es otro punto crítico. La normativa vigente presenta deficiencias para fiscalizar operaciones entre empresas vinculadas, lo que abrió la puerta a la subfacturación de exportaciones y a la erosión de la renta minera estatal.

    La volatilidad de los precios internacionales del litio introdujo una dinámica de inversión marcada por picos y retracciones. Las compañías tienden a acelerar o frenar decisiones de desembolso según el contexto internacional, y la puesta a punto de las plantas suele demandar más tiempo de lo previsto. Esto produce “ramp-up” irregulares y afecta la cadena de proveedores, que experimenta picos de demanda en la construcción y luego ajustes cuando los proyectos se estabilizan o reprograman.

    Radiografía del mercado

    Actualmente, unas 40 empresas —de origen canadiense, australiano, chino, británico, francés, estadounidense, coreano y nacional— operan en el país en distintas etapas, desde prospección hasta producción. Sólo ocho son argentinas y una, YPF, es estatal.

    La presencia de firmas globales como Río Tinto, la francesa Eramet y asociaciones como la de Toyota Tsusho con JEMSE refleja el atractivo del litio argentino, pero también la necesidad de un marco regulatorio robusto que garantice transparencia. El caso del proyecto Centenario-Ratones, operado por Eramet en Salta, involucró una inversión estimada de USD 595 millones y una capacidad de producción de 24.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. Por su parte, Río Tinto destinó más de USD 110 millones al desarrollo inicial del proyecto Fénix y proyecta una expansión a 60.000 toneladas anuales para 2030.

    El ciclo del litio impone exigencias de planificación e institucionalidad. Cuando el precio internacional varía, la inversión responde de inmediato y la calidad del marco normativo se vuelve un diferencial para sostener proyectos a largo plazo. Además, la “fiebre del litio” dejó de jugarse solo en volumen y pasó a depender de la reputación y del acceso a cadenas globales que exigen trazabilidad, certificaciones ambientales y producción ética.

    Las recomendaciones de la Fundación Libertad incluyen modernizar el marco fiscal y aduanero, fortalecer la coordinación a través de la Mesa del Litio, formalizar criterios mínimos para la participación estatal provincial y avanzar en la adhesión a la EITI con criterios específicos para el litio. También sugieren el desarrollo de proveedores nacionales, la financiación de infraestructura minera mediante esquemas público-privados y la incorporación de estándares internacionales de transparencia.

    Regalías

    La gestión de las regalías permanece como un eje de discusión. La legislación nacional fija un techo, pero la experiencia muestra que la negociación provincial y la falta de esquemas transparentes generan volatilidad y debilitan el desarrollo regional. La previsibilidad y la transparencia en la captura y el uso de rentas funcionan como filtros para orientar inversiones de largo plazo, desalentar estrategias de corto plazo y promover una minería con estándares ambientales y sociales reconocidos internacionalmente.

    El requerimiento de certificaciones ambientales y trazabilidad creció en los principales mercados internacionales.

    El capital que llega al país también varía en su calidad. El capital “constructivo” apuesta al largo plazo y cumple estándares rigurosos, mientras que el “corrosivo” prioriza el corto plazo y la mera extracción de renta. La credibilidad de las reglas de juego marca la diferencia entre ambos. Alteraciones en condiciones garantizadas, como cambios tributarios sobre proyectos ya en marcha, afectaron la confianza y elevaron la prima de riesgo país.

    Entre las propuestas para fortalecer el sector se destacan la implementación de auditorías conjuntas entre organismos fiscales y aduaneros, la creación de registros nacionales de ingresos fiscales del litio, la profesionalización de equipos técnicos provinciales y nacionales, y la articulación con organismos internacionales como el CIAT y la OMA para mejorar la trazabilidad y la fiscalización de exportaciones.

    La industria del litio en Argentina muestra un crecimiento acelerado en términos de inversiones, diversidad de actores y expansión de proyectos, pero convive con fragilidades institucionales y productivas. El país permanece en una “zona gris” de alta incertidumbre legal y bajo impacto duradero, mientras los actores del sector debaten el rumbo y las condiciones para transformar el “oro blanco” en desarrollo tangible.

  • Putin dijo que la guerra podría estar cerca de su fin pero aclaró que sólo se reuniría con Zelensky bajo ciertas condiciones

    Putin dijo que la guerra podría estar cerca de su fin pero aclaró que sólo se reuniría con Zelensky bajo ciertas condiciones

    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mencionó hoy su disposición a concretar una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, pero aclaró que sólo se llevaría a cabo bajo ciertas condiciones. Además, afirmó que la guerra “se acerca a su fin”.

    “Sería posible reunirse en un tercer país, pero solo si se alcanza un acuerdo definitivo sobre un tratado de paz, que debería estar diseñado con una perspectiva a largo plazo”, declaró el líder ruso, quien aprovechó para criticar a los países occidentales por ayudar a Kiev.

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    “Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta hoy. Creo que se acerca a su fin, pero sigue siendo un asunto serio”, agregó en declaraciones a periodistas.

    En la misma jornada en la que Putin manifestó esta propuesta, Rusia lanzó un ataque con un misil balístico Iskander y 43 drones contra distintas regiones de Ucrania, violando la tregua de tres días previamente anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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    El bombardeo alcanzó especialmente las zonas de Sumy y Odesa, provocó la muerte de tres personas, entre ellas un padre y su hijo y dejó al menos un herido.

    Rusia lanzó un misil balístico Iskander y 43 drones contra varias regiones de Ucrania, violando la tregua acordada (Servicio de Emergencia de Ucrania)

    El Servicio de Emergencia ucraniano informó que los incendios en muchas viviendas particulares fueron extinguidos, pero ante la amenaza de nuevos bombardeos, el personal fue reubicado en zonas seguras.

    Las fotos publicadas por los equipos de emergencia exhibieron los daños y la destrucción causados por el reciente ataque ruso en Ucrania.

    Los bombardeos rusos afectaron especialmente a las zonas de Sumy y Odesa y dejaron tres muertos y al menos un herido (Reuters)

    El fuego también afectó una granja en la región de Cherníhiv, donde fallecieron dos civiles y resultó herido un tercero.

    De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania nueve proyectiles impactaron en seis ubicaciones distintas y los sistemas de defensa lograron derribar 34 de los 43 drones lanzados por Moscú.

    Esta ofensiva coincidió con las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú, que este año se realizaron sin exhibiciones militares y con limitaciones en las comunicaciones.

    Las celebraciones en Rusia se realizaron este año sin exhibiciones militares y con restricciones en las comunicaciones (Reuters)

    Al mismo tiempo de esa conmemoración, la policía detuvo en San Petersburgo, a una sobreviviente del Bloqueo de Leningrado por protestar contra los crímenes del Kremlin, con ocasión a esa conmemoración.

    Liudmila Vasílieva, de 85, portaba una pancarta con la frase “No ocultes tus crímenes tras la Victoria popular” y dejó flores y una vela en el memorial dedicado a las víctimas de los campos de trabajo soviéticos.

    Tras su arresto, los agentes la trasladaron a una comisaría, aunque la liberaron poco después sin formular cargos. Vasílieva, conocida entre los opositores por su activismo y por haber sido detenida en otras ocasiones, se negó a declarar amparándose en la Constitución rusa. Anteriormente, la multaron por manifestarse contra la invasión de Ucrania y en 2024 intentó postularse para las elecciones a gobernador, pero no consiguió las firmas necesarias.

    Con respecto al pedido de la reunión, el asesor presidencial ucraniano Serguí Leshchenko indicó que Zelensky aceptaría reunirse con Putin en cualquier lugar, excepto en la capital rusa, por considerarla la sede del Estado agresor.

    Zelensky reiteró su disposición a reunirse con Putin en cualquier país, menos en Moscú (EFE)

    En paralelo a las declaraciones cruzadas, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, mantuvo una conversación con Putin para informarle sobre su reciente encuentro con Zelensky en Armenia, aunque aclaró que no transmitió ningún mensaje directo del presidente ucraniano.

    Fico expresó su apoyo al ingreso de Ucrania en la Unión Europea y destacó la reanudación del bombeo de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, elemento que facilitó el respaldo de Eslovaquia y Hungría a un préstamo comunitario para Kiev.

    El diálogo entre Putin y Fico incluyó temas energéticos y el flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba (Reuters)

    Además, António Costa, presidente del Consejo Europeo, sostuvo en esta jornada, que la Unión Europea deberá dialogar con Rusia sobre seguridad cuando se alcance la paz en Ucrania, mientras Vladimir Putin propuso a Gerhard Schroder como posible mediador y advirtió sobre los riesgos para Europa al apoyar a Kiev.

    Los líderes de Europa celebraron este sábado el Día de Europa, recordando el origen de la Unión Europea en 1950 con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. En la jornada destacaron más de siete décadas de unión, resaltando el valor de la cooperación y la continuidad del proyecto europeo frente a los desafíos y crisis internacionales actuales.

    Volodímir Zelensky aseguró que Ucrania celebra el Día de Europa convencida de ser una parte “inseparable” de la familia europea y destacó el respaldo recibido desde los primeros días de la guerra con Rusia.

    “Hoy es el Día de Europa. Y Ucrania lo celebra no de manera formal ni con eslóganes, sino plenamente consciente de que ya somos una parte inseparable de la familia europea”, dijo.

    Zelensky agradeció el respaldo de Europa desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 (Europa Press)

    “Estamos defendiendo Ucrania, nuestra independencia, nuestro futuro; y al hacerlo, en Ucrania estamos defendiendo nuestra Europa. Una Europa de la que Ucrania ha formado y seguirá formando parte”, agregó.

    Zelensky subrayó también que Europa eligió “estar del lado de los valientes y los fuertes, de los ucranianos que luchan hoy por la paz y por una verdadera protección contra la tiranía, no sólo para ellos mismos, sino para todo el continente”.

    Por su parte, Vladimir Putin encabezó el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Roja esta jornada y centró su discurso en la ofensiva rusa en Ucrania.

    El mandatario ruso afirmó que los soldados de su país “siguen avanzando” pese al apoyo de la OTAN a Ucrania (Reuters)

    “Pese a que combaten contra una fuerza agresiva que es apoyada por todo el bloque de la OTAN, nuestros héroes siguen avanzando”, sostuvo el mandatario.

    Luego, remarcó: “La consolidación del pueblo ruso, su fuerza moral y la capacidad de superar cualquier desafío son la clave del éxito”. Finalmente, Putin subrayó: “Estoy firmemente convencido de que nuestra causa es justa. Estamos juntos, el triunfo fue y siempre será nuestro”.

    Con respecto al intercambio de prisioneros, Putin sostuvo: “La reacción fue que debíamos examinar con detenimiento, tal vez no a 500, sino a 200. Luego desaparecieron por completo y dijeron abiertamente que no estaban preparados para este intercambio. No lo querían”.

    Rusia sostiene su campaña militar y muestra firmeza en sus posiciones, tanto en el terreno bélico como en las negociaciones. Los ataques no cesan y se suman a las restricciones internas, en un escenario que sigue dejando impacto en la vida cotidiana de Ucrania y en la dinámica social rusa.

    (Con información de Europa Press y EFE)

  • Pablo Moyano apuntó contra otro sindicalista y los intendentes bonaerenses por el control de la recolección de residuosEl secretario adjunto de Camioneros cuestión a Hernán Doval, titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, quien había pedido públicamente que se municipalicen ese servicio

    Pablo Moyano apuntó contra otro sindicalista y los intendentes bonaerenses por el control de la recolección de residuosEl secretario adjunto de Camioneros cuestión a Hernán Doval, titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, quien había pedido públicamente que se municipalicen ese servicio

    La caída de la recaudación y la presión sobre las finanzas municipales fomentan la revisión de los contratos de recolección en varios distritos bonaerenses

    El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, lanzó una ofensiva contra Hernán Doval, titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), tras el pedido público de este último de avanzar en la municipalización total del servicio de recolección de residuos y barrido manual de calles en toda la provincia de Buenos Aires. En un video difundido en redes sociales, Moyano equiparó a Doval con funcionarios del Gobierno nacional y lo acusó de promover la precarización laboral de los trabajadores del sector.

    “¿Qué diferencia hay entre el ministro Caputo, Sturzenegger, Adorni, Jorge Macri y este señor Doval?”, preguntó el dirigente camionero, al trazar una línea directa entre la posición del líder municipal y las políticas de ajuste que atribuye al oficialismo. Moyano fue categórico: “Este señor actúa como jefe de prensa de sus patrones, que son los intendentes municipales”.

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    Pablo Moyano rechazó la propuesta de municipalizar los servicios de recolección de residuos y barrido y limpieza en la provincia de Buenos Aires

    La disputa tiene un trasfondo económico concreto. Moyano advirtió que la municipalización implicaría una reducción salarial de casi el 50% para los trabajadores de recolección, ya que los empleados municipales perciben ingresos notoriamente inferiores a los encuadrados bajo el convenio colectivo de Camioneros. “Muchos municipales no llegan a cubrir la canasta básica con su salario. Y este señor quiere llevarnos a la pobreza, a la miseria”, afirmó.

    La tensión entre el gremio camionero y los municipios bonaerenses no es nueva. A fines de marzo, Camioneros protagonizó un conflicto en Villa Gesell luego de que el intendente Gustavo Barrera rescindiera parcialmente el contrato con la empresa Santa Elena, prestadora del servicio de recolección, lo que dejó sin trabajo a más de 40 empleados de recolección y barrido. Moyano encabezó una protesta frente al municipio y calificó la decisión de Barrera como una “traición” hacia los trabajadores. La intervención del gobierno provincial, a través de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, logró suspender los despidos y restablecer las tareas de barrido y recolección. El dirigente invocó ese episodio en su video: “Venimos de un conflicto muy grande en Villa Gesell, en donde hemos defendido con huevo y con lucha 45 puestos de trabajo”.

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    El reclamo de Doval, que Moyano interpreta como un aval a la política de los jefes comunales, se produce en un contexto de presión financiera sobre los municipios bonaerenses. La caída en la recaudación y en los fondos de coparticipación empujó a varios intendentes a revisar contratos con empresas concesionarias de recolección, uno de los servicios más costosos para las administraciones locales. Esa tendencia es la que el gremio camionero busca frenar con movilizaciones y, si fuera necesario, con un paro provincial.

    Moyano también apuntó contra la coherencia del dirigente municipal. Lo acusó de marchar públicamente contra la reforma laboral mientras, al mismo tiempo, impulsaba una medida que —según el camionero— implica exactamente eso para los trabajadores del sector: “Lo vemos a este señor marchando contra la reforma laboral y hoy pide la reforma laboral para los trabajadores camioneros”.

    El dirigente de Camioneros convocó a trabajadores y delegados de las regionales bonaerenses a presionar a sus representantes municipales para bloquear cualquier avance en la municipalización. “Se acerquen a las regionales de los municipales y le digan a su dirigente que no vamos a permitir que se municipalice ni un servicio de la recolección”, indicó. La amenaza fue directa: el sindicato defenderá el convenio colectivo del sector, que Moyano describió como una conquista histórica obtenida con “compañeros detenidos, desaparecidos, compañeros muertos”.