A casi 15 a\u00f1os del derrumbe del muelle del Puerto Ibicuy, ocurrido en julio de 2011, la Fiscal\u00eda Federal de Concepci\u00f3n del Uruguay avanza con la causa penal por el presunto delito de estrago doloso contra exfuncionarios y empresarios de la firma Transbordo del Ibicuy S.A. (TISA), que explotaba la terminal portuaria. El tiempo pas\u00f3, el puerto se reconstruy\u00f3 e incluso la empresa lleg\u00f3 a un acuerdo econ\u00f3mico con la Provincia. Finalmente, la firma dej\u00f3 el puerto, pero la causa penal sigui\u00f3 abierta.<\/p>\n
El expediente estuvo varios a\u00f1os paralizado por diferentes incidentes y recursos. Ahora, se reactiv\u00f3 con citaciones a indagatorias. El 20 de mayo, a las 10 de la ma\u00f1ana, ser\u00e1 el turno del exsenador por La Paz, Aldo Ballestena. As\u00ed, es la segunda causa en la que se ve involucrado el dirigente pace\u00f1o, ya que cuenta con una investigaci\u00f3n por presunto enriquecimiento il\u00edcito, expediente abierto tras una investigaci\u00f3n period\u00edstica de Revista AN\u00c1LISIS<\/strong>.<\/p>\n<\/p>\n <\/p>\n En tanto, otros exlegisladores ya se presentaron y designaron abogados defensores. Es el caso de Carlos Scheppens, exsenador por el departamento Uruguay; y C\u00e9sar Melchiori, exsenador por el departamento Islas y actual intendente de Villa Paranacito. Todos integraron al momento del hecho el Consejo de Administraci\u00f3n del Instituto Portuario Provincial de Entre R\u00edos (IPPER).<\/p>\n Seg\u00fan supo Cuesti\u00f3n de Fondo (Canal 9)<\/strong>, la fiscal federal de Concepci\u00f3n del Uruguay, Mar\u00eda Josefina Minatta, decidi\u00f3 ampliar el alcance de la investigaci\u00f3n a ra\u00edz de los dichos de Hugo Rodr\u00edguez, quien era titular del IPPER en el momento de los hechos. En su declaraci\u00f3n indagatoria, seg\u00fan trascendi\u00f3, afirm\u00f3 que las decisiones no s\u00f3lo pasaban por su persona, sino tambi\u00e9n por el Consejo de Administraci\u00f3n, conformado por legisladores y otros funcionarios t\u00e9cnicos del organismos.\u00a0<\/p>\n En el expediente est\u00e1n procesados Rodr\u00edguez (que actualmente es secretario general del IPPER); Pablo Ferulano Carminatti, presidente de Transbordo Ibicuy SA (TISA) y Philip Theodore Pyfrom, representante de la empresa Argenmar SA. El primero es defendido por el abogado Miguel \u00c1ngel Cullen, mientras que los empresarios cuentan con la asesor\u00eda legal de Juli\u00e1n Sub\u00edas.<\/p>\n En tanto, la fiscal cit\u00f3 a indagatoria a los exlegisladores Ballestena, Melchiori y Scheppens; a Cristian Ra\u00fal Zitelli, en ese momento era secretario t\u00e9cnico del IPPER y hoy figura como secretario legal; a Carlos Favotti, expresidente del Ente Aut\u00e1rquico Puerto Diamante; y a Leonardo Cabrera Dom\u00ednguez, expresidente del Ente Aut\u00e1rquico Puerto Concepci\u00f3n del Uruguay.<\/p>\n El hecho es bien conocido: el 17 de julio de 2011 a las 17.15, el muelle continental del Puerto Ibicuy se derrumb\u00f3 y termin\u00f3 hundi\u00e9ndose en el r\u00edo Paran\u00e1. Se presume que la causa fue una sobrecarga de mineral de hierro en el acopio secundario del muelle explotado por la firma TISA. Al fondo del agua no s\u00f3lo se fue esa carga, sino tambi\u00e9n un cami\u00f3n cisterna con 34 mil litros de gasoil, una gr\u00faa, una Renault Kangoo y tres cintas transportadoras de material.\u00a0<\/p>\n El hecho tuvo su repercusi\u00f3n en la justicia, con una reclamo civil por parte de la Provincia, que termin\u00f3 en un acuerdo econ\u00f3mico con la empresa TISA; y una causa penal que pas\u00f3 por diferentes instancias desde entonces. La investigaci\u00f3n primero estuvo a cargo de la fiscal Mar\u00eda de los Milagros Squivo (se jubil\u00f3 en 2025), pero luego pas\u00f3 a Mar\u00eda Josefina Minatta.<\/p>\n Fernando Mill\u00e1n es el abogado del exsenador Ballestena y confirm\u00f3 que su asistido se presentar\u00e1 el 20 de mayo ante la fiscal Minatta. \u201cSon siete tomos, una investigaci\u00f3n de muchos a\u00f1os y no estoy de acuerdo con la calificaci\u00f3n de estrago doloso\u201d, dijo a Cuesti\u00f3n de Fondo<\/strong>.<\/p>\n Y agreg\u00f3: \u201cBallestena no era presidente del ente ni nada, representaba a la C\u00e1mara de Senadores en el directorio del Instituto Portuario. Es una causa compleja: hay cuestiones de infraestructuras y periciales. Hubo una instancia civil donde se logr\u00f3 llegar a un acuerdo, que fue que el muelle volvi\u00f3 a su estado anterior al hecho. Hay que sacarle la calificaci\u00f3n de estrago, para hablar de una gesti\u00f3n exitosa. Se cay\u00f3 un muelle y construyeron uno nuevo\u201d.<\/p>\n Abogado Fernando Mill\u00e1n.<\/em><\/p>\n \u201cEn el transcurso de 16 a\u00f1os, hay un plazo razonable para imputar o procesar. Una persona no puede estar 16 a\u00f1os investigada y reci\u00e9n ahora empecemos a discutir cuestiones probatorias. La figura de estrago doloso es la acusaci\u00f3n m\u00e1s grave para este tipo de siniestro, ya que presupone un conocimiento, una voluntad de generar un da\u00f1o o que se les represent\u00f3 el peligro. Es un delito que a Ballestena o los otros imputados tendr\u00edan que haber tenido voluntad para que el muelle se caiga. Hay cuestiones previas para analizar, antes de la calificaci\u00f3n penal\u201d, dijo luego.<\/p>\n \u201cHablamos de una persona que compon\u00eda un directorio y del cual no ten\u00eda inmediaci\u00f3n con el muelle o con la operatoria de TISA de saber cu\u00e1nto mineral de hierro se pon\u00eda sobre la ribera de la superficie lindera al muelle. No creo que sea un estrago doloso\u201d, cerr\u00f3.<\/p>\n El 4 de octubre de 2023, la fiscal federal Minatta firm\u00f3 un dictamen fundamentando que deb\u00eda citarse indagatoria a los integrantes del Consejo de Administraci\u00f3n del IPPER. Lo explic\u00f3 as\u00ed: “Que Hugo Guillermo Rodr\u00edguez al momento de su indagatoria, afirm\u00f3 que las decisiones contractuales se encontraban a cargo de un consejo de Administraci\u00f3n integrado por el Presidente del IPPER (el propio Rodr\u00edguez), el Secretario General, dos diputados, dos senadores y los 4 presidentes de los entes portuarios de la provincia: La Paz, Concepci\u00f3n del Uruguay, Ibicuy y Diamante). Se\u00f1al\u00f3 que los contratos para la explotaci\u00f3n comercial del puerto de Ibicuy fueron efectuados dentro del Consejo de administraci\u00f3n del Instituto Portuario tal como prev\u00e9 el Decreto 328”.<\/p>\n Luego a\u00f1adi\u00f3: “En efecto, el contrato de Permiso de uso fue firmado por el propio Rodr\u00edguez en su car\u00e1cter de Presidente del IPPER junto al Secretario General Cristian Ra\u00fal Zitelli, el Presidente del Ente Aut\u00e1rquico puerto Diamante Juan Carlos Favotti, el presidente del Ente Aut\u00e1rquico puerto Concepci\u00f3n del Uruguay, Leonardo Cabrera Dom\u00ednguez; y de tres personas m\u00e1s cuya firma no fue aclarada”. “En tales condiciones y contemplando el alcance del Decreto 328 se\u00f1alado por Hugo Guillermo Rodr\u00edguez, corresponde la citaci\u00f3n a indagatoria del resto de los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Portuario que firmaron el contrato de uso del Puerto de Ibicuy”, complet\u00f3.<\/p>\n La tesis de la fiscal es que el derrumbe del muelle era previsible. As\u00ed lo plasm\u00f3 en varios escritos al responder las presentaciones de los principales se\u00f1alados. Para la acusadora, los imputados conoc\u00edan desde a\u00f1os antes el estado cr\u00edtico del muelle de Ibicuy, ya que en 2003 una resoluci\u00f3n oficial hab\u00eda suspendido su actividad por riesgo de colapso. Se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s que, d\u00edas antes del derrumbe, ya se observaban desmoronamientos y un pozo de m\u00e1s de tres metros tras la carga de mineral de hierro. Remarc\u00f3 que Rodr\u00edguez, por ser ingeniero civil, y Pyfrom, por ser arquitecto, ten\u00edan conocimientos t\u00e9cnicos suficientes para advertir el peligro, y agreg\u00f3 que la empresa TISA tambi\u00e9n hab\u00eda sido alertada al menos 72 horas antes del hecho. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, pese a conocer la escasa capacidad del muelle y el exceso de carga acumulada, continuaron operando de manera riesgosa, poniendo en peligro a personas y bienes cercanos al lugar.<\/p>\n -3\/10\/2011: El Juzgado Federal se declar\u00f3 incompetente en raz\u00f3n de la materia y remiti\u00f3 la causa a la justicia ordinaria de Gualeguaych\u00fa.<\/p>\n -10\/06\/2013: Se declar\u00f3 la competencia del Juzgado Federal de Concepci\u00f3n del Uruguay, tras un conflicto de competencia entre la justicia provincial y la federal sobre la investigaci\u00f3n del derrumbe en el puerto de Ibicuy.<\/p>\n -28\/03\/2016: El Ministerio P\u00fablico Fiscal consider\u00f3 que el siniestro era previsible y solicit\u00f3 la citaci\u00f3n a indagatoria de Rodr\u00edguez y de representantes de las empresas involucradas: Philip Theodore Pyfrom (Argenmar SA) y Pablo Ram\u00f3n Ferulano Carminatti (SASA y TISA).<\/p>\n -13\/09\/2017: Declar\u00f3 en indagatoria Rodr\u00edguez, interventor del Ente Aut\u00e1rquico Puerto Ibicuy (EAPI), acusado de haber habilitado el permiso de uso oneroso a la UTE integrada por Argenmar SA y Suelos Argentinos.<\/p>\n -19\/09\/2019: Prestaron declaraci\u00f3n indagatoria Pyfrom y Ferulano Carminatti, imputados por la sobreacumulaci\u00f3n de carga que habr\u00eda provocado el siniestro.<\/p>\n -28\/09\/2023: El Juzgado Federal de Concepci\u00f3n del Uruguay dict\u00f3 la falta de m\u00e9rito para procesar o sobreseer a los imputados.<\/p>\n -27\/11\/2023: La C\u00e1mara Federal declar\u00f3 la nulidad de esa resoluci\u00f3n por falta de fundamentaci\u00f3n suficiente y orden\u00f3 dictar un nuevo pronunciamiento.<\/p>\n -29\/02\/2024: El juez federal resolvi\u00f3 el procesamiento de Rodr\u00edguez, Pyfrom y Ferulano Carminatti por el delito de estrago doloso, en calidad de coautores, con embargo de bienes por $5 millones para cada uno.<\/p>\n -22\/05\/2024: La C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Paran\u00e1 rechaz\u00f3 las apelaciones y confirm\u00f3 los procesamientos.<\/p>\n -2025: Nuevas citaciones a indagatoria.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A casi 15 a\u00f1os del derrumbe del muelle del Puerto Ibicuy, ocurrido en julio de 2011, la Fiscal\u00eda Federal de Concepci\u00f3n del Uruguay avanza con la causa penal por el presunto delito de estrago doloso contra exfuncionarios y empresarios de la firma Transbordo del Ibicuy S.A. 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