La noticia se conoci\u00f3 este mi\u00e9rcoles por la noche en el editorial del programa Cuesti\u00f3n de Fondo (Canal 9 Litoral). El Ministerio P\u00fablico Fiscal de Entre R\u00edos abri\u00f3 el 23 de noviembre la segunda etapa de la investigaci\u00f3n por los contratos truchos legislativos. La resoluci\u00f3n, firmada por los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro \u2014quienes participaron en la elevaci\u00f3n a juicio de la primera etapa y se especializan en delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2014, apunta a profundizar la pesquisa contra quienes tuvieron responsabilidad pol\u00edtica en el desfalco al Estado entrerriano por m\u00e1s de 53 millones de d\u00f3lares, entre 2008 y 2018.<\/p>\n
Era una promesa del Ministerio P\u00fablico Fiscal y un reclamo de distintos sectores judiciales y pol\u00edticos. En 2021, cuando se elev\u00f3 a juicio la primera etapa de la causa, la investigaci\u00f3n identific\u00f3 y acus\u00f3 \u00fanicamente a quienes tuvieron responsabilidad administrativa en ambas c\u00e1maras y a quienes integraron los estudios contables que articularon la maniobra. Sin embargo, dej\u00f3 afuera a los responsables pol\u00edticos: exvicegobernadores y ex presidentes de la C\u00e1mara de Diputados. Teniendo en cuenta la cronolog\u00eda de la estafa, la segunda etapa abarcar\u00eda a los vicegobernadores con mandato cumplido Pedro Guillermo Guastavino; Jos\u00e9 Eduardo Lauritto; Jos\u00e9 C\u00e1ceres; y Ad\u00e1n Humberto Bahl, adem\u00e1s de los ex presidentes de la C\u00e1mara de Diputados Jos\u00e9 \u00c1ngel Allende y Sergio Urribarri. No obstante, seg\u00fan se anticip\u00f3 anoche, si la pesquisa determina que alg\u00fan exvicegobernador no firmaba los contratos truchos y la aprobaci\u00f3n correspond\u00eda al vicepresidente primero, se avanzar\u00e1 contra el senador que ejerc\u00eda esa funci\u00f3n. Por ahora, el primero en quedar bajo la mira es el ex senador Aldo Ballestena, del departamento La Paz.<\/p>\n
Los contratos truchos legislativos constituyen la investigaci\u00f3n por corrupci\u00f3n m\u00e1s grande en la historia de la provincia. Su origen fue curioso: en la primavera de 2018, un agente policial advirti\u00f3 movimientos extra\u00f1os en un cajero de Paran\u00e1 y alert\u00f3 a sus superiores porque una persona operaba numerosas tarjetas de d\u00e9bito y \u201corde\u00f1aba\u201d un cajero autom\u00e1tico.<\/p>\n
A partir de ese hilo, la pesquisa se encamin\u00f3 hacia la Legislatura entrerriana y una multiplicidad de contrataciones a terceros que, en varios casos, actuaron como \u201cprestanombres\u201d. Los fiscales determinaron la existencia de una banda integrada por empleados de la Legislatura y personas ajenas al sistema pol\u00edtico, organizada para extraer dinero de las arcas p\u00fablicas.<\/p>\n
El 1 de junio de 2021, los fiscales cerraron la Investigaci\u00f3n Penal Preparatoria y solicitaron su elevaci\u00f3n a juicio oral. Las defensas plantearon una cuesti\u00f3n de competencia, alegando que la causa correspond\u00eda a la Justicia Electoral porque, seg\u00fan afirmaron, el dinero desviado habr\u00eda sido destinado al financiamiento de campa\u00f1as pol\u00edticas.<\/p>\n
Con el respaldo del juez federal Daniel Alonso, ese planteo logr\u00f3 sacar la investigaci\u00f3n de la \u00f3rbita penal y la discusi\u00f3n pas\u00f3 sucesivamente por la Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, en un tr\u00e1mite que paraliz\u00f3 las actuaciones durante a\u00f1os.<\/p>\n
La causa se reactiv\u00f3 en los tribunales provinciales en 2024, con un ritmo lento. Las audiencias para la remisi\u00f3n a juicio oral comenzaron reci\u00e9n en 2025 y se suspendieron a mediados de ese a\u00f1o. En lo que lleg\u00f3 a ventilarse en la etapa oral, se describi\u00f3 una estructura que inclu\u00eda funcionarios p\u00fablicos, empleados jer\u00e1rquicos de ambas c\u00e1maras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos fuera del Estado encargados de buscar \u201cprestanombres\u201d, falsificar firmas y endosar cheques, entre otros hechos. Los fiscales sostienen que buena parte del dinero sustra\u00eddo termin\u00f3 en inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.<\/p>\n
Los fiscales encargados de las audiencias son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Entre los abogados que intervinieron est\u00e1n Dami\u00e1n Petenatti e Iv\u00e1n Vernengo, por el imputado Alfredo Bilbao; Jos\u00e9 Vel\u00e1zquez, defensor de Flavia Beckman y Hugo Mena; Tom\u00e1s V\u00edrgala, por Ariel Faure; y Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, que representan a Jorge De Breuil. Cullen tambi\u00e9n defiende a Gustavo P\u00e9rez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hern\u00e1n D\u00edaz, Marta P\u00e9rez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.<\/p>\n
El legajo cont\u00f3 inicialmente con 32 imputados, aunque ese n\u00famero se redujo: algunas personas accedieron a suspensiones de juicio a prueba, como Esteban Scialocomo; el contador Gustavo Falco fue sobrese\u00eddo. Otros que obtuvieron probation son Mar\u00eda Victoria \u00c1lvarez, Ver\u00f3nica Ca\u00edno, Alejandro Ferreyra, Mar\u00eda Macarena \u00c1lvarez, Fernando Gast\u00f3n Sarnaglia, Andrea Demart\u00edn, Nicol\u00e1s Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazm\u00edn y Giselle Mena Gioveni.<\/p>\n
Quedaron como imputados Flavia Beckman; Hugo Mena; Ariel Faure; Jorge De Breuli; Gustavo P\u00e9rez; Alejandro Almada; Juan Pablo Aguilera; Hern\u00e1n D\u00edaz; Marta P\u00e9rez; Pedro Opromolla; Maximiliano Degani; Sergio Esteban Cardoso; Diego Mart\u00edn Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabi\u00e1n Lazzaro; y Jos\u00e9 Javier Schneider.<\/p>\n
La elevaci\u00f3n a juicio de la primera etapa de los contratos truchos legislativos est\u00e1 prevista para avanzar este a\u00f1o, en mayo seg\u00fan el calendario judicial. En paralelo, se investigar\u00e1 en un expediente aparte a los responsables pol\u00edticos del desfalco.
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