La disputa por la instalaci\u00f3n de una planta de combustibles sint\u00e9ticos de la empresa HIF Uruguay SA en Paysand\u00fa \u2014a pocos kil\u00f3metros de Col\u00f3n\u2014 sum\u00f3 en las \u00faltimas horas un cap\u00edtulo judicial que reconfigura el conflicto ambiental binacional. La causa, caratulada como Expediente 3276\/2026, avanza en el fuero federal argentino con el impulso de legisladores entrerrianos que buscan frenar posibles impactos sobre el r\u00edo Uruguay.<\/p>\n
El punto de inflexi\u00f3n ocurri\u00f3 el 18 de marzo, cuando la Fiscal\u00eda Federal de Concepci\u00f3n del Uruguay, a cargo de la fiscal Mar\u00eda Jos\u00e9 Minatta, dictamin\u00f3 a favor de la competencia del fuero federal local. As\u00ed, el expediente quedar\u00eda radicado en el Juzgado de esa jurisdicci\u00f3n, lo que habilita la posibilidad de analizar medidas preventivas concretas, como inspecciones judiciales en las costas y estudios sobre la calidad del agua del r\u00edo.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n la impulsaron los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Ad\u00e1n Bahl, quienes sostienen que el proyecto no cumple con los est\u00e1ndares jur\u00eddicos establecidos en el Estatuto del R\u00edo Uruguay ni con la jurisprudencia derivada del caso Botnia-UPM ante la Corte Internacional de Justicia.<\/p>\n
La acci\u00f3n judicial se enmarca en la figura de \u201cprevenci\u00f3n del da\u00f1o ambiental\u201d prevista en el C\u00f3digo Civil y Comercial argentino, y busca anticipar las consecuencias de una iniciativa industrial que, por su escala y ubicaci\u00f3n, reaviva tensiones hist\u00f3ricas entre ambas m\u00e1rgenes del r\u00edo compartido. No es menor el dato geogr\u00e1fico: la planta proyectada se ubicar\u00eda a apenas tres kil\u00f3metros de territorio argentino, en un corredor donde el turismo, la biodiversidad y las econom\u00edas regionales dependen estrechamente de la salud del ecosistema fluvial.<\/p>\n
En ese contexto, el pronunciamiento de la Fiscal\u00eda adquiere relevancia no s\u00f3lo jur\u00eddica sino tambi\u00e9n pol\u00edtica. La posibilidad de que la Justicia ordene peritajes ambientales o relevamientos in situ introduce un nuevo actor \u2014el Poder Judicial\u2014 en un conflicto que hasta ahora se desarrollaba principalmente en el plano diplom\u00e1tico y administrativo.<\/p>\n
Las declaraciones de Michel, en tono cr\u00edtico hacia el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, muestran adem\u00e1s la dimensi\u00f3n interna de la controversia. \u201cLa inacci\u00f3n y falta de gesti\u00f3n llev\u00f3 a esta situaci\u00f3n de tener que recurrir a la Justicia\u201d, sostuvo el legislador, en una frase que evidencia c\u00f3mo el conflicto trasciende lo estrictamente ambiental y se inscribe tambi\u00e9n en la disputa pol\u00edtica provincial.<\/p>\n
Mientras tanto, en Uruguay el proyecto contin\u00faa en etapa de evaluaci\u00f3n ambiental bajo la \u00f3rbita del Ministerio de Ambiente, que ha requerido estudios de impacto que contemplen incluso posibles efectos en territorio argentino. Este punto resulta clave: el propio Estado uruguayo reconoce el car\u00e1cter transfronterizo de la iniciativa, en l\u00ednea con los compromisos asumidos en el marco del r\u00edo compartido.<\/p>\n
La apertura de un canal judicial en Argentina no implica, por ahora, la paralizaci\u00f3n del proyecto, pero s\u00ed establece un precedente relevante. Introduce la l\u00f3gica precautoria en un escenario donde la memoria del conflicto por las pasteras a\u00fan persiste como tel\u00f3n de fondo. En ese sentido, la causa podr\u00eda transformarse en un espacio de tensi\u00f3n \u2014o de articulaci\u00f3n\u2014 entre el derecho ambiental, la pol\u00edtica y la diplomacia. No obstante, hay un antecedente: en la demanda contra la pastera UPM (ex Botnia, proyecto Ori\u00f3n), que se tramita ante el Juzgado Federal de Gualeguaych\u00fa a cargo del juez Hern\u00e1n Viri; el gobierno uruguayo impide por decreto que los directivos de esa pastera sean notificados por la Justicia. Adem\u00e1s de violentar el Acuerdo de San Luis del Mercosur, se niega a las poblaciones ribere\u00f1as el acceso elemental a la Justicia.<\/p>\n
Con la informaci\u00f3n del expediente ahora disponible p\u00fablicamente a trav\u00e9s de una plataforma digital impulsada por los propios legisladores, el conflicto incorpora otro eje de disputa: la transparencia y el acceso a los datos. En un tema donde el r\u00edo no reconoce fronteras, la informaci\u00f3n \u2014como el agua\u2014 tambi\u00e9n se vuelve un bien en disputa.<\/p>\n
Contextos y perspectivas<\/p>\n
El Ministerio de Ambiente de Uruguay exigi\u00f3 a HIF la presentaci\u00f3n de la Autorizaci\u00f3n Ambiental Previa (AAP), el instrumento central del Estado uruguayo para habilitar el proyecto.<\/p>\n
En esos t\u00e9rminos oficiales se orden\u00f3 incluir impactos en territorio argentino, algo poco habitual pero clave en este caso transfronterizo. Tambi\u00e9n se exigi\u00f3 relevar los ecosistemas (r\u00edos, montes nativos, \u00e1reas protegidas) y los centros poblados \u2014incluida Col\u00f3n\u2014, adem\u00e1s de la actividad tur\u00edstica y recreativa.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 implica esto? En t\u00e9rminos pol\u00edticos, para el Estado uruguayo el conflicto no est\u00e1 negado, sino incorporado como variable t\u00e9cnica dentro del estudio. Asimismo, se admiti\u00f3 oficialmente el car\u00e1cter binacional de sus efectos y consecuencias.<\/p>\n
Tanto Uruguay como Argentina reconocen formalmente que el proyecto se ubica sobre el r\u00edo Uruguay, por lo que debe ser regulado por el Estatuto del R\u00edo Uruguay; y que sus impactos son transfronterizos, lo que exige la m\u00e1s estricta y amplia cooperaci\u00f3n.<\/p>\n
En ese marco, el gobierno uruguayo afirm\u00f3 que el proyecto est\u00e1 en \u201cetapa de an\u00e1lisis ambiental\u201d con equipos t\u00e9cnicos trabajando y que se han incorporado preocupaciones argentinas. Desde la presidencia de Yamand\u00fa Orsi se plante\u00f3 la necesidad de evitar una escalada diplom\u00e1tica y canalizar el conflicto por v\u00eda institucional. En otras palabras, por ahora el conflicto est\u00e1 institucionalizado, no plenamente judicializado a nivel interestatal.<\/p>\n
La posici\u00f3n del Estado argentino, en cambio, resulta confusa y contradictoria, y conviene diferenciar niveles de gobierno:<\/p>\n
a) Nivel nacional (Canciller\u00eda): no hay una oposici\u00f3n al proyecto; por el contrario, esa postura ha sido expresada por v\u00edas diplom\u00e1ticas y p\u00fablicas.
\nb) Nivel provincial y legislativo (Entre R\u00edos): los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Ad\u00e1n Bahl, son los que presentaron la denuncia judicial por posible violaci\u00f3n del Estatuto del R\u00edo Uruguay y por riesgo de da\u00f1o ambiental irreparable. Por su parte, el gobernador de Entre R\u00edos, Rogelio Frigerio, advirti\u00f3 que no se puede permitir \u201cotra Botnia\u201d.<\/p>\n
Ante este panorama, queda claro que el Estado nacional adopta una actitud m\u00e1s moderada y permisiva, mientras que los actores provinciales sostienen una postura confrontativa: los legisladores de la oposici\u00f3n recurriendo a la Justicia Federal y el oficialismo provincial ensayando gestiones cuyo resultado es incierto.<\/p>\n
Desaf\u00edos y tensiones<\/p>\n
1) Impacto ambiental transfronterizo: aire, agua, biodiversidad y \u00e1reas protegidas, lo que obliga a medir efectos en ambas orillas.
\n2) Uso del r\u00edo Uruguay: extracci\u00f3n de agua y posibles descargas, con la normativa rectora del Estatuto del R\u00edo Uruguay.
\n3) Impacto socioecon\u00f3mico indirecto: en Uruguay se promueve como inversi\u00f3n estrat\u00e9gica que generar\u00e1 empleo; en Entre R\u00edos se advierte sobre riesgos para el ambiente y el desarrollo tur\u00edstico.
\n4) Antecedente hist\u00f3rico: el conflicto por la pastera UPM-Botnia, todav\u00eda irresuelto, plantea el riesgo de repetir las tensiones vividas entre 2005 y 2010.<\/p>\n
El Estado uruguayo impulsa el proyecto como estrat\u00e9gico y lo somete a evaluaci\u00f3n ambiental formal incorporando expl\u00edcitamente la dimensi\u00f3n argentina. El Estado argentino no bloquea la iniciativa y deja que la provincia active los controles pol\u00edticos; mientras, la oposici\u00f3n promovi\u00f3 la instancia judicial. El desenlace est\u00e1 abierto. Si se mira en espejo del conflicto pastero, es posible que el oficialismo y la oposici\u00f3n uruguaya se re\u00fanan detr\u00e1s de la empresa; mientras que en Entre R\u00edos oficialismo y oposici\u00f3n profundicen sus grietas, sin que ello necesariamente afecte a HIF Uruguay SA. El r\u00edo Uruguay sigue siendo, en este escenario, el epicentro de una disputa que involucra ambiente, pol\u00edtica y econom\u00eda.<\/p>\n
El escrito de la Fiscal\u00eda<\/p>\n
El expediente incluye el texto del dictamen de la Fiscal\u00eda \u2014disponible en el documento adjunto en la nota original\u2014 que respalda la competencia del fuero federal para tramitar la causa y abre la puerta a medidas con perspectiva precautoria.
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