El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N\u00b03 de la Capital Federal conden\u00f3 ayer a seis de los diez imputados que llegaron a juicio por su responsabilidad en la comercializaci\u00f3n del medicamento adulterado a base de hierro identificado como Yectafer. Ese medicamento, distribuido entre 2003 y 2004, provoc\u00f3 al menos tres muertes y caus\u00f3 da\u00f1os en la salud de otras 29 personas. Adem\u00e1s, tal como hab\u00eda solicitado el Ministerio P\u00fablico Fiscal, el tribunal orden\u00f3 el pago de indemnizaciones por un total de 1.030 millones de pesos por el da\u00f1o moral y material causado. Entre las v\u00edctimas figura Luciana G\u00edmenez, una joven entrerriana de 26 a\u00f1os que cursaba un embarazo de 22 semanas y muri\u00f3 junto a su beb\u00e9 en noviembre de 2004 tras recibir el medicamento adulterado.<\/p>\n
En el debate intervinieron el titular de la Fiscal\u00eda General N\u00b07 ante esos tribunales, Miguel \u00c1ngel Osorio, y la auxiliar fiscal Denise Belieres, con el equipo conformado por Clara Acevedo Freixas, Federico Donth Leger y Guillermo Mengarelli. En su alegato, los representantes del MPF hab\u00edan pedido penas de entre 7 y 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n para nueve de los acusados.<\/p>\n
El juicio, iniciado en noviembre de 2023, se llev\u00f3 adelante ante el TOCF N\u00b03 integrado por los jueces Andr\u00e9s Fabi\u00e1n Basso, Javier Feliciano R\u00edos y Jos\u00e9 Antonio Michilini. El pr\u00f3ximo 19 de mayo se dar\u00e1n a conocer los fundamentos de la sentencia.<\/p>\n
Las penas m\u00e1s altas, de 8 y 7 a\u00f1os de prisi\u00f3n respectivamente, recayeron en Pablo Jorge Cernadas y en Daniel Rabinovich. Cernadas \u2014ex director de compras\u2014 y Rabinovich \u2014uno de los due\u00f1os de la droguer\u00eda Quimbel que comercializ\u00f3 el producto\u2014 fueron considerados coautores del delito de venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, disimulando su car\u00e1cter nocivo, en concurso ideal con homicidio culposo m\u00faltiple y lesiones culposas agravadas por la cantidad de v\u00edctimas con lesiones graves, y en concurso material con el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita en calidad de miembros.<\/p>\n
El dise\u00f1ador gr\u00e1fico Miguel Cervera, due\u00f1o de la empresa Ampopack que provey\u00f3 las ampollas para el medicamento adulterado, fue condenado a 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n como part\u00edcipe necesario del suministro de sustancias medicinales peligrosas para la salud, en concurso ideal con homicidio culposo m\u00faltiple y lesiones culposas agravadas.<\/p>\n
Al empresario Alberto Mario Akawie (quien cobr\u00f3 cheques en la maniobra), al comerciante Adri\u00e1n Quintela y al repartidor V\u00edctor Scattolini (ambos aportaron facturas truchas), el tribunal les impuso penas de 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n como miembros de una asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n
Por otra parte, el empresario Santiago Lucio Gavazza fue absuelto por no mediar acusaci\u00f3n fiscal en su contra durante el juicio. Asimismo, el empresario Roberto Gegenschatz (el otro due\u00f1o de la droguer\u00eda Quimbel), el chofer Diego Hern\u00e1n Manzotti y la vendedora de ampollas Sandra Liliana Vitale fueron absueltos por los delitos de comercializaci\u00f3n de sustancias medicinales peligrosas agravada por muerte y por asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n
El tribunal tambi\u00e9n absolvi\u00f3 a Cervera del delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita y a Akawie, Quintela y Scattolini del delito de comercializaci\u00f3n de medicamentos disimulando su car\u00e1cter nocivo agravado por muerte.<\/p>\n
En otra causa conexa (N\u00b05924\/2007) que investigaba la adquisici\u00f3n del medicamento Tobi en la droguer\u00eda Quimbel \u2014proveniente del mercado ilegal tras una estafa con cheques falsos\u2014 la acci\u00f3n penal por encubrimiento agravado fue declarada extinguida por prescripci\u00f3n. En consecuencia, Akawie, Cernadas, Gegenschatz, Quintela, Rabinovich y Scattolini fueron absueltos por ese delito.<\/p>\n
El tribunal fij\u00f3 las indemnizaciones para las v\u00edctimas por un monto global de 1.030 millones de pesos: destin\u00f3 450 millones para los familiares de una de las v\u00edctimas fatales que estaba cursando un embarazo, 300 millones para los familiares de otra v\u00edctima fatal y montos de entre 10 y 20 millones para las personas que sufrieron lesiones, m\u00e1s los intereses que se calculen desde la fecha de la sentencia.<\/p>\n
El caso<\/p>\n
Durante su alegato del 19 de agosto pasado, la fiscal\u00eda sostuvo que qued\u00f3 probada la adulteraci\u00f3n del lote N\u00b0 03100718 de Yectafer, con vencimiento en octubre de 2006. Seg\u00fan se expuso, se falsific\u00f3 e imit\u00f3 el producto original \u2014cuya elaboraci\u00f3n autorizada correspond\u00eda al laboratorio Astrazeneca\u2014 para disimular sus propiedades nocivas.<\/p>\n
Los peritajes, explicaron los representantes del Ministerio P\u00fablico Fiscal, determinaron que el producto adulterado conten\u00eda una concentraci\u00f3n de citrato de hierro tres veces superior a la indicada en el envase, adem\u00e1s de presentar diferencias en el pH y la densidad respecto del medicamento original.<\/p>\n
Si bien al t\u00e9rmino de la instrucci\u00f3n el fallecido fiscal federal Federico Delgado hab\u00eda pedido llevar a juicio la causa por la muerte de cinco personas y da\u00f1os en 33 v\u00edctimas, el fiscal Osorio atribuy\u00f3 finalmente a los imputados la responsabilidad por cuatro muertes y por las lesiones sufridas por otras 29 personas. El TOCF conden\u00f3 por tres homicidios culposos: los de Ver\u00f3nica D\u00edaz (22), Luciana Gim\u00e9nez (26) y Paulina \u00c1lvarez (35). \u201cSufrieron una muerte dolorosa con fallas hep\u00e1ticas\u201d, afirm\u00f3 Osorio durante su exposici\u00f3n.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con Luciana Gim\u00e9nez, el representante del MPF record\u00f3 que la entrerriana cursaba un embarazo de 22 semanas, fue sometida a una ces\u00e1rea de urgencia el 21 de noviembre de 2004, que su hijo naci\u00f3 sin vida y que ella falleci\u00f3 a los pocos d\u00edas. En el fallo reciente, la justicia fij\u00f3 una indemnizaci\u00f3n de 450 millones de pesos para sus familiares.<\/p>\n
\u201cSufrieron una muerte dolorosa con fallas hep\u00e1ticas\u201d, declar\u00f3 el fiscal. Y resumi\u00f3 as\u00ed la dimensi\u00f3n del caso: \u201cCon el caso Yectafer ha quedado claro el funcionamiento de la organizaci\u00f3n criminal y la distribuci\u00f3n de roles de esta asociaci\u00f3n il\u00edcita destinada a falsificar y poner en circulaci\u00f3n en el mercado formal medicamentos obtenidos en forma irregular, tanto de procedencia ileg\u00edtima como de fabricaci\u00f3n ilegal\u201d.<\/p>\n
Osorio tambi\u00e9n enfatiz\u00f3 que el accionar de los imputados provoc\u00f3 un \u201cgrav\u00edsimo da\u00f1o a la salud p\u00fablica\u201d y subray\u00f3 que la maniobra vinculada a Yectafer \u201cno se trat\u00f3 de una operaci\u00f3n aislada sino el funcionamiento de una organizaci\u00f3n criminal\u201d.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n, seg\u00fan consign\u00f3 el sitio Fiscales, incluy\u00f3 adem\u00e1s a otros cinco acusados que no llegaron a juicio por haber fallecido durante el proceso. Entre ellos estaban \u00c1ngel Luis Cirullo y Carlos Guido Maidana, a quienes la fiscal\u00eda sindic\u00f3 como jefe y organizador de la asociaci\u00f3n il\u00edcita que habr\u00eda montado el laboratorio clandestino donde se fabric\u00f3 el medicamento adulterado.
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