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El Juzgado Federal de Paran\u00e1 resolvi\u00f3 un planteo presentado por el titular del Comit\u00e9 Departamental Uruguay de la UCR, Silvio Mart\u00edn Gallay (actual diputado provincial). Tras verificar domicilios y analizar documentaci\u00f3n, dispuso anular cambios registrales de ciudadanos que no acreditaron residir en la localidad. Tambi\u00e9n reconoci\u00f3 casos de residencia efectiva y requiri\u00f3 al Gobierno provincial que considere restablecer la presentaci\u00f3n de documentaci\u00f3n para tramitar cambios de domicilio.<\/p>\n
La decisi\u00f3n est\u00e1 contenida en una resoluci\u00f3n del Juzgado Federal de Paran\u00e1 a la que accedi\u00f3 AN\u00c1LISIS –<\/strong>fechada el 14 de octubre de 2026- que introdujo definiciones relevantes sobre la conformaci\u00f3n del padr\u00f3n electoral de Pronunciamiento (Departamento Uruguay).<\/p>\n El escrito judicial no se limit\u00f3 a resolver una presentaci\u00f3n partidaria: examin\u00f3 la correspondencia entre los domicilios declarados y la residencia efectiva de los ciudadanos, una cuesti\u00f3n que incide directamente en la determinaci\u00f3n de qui\u00e9nes est\u00e1n habilitados para votar en cada jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n La causa se inici\u00f3 a partir de una presentaci\u00f3n de Silvio Mart\u00edn Gallay, presidente del Comit\u00e9 Departamental Uruguay de la Uni\u00f3n C\u00edvica Radical, con el patrocinio de los abogados Luis Antonio Rodr\u00edguez y Luciano Mart\u00edn Rotman. El planteo advert\u00eda sobre la presunta inclusi\u00f3n indebida en el padr\u00f3n local de personas que no residir\u00edan en la localidad de Pronunciamiento.<\/p>\n Para evaluar la situaci\u00f3n, la Secretar\u00eda Electoral realiz\u00f3 constataciones en el lugar y solicit\u00f3 informaci\u00f3n a Cooperativas de Servicios P\u00fablicos. Tambi\u00e9n se abri\u00f3 una instancia para que los ciudadanos observados acreditaran su residencia mediante documentaci\u00f3n. Algunos respondieron a esa convocatoria y presentaron elementos que respaldaban su vinculaci\u00f3n domiciliaria con la localidad.<\/p>\n Qu\u00e9 resolvi\u00f3 el Juzgado<\/strong><\/p>\n La decisi\u00f3n distingui\u00f3 situaciones diferentes. Por un lado, desestim\u00f3 el planteo respecto de 12 ciudadanos cuya residencia en Pronunciamiento fue verificada, ya fuera mediante constataciones o a partir de la documentaci\u00f3n presentada posteriormente.<\/p>\n Por otro, orden\u00f3 anular el \u00faltimo cambio de domicilio electoral de 66 personas que no acreditaron residir en la localidad dentro del plazo otorgado. Como consecuencia, dispuso que se les reasigne el domicilio anterior que figuraba en el registro. La medida no implica -seg\u00fan el texto de la resoluci\u00f3n a la que accedi\u00f3 AN\u00c1LISIS<\/strong>-, una privaci\u00f3n general del derecho al voto, sino la rectificaci\u00f3n del domicilio electoral y de la jurisdicci\u00f3n que corresponde a cada inscripci\u00f3n.<\/p>\n La situaci\u00f3n de otros tres ciudadanos recibi\u00f3 un tratamiento distinto. Como no registraban un domicilio anterior al actualmente declarado, el Juzgado no orden\u00f3 anular su \u00fanica inscripci\u00f3n. En cambio, instruy\u00f3 a las \u00e1reas competentes de la Secretar\u00eda Electoral para que profundicen las verificaciones y actualicen los datos cuando corresponda.<\/p>\n Adem\u00e1s, declar\u00f3 abstracta la cuesti\u00f3n respecto de otros 44 ciudadanos que ya figuraban registrados en un circuito electoral correspondiente a otra localidad. En t\u00e9rminos jur\u00eddicos, esto significa que el planteo perdi\u00f3 objeto respecto de esas personas, dado que su situaci\u00f3n registral ya no requer\u00eda una decisi\u00f3n sobre la cuesti\u00f3n originalmente presentada.<\/p>\n Por qu\u00e9 importa el domicilio electoral<\/strong><\/p>\n La resoluci\u00f3n explica que el padr\u00f3n no constituye una lista meramente administrativa. Es el instrumento que permite establecer qui\u00e9nes integran el cuerpo electoral de cada Distrito y, por lo tanto, qui\u00e9nes pueden participar en la elecci\u00f3n de sus autoridades.<\/p>\n El fallo vincula esa funci\u00f3n con las normas nacionales que regulan el domicilio electoral y la obligaci\u00f3n de mantener actualizados los datos personales. Cita, entre otras disposiciones, el art\u00edculo 20 de la Ley 23.298, el art\u00edculo 47 de la Ley 17.671 y el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo Civil y Comercial, que define el domicilio real a partir de la residencia habitual.<\/p>\n La distinci\u00f3n es importante: tener un domicilio asentado en el DNI no elimina la necesidad de que ese dato guarde correspondencia con la situaci\u00f3n real del ciudadano. La actualizaci\u00f3n no es optativa; la normativa citada establece la obligaci\u00f3n de comunicar los cambios de domicilio dentro de los 30 d\u00edas de producida la modificaci\u00f3n.<\/p>\n En el plano electoral, esta correspondencia adquiere especial relevancia en las elecciones municipales. La residencia efectiva contribuye a determinar qu\u00e9 ciudadanos pertenecen al electorado de una localidad y pueden intervenir en la elecci\u00f3n de sus autoridades. Por eso, una inscripci\u00f3n incorrecta puede afectar la delimitaci\u00f3n del cuerpo electoral, aunque la resoluci\u00f3n no atribuye a las personas involucradas una conducta delictiva ni establece la existencia de un fraude electoral.<\/p>\n Un requerimiento al Gobierno provincial<\/strong><\/p>\n Uno de los puntos de mayor proyecci\u00f3n institucional aparece en el apartado sexto de la parte resolutiva. All\u00ed, el Juzgado requiere al Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre R\u00edos que considere restablecer, como requisito obligatorio para tramitar cambios de domicilio en la provincia, la presentaci\u00f3n de un certificado de domicilio, una boleta de servicios u otra documentaci\u00f3n que se estime pertinente y sea fehaciente.<\/p>\n El alcance debe precisarse: la Justicia formul\u00f3 un requerimiento para que el organismo provincial considere esa medida; la resoluci\u00f3n no afirma que el requisito ya haya sido restablecido. Tampoco permite concluir, por s\u00ed sola, que todos los cambios de domicilio cuestionados en la causa hayan sido irregulares por id\u00e9nticas razones.<\/p>\n Finalmente, el Juzgado solicit\u00f3 a la Municipalidad de Pronunciamiento que difunda la decisi\u00f3n para que quienes consideren perjudicados por la anulaci\u00f3n de su cambio de domicilio e incluso -por posibles errores en la identificaci\u00f3n- puedan reclamar conforme al art\u00edculo 33 del C\u00f3digo Electoral Nacional y acompa\u00f1ar la documentaci\u00f3n correspondiente.<\/p>\n La decisi\u00f3n deja planteado un asunto que excede la controversia original: la necesidad de que el padr\u00f3n refleje con precisi\u00f3n la residencia de los electores. Esa exigencia no deber\u00eda confundirse con una restricci\u00f3n al sufragio. Su finalidad, tal como la presenta el fallo al que accedi\u00f3 AN\u00c1LISIS,<\/strong> es que el derecho a votar se ejerza en la jurisdicci\u00f3n que corresponde y que la conformaci\u00f3n del electorado local responda a datos verificables.<\/p>\n En una democracia, la confiabilidad del padr\u00f3n depende tanto de la exactitud de los registros como de la posibilidad de corregirlos mediante procedimientos que respeten los derechos de los ciudadanos.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n El fallo de la Justicia Federal<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/p>\n