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La Sala III de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendi\u00f3 de manera provisoria la aplicaci\u00f3n de multas al Gobierno a partir de la judicializaci\u00f3n de la actualizaci\u00f3n de los salarios docentes y no docentes universitarios.\u00a0<\/p>\n
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Mart\u00edn Cormick hab\u00eda impuesto este mi\u00e9rcoles una multa de 100 mil pesos por d\u00eda al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el \u201cincumplimiento verificado\u201d de la medida cautelar que orden\u00f3 actualizar salarios universitarios, adem\u00e1s de garantizar el fondo para becas en base a los par\u00e1metros que establece la Ley de Financiamiento Universitario.\u00a0<\/p>\n
El 22 de septimbre el mismo magistrado le hab\u00eda dado un plazo de cinco d\u00edas al Gobierno para que aplicara de manera efectiva la Ley bajo apercibimiento de astreintes. La medida efectivizada ayer dur\u00f3 poco. Las autoridades legales del Ministerio de Capital Humano de la Naci\u00f3n presentaron esta ma\u00f1ana un escrito que fue aceptado por la Sala III del Contencioso Administrativo.\u00a0<\/p>\n
La apelaci\u00f3n a esa resoluci\u00f3n se sostuvo en que la cautelar \u201cya se encontraba \u00edntegramente cumplida\u201d, por lo que la C\u00e1mara orden\u00f3 al juzgado de primera instancia adoptar las medidas necesarias para tramitar el recurso, que deber\u00e1 concederse con efecto suspensivo. Esto implica que, mientras se sustancia la apelaci\u00f3n, queda suspendida de manera provisoria la aplicaci\u00f3n de las astreintes al jefe de Gabinete.\u00a0<\/p>\n
Un funcionario del Gobierno explic\u00f3 en t\u00e9rminos simples la implicancia del fallo dado a conocer este jueves. \u201cLa C\u00e1mara no se pronunci\u00f3 expresamente sobre los efectos de la concesi\u00f3n. Al haberse concedido el recurso de queja se suspenden las astreintes\u201d, marc\u00f3.\u00a0<\/p>\n
La sanci\u00f3n a Santilli fue dispuesta horas antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para esta jornada en reclamo de la aplicaci\u00f3n de la norma. La decisi\u00f3n alcanz\u00f3 inicialmente al titular de la Jefatura de Gabinete, aunque el magistrado advirti\u00f3 que podr\u00eda modificar tanto el monto como los funcionarios obligados a cumplirla. La resoluci\u00f3n fue dictada luego de dos advertencias previas al Gobierno.\u00a0<\/p>\n
El Estado Nacional sostuvo que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 elevaron la mejora acumulada de los salarios universitarios al 226,80 %, por encima del 226,40 % que, seg\u00fan su interpretaci\u00f3n, correspond\u00eda para el per\u00edodo entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El c\u00e1lculo incluy\u00f3 un aumento del 21,33 % dispuesto en junio de 2026.\u00a0<\/p>\n
La medida judicial ordena adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades p\u00fablicas para reflejar la variaci\u00f3n del \u00cdndice de Precios al Consumidor entre enero de 2023 y julio de 2025. Ese mecanismo supondr\u00eda un aumento del 40,25 % sobre los salarios b\u00e1sicos liquidados en julio de 2025.\u00a0<\/p>\n
La ley tambi\u00e9n dispone una actualizaci\u00f3n mensual de los haberes conforme al \u00edndice de inflaci\u00f3n y la recomposici\u00f3n de las becas estudiantiles. El juez consider\u00f3 acreditado que esas obligaciones no hab\u00edan sido cumplidas. La cautelar contin\u00faa vigente aunque la C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo Federal analiza el expediente principal, donde se discute la validez del decreto 759\/2025.\u00a0<\/p>\n
Esa norma condicion\u00f3 la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario. Cormick concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n presentada por el Estado contra el fallo que declar\u00f3 inconstitucional una cl\u00e1usula del decreto, pero rechaz\u00f3 que tuviera efecto suspensivo. Tambi\u00e9n desestim\u00f3 un planteo de reposici\u00f3n del Gobierno y remiti\u00f3 las actuaciones al tribunal de alzada.\u00a0<\/p>\n<\/p>\n
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\n<\/article>\n<\/div>\nEl Consejo Interuniversitario Nacional solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n de las multas al sostener que el Estado \u201ccontin\u00faa sin cumplir la medida cautelar\u201d, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n el 25 de junio de 2026. La organizaci\u00f3n record\u00f3 que el plazo inicial de cinco d\u00edas venci\u00f3 el 22 de septiembre y que luego fue prorrogado por el mismo t\u00e9rmino, sin que se registraran los pagos exigidos.\u00a0<\/p>\n
El Gobierno argument\u00f3 que la resoluci\u00f3n judicial afecta el funcionamiento del Estado porque lo obliga a realizar pagos sin que se hubieran determinado con precisi\u00f3n las sumas adeudadas ni el alcance concreto de la obligaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, pidi\u00f3 que la apelaci\u00f3n frenara los efectos de la cautelar, una solicitud que el magistrado rechaz\u00f3. La administraci\u00f3n nacional afirm\u00f3 que la medida le impone una carga econ\u00f3mica indeterminada, ya que no fija un monto ni un porcentaje espec\u00edfico para considerar satisfecha la orden judicial. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el 21 de septiembre present\u00f3 un informe sobre las medidas adoptadas para cumplirla.<\/p>\n
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Fuente: Infobae.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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