{"id":30231,"date":"2026-10-13T03:58:31","date_gmt":"2026-10-13T06:58:31","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=30231"},"modified":"2026-10-13T03:58:31","modified_gmt":"2026-10-13T06:58:31","slug":"tres-auditorias-detectaron-contrataciones-irregulares-y-millonarios-sobreprecios-en-la-andis-durante-la-gestion-de-spagnuolo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=30231","title":{"rendered":"Tres auditor\u00edas detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gesti\u00f3n de Spagnuolo"},"content":{"rendered":"
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13 Oct, 2026 02:38 a. m. EST<\/span><\/p>\n<\/div>\n

Tres auditor\u00edas sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)<\/b> detectaron compras fuera del r\u00e9gimen estatal, fallas m\u00e9dicas, administrativas e inform\u00e1ticas y diferencias de precios de hasta 1.068%<\/b> durante el primer semestre de 2025, cuando el organismo era dirigido por Diego Spagnuolo<\/b>. Las auditor\u00edas a las que accedi\u00f3 Infobae<\/b>, abarcaron la adquisici\u00f3n de medicamentos, insumos m\u00e9dicos, pr\u00f3tesis y sillas de ruedas, adem\u00e1s del sistema que gestionaba esas prestaciones.<\/p>\n

Los trabajos fueron solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches<\/b>, y se realizaron entre octubre de ese a\u00f1o y abril de 2026. Examinaron el per\u00edodo anterior al corte de gesti\u00f3n del 21 de agosto de 2025.<\/p>\n

La revisi\u00f3n tambi\u00e9n encontr\u00f3 compras de medicamentos para Entre R\u00edos<\/b> por $ 11.925 millones y para Neuqu\u00e9n por $ 837 millones sin respaldo documental de convenios <\/b>o adendas vigentes durante el per\u00edodo bajo an\u00e1lisis. Las adquisiciones realizadas en las provincias de Chubut, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego tampoco ten\u00edan la fecha de firma, mientras que otros documentos carec\u00edan de los sellos aclaratorios de los responsables.<\/p>\n

El primer informe, fechado en diciembre de 2025, cuestion\u00f3 el circuito interno denominado \u201cPACBI Circuito Compras\u201d, utilizado para adquirir medicamentos de alto costo y baja incidencia.<\/b> La auditor\u00eda concluy\u00f3 que el mecanismo no se ajustaba al Decreto 1023\/2001 ni a su reglamentaci\u00f3n, que rigen las contrataciones de los organismos descentralizados del Estado.<\/p>\n

\"Marcha<\/picture><\/div>\n

La ANDIS no utiliz\u00f3 el sistema electr\u00f3nico obligatorio COMPR.AR<\/b>, no elabor\u00f3 pliegos de bases y condiciones ni curs\u00f3 invitaciones formales a proveedores. Tampoco encontr\u00f3 an\u00e1lisis comparativos documentados de las ofertas o causales de excepci\u00f3n que justificaran contrataciones directas.<\/p>\n

Los auditores determinaron que la falta de planificaci\u00f3n o la imprevisibilidad de los requerimientos no constitu\u00edan motivos legales para apartarse del r\u00e9gimen general. El procedimiento afectaba \u201clos principios de legalidad, transparencia en los procedimientos, igualdad de trato para interesados y para oferentes, publicidad y difusi\u00f3n de las actuaciones, promoci\u00f3n de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes\u201d<\/b>.<\/p>\n

La misma observaci\u00f3n alcanz\u00f3 a las compras de insumos m\u00e9dicos, pr\u00f3tesis y sillas de ruedas. Esas operaciones tampoco emplearon el sistema estatal de contrataciones, carecieron de una metodolog\u00eda formal y no previeron controles mediante la oposici\u00f3n de oferentes.<\/p>\n

\"Ariel<\/picture><\/div>\n

La falta de mecanismos para cotejar propuestas compromet\u00eda la comparaci\u00f3n de precios y la b\u00fasqueda de valores razonables. La conclusi\u00f3n advirti\u00f3 sobre \u201cel consecuente riesgo de generar un perjuicio econ\u00f3mico al erario p\u00fablico\u201d.<\/p>\n

El informe integral de abril de 2026 examin\u00f3 el recorrido de las compras de medicamentos del Programa Federal de Salud Incluir Salud<\/b>, desde la solicitud de un beneficiario hasta el pago a un proveedor. El Sistema Integrado de Informaci\u00f3n y Administraci\u00f3n de Prestaciones, conocido como SIIPFIS<\/b>, no ten\u00eda un m\u00f3dulo ni un registro de valores de referencia para comparar precios de manera objetiva.<\/p>\n

El responsable de compras explic\u00f3 que el cotejo de cotizaciones se realizaba fuera de la plataforma, mediante otras fuentes y planillas de Excel. Sin embargo, no hab\u00eda constancias que permitieran identificar esas fuentes ni reconstruir el m\u00e9todo aplicado para evaluar los valores.<\/p>\n

La mayor diferencia correspondi\u00f3 al medicamento Macitent\u00e1n de 10 miligramos, empleado contra la hipertensi\u00f3n arterial pulmonar. La droguer\u00eda P<\/b> factur\u00f3 cada unidad a $ 5.299.081,66 el 20 de febrero de 2025, mientras que la firma UP vendi\u00f3 el mismo producto a $ 453.621 un mes despu\u00e9s: una brecha de 1.068%<\/b>, equivalente a $ 4.845.460,66 por unidad<\/b>.<\/p>\n

Para no interferir en la investigaci\u00f3n este medio identific\u00f3 a las firmas involucradas solo con las siglas.<\/p>\n

\"ANDIS<\/picture><\/div>\n

Tambi\u00e9n se detectaron variaciones en partidas de Pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia oncol\u00f3gica, y de Tacrolimus, un inmunosupresor utilizado, entre otros casos, por pacientes trasplantados. Los auditores tambi\u00e9n advirtieron sobre la preferencia de algunas droguer\u00edas sobre otras sin justificaci\u00f3n. <\/p>\n

Algunos expedientes ten\u00edan la misma fecha de requerimiento<\/b>, pero se tramitaron de forma separada y terminaron adjudicados a distintos proveedores con precios diferentes para un mismo producto. En el Sistema Integrado de Informaci\u00f3n y Administraci\u00f3n de Prestaciones <\/b>tampoco se acreditaron los actos administrativos formales ni informes t\u00e9cnicos que acreditaran la evaluaci\u00f3n de las ofertas y los criterios para elegir a cada adjudicatario.<\/p>\n

La auditor\u00eda relev\u00f3 $ 110.263 millones<\/b> en compras de medicamentos Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI)<\/b> durante el primer semestre de 2025, distribuidas en 10.683 expedientes electr\u00f3nicos de pago. La muestra analizada incluy\u00f3 219 expedientes por $ 29.713 millones, el 27% del total<\/b>.<\/p>\n

Dentro de ese universo, hubo 21 expedientes por $ 2.510 millones en los que el domicilio de entrega consignado en la orden de provisi\u00f3n no coincid\u00eda con el indicado en el remito de recepci\u00f3n. No exist\u00eda \u201cjustificaci\u00f3n o aclaraci\u00f3n alguna\u201d para esas diferencias<\/b>.<\/p>\n

Los auditores no pudieron comparar esos precios y procedimientos con los de otros organismos, como PAMI u obras sociales, porque el sistema de la ex Agencia Nacional de Discapacidad no permit\u00eda realizar ese control. Tambi\u00e9n establecieron que las compras se tramitaron mediante circuitos internos no autorizados por la Oficina Nacional de Contrataciones y por fuera del Sistema de Gesti\u00f3n Documental Electr\u00f3nica, que deb\u00eda centralizar las actuaciones administrativas nacionales.<\/p>\n

\"Spagnuolo<\/picture><\/div>\n

Los auditores tambi\u00e9n determinaron que las Unidades de Gesti\u00f3n Provincial no dejaron constancias de haber cotejado las solicitudes de medicamentos con las historias cl\u00ednicas de los beneficiarios<\/b>. Tampoco se acredit\u00f3 una intervenci\u00f3n formal de la entonces Direcci\u00f3n de Prestaciones M\u00e9dicas en la evaluaci\u00f3n de los pedidos.<\/p>\n

El informe se\u00f1al\u00f3 un hallazgo de alto impacto: \u201cNo se verifica en el sistema la autorizaci\u00f3n expresa de un profesional m\u00e9dico responsable\u201d<\/b>. No hab\u00eda descripci\u00f3n t\u00e9cnica de la evaluaci\u00f3n ni dict\u00e1menes que respaldaran la aprobaci\u00f3n o el rechazo de cada solicitud.<\/p>\n

La revisi\u00f3n tampoco permiti\u00f3 determinar cu\u00e1ntos proveedores registrados en la base de datos del Sistema Integrado de Informaci\u00f3n y Administraci\u00f3n de Prestaciones fueron convocados a cotizar en cada compra. La ANDIS no realiz\u00f3 auditor\u00edas en terreno sobre los efectores de salud provinciales, pese a que los convenios marco y el reglamento de Incluir Salud contemplaban ese control<\/b>.<\/p>\n

Los expedientes examinados inclu\u00edan remitos con firmas de recepci\u00f3n atribuidas a personas que no figuraban como beneficiarias, apoderadas ni integrantes de las unidades de gesti\u00f3n provincial. Tambi\u00e9n hab\u00eda facturas que no reun\u00edan los requisitos formales exigidos para su liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

\"Marcha<\/picture><\/div>\n

El segundo informe, elaborado en marzo de 2026, se concentr\u00f3 en los controles tecnol\u00f3gicos del Sistema Integrado de Informaci\u00f3n y Administraci\u00f3n de Prestaciones. La empresa privada GMS<\/b> ten\u00eda accesos de m\u00e1ximos privilegios y a la base de datos, sin que se encontrara un contrato o convenio formal que regulara ese v\u00ednculo.<\/p>\n

GMS SA<\/b>, sociedad dedicada a la tecnolog\u00eda digital y contratista del Estado que aparece nombrada en la causa en la que el juez Lijo proces\u00f3 a Spagnuolo y a otras 18 personas.<\/p>\n

En uno de los cuadernos de Miguel \u00c1ngel Calvete<\/b> que secuestr\u00f3 como prueba el fiscal Franco Picardi figura el nombre de un empresario accionista de varias compa\u00f1\u00edas, entre ellas, GMS SA<\/b>, dedicada a la tecnolog\u00eda digital y contratista del Estado desde el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez<\/b> y que continu\u00f3 con La Libertad Avanza.<\/b> <\/p>\n

Calvete fue procesado como uno de los presuntos jefes de una asociaci\u00f3n il\u00edcita investigada por corrupci\u00f3n en la ANDIS. La Sala II de la C\u00e1mara Federal confirm\u00f3 esa situaci\u00f3n procesal en septiembre de 2026, junto con la de Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini.<\/b> La causa investiga presuntas maniobras de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos vinculados con la adquisici\u00f3n de medicamentos e insumos m\u00e9dicos. <\/p>\n

\"Diego<\/picture><\/div>\n

Daniel Mar\u00eda Garbellini<\/b> fue el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud<\/b> de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cargo que ocup\u00f3 desde el 3 de junio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025<\/b>, d\u00eda en que fue desplazado junto con Diego Spagnuolo<\/b> tras conocerse los audios que destaparon el supuesto esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

La dependencia del organismo respecto de ese proveedor se arrastraba desde 2022. Seg\u00fan reconstruy\u00f3 la auditor\u00eda, GMS realiz\u00f3 la \u00faltima entrega formal del c\u00f3digo fuente del sistema en diciembre de ese a\u00f1o<\/b>, al finalizar el contrato que lo vinculaba con la entonces ANDIS. A partir de ese momento, y pese a no contar con un nuevo contrato ni con convenios formales que regularan la relaci\u00f3n, la empresa continu\u00f3 a cargo del mantenimiento y soporte t\u00e9cnico del Sistema Integrado de Informaci\u00f3n del Programa Federal Incluir Salud durante m\u00e1s de tres a\u00f1os<\/b>, con accesos de m\u00e1ximos privilegios al ambiente productivo del sistema y a su base de datos.<\/p>\n

Reci\u00e9n en enero de 2026, en el marco del propio proceso de auditor\u00eda y a pedido del \u00e1rea de tecnolog\u00eda del organismo, el proveedor habr\u00eda entregado una nueva versi\u00f3n del c\u00f3digo fuente. Sin embargo, los auditores no pudieron verificar que esa versi\u00f3n \u201ccompile y corresponda con la versi\u00f3n que se encuentra operativa actualmente\u201d<\/b>, seg\u00fan consta en el informe. Es decir, ni siquiera qued\u00f3 acreditado que el Estado dispusiera de una copia fidedigna y funcional del programa que administra la informaci\u00f3n de pensiones por invalidez, el Certificado \u00danico de Discapacidad y las compras de medicamentos de alto costo.<\/p>\n

La auditor\u00eda detect\u00f3 adem\u00e1s cuentas gen\u00e9ricas de usuario, ausencia de controles peri\u00f3dicos sobre los perfiles de acceso, tecnolog\u00eda sin soporte vigente y falta de copias de seguridad externas. El sistema tampoco ten\u00eda un plan formal de contingencia ante incidentes inform\u00e1ticos.<\/p>\n

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Las irregularidades se conocieron mientras avanzaba la causa judicial por el presunto esquema de sobornos y direccionamiento de adquisiciones en la Agencia. En febrero de 2026, el juez federal Ariel Lijo<\/b> proces\u00f3 a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita y cohecho, al estimar un desv\u00edo de al menos $ 6.000 millones mediante sobreprecios de medicamentos<\/b>.<\/p>\n

Spagnuolo rechaz\u00f3 entregar una muestra de voz para el peritaje ac\u00fastico. La Justicia intenta determinar si es el autor de los audios que destaparon el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n en el \u00e1rea que conduc\u00eda. La negativa provoc\u00f3 pr\u00f3rrogas en el estudio a cargo de Gendarmer\u00eda Nacional.<\/p>\n

Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- est\u00e1n procesadas y embargadas por un entramado de corrupci\u00f3n en la ANDIS.<\/p>\n

Para una franja significativa de personas con discapacidad que no cuentan con obra social ni prepaga, la ANDIS no es un organismo m\u00e1s: es la instituci\u00f3n que determina si acceden o no a un medicamento oncol\u00f3gico, a un inmunosupresor post trasplante o a una pr\u00f3tesis. Las irregularidades detectadas por las auditor\u00edas atraviesan, entonces, un circuito del que depende la continuidad de tratamientos m\u00e9dicos de personas que, en muchos casos, no tienen una alternativa fuera del sistema estatal.<\/p>\n<\/div>\n