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La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre R\u00edos rechaz\u00f3 por mayor\u00eda -el 9 de septiembre pasado- los recursos extraordinarios federales presentados por las defensas del exgobernador Sergio Urribarri y de los imputados Diego Cardona Herreros y Carlos Marcelo Haidar, quienes pretend\u00edan que la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n revisara una decisi\u00f3n vinculada con la incorporaci\u00f3n de prueba cuestionada en la causa por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n fue dictada por la Sala N\u00ba 1 en lo Penal del STJ, integrada por los vocales Miguel \u00c1ngel Giorgio, Daniel Omar Carubia y Susana Ester Medina. Particularmente Giorgio y Medina conformaron la mayor\u00eda que rechaz\u00f3 los recursos, mientras que Carubia vot\u00f3 en disidencia y sostuvo que correspond\u00eda habilitar la intervenci\u00f3n de la Corte Suprema.<\/p>\n
El expediente tiene como antecedente inmediato una resoluci\u00f3n del propio Superior Tribunal, dictada el 8 de mayo de 2026, que hab\u00eda rechazado una queja presentada por las defensas contra decisiones anteriores de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal. Los abogados buscaban cuestionar -entre otros aspectos- la validez de evidencia digital que consideran obtenida de manera irregular durante la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Uno de los principales puntos de controversia est\u00e1 relacionado con una computadora MacBook A1465 y con informaci\u00f3n extra\u00edda de dispositivos electr\u00f3nicos. Las defensas sostienen que existieron irregularidades en el secuestro, la cadena de custodia y las pericias realizadas sobre esos elementos. Tambi\u00e9n cuestionaron que determinadas tareas de an\u00e1lisis inform\u00e1tico hubieran sido realizadas por personas que -seg\u00fan argumentaron-, no contaban con la habilitaci\u00f3n profesional exigida por la legislaci\u00f3n provincial.<\/p>\n
La defensa de Urribarri sostuvo adem\u00e1s que permitir que esa evidencia llegue al juicio oral sin un control judicial previo producir\u00eda un perjuicio que posteriormente ser\u00eda imposible de reparar. En esa l\u00ednea, plante\u00f3 que la etapa intermedia del proceso perder\u00eda sentido si las nulidades y exclusiones probatorias s\u00f3lo pudieran discutirse durante el debate.<\/p>\n
Los abogados de Cardona Herreros formularon argumentos similares y denunciaron una afectaci\u00f3n del debido proceso, el derecho de defensa y la inviolabilidad de la privacidad. En particular, cuestionaron el acceso a informaci\u00f3n contenida en dispositivos electr\u00f3nicos y sostuvieron que la investigaci\u00f3n hab\u00eda permitido una suerte de b\u00fasqueda indiscriminada de informaci\u00f3n digital sin los l\u00edmites que deber\u00edan regir un procedimiento de estas caracter\u00edsticas.<\/p>\n
La defensa de Haidar, por su parte, invoc\u00f3 garant\u00edas constitucionales y convencionales y cuestion\u00f3 la interpretaci\u00f3n realizada por la mayor\u00eda del tribunal respecto de los recursos presentados. Tambi\u00e9n sostuvo que se hab\u00edan producido errores en la valoraci\u00f3n de la prueba y en la aplicaci\u00f3n de las reglas de la sana cr\u00edtica.<\/p>\n
La posici\u00f3n de la mayor\u00eda<\/strong><\/p>\n El voto principal, firmado por el presidente de la Sala Penal, Miguel \u00c1ngel Giorgio, consider\u00f3 que ninguno de los planteos reun\u00eda los requisitos necesarios para habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema.<\/p>\n Seg\u00fan el magistrado, los recursos no demostraron la existencia de una cuesti\u00f3n federal suficiente y se limitaron, en buena medida, a reiterar cuestionamientos sobre cuestiones procesales y probatorias que ya hab\u00edan sido examinadas durante el tr\u00e1mite provincial.<\/p>\n Giorgio record\u00f3 que el recurso extraordinario federal es una v\u00eda excepcional y que la Ley 48 (m\u00e1s precisamente el art\u00edculo 14) establece l\u00edmites precisos para su procedencia. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que, como regla, las decisiones vinculadas con la admisibilidad de recursos locales no pueden ser revisadas por la Corte Suprema mediante esta v\u00eda.<\/p>\n El tribunal consider\u00f3 adem\u00e1s que la invocaci\u00f3n de una sentencia arbitraria no era suficiente por s\u00ed sola para abrir la instancia federal. Para la mayor\u00eda, las defensas no lograron demostrar un defecto de tal gravedad que permitiera descalificar la resoluci\u00f3n cuestionada como acto jurisdiccional.<\/p>\n En consecuencia, Giorgio concluy\u00f3 que los recursos eran \u201cpalmariamente inadmisibles\u201d y propuso denegar su concesi\u00f3n.<\/p>\n La jueza Susana Medina adhiri\u00f3 a ese criterio.<\/p>\n La disidencia de Carubia<\/strong><\/p>\n El vocal Daniel Omar Carubia sostuvo una posici\u00f3n diferente. A su entender, las defensas hab\u00edan cumplido los requisitos formales exigidos para acceder a la instancia extraordinaria y hab\u00edan planteado una cuesti\u00f3n federal concreta.<\/p>\n Para Carubia, los escritos presentados por las defensas conten\u00edan una cr\u00edtica razonada de la decisi\u00f3n de la mayor\u00eda y vinculaban los cuestionamientos sobre la prueba con garant\u00edas constitucionales como el debido proceso y el derecho de defensa.<\/p>\n El magistrado consider\u00f3 que los planteos formulados pod\u00edan revelar, al menos de manera suficiente para esta etapa, una posible afectaci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales y una eventual arbitrariedad de la sentencia recurrida.<\/p>\n Por esa raz\u00f3n, entendi\u00f3 que correspond\u00eda conceder los recursos y permitir que fuera la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n la que examinara los agravios planteados. Su voto, sin embargo, qued\u00f3 en minor\u00eda.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/p>\n