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El Superior Tribunal de Justicia de Entre R\u00edos resolvi\u00f3 este jueves hacer lugar parcialmente al recurso presentado por un grupo de padres, la Asociaci\u00f3n Gremial del Magisterio de Entre R\u00edos (AGMER) y la Fundaci\u00f3n CAUCE, y precis\u00f3 que la obligaci\u00f3n del Estado provincial respecto de la alimentaci\u00f3n escolar no se limita a excluir productos con sellos de advertencia.<\/p>\n
El fallo -dictado por las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak y el vocal Leonardo Portela-, confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia que hab\u00eda ordenado a la Provincia abstenerse de ofrecer, servir o distribuir en establecimientos educativos p\u00fablicos productos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o m\u00e1s sellos de advertencia o leyendas precautorias en los t\u00e9rminos de la Ley Nacional 27.642.<\/p>\n
Sin embargo, el m\u00e1ximo tribunal entrerriano consider\u00f3 necesario precisar el alcance de esa condena. Estableci\u00f3 que la obligaci\u00f3n estatal tambi\u00e9n comprende el deber de ajustar la prestaci\u00f3n alimentaria escolar a los est\u00e1ndares de alimentaci\u00f3n saludable establecidos por la Ley Provincial 10.594.<\/p>\n
De esta manera, el STJ sostuvo que la ausencia de sellos de advertencia no puede ser interpretada como el \u00fanico requisito para determinar si los alimentos que reciben los estudiantes cumplen con las obligaciones legales. Seg\u00fan el pronunciamiento, la exclusi\u00f3n de productos alcanzados por el art\u00edculo 12 de la Ley 27.642 constituye una exigencia que integra, pero no agota, el deber de garantizar una alimentaci\u00f3n adecuada.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n tom\u00f3 como referencia el art\u00edculo 8 de la Ley Provincial 10.594, que establece que los establecimientos educativos con servicio de comedor deben adecuar sus men\u00fas a la Gu\u00eda de Alimentos Saludables y someterlos a homologaci\u00f3n por parte de la autoridad de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
Al mismo tiempo, el Tribunal aclar\u00f3 que esta decisi\u00f3n no implica que el Poder Judicial deba definir qu\u00e9 productos deben integrar los men\u00fas ni reemplazar al Poder Ejecutivo en las decisiones t\u00e9cnicas u organizativas necesarias para implementar el sistema. El control judicial, sostuvo, debe limitarse a verificar el cumplimiento de las obligaciones legales.<\/p>\n
El origen del conflicto<\/strong><\/p>\n La causa se inici\u00f3 a partir de la decisi\u00f3n del Gobierno entrerriano de modificar el sistema de desayunos y meriendas escolares. El esquema anterior, basado en compras descentralizadas y alimentos frescos elaborados en las escuelas, fue reemplazado por un sistema centralizado de productos industrializados no perecederos, provistos por la empresa Teknofood SA a partir de una licitaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n Ante ese cambio, un grupo de padres, AGMER y la Fundaci\u00f3n CAUCE present\u00f3 una acci\u00f3n de amparo colectivo. Entre otros puntos, reclam\u00f3 que no se distribuyeran alimentos alcanzados por los sellos de advertencia previstos en la legislaci\u00f3n nacional y que se garantizara la adecuaci\u00f3n nutricional integral de la nueva prestaci\u00f3n.<\/p>\n El Gobierno provincial, en tanto, sostuvo que Entre R\u00edos no hab\u00eda adherido a la Ley Nacional 27.642 y que la alimentaci\u00f3n escolar se encontraba regulada por la legislaci\u00f3n provincial. Tambi\u00e9n defendi\u00f3 el nuevo esquema de provisi\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que los mecanismos contractuales contemplaban la posibilidad de observar, rechazar y sustituir productos que no cumplieran con las condiciones establecidas.<\/p>\n Qu\u00e9 hab\u00eda resuelto la primera instancia<\/strong><\/p>\n El 21 de agosto de 2026, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paran\u00e1 hab\u00eda hecho lugar al amparo y ordenado a la Provincia abstenerse de distribuir productos con sellos de advertencia o leyendas precautorias en los desayunos y meriendas escolares.<\/p>\n El juez Juan Francisco Malvasio consider\u00f3 que la falta de adhesi\u00f3n provincial a la Ley 27.642 no imped\u00eda aplicar la prohibici\u00f3n prevista en su art\u00edculo 12. Tambi\u00e9n entendi\u00f3 que las normas nacionales y provinciales pod\u00edan aplicarse de manera complementaria.<\/p>\n Los amparistas apelaron porque consideraron que la sentencia no hab\u00eda llevado esa interpretaci\u00f3n hasta la parte resolutiva. Sostuvieron que la tutela deb\u00eda contemplar no solamente la presencia o ausencia de sellos, sino tambi\u00e9n la composici\u00f3n nutricional de los alimentos y el cumplimiento integral de los est\u00e1ndares previstos por la normativa vigente.<\/p>\n La precisi\u00f3n del Superior Tribunal<\/strong><\/p>\n Al analizar el recurso, el STJ entendi\u00f3 que la sentencia de primera instancia deb\u00eda mantenerse, pero que era necesario precisar su alcance para evitar una interpretaci\u00f3n meramente formal de la obligaci\u00f3n.<\/p>\n En ese sentido, el Tribunal advirti\u00f3 que una lectura limitada a la ausencia f\u00edsica de los sellos podr\u00eda permitir que un producto fuera presentado sin esas advertencias sin que ello significara, por s\u00ed mismo, que cumpliera con los est\u00e1ndares de alimentaci\u00f3n saludable exigidos por la legislaci\u00f3n provincial.<\/p>\n Por eso, incorpor\u00f3 expresamente a la condena que el Estado debe ajustar la prestaci\u00f3n alimentaria escolar a los est\u00e1ndares establecidos por la Ley 10.594.<\/p>\n El Tribunal, no obstante, rechaz\u00f3 otros pedidos de los amparistas. Consider\u00f3 que los requerimientos de informaci\u00f3n sobre los men\u00fas y documentaci\u00f3n deb\u00edan canalizarse mediante el r\u00e9gimen espec\u00edfico de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Tambi\u00e9n descart\u00f3 establecer una condena gen\u00e9rica sobre eventuales incumplimientos futuros, al considerar que cualquier controversia concreta podr\u00e1 plantearse durante la etapa de ejecuci\u00f3n de la sentencia.<\/p>\n Respecto del planteo sobre la falta de apertura a prueba, el STJ entendi\u00f3 que el proceso de amparo tiene un marco de conocimiento acotado y que los elementos reunidos hab\u00edan sido suficientes para resolver el caso. Tambi\u00e9n rechaz\u00f3 revisar los honorarios de primera instancia porque, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3, no se hab\u00eda utilizado la v\u00eda recursiva espec\u00edfica prevista por la legislaci\u00f3n arancelaria.<\/p>\n Una obligaci\u00f3n que deber\u00e1 cumplirse durante la ejecuci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Con su decisi\u00f3n, el m\u00e1ximo tribunal provincial confirm\u00f3 la prohibici\u00f3n de distribuir productos alcanzados por los sellos de advertencia y, a la vez, dej\u00f3 establecido que la prestaci\u00f3n alimentaria debe cumplir con los est\u00e1ndares de alimentaci\u00f3n saludable fijados por la legislaci\u00f3n entrerriana.<\/p>\n La sentencia mantiene, en consecuencia, la facultad del Poder Ejecutivo para determinar los mecanismos concretos mediante los cuales implementar\u00e1 el sistema alimentario escolar, pero establece que esas decisiones deben ajustarse a las obligaciones legales vigentes.<\/p>\n El STJ dispuso adem\u00e1s que las costas de la instancia de apelaci\u00f3n sean afrontadas en el orden causado y regul\u00f3 los honorarios correspondientes a la intervenci\u00f3n de los abogados ante el Tribunal.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n La sentencia<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/p>\n