El abogado peronista Mariano Giampaolo pidi\u00f3 al Ministerio P\u00fablico Fiscal de Paran\u00e1 que investigue los 22 contratos que en 2024 aparecieron a nombre del senador de Diamante, Jos\u00e9 Gustavo Vergara, expresidente del bloque oficialista. El legislador respondi\u00f3 con un descargo en sus redes, seg\u00fan pudo determinar AN\u00c1LISIS<\/strong>. Detr\u00e1s del cruce asoma una pulseada pol\u00edtica: el peronismo devuelve el golpe por la causa de los contratos legislativos de 2008-2018, ya elevada a juicio.<\/p>\n El sello de la Unidad Fiscal de Paran\u00e1 qued\u00f3 estampado sobre la \u00faltima hoja del escrito: recibido el 17 de septiembre de 2026. Cuatro fojas, sin prueba adjunta, seg\u00fan anot\u00f3 a mano el empleado de Mesa de Entradas. Con ese tr\u00e1mite de rutina, el abogado penalista Rafael Mariano Giampaolo, de Concordia, dej\u00f3 formalmente abierta la puerta para que el Ministerio P\u00fablico Fiscal investigue el destino de los fondos de veintid\u00f3s contratos que la administraci\u00f3n del Senado de Entre R\u00edos imprimi\u00f3 en un listado el 28 de octubre de 2024, vinculados con la senadur\u00eda de Jos\u00e9 Gustavo Vergara, el hombre del departamento Diamante que entonces presid\u00eda el bloque oficialista de Juntos por Entre R\u00edos.<\/p>\n La denuncia no lleva nombres propios en el banquillo. Est\u00e1 dirigida “contra quienes resulten responsables” por el posible desv\u00edo de fondos p\u00fablicos mediante contrataciones vinculadas con esa senadur\u00eda. Pero el objeto es inequ\u00edvoco: el letrado pide la apertura de la investigaci\u00f3n penal preparatoria y un paquete de medidas urgentes de preservaci\u00f3n y producci\u00f3n de prueba. Los hechos, dice, podr\u00edan encuadrar en peculado y defraudaci\u00f3n contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica mediante contratos simulados o administraci\u00f3n infiel, y, seg\u00fan lo que se acredite, en malversaci\u00f3n, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, exacciones ilegales y falsedades documentales.<\/p>\n El punto de partida es period\u00edstico. Giampaolo dice haber tomado conocimiento del listado a trav\u00e9s de dos publicaciones period\u00edsticas de la provincia. All\u00ed se individualizaron 22 contratos vigentes entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024, con un total consignado de 65.950.000 pesos, aunque la suma de los importes individuales ser\u00eda superior y rondar\u00eda los 80 millones. Tampoco est\u00e1 claro si esos montos eran mensuales o correspond\u00edan a toda la vigencia contractual. Esa misma ambig\u00fcedad es la que el abogado convierte en argumento: justamente porque no se sabe, hay que investigar.<\/p>\n La hip\u00f3tesis que somete a la fiscal\u00eda es conocida en los tribunales de Paran\u00e1. Determinar si esas contrataciones respondieron a prestaciones reales o si algunas fueron usadas para girar dinero a personas que s\u00f3lo aportaban su nombre, conservaban una parte de lo acreditado o permit\u00edan que terceros dispusieran de la totalidad. Bajo ese esquema, escribe Giampaolo, los fondos podr\u00edan haber sido reintegrados al propio senador, a personas encargadas de gestionar los contratos o a otros beneficiarios, para atender fines particulares o pol\u00edticos ajenos a los servicios invocados. Y lo resume en cuatro preguntas: qu\u00e9 se contrat\u00f3, qui\u00e9n trabaj\u00f3, qui\u00e9n certific\u00f3 las tareas y qui\u00e9n dispuso finalmente del dinero.<\/p>\n El abogado no disimula la referencia. La modalidad que propone verificar, admite en el escrito, guarda semejanza con la investigada en la denominada “causa contratos” de la Legislatura entrerriana, y cita cr\u00f3nicas period\u00edsticas sobre contrataciones con personas que habr\u00edan prestado su nombre sin cumplir tareas, adem\u00e1s de testimonios de actuaciones iniciadas en Concordia sobre posibles inversiones del producido. Ese antecedente, dice, orienta las comprobaciones, cuya pertinencia deber\u00e1 establecerse mediante coincidencias concretas de personas, operaciones o mecanismos.<\/p>\n El pedido de relevamiento no se limita a los veintid\u00f3s contratos difundidos. Giampaolo solicita que abarque todas las contrataciones vinculadas con Vergara desde diciembre de 2023 hasta la presentaci\u00f3n de la denuncia, tanto en su despacho de Paran\u00e1 como en dependencias de Diamante y en el bloque legislativo, en cuanto hubiera intervenido en su propuesta, gesti\u00f3n o certificaci\u00f3n. La comprobaci\u00f3n inicial, propone, debe concentrarse en el listado conocido y extenderse a otras operaciones cuando los elementos reunidos lo justifiquen.<\/p>\n Lo m\u00e1s extenso del escrito es el cap\u00edtulo de prueba, y all\u00ed se nota la mano de un penalista que conoce el manual de las investigaciones de corrupci\u00f3n. Pide habilitaci\u00f3n de d\u00edas y horas inh\u00e1biles para las medidas urgentes de preservaci\u00f3n, con orden de conservar documentaci\u00f3n, registros digitales y respaldos, e impedir su eliminaci\u00f3n rutinaria. Si alg\u00fan registro ya no existiera, dice, deber\u00e1 informarse cu\u00e1ndo y por qu\u00e9 fue eliminado y si subsiste en otro soporte.<\/p>\n A la Presidencia, la Secretar\u00eda Administrativa, Recursos Humanos, Contadur\u00eda y Tesorer\u00eda del Senado les reclama la n\u00f3mina completa de contratos del per\u00edodo, con beneficiarios, DNI o CUIT, domicilios, montos, vigencia, tareas, lugar y modalidad de prestaci\u00f3n, y los funcionarios que los propusieron, aprobaron y certificaron. Quiere los expedientes \u00edntegros: curr\u00edculums, antecedentes de selecci\u00f3n, contratos y anexos, facturas, informes de tareas, certificaciones, \u00f3rdenes de pago, retenciones, constancias de transferencias y formularios de CBU con sus modificaciones. Tambi\u00e9n las auditor\u00edas y observaciones del Tribunal de Cuentas, el organismo cuya omisi\u00f3n de controles permiti\u00f3, seg\u00fan los fiscales de la causa madre, que la maniobra de la d\u00e9cada anterior se extendiera sin ser detectada.<\/p>\n Pide oficios al Renaper y a la Justicia Electoral para cotejar domicilios; autorizaci\u00f3n judicial para levantar el secreto bancario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 39 de la Ley 21.526; circularizaci\u00f3n al Banco Central para identificar cuentas, titulares, cotitulares, apoderados y autorizados; y a las entidades financieras y proveedores de cuentas de pago, los movimientos completos en formato procesable, con saldos, fechas, horas, importes, cuentas de origen y destino, legajos de apertura, entrega y activaci\u00f3n de tarjetas, tel\u00e9fonos y correos asociados, dispositivos e IP. La reconstrucci\u00f3n, propone, debe comprender las cuentas pagadoras del Senado y las receptoras de los contratos, y extenderse a Vergara, colaboradores, familiares o terceros cuando se establezcan conexiones econ\u00f3micas u operativas concretas. Para los contratos de octubre a diciembre de 2024 sugiere una ventana inicial de septiembre de 2024 a marzo de 2025.<\/p>\n El detalle llega hasta los cajeros autom\u00e1ticos. Respecto de las extracciones relevantes, requiere al banco emisor, al operador del cajero y a la red interviniente la identificaci\u00f3n de la terminal, fecha, hora, importe, comprobante y las im\u00e1genes que subsistan. El cotejo, explica, deber\u00e1 establecer si una misma persona utilizaba tarjetas de distintos contratados, si exist\u00edan retiros sucesivos en iguales lugares y horarios y si el efectivo era luego entregado a terceros. Es, casi punto por punto, la mec\u00e1nica que la fiscal\u00eda anticorrupci\u00f3n prob\u00f3 en la causa de los contratos truchos, donde el efectivo sal\u00eda de las cuentas de los contratados de papel y volv\u00eda, por v\u00edas informales, a manos de quienes armaban el circuito.<\/p>\n Hay m\u00e1s: oficios a Personal, Claro y Movistar para identificar titularidades y registros de llamadas de los beneficiarios y de las personas vinculadas con la gesti\u00f3n y cobro de los contratos, incluidas las l\u00edneas de Vergara y las fijas de su despacho; preservaci\u00f3n y pericia de mensajes, audios y correos; allanamientos y extracciones inform\u00e1ticas si surgen fundamentos concretos; informes de ARCA y de los registros de inmuebles, automotores y sociedades; movimientos migratorios y pasajes; declaraciones separadas de contratados, supervisores y personal administrativo, con la protecci\u00f3n del art\u00edculo 259 del c\u00f3digo procesal cuando existan riesgos de amedrentamiento; y la designaci\u00f3n de peritos contable e inform\u00e1tico para reconstruir el recorrido del dinero desde la orden de pago hasta su disposici\u00f3n final.<\/p>\n Entre los fundamentos, Giampaolo invoca la Instrucci\u00f3n General 073\/2018 del procurador Jorge Am\u00edlcar Luciano Garc\u00eda, que reconoce las dificultades de investigar la corrupci\u00f3n pol\u00edtica y reclama enfocar esos hechos con todo el arsenal de recursos humanos y tecnol\u00f3gicos disponibles. Y cita un antecedente reciente: la resoluci\u00f3n del Juzgado de Garant\u00edas N\u00b0 5 de Paran\u00e1, a cargo de Elbio Osir Garz\u00f3n, del 11 de septiembre de 2025, en la causa “Albarenque Rub\u00e9n Dar\u00edo y otros s\/su denuncia”, donde qued\u00f3 documentada la apertura de una investigaci\u00f3n del fiscal Gonzalo Badano por presuntas irregularidades contractuales del entonces IOSPER. Pide que se comunique la denuncia a la Fiscal\u00eda de Estado para que eval\u00fae intervenir como actor civil en defensa del patrimonio provincial, reclama la revisi\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo 210 en caso de desestimaci\u00f3n o archivo y deja planteada la cuesti\u00f3n federal para llegar, si hiciera falta, a la Corte Suprema.<\/p>\n En el parte de prensa que distribuy\u00f3 tras la presentaci\u00f3n, el abogado fue m\u00e1s llano. Sostuvo que la denuncia no pretende reemplazar las obligaciones que ya pesan sobre la Justicia ni anticipar responsabilidades penales, sino algo m\u00e1s elemental: que se investigue. “La transparencia democr\u00e1tica no puede depender exclusivamente de declaraciones p\u00fablicas, se demuestra abriendo registros, preservando los documentos, siguiendo el dinero y permitiendo que la Justicia investigue”, afirm\u00f3. Y agreg\u00f3 que lo verdaderamente importante no es la cifra sino que existen caminos objetivos para saber qui\u00e9nes cobraron realmente ese dinero y para qu\u00e9. “El dinero abonado es del Estado, es p\u00fablico”, remat\u00f3.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Vergara eligi\u00f3 Facebook para responder, y lo hizo con el tono de quien se siente agraviado. Habl\u00f3 de “varios d\u00edas atravesados por una campa\u00f1a de difamaci\u00f3n, construida sobre publicaciones y acusaciones falsas y agraviantes”, y aclar\u00f3 que expresaba su posici\u00f3n “por \u00fanica vez”, no para alimentar una pol\u00e9mica sino por respeto a quienes lo conocen y conf\u00edan en \u00e9l.<\/p>\n El senador sostuvo que en su vida p\u00fablica no tuvo reproche alguno sobre la administraci\u00f3n de los recursos que le toc\u00f3 manejar, y consider\u00f3 desproporcionada la opini\u00f3n de quienes no conocen su historia. Sobre su patrimonio, fue enf\u00e1tico: no es un secreto, est\u00e1 declarado y a disposici\u00f3n de los organismos de control. Dijo haber vivido siempre de su trabajo y, durante el ejercicio de funciones p\u00fablicas, de la remuneraci\u00f3n que legalmente corresponde. “No tengo nada que ocultar respecto de mi patrimonio, ni antes, ni durante, ni despu\u00e9s de mi paso por la funci\u00f3n p\u00fablica”, escribi\u00f3.<\/p>\n Luego pas\u00f3 a los n\u00fameros. Desde que el actual gobierno inici\u00f3 la gesti\u00f3n, afirm\u00f3, en la C\u00e1mara de Senadores se redujeron todos los gastos: los contratados pasaron de 691 a 234, y la planta permanente de 226 agentes a 185. “Personalmente, nunca administr\u00e9 ni manej\u00e9 fondos del Senado de la Provincia de Entre R\u00edos”, asegur\u00f3.<\/p>\n El p\u00e1rrafo central de su descargo es el que intenta desarmar la denuncia desde la ra\u00edz. En 2024, explic\u00f3, firm\u00f3 22 contratos de los casi 700 que exist\u00edan al inicio de la gesti\u00f3n, cuando ejerc\u00eda la presidencia del bloque de Juntos por Entre R\u00edos. “Esos contratos correspond\u00edan al bloque y fueron suscriptos por m\u00ed en ejercicio de esa funci\u00f3n institucional. No eran contratos de mi equipo personal como senador por el Departamento Diamante”, precis\u00f3. Hoy, en septiembre de 2026, dijo tener tres personas contratadas que forman su equipo como senador, informaci\u00f3n que, subray\u00f3, es p\u00fablica a partir de la actual gesti\u00f3n.<\/p>\n El cierre fue pol\u00edtico, sin nombres pero con destinatario. “Quieren y creen que borrar el pasado es f\u00e1cil con este circo medi\u00e1tico, y yo como cualquier otro entrerriano de bien entendemos y no olvidamos cada una de las actitudes que tuvieron”, escribi\u00f3. Y termin\u00f3 agradeciendo los mensajes de apoyo: “No vamos a aflojar”.<\/p>\n![](\"https:\/\/www.analisisdigital.com.ar\/sites\/default\/files\/imagenes\/inline-images\/captura-de-pantalla-2026-09-19-122118_0.png\")
\n<\/p>\nEl arsenal de medidas<\/h2>\n
El descargo del senador<\/h2>\n