{"id":23431,"date":"2026-08-24T09:59:22","date_gmt":"2026-08-24T12:59:22","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=23431"},"modified":"2026-08-24T09:59:23","modified_gmt":"2026-08-24T12:59:23","slug":"el-gobierno-privatiza-las-rutas-y-se-queda-con-el-impuesto-a-los-combustibles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=23431","title":{"rendered":"El Gobierno privatiza las rutas y se queda con el impuesto a los combustibles"},"content":{"rendered":"
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El proceso licitatorio determin\u00f3 a los ganadores para la construcci\u00f3n, explotaci\u00f3n, administraci\u00f3n y mantenimiento de las rutas de jurisdicci\u00f3n nacional bajo el r\u00e9gimen de concesi\u00f3n por peaje por un plazo de 20 a\u00f1os.<\/strong><\/p>\n

Los corredores concesionados en esta ocasi\u00f3n suman m\u00e1s de 3.900 kil\u00f3metros<\/strong>, atravesando distintas regiones del pa\u00eds, y completan un total superior a los 9.000 kil\u00f3metros adjudicados entre los distintos tramos licitados.<\/p>\n

En esta \u00faltima etapa, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, C\u00f3rdoba, Entre R\u00edos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucum\u00e1n, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.<\/p>\n

Los consorcios ganadores y las tarifas adjudicadas<\/h2>\n
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  • Tramo Centro: adjudicado a la oferta presentada por Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., por una tarifa de $1.399.<\/li>\n
  • Tramo Centro Norte: adjudicado a Jos\u00e9 Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $2.175.<\/li>\n
  • Tramo Mesopot\u00e1mico: adjudicado a la firma IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99.<\/li>\n
  • Tramo Noroeste: adjudicado al consorcio Autov\u00eda Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., por un valor de $2.285.<\/li>\n
  • Tramo Litoral: adjudicado a JCR S.A. – Nestor Julio Guerechet S.A., por una tarifa de $2.876,04.<\/li>\n
  • Tramo Noreste: adjudicado a Carlos e Enriquez S.A. – Hormi S.A., con un valor de $2.950.<\/li>\n
  • Tramo Chaco-Santa Fe: adjudicado a Jos\u00e9 Eleuterio Pit\u00f3n S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., por una tarifa de $3.520<\/li>\n
  • Tramo Cuyo: adjudicado a Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporaci\u00f3n del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462.<\/li>\n<\/ul>\n

    La ley que Caputo ignora<\/h2>\n

    El ICL tiene una afectaci\u00f3n espec\u00edfica establecida por normativa: un porcentaje de lo recaudado debe destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales a trav\u00e9s de Vialidad Nacional. Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Econom\u00eda retiene esos fondos sin ejecutarlos en obra p\u00fablica vial. Ya acumula $ 1,4 billones inmovilizados. El desv\u00edo no es una omisi\u00f3n administrativa: es una pol\u00edtica deliberada que consolida el super\u00e1vit fiscal con dinero que legalmente no le pertenece al Tesoro.<\/p>\n

    Cuando se lo consult\u00f3 por esta situaci\u00f3n, el vocero presidencial Adri\u00e1n Ravier no cuestion\u00f3 la retenci\u00f3n sino que la justific\u00f3: sostuvo que “el ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformaci\u00f3n que ha tenido \u00e9xito en otros pa\u00edses, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas”. La declaraci\u00f3n equivale a reconocer que el Gobierno opt\u00f3 por reemplazar la inversi\u00f3n p\u00fablica garantizada por ley con concesiones privadas que los propios usuarios solventar\u00e1n a trav\u00e9s de peajes.<\/p>\n

    Las consecuencias de la desinversi\u00f3n trascienden los siniestros viales. Si se considera que hoy circulan por la red nacional 128 millones de toneladas de carga y que las proyecciones para 2035 estiman un volumen de 194 millones de toneladas, el deterioro de la infraestructura vial implica un costo creciente sobre toda la cadena productiva: encarece el transporte, frena la competitividad y compromete el abastecimiento de insumos cr\u00edticos para sectores que el propio Gobierno exhibe como motor del crecimiento. La retenci\u00f3n del ICL no es solo una irregularidad legal: es un ajuste que recae sobre la infraestructura com\u00fan para sostener un super\u00e1vit que la propia deuda externa hace insostenible.<\/strong><\/p>\n<\/p><\/div>\n