<\/p>\n
El Poder Ejecutivo entrerriano promulg\u00f3 la Ley N\u00b0 11300, a trav\u00e9s del Bolet\u00edn Oficial N\u00ba28.395, aprobada recientemente por la Legislatura. La nueva legislaci\u00f3n fija las pautas procedimentales para activar el efecto derogatorio dispuesto en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 60 de la Constituci\u00f3n Provincial de Entre R\u00edos, permitiendo expulsar del ordenamiento jur\u00eddico aquellas normas que hayan sido declaradas inconstitucionales en tres oportunidades por el pleno del M\u00e1ximo Tribunal de la Provincia.<\/p>\n
Hasta el momento, la sola declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de una norma en un juicio por parte de la Justicia ten\u00eda efectos exclusivamente para las partes involucradas en ese expediente (efecto inter partes<\/em>), manteniendo la vigencia de la ley u ordenanza para el resto de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n Con la sanci\u00f3n de esta norma, se establece un canal claro para formalizar la “derogaci\u00f3n general” (erga omnes<\/em>) de aquellos preceptos repetidamente invalidados por la magistratura provincial, abarcando leyes provinciales, decretos, ordenanzas municipales o resoluciones comunales.<\/p>\n La ley especifica rigurosamente las condiciones bajo las cuales un fallo judicial se considerar\u00e1 v\u00e1lido para contabilizar dentro del cupo de las tres sentencias requeridas.<\/p>\n Seg\u00fan expresa textualmente la norma: “A los fines exclusivos del c\u00f3mputo de las tres declaraciones de inconstitucionalidad que habilitan el efecto derogatorio previsto en el Art\u00edculo 60, \u00faltimo p\u00e1rrafo, de la Constituci\u00f3n Provincial, ser\u00e1n computables \u00fanicamente las sentencias firmes dictadas por el Superior Tribunal de Justicia, en pleno, en acciones de inconstitucionalidad contra leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones de car\u00e1cter general […]. A tal efecto, las declaraciones deber\u00e1n recaer sobre el mismo precepto normativo, o sobre la misma parte jur\u00eddicamente separable de aqu\u00e9l, y fundarse en el mismo vicio constitucional”, public\u00f3 Apf Digital.<\/em><\/p>\n Asimismo, la normativa aclara de manera tajante que “no ser\u00e1n computables a los efectos derogatorios las declaraciones de inconstitucionalidad dictadas en procesos judiciales distintos de las acciones previstas […], ni las efectuadas de oficio”<\/em>, descartando por ejemplo los fallos emitidos por salas individuales, c\u00e1maras o juzgados de primera instancia.<\/p>\n Para otorgar transparencia y rigor formal al seguimiento de estas causas, la ley determina: “Cr\u00e9ase en el \u00e1mbito del Superior Tribunal de Justicia el Registro de Sentencias Firmes de Inconstitucionalidad, de car\u00e1cter p\u00fablico y accesible en forma electr\u00f3nica, en el que se inscribir\u00e1n las sentencias firmes que re\u00fanan los requisitos establecidos en la presente ley […]. El Registro deber\u00e1 estar actualizado permanentemente y su consulta ser\u00e1 gratuita.”<\/em><\/p>\n Cada vez que una sentencia adquiera firmeza, deber\u00e1 asentarse en este sistema oficial en un plazo m\u00e1ximo de cinco d\u00edas h\u00e1biles. Una vez que el STJ verifique la existencia de tres fallos firmes inscriptos sobre un mismo precepto y por la misma falencia constitucional, dictar\u00e1 una resoluci\u00f3n formal declarativa.<\/p>\n Respecto al alcance final y la validez temporal de la derogaci\u00f3n, se estipula: “El efecto derogatorio alcanzar\u00e1 \u00fanicamente al precepto normativo, o a la parte jur\u00eddicamente separable de aqu\u00e9l, afectado por el vicio constitucional declarado. El resto de la norma mantendr\u00e1 su vigencia […]. El efecto derogatorio no tendr\u00e1 car\u00e1cter retroactivo ni afectar\u00e1 situaciones jur\u00eddicas consolidadas, actos firmes, derechos adquiridos ni relaciones jur\u00eddicas agotadas bajo la vigencia de la norma alcanzada.”<\/em><\/p>\n Una vez dictada la resoluci\u00f3n derogatoria por parte del Superior Tribunal de Justicia, esta ser\u00e1 notificada al \u00f3rgano de origen (sea el Gobierno provincial, una Municipalidad o una Comuna) y publicada en el Bolet\u00edn Oficial de la Provincia.<\/p>\n La oponibilidad ante todos los ciudadanos y autoridades se concretar\u00e1 a partir del noveno d\u00eda posterior a su publicaci\u00f3n oficial, seg\u00fan indica: “La oponibilidad general del efecto derogatorio se producir\u00e1 despu\u00e9s del octavo d\u00eda de producida la publicaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n del Superior Tribunal de Justicia en el Bolet\u00edn Oficial de la Provincia…”<\/em><\/p>\n Con la promulgaci\u00f3n firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto a las autoridades de la C\u00e1mara de Senadores (Alicia Aluani y Sergio Avero) y de Diputados (Gustavo Hein y Julia Garioni Orsuza), la Ley N\u00b0 11300 deroga las disposiciones en contrario contenidas anteriormente en la Ley de Procedimientos Constitucionales (N\u00b0 8.369) y entra formalmente en vigencia en la provincia.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Poder Ejecutivo entrerriano promulg\u00f3 la Ley N\u00b0 11300, a trav\u00e9s del Bolet\u00edn Oficial N\u00ba28.395, aprobada recientemente por la Legislatura. 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Creaci\u00f3n de un Registro P\u00fablico y procedimiento de derogaci\u00f3n<\/h2>\n
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