La Justicia Federal dispuso la realizaci\u00f3n de un reconocimiento judicial el pr\u00f3ximo 21 de agosto como parte de la acci\u00f3n preventiva de da\u00f1os ambientales promovida por legisladores nacionales del peronismo contra la instalaci\u00f3n de una planta de combustibles sint\u00e9ticos en la ciudad uruguaya de Paysand\u00fa que impulsa la empresa HIF Uruguay, frente a la costa de Col\u00f3n.<\/p>\n
La medida fue ordenada por el juez federal, Hern\u00e1n Viri, quien fij\u00f3 la diligencia luego de que la perito bi\u00f3loga designada en la causa, Viviana Beatriz Couste, aceptara el cargo. Seg\u00fan la resoluci\u00f3n judicial, el reconocimiento se realizar\u00e1 el 21 de agosto de 2026, a las 10, en cumplimiento de una resoluci\u00f3n interlocutoria dictada el pasado 10 de abril.<\/p>\n
La inspecci\u00f3n constituye un paso relevante dentro del proceso iniciado mediante una demanda ordinaria de prevenci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios presentada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay junto al senador nacional Ad\u00e1n Bahl. La acci\u00f3n judicial apunta tanto contra la Rep\u00fablica Oriental del Uruguay como contra la firma HIF Uruguay SA, responsable del proyecto industrial.<\/p>\n
Tras conocerse la resoluci\u00f3n, el diputado Guillermo Michel sostuvo que \u201ccuando se inici\u00f3 este conflicto planteamos que la salida era aplicando la ley y la Justicia est\u00e1 actuando\u201d. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que \u201cla inacci\u00f3n del Gobierno genera incertidumbre en las comunidades de la regi\u00f3n que ya est\u00e1n viendo afectada la actividad tur\u00edstica por la instalaci\u00f3n de la planta\u201d.<\/p>\n
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La medida del juez Viri<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n El eje de la demanda<\/strong><\/p>\n La presentaci\u00f3n judicial tiene como objetivo prevenir un eventual da\u00f1o ambiental derivado de la construcci\u00f3n de la planta de combustibles sint\u00e9ticos en Paysand\u00fa, ubicada a unos tres kil\u00f3metros en l\u00ednea recta de las playas de Col\u00f3n, sobre el r\u00edo Uruguay.<\/p>\n Los legisladores fundamentan la acci\u00f3n en los art\u00edculos 1710, 1711 y concordantes del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n, que regulan el deber de prevenci\u00f3n del da\u00f1o, y sostienen que la obra avanza sin cumplir con las obligaciones establecidas en el Estatuto del R\u00edo Uruguay.<\/p>\n En ese sentido, argumentan que el Estado uruguayo autoriz\u00f3 el desarrollo del emprendimiento sin haber presentado previamente ante la Comisi\u00f3n Administradora del R\u00edo Uruguay (CARU) los estudios de impacto ambiental correspondientes, instancia prevista para que Argentina pueda analizar t\u00e9cnicamente las caracter\u00edsticas del proyecto y sus posibles efectos sobre el ecosistema compartido.<\/p>\n La demanda tambi\u00e9n invoca como antecedente la sentencia dictada en 2010 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el denominado caso \u201cPlantas de Celulosa sobre el R\u00edo Uruguay (Argentina c. Uruguay)\u201d, conocido p\u00fablicamente como el conflicto por Botnia-UPM. Seg\u00fan los demandantes, ese fallo reafirm\u00f3 la obligaci\u00f3n de los Estados de informar y consultar previamente sobre emprendimientos con potencial impacto ambiental en el r\u00edo compartido.<\/p>\n Competencia federal y legitimaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Los legisladores sostienen que la Justicia Federal resulta competente por tratarse de una demanda contra un Estado extranjero y porque el eventual da\u00f1o ambiental podr\u00eda producirse sobre territorio argentino, particularmente en la zona de Col\u00f3n y otras localidades ribere\u00f1as de Entre R\u00edos.<\/p>\n Asimismo, fundamentan su legitimaci\u00f3n activa en su condici\u00f3n de representantes de la provincia de Entre R\u00edos y en el inter\u00e9s razonable previsto por la legislaci\u00f3n para promover acciones destinadas a prevenir da\u00f1os ambientales.<\/p>\n Como demandados fueron incluidos tanto el Estado uruguayo como la empresa HIF Uruguay SA, al considerar que ambos intervienen en la autorizaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del proyecto cuya legalidad cuestionan.<\/p>\n Los argumentos ambientales<\/strong><\/p>\n En el escrito judicial, Michel, Marclay y Bahl sostienen que Argentina desconoce el verdadero alcance ambiental del emprendimiento debido a que, seg\u00fan afirman, Uruguay no present\u00f3 la documentaci\u00f3n t\u00e9cnica requerida ante la CARU.<\/p>\n Por ese motivo, solicitan que la Justicia adopte medidas preventivas antes de que la planta entre en funcionamiento, evitando un eventual da\u00f1o que califican como irreparable.<\/p>\n La demanda remarca que el proyecto industrial se desarrolla sobre un predio de aproximadamente 400 hect\u00e1reas, una superficie similar a la del ejido urbano de la ciudad de Col\u00f3n, y se\u00f1ala la preocupaci\u00f3n existente por el uso de agua del r\u00edo Uruguay y por los posibles efectos sobre el ambiente y las actividades econ\u00f3micas de la regi\u00f3n.<\/p>\n Antecedentes del conflicto<\/strong><\/p>\n La controversia en torno al proyecto se desarrolla desde hace varios a\u00f1os y tuvo una fuerte repercusi\u00f3n en las localidades entrerrianas ubicadas sobre la costa del r\u00edo Uruguay.<\/p>\n Durante 2025 se realizaron distintas movilizaciones ciudadanas en Col\u00f3n en rechazo a la instalaci\u00f3n de la planta. De esas manifestaciones participaron vecinos, organizaciones ambientales e intendentes de Col\u00f3n, San Jos\u00e9 y Liebig, quienes expresaron p\u00fablicamente su preocupaci\u00f3n por el avance del emprendimiento.<\/p>\n Entre la documentaci\u00f3n incorporada como prueba en la causa figuran notas period\u00edsticas sobre esas movilizaciones, entrevistas a autoridades municipales y una carta enviada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo P\u00e9rez Esquivel, quien tambi\u00e9n manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por la ausencia de informaci\u00f3n ambiental presentada ante la CARU.<\/p>\n Adem\u00e1s de la demanda civil preventiva, el expediente incorpora como prueba documental actuaciones vinculadas a una causa penal federal que investiga presuntas infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y otros delitos relacionados con el proyecto.<\/p>\n La pr\u00f3xima instancia<\/strong><\/p>\n El reconocimiento judicial previsto para el 21 de agosto permitir\u00e1 que la perito designada intervenga directamente en la constataci\u00f3n ordenada por el juzgado, una medida considerada clave dentro de la etapa probatoria del proceso.<\/p>\n La diligencia se inscribe en una causa que busca determinar si la construcci\u00f3n de la planta cumple con las obligaciones internacionales vigentes y si corresponde adoptar medidas preventivas destinadas a evitar un eventual da\u00f1o ambiental sobre el r\u00edo Uruguay y las comunidades ribere\u00f1as de ambos pa\u00edses.\u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/p>\n![](\"https:\/\/www.analisisdigital.com.ar\/sites\/default\/files\/imagenes\/inline-images\/hif-global.jpg\")
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