<\/p>\n
El 17 de julio pasado, con una firma digital estampada a las 9.55, la jueza de Garant\u00edas N\u00ba 1 de Paran\u00e1, Marina Barbagelata, puso en marcha el que promete ser el juicio m\u00e1s voluminoso de la historia judicial entrerriana.<\/p>\n
El auto de apertura a juicio oral del legajo OGA N\u00ba 10668, caratulado “Beckman Flavia Marcela – Scialocomo Esteban \u00c1ngel Alberto – \u00c1lvarez Mar\u00eda Victoria y otros s\/ Estafa”, dispone en apenas dos art\u00edculos lo que la pol\u00edtica provincial esperaba y tem\u00eda en partes iguales: dieciocho personas ser\u00e1n juzgadas por la sustracci\u00f3n sistem\u00e1tica de fondos de las dos C\u00e1maras de la Legislatura de Entre R\u00edos, una maniobra que seg\u00fan la acusaci\u00f3n se extendi\u00f3 durante m\u00e1s de una d\u00e9cada, entre enero de 2008 y el 20 de septiembre de 2018, y que a valores actualizados habr\u00eda superado los dos mil millones de pesos.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n llega casi ocho a\u00f1os despu\u00e9s de aquel viernes de septiembre de 2018 en que un procedimiento policial en la calle Isidoro Almeida de Paran\u00e1, con un aprehendido y una monta\u00f1a de cheques, destap\u00f3 lo que los investigadores describir\u00edan luego como una organizaci\u00f3n dedicada a vaciar met\u00f3dicamente el patrimonio legislativo. Y llega, tambi\u00e9n, tras un largo tr\u00e1nsito por la etapa intermedia: la audiencia del art\u00edculo 405 del C\u00f3digo Procesal Penal en la que los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y Gonzalo Badano pidieron la remisi\u00f3n a juicio, y una resoluci\u00f3n del tribunal de alzada que, el 5 de septiembre de 2025, dej\u00f3 despejado el camino. Antes, la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones N\u00ba 1, Mar\u00eda Carolina Castagno, hab\u00eda calificado los hechos como asociaci\u00f3n il\u00edcita en concurso real con peculado, en modalidad de delito continuado.<\/p>\n
El expediente conserva, entre su prueba documental, la fotograf\u00eda exacta de aquel punto de partida. El acta de procedimiento del 20 de septiembre de 2018, labrada en calle Isidoro Almeida con un aprehendido y croquis del lugar, encabeza la lista de documentos admitidos, seguida por las autorizaciones de allanamiento firmadas ese mismo d\u00eda por la propia jueza Barbagelata para las viviendas de Isidoro Almeida 1622 y 1605, las requisas de una camioneta Ford Ranger y de un Renault, y las actas de los registros practicados el 20 y el 21 de septiembre. Es decir: la misma magistrada que autoriz\u00f3 los primeros allanamientos de la causa es la que, casi ocho a\u00f1os m\u00e1s tarde, firma su remisi\u00f3n a juicio.<\/p>\n
En el medio quedaron a\u00f1os de peritajes contables, extracciones de telefon\u00eda celular, informes bancarios y la reconstrucci\u00f3n, contrato por contrato, de una maquinaria que funcion\u00f3 sin interrupciones bajo tres gestiones de gobierno. El mecanismo que describe el auto de apertura es de una simpleza brutal. Ambas C\u00e1maras suscrib\u00edan contratos de locaci\u00f3n de obra con personas que jam\u00e1s realizaron prestaci\u00f3n alguna a favor del Estado. Los contratistas percib\u00edan una parte \u00ednfima de los honorarios pactados y el resto quedaba en poder de la organizaci\u00f3n. La rueda empez\u00f3 a girar en la C\u00e1mara de Senadores en enero de 2008, con un centenar de contratos de 4.500 pesos cada uno, y se replic\u00f3 en Diputados despu\u00e9s del 11 de diciembre de 2011, con v\u00ednculos de 5.000 pesos. Para septiembre de 2018, cuando el descubrimiento del hecho detuvo la maquinaria, cada contrato hab\u00eda trepado a 50.000 pesos. Entre las dos C\u00e1maras se llegaron a firmar contratos con m\u00e1s de setecientos contratistas: el anexo que forma parte del auto enumera, uno por uno, 796 nombres.<\/p>\n
Los contratos se firmaban, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que los suscrib\u00eda en nombre del Estado, y el tr\u00e1mite se hac\u00eda en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena, la pareja de comerciantes de calle Isidoro Almeida que funcion\u00f3 como cara visible del reclutamiento. La acusaci\u00f3n deja asentada, adem\u00e1s, una frase que abre un frente todav\u00eda sin resolver: la sustracci\u00f3n cont\u00f3 con el aporte de autoridades de ambas C\u00e1maras “a\u00fan no identificadas”, que firmaron los v\u00ednculos sin conocer a los contratistas, sin asignarles funci\u00f3n alguna y a sabiendas de que el dinero se sustra\u00eda del patrimonio estatal.<\/p>\n
Puertas adentro de la Legislatura, la detracci\u00f3n de fondos se ejecut\u00f3 a trav\u00e9s de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas C\u00e1maras. La fiscal\u00eda identifica una l\u00ednea sucesoria precisa: Juan Domingo Orabona fue director administrativo contable del Senado entre 2007 y 2011; Jorge Fabi\u00e1n L\u00e1zzaro ocup\u00f3 ese cargo entre 2011 y 2015; Gustavo Hern\u00e1n P\u00e9rez fue sucesivamente jefe del \u00e1rea de contratos desde enero de 2008, subdirector desde diciembre de 2011 y director general de Administraci\u00f3n del Senado desde diciembre de 2015 hasta octubre de 2018; y Sergio Cardoso condujo el servicio administrativo contable de Diputados desde 2011. Todos ellos ten\u00edan el manejo de los caudales p\u00fablicos: la facultad de emitir los cheques para el pago mensual de los contratos y, en el \u00faltimo tramo, de generar la apertura de las cuentas sueldo y las transferencias.<\/p>\n
El circuito callejero del dinero es, quiz\u00e1s, la postal m\u00e1s elocuente del expediente. Una vez librados, los cheques eran entregados a Mena y Beckman, que mensualmente los hac\u00edan endosar a sus titulares o directamente los endosaban en forma falsa para que pudieran cobrarlos personas de su c\u00edrculo de confianza, todas ellas tambi\u00e9n contratadas por la Legislatura: Esteban Scialocomo, Mar\u00eda Victoria \u00c1lvarez, Jorge Balladares, las hermanas Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Mar\u00eda Macarena \u00c1lvarez, Alejandro Ferreyra y el fallecido Hugo Luna, entre otros. A los “cobradores” se los citaba en un local comercial de calle Alem, en la playa de estacionamiento de Alem 64 o en la t\u00f3mbola de Alem 87. All\u00ed, Beckman, Mena, Balladares y Scialocomo repart\u00edan los valores, que se cobraban preponderantemente en tres sucursales del Nuevo Banco de Entre R\u00edos: la N\u00ba 184 “Institucional” de Urquiza y San Mart\u00edn, la Casa Central de Monte Caseros y 25 de Mayo, y la N\u00ba 65 de calle Malvinas. Cobrado cada cheque, el dinero volv\u00eda a manos de los organizadores, que pagaban a cada cobrador unos doscientos pesos por operaci\u00f3n.<\/p>\n
Desde 2017 la organizaci\u00f3n se aggiorn\u00f3: el pago de buena parte de los contratos, sobre todo los del Senado, se bancariz\u00f3 mediante la apertura de cuentas sueldo con tarjeta de d\u00e9bito. Las tarjetas, pese a ser un instrumento personal e intransferible, eran retenidas por Beckman, Mena y otros integrantes del grupo, previa entrega por sus titulares, para efectuar directamente los cobros en sucursales de distintos puntos del pa\u00eds.<\/p>\n
Un rasgo distintivo de la organizaci\u00f3n, tal como la describe la acusaci\u00f3n, es su estructura familiar y barrial. El c\u00edrculo de confianza que endosaba y cobraba los cheques estaba tejido con apellidos repetidos: las hermanas Mar\u00eda Victoria y Mar\u00eda Macarena \u00c1lvarez, las hermanas Mar\u00eda Jazm\u00edn y Viviana Giselle Mena Gioveni, y un entramado de vecinos y allegados de la pareja Beckman-Mena que aparecen a la vez como contratistas, cobradores y beneficiarios de contratos del Senado nacional. Esa doble condici\u00f3n -miembros del esquema y a la vez contratados por el Estado en sus distintos niveles- es uno de los elementos que la fiscal\u00eda utiliza para sostener la existencia de una asociaci\u00f3n estable, con roles diferenciados y permanencia en el tiempo, y no de una mera sumatoria de hechos aislados.<\/p>\n
El dinero recaudado sub\u00eda luego por la escalera de la organizaci\u00f3n. Era entregado a Gustavo P\u00e9rez, Cardoso, Faure, Almada y Alfredo Bilbao, el empresario ganadero que seg\u00fan la acusaci\u00f3n oficiaba de administrador general del esquema: recib\u00eda las rendiciones de cuenta de toda la recaudaci\u00f3n, deduc\u00eda gastos, impuestos de los contratados y comisiones, y entregaba el neto del producido, o un porcentaje, primero a Juan Domingo Orabona, hasta diciembre de 2011, y despu\u00e9s a Juan Pablo Aguilera y “a otras personas hasta el momento desconocidas”. El apellido Aguilera no necesita presentaci\u00f3n en Entre R\u00edos: cu\u00f1ado del exgobernador Sergio Urribarri, fue secretario coordinador del Senado provincial entre diciembre de 2011 y abril de 2014 y empleado de planta permanente de esa C\u00e1mara, y la fiscal\u00eda lo ubica como receptor final del producido durante siete a\u00f1os.<\/p>\n
La trama ten\u00eda, adem\u00e1s, su propio departamento contable. La gesti\u00f3n impositiva de cada falso contratista corr\u00eda por cuenta de estudios integrados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Ariel Faure, que pagaban los monotributos de los contratados utilizando la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y Beckman, a trav\u00e9s de la terminal N\u00ba 3472 de “Entre R\u00edos Servicios”, emplazada en el propio estudio Integral Asesor\u00eda. Esas tareas no se facturaban a los monotributistas: se remuneraban con m\u00e1s contratos truchos, extendidos por la C\u00e1mara de Diputados provincial a favor de Krapp, del corredor inmobiliario Renato Mansilla y de los analistas de sistemas Nicol\u00e1s Beber y Mar\u00eda Cecilia Cersofios, y por el Senado de la Naci\u00f3n a favor de Falco y nuevamente de Mansilla, mediante contratos suscriptos por el entonces senador nacional Pedro Guillermo \u00c1ngel Guastavino.<\/p>\n
Ese no es el \u00fanico punto en que el expediente cruza la General Paz. El auto consigna que trece integrantes de la organizaci\u00f3n -Beckman, Mena, Bilbao, Faure, Scialocomo, Balladares, Mansilla, las hermanas \u00c1lvarez, las hermanas Mena Gioveni, Sarnaglia y Ferreyra- eran remunerados tambi\u00e9n con contratos transitorios del Senado de la Naci\u00f3n, otorgados por los senadores nacionales Guastavino y Sigrid Kunath. Y Jorge De Breuil, el empresario cordob\u00e9s de 76 a\u00f1os que integra la lista de acusados, era simult\u00e1neamente empleado de planta permanente del Senado entrerriano y contratado transitorio del Senado nacional por Guastavino.<\/p>\n
Pero la menci\u00f3n pol\u00edtica m\u00e1s pesada del documento apunta al propio Urribarri. En la descripci\u00f3n del primer hecho, la fiscal\u00eda sostiene que Cardoso, como director administrativo contable de Diputados y “siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri”, requiri\u00f3 a los diputados Navarro, Darrichon y Ruberto la suscripci\u00f3n de al menos diez contratos ap\u00f3crifos por cada uno, bajo el pretexto de que los “contratistas” quedar\u00edan sin trabajo si no los firmaban. El exgobernador no est\u00e1 imputado en este legajo, pero su nombre atraviesa la acusaci\u00f3n y reaparecer\u00e1 en el debate: la defensa de Bilbao lo ofreci\u00f3 como testigo, y fue admitido.<\/p>\n
El otro engranaje indispensable, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, fue el que no funcion\u00f3: el control externo. La maniobra “tambi\u00e9n cont\u00f3, como aporte indispensable, con la omisi\u00f3n a los deberes de control por parte de los auditores estables, revisores y fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre R\u00edos con desempe\u00f1o en el per\u00edodo investigado”. Por eso llegan a juicio cinco funcionarios del organismo de control, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico reiterado: la auditora Marta Aurora P\u00e9rez;\u00a0 los revisores Hern\u00e1n D\u00edaz y Maximiliano Degani, con desempe\u00f1o entre 2008 y 2016; el auditor Mariano Speroni, y el revisor Diego Pagnoni, designados en febrero de 2017. Para todos ellos la f\u00f3rmula acusatoria es id\u00e9ntica: omitieron deliberadamente ejercer el debido control de legalidad de los contratos de obra pese a que la existencia de la maniobra “era conocida por auditores y revisores del Tribunal de Cuentas”, y esa omisi\u00f3n permiti\u00f3 la continuidad de la sustracci\u00f3n e impidi\u00f3 que el organismo cumpliera la manda del art\u00edculo 213 de la Constituci\u00f3n provincial.<\/p>\n
Las pretensiones punitivas que la fiscal\u00eda dej\u00f3 planteadas en la etapa intermedia dibujan la pir\u00e1mide de responsabilidades tal como la ve la acusaci\u00f3n:<\/p>\n
El destino final del dinero tambi\u00e9n tiene un cap\u00edtulo propio. Seg\u00fan el auto, Bilbao participaba del neto de las ganancias il\u00edcitas a Gustavo P\u00e9rez y a De Breuil, y los tres “aplicaron el dinero sustra\u00eddo para disimular su origen il\u00edcito en diferentes inversiones inmobiliarias y agr\u00edcolo-ganaderas”. La ruta patrimonial de esos fondos ser\u00e1, previsiblemente, uno de los ejes del debate.<\/p>\n
En paralelo al reproche penal, el Estado provincial se constituy\u00f3 en actor civil a trav\u00e9s de la Fiscal\u00eda de Estado y demand\u00f3 a los dieciocho acusados por da\u00f1os y perjuicios, en procura de la restituci\u00f3n del dinero o el resarcimiento, fijado estimativamente en 372.924.249 pesos “como punto de partida”, una cifra que contrasta con los m\u00e1s de dos mil millones actualizados que estima la acusaci\u00f3n penal.<\/p>\n
Y aqu\u00ed el auto registra una curiosidad institucional que merece ser subrayada: la acci\u00f3n se interpuso en dos demandas sustancialmente id\u00e9nticas porque el fiscal de Estado, Julio C\u00e9sar Rodr\u00edguez Signes, se abstuvo “por motivos personales” de firmar la demanda contra tres de los imputados, que fueron demandados por el fiscal adjunto Sebasti\u00e1n Trinadori.<\/p>\n
El documento no identifica a esos tres acusados ni explica los motivos de la abstenci\u00f3n. Todas las excepciones opuestas por las defensas -defecto legal, falta de acci\u00f3n, falta de legitimaci\u00f3n, prescripci\u00f3n- fueron rechazadas por la alzada, de modo que el juicio civil se ventilar\u00e1 junto con el penal, con la existencia misma de la maniobra, la cuant\u00eda del da\u00f1o, el aporte causal de cada demandado y el destino de los fondos como hechos controvertidos.<\/p>\n
Las l\u00edneas defensivas ya quedaron insinuadas en las contestaciones de demanda. P\u00e9rez, Opromolla, Almada, Aguilera y los funcionarios del Tribunal de Cuentas sostienen que no firmaban los contratos ni ten\u00edan poder para obligar al Estado, y que los verdaderos legitimados pasivos ser\u00edan los firmantes.<\/p>\n
Si algo anticipa la escala del juicio que viene es la prueba admitida. Solo a la fiscal\u00eda se le admitieron 441 testigos -desde los polic\u00edas del procedimiento inicial y los peritos contables hasta centenares de contratistas del anexo- adem\u00e1s de una masa documental que incluye las actas de allanamiento de septiembre de 2018, los expedientes de contrataciones de ambas C\u00e1maras a\u00f1o por a\u00f1o, los informes del Nuevo Banco de Entre R\u00edos y los oficios del Tribunal de Cuentas. El actor civil ofreci\u00f3 exactamente la misma prueba. Y las defensas, por su parte, convirtieron sus listas de testigos en un verdadero desfile de la dirigencia pol\u00edtica entrerriana de las \u00faltimas dos d\u00e9cadas.<\/p>\n
La n\u00f3mina de la defensa de Bilbao, con 39 nombres, incluye al exgobernador Sergio Urribarri, a los exintendentes Jos\u00e9 Eduardo Lauritto, Ra\u00fal Taleb y Enrique Cresto, y a dirigentes como Jos\u00e9 C\u00e1ceres, \u00c1ngel Giano, Jos\u00e9 Allende, Juan Carlos Navarro, Rosario Romero, Jos\u00e9 Bahillo y Aldo Ballestena. La defensa conjunta de Cardoso, L\u00e1zzaro y Schneider ofreci\u00f3 57 testigos, entre ellos los tres diputados del episodio de los contratos ap\u00f3crifos -Ruberto, Darrichon y Navarro-, la exvicegobernadora Laura Stratta y legisladores y exlegisladores de todos los bloques: Bahler, Kneeteman, Koch, Viola, Vitor, Zavallo, Castrill\u00f3n, Cora, Cusinato, Huss, Jaroslavsky, Solanas y Bargagna, entre otros. La defensa de P\u00e9rez, Almada, Aguilera, Opromolla y los tres imputados del Tribunal de Cuentas que representa Miguel \u00c1ngel Cullen sum\u00f3 58 testigos, con el exintendente de Paran\u00e1 Ad\u00e1n Bahl en la lista, adem\u00e1s de funcionarios de ambas C\u00e1maras y del propio Tribunal de Cuentas que deber\u00e1n concurrir con los expedientes de contrataciones, los subdiarios de pagos y las rendiciones mensuales de cuentas del per\u00edodo 2008-2018. La defensa de De Breuil, en cambio, no ofreci\u00f3 un solo testigo: apuesta todo a la prueba documental, con un peritaje contable, correos electr\u00f3nicos con Gustavo P\u00e9rez y una nota del propio Guastavino, de agosto de 2017, certificando el car\u00e1cter de los servicios que De Breuil prestaba en su despacho.<\/p>\n
La log\u00edstica del debate ya est\u00e1 delineada en la citaci\u00f3n que ordena el auto. Deber\u00e1n comparecer los dieciocho acusados con sus respectivas defensas: Miguel \u00c1ngel Cullen por P\u00e9rez, Almada, Aguilera, Opromolla, D\u00edaz, Marta P\u00e9rez, Degani y De Breuil -este \u00faltimo tambi\u00e9n asistido por Pablo Hawlena Gianotti y Hugo Gonz\u00e1lez El\u00edas-; Jos\u00e9 Ra\u00fal Vel\u00e1zquez y Agust\u00edn Fontana por Beckman y Mena; Iv\u00e1n Vernengo y Dami\u00e1n Petenatti por Bilbao; Tom\u00e1s y Pablo V\u00edrgala por Faure; Emilio y Germ\u00e1n Fouces por Cardoso, L\u00e1zzaro y Schneider; Leopoldo Lambruschini por Orabona; y Victoria Halle por Speroni y Pagnoni. Por la acusaci\u00f3n p\u00fablica estar\u00e1n Yedro, Aramberry y Badano, y por el actor civil el propio Rodr\u00edguez Signes junto a Gustavo Acosta y Tulio Kamlofky. Solo la organizaci\u00f3n de las audiencias, con m\u00e1s de medio millar de testigos entre todas las partes, demandar\u00e1 un esfuerzo in\u00e9dito para los tribunales de Paran\u00e1.<\/p>\n
La jueza Barbagelata dej\u00f3 fijadas, adem\u00e1s, dos reglas de juego que marcar\u00e1n el debate.<\/p>\n
Primera:<\/strong><\/span> no se admiti\u00f3 ninguna declaraci\u00f3n previa de testigos, en ning\u00fan soporte; solo podr\u00e1n valorarse los dichos vertidos en la audiencia, y las declaraciones anteriores servir\u00e1n \u00fanicamente como herramienta de interrogatorio.<\/p>\n Segunda:<\/strong><\/span> las partes acordaron por convenci\u00f3n probatoria la fidelidad de una serie de documentos, lo que descomprime parcialmente un debate que, aun as\u00ed, se anuncia extenso. Tambi\u00e9n qued\u00f3 asentado el acuerdo de todas las partes en que los dieciocho acusados son capaces de culpabilidad, lo que clausura de antemano cualquier discusi\u00f3n sobre inimputabilidad.<\/p>\n Quedan, por fin, los frentes abiertos que el propio auto se encarga de se\u00f1alar. Las “autoridades de ambas C\u00e1maras a\u00fan no identificadas” que firmaron contratos a sabiendas de la sustracci\u00f3n. Las “otras personas hasta el momento desconocidas” que, junto a Aguilera, recib\u00edan el neto del producido. Los tres imputados a los que el fiscal de Estado prefiri\u00f3 no demandar de pu\u00f1o y letra. Y la sombra del exgobernador Urribarri -ya condenado en otra causa por corrupci\u00f3n y a la espera de la resoluci\u00f3n definitiva de la Corte Suprema-, cuyo nombre aparece en el coraz\u00f3n de la acusaci\u00f3n como quien impart\u00eda “expresas instrucciones” y que deber\u00e1 sentarse en la sala, esta vez, en calidad de testigo.<\/p>\n El juicio que se abre no solo juzgar\u00e1 a dieciocho personas: pondr\u00e1 bajo la lupa una d\u00e9cada entera de administraci\u00f3n legislativa entrerriana, con 796 contratistas de papel como tel\u00f3n de fondo y una pregunta que ocho a\u00f1os de instrucci\u00f3n todav\u00eda no terminaron de responder: qui\u00e9nes, desde los despachos m\u00e1s altos, firmaron para que la m\u00e1quina nunca se detuviera.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El documento menciona expresamente al exgobernador Sergio Urribarri en el hecho 1\u00b0 como quien imparti\u00f3 “expresas instrucciones” a Sergio Cardoso (exdirector de Administraci\u00f3n de Diputados) para exigir contratos ap\u00f3crifos a tres diputados, pese a no estar imputado en este legajo, y su citaci\u00f3n como testigo por la defensa de Alfredo Bilbao (contratado del Senado de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":18122,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-18121","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18121"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18121\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/18122"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}